Hacienda y la UCO investigan si el novio de la presidenta sobornó con 500.000 euros a un directivo de Quirón por facilitarle un pelotazo de dos millones en la venta de mascarillas

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, hizo el negocio de su vida en lo peor de la pandemia –segundo y tercer trimestre de 2020– aprovechando sus relaciones profesionales con el primer directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino. El novio de la presidenta ganó dos millones de euros –el 4,5% de la operación– por intermediar en la compraventa de mascarillas entre una empresa gallega –Mape, que tenía a Camino como consejero– y otra catalana, FSC, la principal suministradora de material chino en España durante los primeros meses de la crisis del coronavirus.
Fue el mayor éxito empresarial de toda su vida, y su estreno en el mercado de los comisionistas. Aquel pelotazo de los dos millones ganados en apenas unas semanas supuso más del doble del dinero que González Amador había facturado en sus cinco años anteriores de ejercicio profesional. Aprovechó, como otros, la oportunidad servida por una emergencia sanitaria mundial. Era un negocio fácil, rápido y sin apenas riesgo. Las administraciones estuvieron dispuestas a pagar cualquier precio, y sin preguntar, por unas mascarillas que supuestamente protegían contra la muerte.
Cuando González Amador ingresó los dos millones en su cuenta corriente (agosto de 2020) puso en marcha algunas operaciones sospechosas con el objetivo de no repartir sus beneficios con Hacienda como establece la ley. El juez y la UCO de la Guardia Civil investigan ahora al comisionista por supuesta corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
La primera operación de González Amador tras el pelotazo consistió en adquirir por 499.836 euros una empresa, Círculo de Belleza, sin valor ni negocio ni futuro. Esa sociedad era propiedad de Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Tres meses antes del cambio de propiedad (septiembre de 2020) Camino vendió a su propia esposa el 20% de participaciones que poseía en Círculo de Belleza por apenas 4.000 euros. De esta manera, nunca apareció su nombre en las escrituras de compraventa de la empresa (diciembre de 2020). El Código Ético de Quirón prohíbe las relaciones comerciales entre directivos como Fernando Camino y proveedores como González Amador.
La compra de esa empresa por el comisionista fue la primera de sus iniciativas para, supuestamente, evitar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria tras su espectacular año de beneficios, según la hipótesis con la que trabajan los investigadores. La segunda actuación sospechosa llegó en mayo de 2021 –cuando Isabel Díaz Ayuso ya era su pareja– al hacer la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020. González Amador intentó ahorrarse el pago de 155.000 euros mediante el arte del engaño a la Agencia Tributaria: presentó unos supuestos gastos desgravables y superiores a los 600.000 euros a favor de una empresa mexicana. Pero nunca hizo esos pagos, según reconoció muchos meses después el novio de Ayuso a los inspectores de Hacienda.
El año siguiente, González Amador insistió en sus intentos de fraude fiscal subiendo las cifras del engaño: 927.000 euros por unos gastos en Costa de Marfil que nunca efectuó. De aquella manera tan poco original se ahorraba 195.000 euros en la factura del Impuesto de Sociedades de aquel año. La pareja de la presidenta madrileña fue consciente de todo aquel intento de fraude e intentó, por recomendación de su abogado, un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel mediante el pago de una multa y el reconocimiento de los dos delitos fiscales.
El conocimiento de sus andanzas supuestamente delictivas tras la querella presentada por la Fiscalía hizo que su pareja, Isabel Díaz Ayuso, saliera en su defensa. Descalificó a la fiscal jefe del departamento que había denunciado a su pareja; puso en marcha la máquina de la desinformación y el bulo con sus medios habituales y aireó la existencia de una supuesta campaña ilegal contra González Amador. La presidenta negó públicamente en rueda de prensa que su novio debiera nada a Hacienda y llegó a proclamar que era justamente al contrario, en una explicación delirante e incomprensible.
Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, manipuló después a varios medios afines al PP facilitándoles un correo electrónico del fiscal del caso al abogado de González Amador para dar a entender que todo era una sucia operación de inspectores de Hacienda y fiscales contra el novio de la presidenta. Para contrarrestar aquella campaña en defensa de un supuesto defraudador, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, difundió una nota informativa contando la verdad: González Amador propuso un acuerdo de conformidad en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión.
De todo aquel enredo quedó una sentencia del Tribunal Supremo –firmada por cinco de los siete magistrados que formaron ese tribunal– donde se condenaba sin pruebas al fiscal general por filtrar supuestamente un correo –del abogado del novio de Ayuso al fiscal del caso– informando que González Amador confesaba sus delitos para evitar la cárcel.
El comisionista, que ahora vive con Ayuso en un doble piso situado en una de las zonas más caras de Madrid, empezó su carrera empresarial de la mano de Quirón, firma a la que prestaba unos servicios de consultoría por los que, en el mejor de los años (2019), cobró 357.000 euros. Su noviazgo con Ayuso –a partir de 2021– coincidió con una mejora sustancial de su facturación con Quirón, una empresa de servicios sanitarios cuyo principal ingreso procede de la Comunidad de Madrid. González Amador cuadruplicó sus ingresos de un año para otro. De 275.000 euros en 2020 a 1.375.716 en 2021. Y mantuvo con altibajos ese nivel de negocio en los años siguientes: 1.054.335 (2022); 1.886.391 (2023) y 944.836 (2024).
El defensor principal de González Amador -procesado por delitos fiscales e imputado por corrupción en los negocios y administración desleal- ha sido en todo este tiempo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la “experiencia del que peina canas”, Rodríguez registró al comisionista González Amador en su agenda telefónica como “Alberto Quirón”. Ayer, el jefe de gabinete recuperó su vieja costumbre de proteger al novio de su jefa, procesado por fraude fiscal, con más bulos: “Quede claro: el último contrato con Quirón fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada”.
Fuente: José Manuel Romero en eldiario.es

