La privatización sanitaria no busca curar, sino monetizar la enfermedad, convirtiendo a los pacientes en activos financieros y la salud en un lujo. El modelo de negocio es claro: tu vida importa menos que sus márgenes

El terror completo y absoluto en sus ojos atravesaba la noche como una bengala de auxilio que nadie vería jamás, una llamada de socorro devorada por la oscuridad. El sudor le caía a chorros en oleadas calientes y desiguales; cada espasmo le retorcía las extremidades en ángulos imposibles hasta que su piel se convirtió en un Telesketch tembloroso de moratones, manchas que aparecían y desaparecían como moho acelerado a cámara rápida. Se movían al ritmo del laberinto mugriento de salpicaduras en la moqueta setentera del motel—remolinos color tabaco y naranjas psicodélicos—dibujos que parecían haber cobrado vida por pura mala leche, trepando poco a poco, listos para arrastrarle a cualquier inframundo húmedo y mugriento que aguardara bajo esa fofa cama.
Afuera, el pantano empujaba contra las paredes como si quisiera colarse dentro. El chillido incesante de insectos invisibles, el roce inquietante de algo arrastrándose por el barro y la humedad pegajosa de la noche del norte de Florida espesaban el aire hasta que cada respiración parecía prestada, como si algo con más patas que nosotros ya la hubiera usado. La habitación se encogía. Él se encogía. Él se moría.
Iba y venía de la consciencia, saliendo a la superficie solo lo justo para dejar escapar una frase, una astilla de recuerdo enterrada, arañando su garganta. El veneno agitándose en sus venas retorcía las palabras, pero el ritmo no cambiaba. Un mantra. Una advertencia. Una súplica.
Cada vez que sus labios resecos se movían, yo me inclinaba, lo bastante cerca para sentir el calor febril en mi mejilla, esperando que llamara a su madre o murmurase alguna oración de infancia que le atara a este mundo.
Pero no. Ni de lejos.
Lo único que dijo fue: «No me lleves al hospital.»
Y en esas cinco palabras la ironía grotesca y carnívora de la situación enseñó los dientes. Estábamos en el país más rico del mundo, a un paso de atención médica de primer nivel, viendo a un hombre que había estado trabajando hacía unas horas morir por la picadura de una araña porque no tenía seguro médico y no podía permitirse una noche en urgencias. Sus últimos pensamientos no iban de sobrevivir; iban del terror mayor: vivir lo bastante como para que los cobradores de deudas le encontraran.
Lo que hacía la escena aún más obscena era lo cerca que estaba la salvación. No estábamos en una aldea sin luz. No estábamos en un sitio donde la sanidad fuese un rumor. Estábamos en la América suburbana: centros comerciales gigantes, autopistas de seis carriles y un hospital cuyo aparcamiento costó más que sistemas de salud enteros en medio planeta. Allí, a quince minutos, tenían el antídoto perfecto para una picadura de una araña ermitaña parda. Perfectamente frío. Perfectamente disponible. Perfectamente inútil.
Así que, en vez de atención profesional, le dimos el último antihistamínico polvoriento que llevaba rodando en mi neceser desde la administración Bush. Era como intentar apagar un incendio meando dentro de un vaso.
Y claro, la pregunta flotaba entre nosotros—primero bajito, luego más fuerte con cada espasmo voraz: si se moría, ¿seríamos responsables? ¿Nos podrían denunciar por no entregarlo a su ruina financiera? ¿Ahora era delito no arruinar a un hombre?
Este es el dilema, el milagro americano destilado a su forma más pura y febril: la libertad de elegir entre la muerte y la deuda.
Lo que pasó en aquel motel de Florida no fue una anomalía americana, fue un avance. El tráiler de la película que ahora se proyecta en España bajo títulos seductores como “innovación”, “eficiencia” y “modernización orientada al mercado”.
En las próximas elecciones, los de arriba intentarán dividirnos en cajitas bien ordenadas, como si las etiquetas “derecha” e “izquierda” pudieran contener la rareza inabarcable del ser humano. Nos cortarán como si fuéramos piezas de carne política: “conservador magro”, “liberal veteado”, “centrista alimentado con pasto”. Y nosotros, a mugir obedientes.
