Antonio Viejo tarda seis meses en autorizar el acceso a las cuentas de Alberto González Amador y rechaza el resto de peticiones de la UCO, pese a que los agentes se guiaban por las directrices de la anterior magistada y su sospecha de la existencia de un grupo criminal que blanqueó dinero
Todos los problemas de Alberto González Amador con la justicia se congregan ya en un espacio donde el tiempo discurre con lentitud. Al colapso administrativo que retrasará el juicio por fraude fiscal y falsificación hasta 2027 –después de las próximas elecciones autonómicas– se suma ahora la primera decisión relevante del juez que debe investigarle por corrupción en los negocios: el magistrado Antonio Viejo no autoriza a practicar dos de las tres diligencias que le solicitó la UCO para esclarecer los delitos más graves que habría cometido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entre ellos corrupción en los negocios.
Viejo ha tardado seis meses en adoptar la decisión y lo ha hecho tres días después de que elDiario.es desvelara una reunión en su despacho el pasado 30 de abril en el que el fiscal y los agentes de la UCO le apremiaron a adoptar una decisión sobre el requerimiento formulado en diciembre pasado, tras habérselo requerido por escrito en varias ocasiones. El magistrado les respondió que resolvería en unos días. Finalmente ha tardado 41.
La jubilación de Inmaculada Iglesias y su marcha del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desató el pasado verano las especulaciones sobre cómo podía afectar el cambio de instructor a la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Casi un año después, las dudas se han despejado.
Antonio Viejo, el sustituto de Iglesias, ha tardado seis meses en contestar el requerimiento a la UCO para comenzar a investigar. Y cuando lo ha hecho, el juez ha dado permiso únicamente para que los agentes busquen en las 16 cuentas bancarias de González Amador, la otra investigada, Gloria Carrasco, y las sociedades de ambos. El acceso a la información tributaria y societaria deberá esperar. A duras penas arranca la operación Cirbelia, según ha bautizado la UCO sus indagaciones.
Esta pieza separada del caso González Amador investiga la compra en 2020 por parte del empresario de una sociedad que apenas tenía valor, pero por la que pagó medio millón de euros. La anterior jueza, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que la compra encubría el pago de una comisión. O, más bien, el pago de parte de una comisión, la que habría obtenido la pareja de Ayuso como intermediario en una compraventa de mascarillas en los inicios de la pandemia.
La operativa fraudulenta se resume de la forma que sigue. Fernando Camino es director de Quirón Prevención y da trabajo a González Amador desde 2017. Pero Camino también se sentaba en el consejo de administración de Mape, una empresa gallega que compró 42 millones de euros en material sanitario a otra empresa catalana en 2020. Esa empresa catalana había pactado previamente con González Amador una jugosa comisión por cada venta que consiguiera, en este caso dos millones de euros. El amigo de Alberto González habría impulsado la compra del material sabedor de la comisión que se llevaría su amigo. Y de la porción que obtendría él. Para disimular el reparto, el novio de Ayuso habría comprado una sociedad de la mujer de Camino por un precio desorbitado 500.000 euros, el 25%.
La jueza Iglesias tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco, la mujer de Camino, dueña formal de Círculo de Bella SL. Iglesias se percató de las contradicciones entre los testimonios de ambos sobre el valor potencial de la sociedad, los mismos con los que intentaban justificar la operación. Antes de jubilarse, la magistrada aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación popular y ordenó a la UCO entrar en el caso habida cuenta de la dimensión interprovincial que había adquirido.
En el auto la jueza Iglesias ya daba a entender la posibilidad de que la investigación se ampliara de la corrupción en los negocios y la administración desleal al blanqueo de capitales y el grupo criminal. La magistrada justificaba la intervención de la UCO en la posibilidad de que los investigados formaran “una trama” y que hubieran “transformado” o “disimulado” las ganancias “para ocultar el origen ilícito” de las mismas. El auto tiene fecha de 27 de junio de 2025. Un año después, el nuevo juez, Antonio Viejo, ha autorizado a la UCO a acceder a las cuentas de González Amador, Gloria Carrasco y las sociedades de ambos.
elDiario.es preguntó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la tardanza de Viejo en impulsar la causa. Un portavoz autorizado apeló a la prioridad de las causas con preso y a otras que afectan a la vida de las personas como las grandes estafas. También aludió a la reforma organizativa de la conocida como ‘ley Bolaños’ –que cambia la organización de la planta judicial– y a la necesidad del juez de conocer todas las causas de un juzgado al que había llegado en octubre.
La petición de la UCO era, sin embargo, algo sencillo de resolver. De hecho, el juez dedica la mayor parte de su auto de cinco páginas a recuperar jurisprudencia y ofrecer una explicación garantista de por qué no da permiso a los guardias civiles para acceder a la información tributaria y societaria de los investigados.
Viejo argumenta que primero quiere conocer “el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, caso de haberse producido, si dicho enriquecimiento habría podido tener su origen en la investigación aquí llevada”. También dice que, dependiendo de ese resultado, autorizará el resto de peticiones de la UCO. La declaración del director de Quirón Prevención se antoja lejana, si es que algún día llega a darse.
El primer juicio, para después de las elecciones
Esta investigación en ciernes es una pieza separada de aquella que sentará irremediablemente a Alberto González Amador en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. Los modestos resultados empresariales de la actual pareja de Ayuso se habían disparado en 2020 gracias a una sola operación, una comisión de casi 2 millones de euros por una venta de mascarillas entre dos empresas españolas. El comisionista empleó hasta 17 facturas falsas para hacer creer al fisco que había tenido unos gastos que no eran reales y tributar 350.951 euros menos de lo que debía.
