Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón | Vídeos

Alberto Burnet González, el nombre inventado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la intranet del gigante sanitario, remite a Burnet & Brown, sociedad aparentemente relacionada con actividades inmobiliarias que el empresario y comisionista creó en EEUU en 2022

Alberto Burnet González. Es el nombre inventado que, como reveló elDiario.es, mantiene la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid en la intranet del gigante sanitario Quirón, su principal pagador, tras trascender el escándalo de sus presuntos delitos fiscales y supuesta corrupción en los negocios. Un portavoz oficial de Quirón Salud ha confirmado que el perfil corresponde al empresario y que el cambio se llevó a cabo hace dos años por la gran cantidad de correos que recibía la cuenta anterior. El peculiar nombre, que figura en la intranet de Quirón como “Director de Proyectos” de la compañía pese a que siempre alegó que es un proveedor externo, remite a Burnet & Brown Investments, una de las sociedades creadas por el empresario y comisionista en los últimos años.

Se trata de la empresa domiciliada en Boca Ratón, muy cerca de Miami (Florida), que la pareja de Isabel Díaz Ayuso creó a finales de 2022, en plena inspección fiscal por los delitos que presuntamente Alberto González Amador cometió en los ejercicios 2020 y 2021. De actividad desconocida, está aparentemente relacionada con negocios inmobiliarios.

En el juicio en el Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general del Estado, la pareja de Ayuso aseguró que Álvaro García Ortiz le había “destrozado la vida”. “O me voy de España o me suicido”, llegó a decir en su alegato final. Lo cierto es que su rastro societario en el extranjero se prolonga desde hace más de una década.

Un ejemplo es esa sociedad en Florida, cuyo nombre podría traducirse como “Pimpinela y Marrón Inversiones”. Su denominación recuerda también al nombre falso (Burnett, con dos t) que utilizaba para sus operaciones encubiertas (haciéndose pasar por un traficante de drogas) el detective Sonny Crockett, el protagonista de la serie Corrupción en Miami, muy popular en los años 80, al que encarnaba el actor Don Johnson.

Burnet & Brown Investments fue creada por González Amador y su socio en varios negocios, César Nieto, en octubre de 2022. En aquel momento, ya estaba en marcha la inspección de Hacienda por la que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid debe sentarse en el banquillo por dos presuntos delitos fiscales y otro de falsificación de documentos. A día de hoy González Amador y Nieto figuran en el Registro Mercantil de Florida como administradores de esa empresa. Muchos datos apuntan su posible relación con el sector inmobiliario.

El representante de Burnet (lo que en Estados Unidos se llama “agente residente”) es un abogado especializado en inversiones inmobiliarias, Steven Serle, propietario de Corporate Title, Inc, un despacho en Boca Ratón que, según su web, “ofrece una amplia gama de servicios para facilitar el cierre fluido y exitoso de transacciones inmobiliarias en Florida”.

Corporate Title es lo que en Estados Unidos se denomina una Title Company (compañía de títulos): una empresa especializada en el sector inmobiliario que investiga, asegura y gestiona la transferencia de títulos de propiedad, asegurando que el vendedor del inmueble es el propietario legítimo y que no hay deudas, gravámenes (como hipotecas no pagadas) o problemas legales ocultos, protegiendo así al comprador y al prestamista con un seguro de título y facilitando el cierre de la transacción.

La firma comparte sede con el domicilio de varias sociedades. Entre otras, la empresa de la pareja de Ayuso, en el 5820 de N. Federal Highway, Boca Ratón (Palm Beach), cerca de la marina de esta localidad de Florida, conocida por sus campos de golf, parques y playas.

Allí está ubicada también una delegación de Re/Max, la mayor red de franquicias inmobiliarias del mundo. Su propietario desde hace 25 años es Steven Serle, según explica este en su perfil en LinkedIn.

El registro de Burnet & Brown se produjo cuatro meses después de un viaje que realizó Díaz Ayuso a Miami entre el 24 y el 28 de junio de 2022, cuando la presidenta madrileña se desplazó al estado norteamericano para buscar inversores y proyectos para la Comunidad de Madrid. Ayuso y su pareja disfrutaron en agosto pasado de parte de sus vacaciones en Florida.