Sí, podemos posicionarnos más o menos en un espectro en temas como crucifijos en las aulas, impuestos a los ricos y ultrarricos, cantidades “legalmente tolerables” de plomo en tu agua o si los inmigrantes deben ser tratados como seres humanos en vez de muebles con ruedas. Pero fuera de la anomalía de un país que eligió conscientemente a un delincuente convicto y presunto depredador sexual como jefe de Estado —y luego le pidió si quería postre— el resto del mundo desarrollado ha vivido medio siglo con un par de axiomas claros: totalitarismo = malo, democracias liberales = bueno. Tito, el Tío Enver y Ceaușescu = totalmente pirados. Hitler, Mussolini y Franco = no invitar a cenar. Y entre esos extremos estaba la zona gris donde supuestamente queríamos vivir.
Y en esa zona gris había, durante décadas, espacios sagrados donde quedaba feo que el capitalismo clavara los dientes. La policía y los tribunales debían ser “iguales” para todos, al menos sobre el papel. La educación—sobre todo al principio—era la gran igualadora, la sillita elevadora que daba a cada crío una oportunidad. Y después estaba la sanidad. La idea de lucrarse con la muerte era de mala educación, moralmente repugnante, como presentarse en un funeral con un vestido de novia. Clasificar enfermedades como “oportunidades premium de ingresos” o “pérdidas asumibles” era lo que te mandaba al exilio en algún despacho de caoba en el desierto de FAES.
Y entonces algo cambió. Primero despacio, como el moho extendiéndose detrás del papel pintado. Y sorprendentemente, ni siquiera empezó por la derecha. Gobiernos del PSOE en Andalucía fueron convenciéndose—o engatusados, presionados, seducidos, untados, lo que prefieras—de que se podía ganar pasta con las neumonías. ¡Neumonías! Como si los pulmones de un jubilado fueran de pronto una cartera de inversión diversificada.
Este es el futuro que nos dicen que aplaudamos como “innovador”, “eficiente” y “moderno”. Un futuro donde el hospital no es un refugio, es el monstruo bajo la cama. Pero no el de Pixar. Uno con dientes de hoja de cálculo, ojos de EBITDA y un contrato caritativo grapado en la frente. Un monstruo que mide tu pulso en euros y tu pronóstico en trimestres fiscales.
Pero lo salvaje, la carcajada histérica, es que ni siquiera tenemos que imaginar qué pasa cuando invitas a esta bestia al sistema sanitario. Ya lo sabemos. Los datos están ahí. The Lancet, ese panfleto ultracomunista de guerrilla médica, ya lo advirtió: cuando entregas un sistema público a operadores privados, baja la calidad, se hunde la equidad y los pobres se tiran a la basura como activos que no rinden. Cuando la sanidad es un negocio, las personas son partidas contables, y los enfermos, pasivos tóxicos. España no está siendo advertida. España lo está viviendo.
España no está siendo advertida. España lo está viviendo
En los pasillos mal iluminados del hospital de Torrejón ocurrió algo extraordinario: el monstruo habló. En una grabación filtrada, obra maestra de la sinceridad neoliberal, los ejecutivos de Ribera Salud explicaron el modelo de negocio con la ternura de un buitre explicando su dieta. Hablaron de identificar “procesos no rentables”, de retrasar la atención para maximizar márgenes y, por supuesto, del viejo truco: estirar material “de un solo uso” hasta convertirlo en “uso múltiple”.
Austeridad, pero versión biorriesgo. Fue el “esto no se dice” proclamado a gritos; se podía oír a Milton Friedman aplaudiendo desde la tumba.
¿Y el modelo detrás de todo? Capitación. Un sistema mágico por el cual el hospital cobra una tarifa fija por habitante: cuantos menos pacientes traten, y cuanto más eviten a los caros, más ganan. Una fantasía de eficiencia, si es que tu sueño húmedo es una hoja de cálculo distópica donde el número óptimo de pacientes tratados es cero.