Fuente: Antonio M. Vélez / Pedro Águeda en eldiario.es
La pareja de Ayuso llegó a multiplicar por siete sus ingresos de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta madrileña
La carrera de Alberto González Amador despegó con una comisión de dos millones bajo sospecha; luego defraudó a Hacienda siendo pareja de la presidenta y ya nunca regresó a sus ingresos anteriores gracias a los encargos de la empresa que ingresa mil millones al año de la Comunidad de Madrid

La carrera empresarial de Alberto González Amador ha cambiado radicalmente desde que es pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sus sociedades llegaron a multiplicar por siete la facturación al Grupo Quirón a partir del inicio de la relación sentimental entre el empresario y la presidenta de la Comunidad de Madrid. El Grupo Quirón es el principal beneficiario de la política de privatización de parte del servicio sanitario que lleva a cabo el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso, con alrededor de 1.000 millones de facturación anual salidos de las arcas públicas.
Un escrito de la Agencia Tributaria remitido al juzgado que investiga a González Amador ha permitido aflorar el negocio del novio de la presidenta con Quirón Prevención desde que son pareja. elDiario.es reveló hace dos años que en 2021, cuando comenzó la relación, los ingresos de González Amador procedentes de Quirón se multiplicaron por cuatro respecto del ejercicio anterior. Ahora, gracias al escrito de Hacienda, trasciende que los ingresos del empresario y comisionista no dejaron de crecer en los dos años posteriores, 2022 y 2023. En total, desde que arrancó la relación, González Amador ha multiplicado por siete sus ingresos del gigante de la sanidad privada.
La pandemia resultó una oportunidad de negocio para el empresario. En 2020 obtuvo los dos millones de euros en la comisión que está bajo el foco de la investigación. Esa operación lleva aparejada un presunto soborno a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, pero también consejero entonces de otra empresa con la que habría orquestado el ‘pelotazo’ de las mascarillas para su amigo y del que luego se habría llevado una parte.
En cifras de negocio total, la principal empresa de González Amador, llamada Maxwell Cremona SL, pasó de facturar 357.773,87 euros en 2019 a más de 2,33 millones en 2020. Fue el resultado de la comisión de las mascarillas y no de la que había sido su principal fuente de ingresos hasta entonces y que lo siguió siendo en los años posteriores.
En mayo de 2021, una revista del corazón retrató el viaje a Ibiza de la presidenta con su nueva pareja sentimental, al que presentaba como un “técnico sanitario”. Fue en ese ejercicio cuando Quirón Prevención, que llevaba contratando la consultoría de González Amador desde 2017, decidió regarle de encargos. Hasta acabar 2021 con 1.078.412 euros de ingresos procedentes de Quirón, cuatro veces más que el año anterior y el triple de lo que facturó la empresa de González Amador en 2019.
Esos trabajos para Quirón siguieron en ascenso. En 2022, González Amador rozó los 2 millones de euros de facturación al gigante sanitario (1.956.449). En 2023, la cifra de ingresos fue de 1.401.634, cuatro veces más de lo que facturaba a Quirón previo a la pandemia y antes de compartir su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid. El informe de Hacienda no recoge las cifras de los ejercicios 2024 ni 2025.
En total, Hacienda ha cifrado ahora en 4,43 millones de euros las cantidades cobradas por la pareja de Ayuso del grupo sanitario en el periodo 2021-2023. De 2020 hasta 2023, la cifra asciende a 4.711.768,83 euros.