En 2024, un informe sobre Burnet & Brown de la base de datos Orbis, una herramienta de la agencia de calificación de riesgos Moody´s que recopila información financiera de más de 489 millones de empresas en todo el mundo, atribuía a la empresa de González Amador en Florida unos ingresos anuales superiores a los 600.000 dólares para el ejercicio 2022.

Sin embargo, la cifra no deja de ser una estimación, ya que en Estados Unidos las cuentas de las empresas no son públicas salvo que coticen en bolsa y Orbis (que la Agencia Tributaria suele utilizar como fuente en sus inspecciones) elabora sus informes a partir de encuestas y ratios sectoriales.

Inspección ampliada

La sociedad de Alberto González en Florida, que no aparece mencionada en el expediente de la Agencia Tributaria que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él, fue inscrita en la misma semana en que Hacienda notificó al abogado de la pareja de Ayuso la ampliación de la inspección abierta en mayo de ese año.

El otro administrador de Burnet & Brown, César Nieto, también dirigió la empresa panameña que administró la pareja de Ayuso junto a Fernando Camino, primer ejecutivo de Quirón Prevención, cuyas relaciones con González Amador también investiga un juzgado por un presunto soborno: la extraña compra a finales de 2020, por medio millón de euros, de una empresa sin activos a nombre de la esposa del directivo del gigante de la sanidad privada. Entonces Camino era consejero de la empresa que propició la operación de mascarillas que convirtió en millonario a la pareja de Ayuso en lo peor de la pandemia.

César Nieto, colaborador de González Amador en su empresa de consultoría sanitaria para Quirón Prevención, Maxwell Cremona, es también socio de la pareja de Ayuso en una empresa de alojamiento turístico en el popular barrio de Usera (Madrid) que crearon en marzo de 2022, en paralelo a la liquidación de esa sociedad en Panamá.

En sus cuentas anuales de 2024, esa empresa, October Twelve Accommodation SL, afirma que alquila “locales industriales”, pese a acumular centenares de reseñas de usuarios en el portal de reservas Booking.

El otro socio de October Twelve es un abogado en Madrid que, como César Nieto, estuvo vinculado a un empresario con intereses en Angola, al igual que Maximiliano Niederer, el misterioso ciudadano mexicano que según Hacienda fue el mayor “testaferro” de González Amador.

Afincado durante años en Villaviciosa de Odón, bastión tradicional del PP madrileño en la zona suroeste de Madrid, Niederer, experto en el mercado chino y con conexiones políticas en varios países, está relacionado con la mayor factura falsa que se desgravó Maxwell Cremona por servicios supuestamente inexistentes, de 922.585,63 euros. El mexicano está entre los acusados en la pieza de los supuestos delitos fiscales por los que está pendiente de juicio la pareja de Ayuso.

Fuente: Antonio M. Vélez en eldiario.es

Fuente: José Precedo / Antonio M. Vélez en eldiario.es

Quirón mantiene a González Amador, imputado por corrupción en los negocios, pese a las exigencias de su código ético

La pareja de Ayuso continúa operando en el grupo sanitario con una identidad falsa a pesar del mandamiento de su manual de buenas prácticas: “Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción”

“Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”. La frase está en el código ético de Quirón dentro de los mandamientos que el gigante sanitario impone a directivos, trabajadores y proveedores externos. Figura en la página 18 de ese manual de buenas prácticas que es de obligado cumplimiento para todos los operadores de la compañía. El compromiso está incluido en un párrafo más amplio donde el grupo sanitario advierte: “La selección de nuestros socios comerciales se basa en criterios cualitativos, económicos y éticos. Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción. La corrupción se produce cuando alguien abusa de su posición profesional o de su poder para obtener una ventaja ilícita para sí mismo o para otros”.

Pese a esa declaración de intenciones, Quirónprevención, una de sus filiales, mantiene como proveedor a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario y comisionista Alberto González Amador, quien desde 2023 opera dentro de la compañía con una identidad falsa, Alberto Burnet González, tal y como desveló en exclusiva elDiario.es y que en la actualidad está imputado por “corrupción en los negocios”.