Mientras tanto, las listas de espera crecen, los centros públicos se marchitan y un coro de think tanks insiste en que eso demuestra que “lo público ya no funciona”. ¡Claro que no funciona! Si lo habéis matado de hambre. Lo exprimisteis. Lo dejasteis en la UCI hasta que llegó el capital riesgo con capa y gritando “¡innovación!”
Un sistema mágico por el cual el hospital cobra una tarifa fija por habitante: cuantos menos pacientes traten, y cuanto más eviten a los caros, más ganan
Yo recuerdo cuando podías ver a tu médico de cabecera el mismo día. Ahora la gente espera tanto que no opta a atención médica sino a clasificación arqueológica.
Y aquí, en esta privatización sigilosa y fúngica, es donde la verdadera división izquierda–derecha se revela. No en banderas. No en crucifijos. No en pendientes de perlas ni jerseys sobre los hombros ni promesas nostálgicas de que España será siempre pura, ordenada y homogénea.
La división real es esta: ¿Crees que la sanidad es un derecho humano o una línea de ingresos corporativa?
Porque si tu voto va para la Candidata Sonrisa Bonita que te promete que el jamón seguirá en la mesa y el catalán jamás pisará el aula de infantil, pero en la letra pequeña está la privatización de tu hospital… enhorabuena: has cambiado tu biopsia por nacionalismo y tu quimioterapia por comodidad cultural.
Y, aun así, la gente se escandalizó —¡escandalizada!— cuando estalló lo de Torrejón. Cuando los CEOs hablaban abiertamente de retrasar la atención, de convertir urgencias en centros de beneficio, de reutilizar material médico como si estuvieran aclarando tuppers en el baño de una gasolinera. Se llevaban las manos a la cabeza como si fuera una maldad imprevisible y no la consecuencia lógica—matemática—de un modelo sanitario pensado para el lucro.
Esto es lo que hacen las empresas. Monetizan. Optimizan. Canibalizan todo lo que no esté clavado al suelo. Si eso incluye tus riñones, bueno, los riñones se pueden sustituir. Los márgenes, no.
Así que cuando llegue el día de votar, la pregunta no es si eres de izquierdas o derechas, rojo o azul, nacionalista o globalista. No va de banderas, ni de lenguas, ni del recuerdo edulcorado de una España que solo existe en las postales.
La pregunta es brutalmente simple: ¿Quieres un sistema sanitario o un sistema de facturación? ¿Quieres un médico o un accionista? ¿Quieres tratamiento o una factura? ¿Quieres morirte por la picadura de una araña porque la ambulancia cuesta más que tu coche?
Si quieres saber hacia dónde va nuestra sanidad, no mires los anuncios de campaña. Mira esa habitación de motel en Florida. Ese es el final del partido que quieren que juguemos.
Tras una noche eterna, mi amigo en Florida sobrevivió. Apretó los dientes lo suficiente como para esquivar la bancarrota. Escapó del hospital no por recuperarse, sino por miedo. Y años después, cuando una neumonía grave por fin lo arrastró al sistema que había esquivado toda su vida, la profecía se cumplió: le hicieron un escáner, registraron su tarjeta de crédito, calcularon su estatus de no asegurado y le diagnosticaron un cáncer de pulmón en estadio cuatro antes de mandarle a casa con aspirinas. No había camas para “aprovechados”.
No murió porque la medicina fallara. Murió porque el modelo de negocio funcionó tal y como estaba diseñado.
Fuente: Troy Nahumko en elsaltodiario.com
Fuente: Sara Plaza Casares – BSKY: @splaza.bsky.social en elsaltodiario.com
Cómo acabar con la privatización sanitaria tras el escándalo del Hospital de Torrejón
En España uno de cada tres hospitales que opera en el sistema público está en manos de empresas privadas. Mónica García propone una nueva ley para limitar el modelo público-privado, pero no prohibirlo

De ser excepcional a una práctica estructural. La ministra de Sanidad, Mónica García, presentaba este martes un informe que refleja esta realidad: en España hay 472 hospitales operando en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el 30,7% (145) está en manos privadas, esto es uno de cada tres. Ese mismo día, y tras el escándalo por las grabaciones registradas en el Hospital de Torrejón, informaba de que el ministerio preparaba una ley para “acotar”, que no prohibir, la colaboración-público privada.