En la tarde de este jueves, Miguel Ángel Rodríguez intentó desacreditar las informaciones basadas en el escrito de la Agencia Tributaria. El jefe de gabinete de Ayuso publicó en X: “El último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van pa’lante”. Después, en declaraciones a El País, Rodríguez añadió que la Agencia Tributaria “debería ser dinamitada”
Las revelaciones sobre la relación comercial del novio de la presidenta y Quirón responden a que la Agencia Tributaria ha tenido que informar al magistrado del caso sobre González Amador de que tiene abiertas unas inspecciones a Quirón y a su matriz. Consciente de que hay una causa judicial que se solaparía con su trabajo de inspección, la Agencia Tributaria necesita de una orden judicial para detener la parte coincidente.
Así lo establece la La Ley General Tributaria, que prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker.

El escrito de Hacienda se limita a trasladar al juzgado unos datos básicos de su inspección para que el juez Antonio Viejo pueda decidir. Así, la Agencia Tributaria asegura que su departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz de Quirón en España, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo.
Además, Hacienda confirma que la división que preside Fernando Camino y a la que factura González Amador, Quirón Prevención, tiene abiertas inspecciones por el Impuesto sobre Sociedades entre los ejercicios 2020 y 2023, del IVA entre 2021 y 2023 y de retenciones e ingresos a cuenta en este mismo periodo, como avanzó elDiario.es a finales de mayo.
En el mismo sentido informó al juzgado de la inspección que llevaba a Gloria Carrasco, que avanzó este medio el pasado 26 de febrero. De igual forma, este periódico desveló este jueves que la Agencia Tributaria ha hecho lo propio con Fernando Camino, marido de Gloria Carrasco y presidente de Quirón Prevención.
Negocios y una comisión entre viejos amigos
Quirón Prevención, Fernando Camino, Gloria Carrasco y Alberto González Amador son algunos de los protagonistas de la investigación judicial que complica el futuro de la pareja de Ayuso. El empresario y comisionista será juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos al haber dejado de pagar 350.951 euros a Hacienda en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.
El año de la pandemia, 2020, fue el del despegue empresarial de González Amador, previo al empuje que le dio Quirón Prevención a partir de 2021, cuando ya era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero ese despegue le ha valido ya a González Amador una petición de casi cuatro años de cárcel al empresario por intentar engañar a Hacienda con una trama de facturas falsas. No quería que Hacienda participara, como debía, de su gran éxito: la comisión de casi 2 millones de euros por poner en contacto a dos empresas españolas para la compraventa de más de 42 millones de euros en material sanitario.
Es en este punto donde emerge la figura de Fernando Camino. La investigación ha determinado que el presidente de Quirón Prevención y González Amador tienen relaciones comerciales desde al menos 2014. En 2020 habrían ideado el siguiente plan: Camino era, además de presidente de Quirón Prevención, consejero de una empresa gallega llamada Mape. De otro lado, González Amador había conseguido que la sociedad catalana FCS le asegurara un porcentaje del 4,5% de las ventas que consiguiera. Y allí estaba su amigo Camino, quien logró que Mape comprara a FCS 42 millones de euros en material sanitario para la pandemia. Resultado: Alberto González Amador ingresó más de 1,9 millones de euros, el negocio de su vida.
La Fiscalía, las acusaciones populares y los dos jueces que ha tenido el caso sospechan que Camino no hizo aquello a cambio de nada. Tras cobrar la comisión, González Amador compró a la mujer de Camino una sociedad llamada Círculo Belleza SL. La empresa había facturado apenas 30.000 euros el ejercicio anterior. Contaba con tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. No tenía empleados. El novio de Ayuso pagó, sin embargo, medio millón de euros por la sociedad. La acusación concluye que es el porcentaje pactado con Fernando Camino por facilitar su pelotazo de las mascarillas desde Mape.
Los informes de la Agencia Tributaria no han sido los únicos documentos incorporados recientemente a la pieza separada por el presunto “soborno” de González Amador al presidente de Quirón y consejero entonces de Mape. La anterior jueza del caso, que se jubiló el pasado verano, ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que actuara como policía judicial del caso. La complejidad que había alcanzado y su alcance nacional así lo aconsejaban. Ha tenido que pasar casi un año para que los guardias civiles se hayan podido poner a trabajar. Ha ocurrido cuando el nuevo juez ha autorizado que accedan, únicamente, a las cuentas bancarias de los dos investigados, González Amador y Gloria Carrasco.
La UCO llevaba desde diciembre de 2025 esperando la autorización del juez, tal y como desveló elDiario.es. El 19 de ese mes entregaron un oficio al magistrado Antonio Viejo con sus primeras valoraciones de la documentación incluida en la causa. Con ellas justificaban las peticiones a Viejo para empezar a investigar. Los guardias civiles, tal y como les apuntó la anterior jueza, ya advierten en su informe que sobre los hechos planea la comisión de un delito de blanqueo de capitales, que sumar al de corrupción en los negocios y administración desleal.
Entre esas valoraciones, la UCO aprecia que la sociedad que compró González Amador, Círculo de Belleza SL –y que rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL– “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” a Quirón Prevención. González Amador había dejado de facturar a la empresa sanitaria solo con Maxwell Cremona, su principal empresa, para incorporar a la empresa que había comprado a la mujer del directivo de Quirón.
Fuente: Antonio M. Vélez / Pedro Águeda en eldiario.es