En los ficheros de la compañía figura ahora su cometido: Director de Proyectos, Servicios centrales, aunque un portavoz autorizado de Quirón asegura a este medio que ese puesto lo puede desempeñar una persona no contratada por el grupo.

Según ha podido comprobar elDiario.es la pareja de Ayuso sigue operando para el grupo Quirón, tras las últimas revelaciones, y tampoco se le ha aplicado el código ético a raíz de su imputación por corrupción en los negocios.

Un juzgado de Madrid investiga desde hace meses la sospechosa compra de González Amador por medio millón de euros de una empresa, Círculo de Belleza SL, sin infraestructura ni clientes ni apenas facturación, a María Gloria Carrasco, la esposa de su jefe en Quirónprevención, Fernando Camino. Camino es un personaje clave en el negocio que reportó a González Amador dos millones de euros porque ejercía de consejero en una sociedad de Pontevedra, MAPE Asesores, que tuvo la llave para que González Amador pudiese cobrar la comisión de dos millones de euros por intermediar en una venta de material sanitario importado de China durante la pandemia. Camino era consejero de MAPE Asesores, la firma que hizo dos pedidos en 2020 en plena pandemia por 20 millones de euros en mascarillas y otros insumos sanitarios a la empresa catalana FCS Consulting. Por mediar en esa operación de FCS, que durante esa misma época vendía directamente y sin necesidad de intermediarios al Ministerio de Sanidad, Alberto González Amador se llevó una comisión del 4,5%: dos millones de euros en total. A raíz de esas ganancias y por haber fabricado facturas falsas y empleado empresas pantalla tras ese pelotazo, González Amador está acusado de un doble fraude fiscal y se sentará en el banquillo.

Al margen de ese juicio, un segundo juzgado sigue investigando si la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL, que González Amador adquirió a la pareja de Fernando Camino por esa cantidad que a la jueza le ha parecido desproporcionada (medio millón de euros) esconde en realidad un reparto de la comisión por la venta del material sanitario. De momento, tanto el comprador, González Amador, pareja de Ayuso, como la vendedora, la esposa de Fernando Camino, María Gloria Carrasco, farmacéutica en León, están imputados por “corrupción en los negocios”.

Pese a ello, Fernando Camino y González Amador siguen operando con normalidad en Quirónprevención, el primero como presidente de la empresa, y la pareja de Ayuso como supuesto proveedor externo, aunque en la intranet del grupo figure como “Director de Proyectos, Servicios Centrales”, con la identidad falsa que este medio reveló ayer: Alberto Burnet González.

El código de buenas prácticas de Quirón en su página 18 continúa: “El soborno es una forma de corrupción en la que alguien concede a otra persona una ventaja para verse favorecido en una decisión. La corrupción tiene graves consecuencias, tanto para Quirónsalud como para nuestros pacientes, empleados, familiares y la sociedad. Es una práctica que desperdicia recursos valiosos en lugar de fomentar el desarrollo sostenible o el tratamiento o la investigación de alta calidad. Da prioridad a los intereses privados a expensas de la empresa y de nuestras partes interesadas. El soborno y la corrupción dañan la libre competencia y el desarrollo económico y pueden tener graves consecuencias legales, financieras y de reputación para Quirónsalud y sus empleados. Para mantener y reforzar la confianza en nosotros como empresa, rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades”. Y concluye: “Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”.

Entre 2021 y 2024 la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso hizo pagos a Quirón por 5.000 millones de euros, el doble de lo que contemplaban sus presupuestos. Al frente de la Consejería de Sanidad que validó el abono de esas cantidades está Fátima Matute, exempleada durante casi dos décadas del propio grupo Quirón, aunque este dato no figure en el currículum que facilitó a la Comunidad de Madrid y que puede consultarse en el Portal de Transparencia. Cuando se le preguntó a Matute por qué esa experiencia profesional no figura en su vida laboral, la consejera respondió que era un dato ya conocido.

elDiario.es ha preguntado a Quirón si la imputación de González Amador, que figura como Director de Proyectos en su intranet, pero que la empresa describe como un proveedor externo, implica algún tipo de medida derivada del código ético. Un portavoz oficial ha señalado que la compañía no va a hacer comentarios sobre este tema.

Fuente: José Precedo / Antonio M. Vélez en eldiario.es