Una propuesta de norma, llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no es nueva: en mayo de 2024 salía a consulta pública una escueta ficha con un esbozo de su contenido.
Colectivos consultados para este reportaje piden una ley contundente que realmente blinde la sanidad pública frente al lucro privado. Los datos del informe del ministerio indican que el número de hospitales privados integrados en el SNS ha aumentado un 36,8 % en la última década (de 106 en 2011 a 145 en 2023) y, en consecuencia, el gasto total en hospitales privados pertenecientes al SNS se incrementó un 84,6 % entre 2011 y 2023, alcanzando los 4,8 mil millones de euros.
¿Limitar o prohibir?
El pasado 3 de diciembre El País publicó una conversación del CEO de Ribera Salud, que gestiona el Hospital público de Torrejón, que demuestra que emitió órdenes para rechazar pacientes con el fin de ganar más dinero. Y, pese al escándalo desatado, para Vicente Losada, portavoz de la Auditaría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), estamos ante unas declaraciones “esperables”. “A estas alturas de la película no creo que a nadie se le escape que la prioridad número uno de una empresa privada, que está gestionando un hospital, es la obtención de beneficio. En las declaraciones del CEO de Ribera Salud hay una coherencia máxima. Lo que no se acaba de entender es que haya gente que se haya rasgado las vestiduras, son coherentes con la filosofía del libre mercado y la justificación de una empresa que es la obtención del beneficio”, expresa.
Por eso, desde su organización piden contundencia en la nueva ley prometida por el Ministerio de Sanidad, cuyo primer objetivo es la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro, tal y como se lee en el borrador que salió a consulta pública. Para Losada, esto es “insuficiente”. “No parece que la intención sea erradicar la privatización del sistema sanitario, sino delimitar. Pero el sistema sanitario público tiene que ser 100% público. Nosotros pedimos que se erradique el rastros de la privatización sanitaria y que se impida la participación del sector privado en el público”, expresa.
Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, habla de una ley que, si no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio
Carmen Esbrí, portavoz de la Asociación Mareas Blancas, habla de una ley que, si no tiene contundencia, “puede ser inútil”. Desde su asociación avisan de que cualquier “excepcionalidad” para lo privado puede ser utilizado como una ventana para el negocio. Y es que la propuesta se restringe a acotar la intervención de entidades con ánimo de lucro. Pero, ¿qué ocurre con las entidades sin ánimo de lucro?
Desde Mareas Blancas proponen “reflexionar sobre el modismo balsámico” en cuanto a lo que se define por entidades sin ánimo de lucro ya que “su falsa concepción” con “elementos lucrativos de parte” hacen que se diluya “el único objetivo del servicio sanitario público“, ”erradicando caridad y beneficencia , y apostando por ejerciendo derechos”. Señalan también al riesgo de que se cuelen “supuestas cooperativas” que son realmente “empresas de lógicas privadas que desdibujan lo verdaderamente público”.
Derogar la ley 15/97, pero no solo
Mónica García ha explicado que la nueva norma incluirá la derogación de la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la famosa Ley 15/1997, que abrió la puerta a la privatización de servicios y que fue refrendada en el Congreso por todos los grupos parlamentarios (incluido el partido socialista), a excepción de IU y BNG.
Además de la derogación de la Ley 15/97, desde Audita Sanidad piden la eliminación de tres artículos de la Ley 14/1986 que abrieron la puerta para que los hospitales privados pudieran entrar en el sistema público de manera excepcional
Desde Audita Sanidad piden retroceder un poco más, hasta la Ley 14/1986 General de Sanidad, que en sus artículos 66 y 67 hacen referencia a la vinculación de los hospitales privados al SNS. Así, el punto 1 del artículo 66 establece que los hospitales generales del sector privado que lo soliciten serán vinculados al Sistema Nacional de Salud “cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen y si las disponibilidades económicas del sector público lo permiten”. Por su parte, el punto 1 del artículo 67 establece que “la vinculación a la red pública de los hospitales a que se refiere el artículo anterior se realizará mediante convenios singulares”.