Fuente: Alberto Pozas / Elena Herrera en eldiario.es
Un informe de Hacienda revela que la pareja de Ayuso facturó 4,4 millones a Quirón Prevención entre 2021 y 2023
La Agencia Tributaria constata que las dos empresas del comisionista facturaron ese dinero, IVA incluido, a partir de 2021, cuando ya mantenía una relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid

Un informe de la Agencia Tributaria revela que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.
Las cantidades, IVA incluido, se desglosan en un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había comenzado la relación.
Hacienda desvela también en este documento que el departamento de Grandes Contribuyentes está investigando a Helios Healthcare, la matriz del gigante sanitario Quirón, por su condición de representante ante Hacienda de todo el grupo. Asimismo, hay comprobaciones de Hacienda sobre Quirón Prevención en relación con el Impuesto sobre Sociedades (2020 -2023), IVA (2021-2023) y retenciones e ingresos a cuenta (2021-2023).
No obstante, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.
La Ley General Tributaria prohíbe a la Inspección suspender los procedimientos por iniciativa propia en estos casos. Es obligatorio que la orden provenga del órgano judicial. Por ello, Hacienda solicita formalmente al juzgado que ordene la paralización parcial de la inspección tributaria para que se detenga “exclusivamente” la parte que afecta a la comprobación de los servicios realizados por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker.
Dos investigaciones penales abiertas
Los tribunales mantienen abiertas dos investigaciones penales distintas en torno a González Amador, su facturación y su relación con este grupo sanitario, cuyos hospitales recibieron casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2024.
Por un lado, el comisionista tiene pendiente de juicio la causa por el fraude fiscal de más de 350.000 euros que perpetró, supuestamente, durante la pandemia usando un entramado de facturas falsas. Un caso revelado por elDiario.es y en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario por dos delitos de fraude fiscal.
La segunda causa abierta contra él, y todavía en fase de instrucción en el juzgado de Antonio Viejo en la Plaza de Castilla de Madrid, tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor de la mujer de Camino. Y si no fue una compra, sino el pago encubierto de una comisión.
Las investigaciones penales se han solapado con las inspecciones de Hacienda sobre González Amador, Fernando Camino, el grupo Quirón y las empresas de la pareja de Díaz Ayuso.
En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal para evitar duplicidades y descoordinación. “El resultado de dichas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados por la Jurisdicción Penal”.
Fuente: Alberto Pozas / Elena Herrera en eldiario.es