La cifra superaba el umbral de los 120.000 euros defraudados por ejercicio para alcanzar la categoría de delito y Hacienda dio traslado a la Fiscalía, que presentó la correspondiente querella, desvelada por elDiario.es. El juzgado imputó a González Amador, quien desde el principio buscó un pacto que le asegurara una condena tan baja que no entrara en prisión. El Ministerio Público establece como prioridad recuperar el dinero defraudado y que Estado ingrese también la multa correspondiente.
Pero en esa voluntad de acuerdo de ambas partes interfirió la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid. El mismo día en que se iba a cerrar el acuerdo, y tras estudiar la documentación obtenida por la Agencia Tributaria en sus 19 meses de inspección, la acusación popular presentó un escrito en el que pedía ampliar la imputación a González Amador por varios delitos más. En las tripas de la información recabada por la AEAT había operaciones que no cuadraban.
Y así fue –no sin un primer rechazo de la jueza Iglesias– cómo se abrió la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. González Amador se replegó y aguardó a que la Audiencia Provincial aceptara su recurso contra la nueva investigación antes de llegar a un acuerdo por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos. Pero eso no ocurrió. En una decisión clave para el futuro judicial del novio de la presidenta, la Audiencia Provincial de Madrid avaló en marzo de 2025 la pieza separada que se había abierto contra el empresario y comisionista.
Hasta ese momento, la jueza Iglesias había optado por la prudencia y no había dictado diligencias, a la espera de que resolviera la instancia superior. Con la luz verde de la Audiencia Provincial, la instructora tomó declaración a González Amador y a Gloria Carrasco. Sus contradicciones sobre del valor potencial de Círculo de Belleza adelantaban el siguiente paso, citar a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención. Pero la jubilación de la jueza dejó sin resolver la petición de la acusación popular en ese sentido.
Sin embargo, la magistrada aceptó otra solicitud que le había hecho la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de Madrid y la acusación popular: el caso había adquirido tal magnitud que necesitaba de una unidad de policía judicial que realizara las pesquisas. La elegida sería la UCO de Guardia Civil. La jueza del auto lleva fecha de 27 de junio de 2025 y los agentes aún no han podido empezar a trabajar.
Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es
Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es
El juez autoriza a la UCO a acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso seis meses después de que se lo pidiera
El magistrado Antonio Viejo sigue sin considerar “prioritario” que la Guardia Civil acceda a la información societaria y tributaria de González Amador un año después de que su antecesora en el juzgado decidiera implicar a la UCO en la investigación
El juez Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el acceso a las cuentas bancarias de Alberto González Amador dentro de la pieza que mantiene abierta por el presunto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a un directivo de Quirón, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. El magistrado accede de forma muy parcial a la petición de la UCO seis meses después de que esta se la formulara formalmente.
Las últimas semanas de retraso para que el juez haya adoptado la decision son especialmente llamativas. A instancia de los investigadores, el juzgado de Instrucción número 19 de Madrid albergó una reunión el pasado 30 de abril entre el magistrado Viejo, una representación de los agentes de la UCO y el fiscal del caso, de la que informó el pasado lunes en exclusiva elDiario.es. En ese encuentro, Viejo se comprometió a librar los oficios en el plazo de una semana. Ha tardado 41 días. La Guardia Civil ya había puesto nombre a su operación, Cirbelia, según desveló este periódico.
En su auto, el magistrado rechaza autorizar a la UCO a acceder a la información societaria y tributaria de González Amador. “De los tres ámbitos de actuación sobre los que los investigadores de la UCO (…) consideran determinantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes diligencias entiende este instructor prioritario y previo el relativo a la información bancaria, sin perjuicidio de que, en su momento, y dependiendo de los resultados pudiera considerarse procedente extender dicho examen a la información tributaria de personas físicas o jurídicas relacionadas, así como los datos obrantes en los archivos de la Tesorería General de la Seguridad Social de las personas relacionadas”, recoge el auto de Viejo.
La autorización de Antonio Viejo afecta a los datos bancarios de los dos investigados, Alberto González Amador y Gloria Carrasco, esta última esposa del presidente de Quirón Prevención. Las cuentas de ellos y sus empresas serán examinadas desde el 1 de enero de 2014 ya que “lo indagado tiene su génesis en relaciones jurídicas sostenidas en el tiempo”. En total, la UCO accederá a 16 cuentas bancarias
La pieza separada que abrió la jueza Inmaculada Iglesias investiga los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”.
Pese a ello, el juez Antonio Viejo despliega en su auto una serie de jurisprudencia para justificar su inacción en la investigación. “Los datos económicos de las personas físicas y jurídicas constituyen un ámbito de intimidad constitucionalmente protegida, aunque no afectan al denominado núcleo duro de la intimidad personal [y cita tres sentencias del TC y el TS]. Su protección, en cuanto a datos de carácter personal, deriva del artículo 18.4 de la Constitución”, continúa el juez.
Afirma el juez en su auto que las diligencias ordenadas “tienen por objeto construir, de manera preliminar, el catálogo real de bienes de los investigados y su entorno más cercano, para de este modo vislumbrar si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida y determinar, en caso de haberse producido, si dicho requerimiento habría podido tener su origen en la investigación aquíe llevada en la presente pieza separada”.
Dos son las líneas de investigación abrió la jueza Inmaculada Iglesias antes de que Antonio Viejo llegara al juzgado. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera.
La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino.
La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.
González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año.
Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es
Imágenes de archivo de eldiario.es
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