Por tanto, desde esta organización, que también elevó sus peticiones tras la consulta pública, proponen derogar este articulado, así como el artículo 90 que encierra “la posibilidad por parte de las administraciones públicas de llevar a cabo conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”.
La posibilidad de establecer convenios singulares con hospitales privados es lo que ha llevado a la Fundación Jiménez Díaz, del grupo QuirónSalud, a ser el hospital de referencia para más de 400.000 personas que viven en Madrid capital y que ha ocasionado documentados sobrecostes. El Anteproyecto del Informe de Fiscalización horizontal operativa del gasto sanitario y farmacéutico en la Comunidad de Madrid 2011-2015, elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, demostraba que al Gobierno regional le cuesta hasta seis veces más el mismo tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz que en un hospital público.
Revertir las privatizaciones
Según el borrador de la norma sacada a consulta pública, entre los objetivos de la nueva ley, además de limitar la gestión por entes privados con ánimo de lucro, está “añadir mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoria y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad”, además de “facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes”.
Carmen Esbrí valora que con una actuación robusta de los organismos de inspección administrativos no se habría llegado hasta la situación actual. Los hospitales privatizados, asegura, han actuado con dinero público sin ser debidamente auditados. “Si la inspección hubiera funcionado desde el minuto uno no pasaría esto. El ministerio tiene que poner en funcionamiento esa Alta Inspección y lo tiene que hacer ya en todos los centros”, avisa.
Por el momento, Sanidad ha avisado que el ministerio, a través de su Alta Inspección, ha remitido una solicitud oficial a la Comunidad de Madrid para recabar “información detallada” de las “investigaciones iniciadas” en torno a la gestión del Hospital de Torrejón, además de información sobre el seguimiento realizado a los centros madrileños de gestión privada operados por el Grupo Quirón.
Mientras tanto, valoran las entidades consultadas, habría que avanzar por la senda de la desprivatización de los hospitales de colaboración público-privada, una senda ya iniciada en el País Valencià por el Govern del Pacto del Botanic con los hospitales gestionados por Ribera Salud en su comunidad. Así, devolvieron a lo público el que inauguró la saga, el Hospital de la Ribera (Alzira), además del Hospital Universitario de Torrevieja, y comenzaron los trámites con el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud (Denia).
Desde Mareas Blancas piden que la nueva norma defina un “protocolo de desmontaje” para “rescatar” y “reconstruir” el sistema público y así “ facilitar los procesos de desprivatización sobre los ya existentes”
Desde Mareas Blancas piden que la nueva norma defina un “protocolo de desmontaje” para “rescatar” y “reconstruir” el sistema público y así “ facilitar los procesos de desprivatización sobre los ya existentes”.
Audita Sanidad especifica que, además de un articulado que permita revertir los hospitales construidos bajo el modelo público-privado, habría que elaborar una ley específica para evitar que los fondos de inversión especulativos compren el accionariado de las empresas adjudicatarias, lo que sucede en la mayoría de hospitales construidos bajo esta lógica en la Comunidad de Madrid.
Una ley que deberá enfrentarse al Congreso
Además de pasar por el aro de la tradicional oposición del PSOE a cerrar la puerta a la privatización sanitaria, cuando la nueva norma salga del Consejo de Ministros deberá atravesar la puerta del Congreso de los diputados, que en la actualidad cuenta con una aritmética parlamentaria complicada para llegar a acuerdos.
Desde el Ministerio de Sanidad trasladan a El Salto que harán todo lo posible para que esta ley sea aprobada y lo sea en esta legislatura. “Necesitamos una ley que proteja lo público para que la sanidad se gestione con criterios públicos, para que nadie ponga los criterios privados por encima de los públicos y que ponga fin a los desmanes del modelo Quirón y el modelo Ribera. La futura ley muestra la solución”, aseguraba la ministra Mónica García.
Fuente: Sara Plaza Casares – BSKY: @splaza.bsky.social en elsaltodiario.com

