La causa abierta en 2020 investiga las supuestas comisiones de dirigentes de la Diputación de Almería a través de un contrato de emergencia de dos millones de euros durante la pandemia de covid-19
Las irregularidades en los contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas quirúrgicas son una constante en los titulares en todo el Estado español. En la mañana del martes se hacía pública la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, a causa de una investigación acerca de unas supuestas mordidas de las que se habría beneficiado a través de contratos emitidos por la institución. Junto a Aureliano García, los agentes de la UCO han detenido al vicepresidente de la Diputación almeriense Fernando Giménez y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. La UCO ha detenido además a un técnico del área de Obras Públicas de la Diputación de Almería y al hijo del alcalde de Fines y primo del exdiputado Óscar Liria, detenido por esta causa en 2021.
El Juzgado número 8 de Barcelona pidió en 2021 para Liria el ingreso en prisión provisional por los presuntos delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal
La detención se ha producido a raíz de una investigación que se encuentra realizando desde 2020 el Juzgado número 1 de Almería. La causa se encuentra aún en fase de instrucción. El origen de la causa se sitúa en una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona en 2020, denominada por los efectivos de la UCO como Operación Lúa, que investigaba las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia de Covid-19. En ese marco se produjeron detenciones en distintas provincias: Barcelona, Girona y Murcia, Palma de Mallorca y Almería. Esta última detención fue al vicepresidente tercero del organismo almeriense Óscar Liria, que además era responsable de Urbanismo. Un hecho que propició el inicio de la investigación por parte de la justicia almeriense. El juzgado barcelonés pidió en 2021 para Liria el ingreso en prisión provisional por los presuntos delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Una pena que no ha llegado a ejecutarse.
En el momento de la detención de Liria, los agentes encontraron en su casa 30 mil euros en metálico; además, sorprendieron a dos de sus familiares con más de 120 mil euros que asocian a las mordidas de los contratos de material sanitario. Durante su declaración en marzo de 2025 ante el juez instructor de la causa almeriense expuso que ese dinero procedía de “ahorros”. Las nuevas detenciones apuntan a la participación en esas comisiones del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, al vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Los contratos en los que se realizaron estas supuestas mordidas ascienden a los dos millones de euros, como indica la investigación policial.
Tres empresas almerienses en el foco
El contrato que investigan desde la UCO por el cual se han producido estas detenciones es el que la Diputación de Almería emitió en 2020 a la empresa Azor Corporate Iberica S.L. bajo la denominación de Contrato de suministro de mascarillas, guantes y monos para atender las necesidades derivadas de la protección de personas frente al covid-19 mediante tramitación de emergencia. La investigación apunta a que las comisiones podrían llegar a los 400 mil euros repartidos entre las personas implicadas. La relación de Liria con Azor se debe al vínculo que el dirigente tenía desde la infancia con el CEO de la empresa, Kilian López, que durante su declaración en la instrucción del caso insistió en que los beneficios obtenidos por estos contratos son “beneficios empresariales legítimos”. El empresario fue investigado por el Juzgado número 8 de Barcelona, además en la Operación Lúa, por supuesta relación con una red dedicada al tráfico de drogas, una causa que finalmente fue archivada.
El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla ha expuesto que desconocía “exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación”.
Las relaciones de este empresario con la Diputación de Almería también se sostienen en otra empresa de su propiedad, Pulconal, sobre la que la UCO también está poniendo el foco en su investigación. En 2020, año en el que se produjo el contrato donde supuestamente incurrieron estas ilegalidades, esta compañía de López recibió de Diputación 132 mil euros a través de seis contratos menores dedicados a distintas funciones de infraestructuras en localidades almerienses. Liria, además de vicepresidente de la Diputación, era el encargado de Urbanismo.
La investigación también apunta a una tercera compañía sospechosa de irregularidades a través de contratos en 2020, OYC Servicios Urbanos, una empresa de la localidad almeriense de Fines cuyo alcalde también ha sido detenido en la jornada del martes. OYC se benefició de dos contratos para infraestructuras en las localidades de Alcontar y Bayarque que alcanzaban la cifra de 109 mil euros.
Desconcierto en el PP y críticas desde la oposición
Las reacciones a estas detenciones no se han hecho esperar en la mañana del martes. El presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla ha expuesto que desconocía “exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación” y alega que se ha puesto en contacto al tener conocimiento de la noticia con el PP de Almería y que “nadie cogió el teléfono en Almería”. Por su parte, el líder nacional del Partido Conservador, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido “cautela” al enterarse de las detenciones y que valorará la situación cuando tenga “la información adecuada”.
Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, sostiene que el caso ‘no es un problema puntual’ del PP, aunque ha llamado a la prudencia hasta que se conozcan más datos. Desde Adelante Andalucía, el diputado José Antonio García ha pedido al presidente de la Junta que cese “de forma inmediata” a los dirigentes detenidos o, si no, “el Partido Popular andaluz, con Moreno a la cabeza, es cómplice de la corrupción”. Además, García ha añadido que “cuando estábamos todo el mundo en la pandemia pasándolo muy mal, con gente perdiendo a familiares, los sanitarios y las sanitarias ahí dejándose la salud en su puesto de trabajo, con mucha gente con los negocios cerrados y mucha gente en casa pasando miedo, había gente del Partido Popular forrándose, así de duro”. Desde Podemos Andalucía, su coordinadora Raquel Martín ha insistido en que el PP “opera como una mafia negociando con dinero público”.
El caso de las mascarillas almerienses se une, por un lado, aunque no forman parte de la misma causa, a los distintos casos de irregularidades en la compra de mascarillas en los años 2020 y 2021 que se han dado en otros territorios. Como el caso Koldo, que salpicó al exasesor del exministro Ábalos, las comisiones en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y los casos en Canarias que está investigando la Fiscalía europea. Y por otro lado, a las investigaciones de corrupción que ponen el foco en el PP andaluz como la causa de los contratos de emergencia troceados que está investigando a miembros de la Junta de Andalucía.
Fuente: Aurora Báez Boza en elsaltodiario.com
Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es
La UCO detiene al presidente del PP de la Diputación de Almería en un caso de corrupción de mascarillas
La operación está dirigida por un juzgado de Almería y comenzó en 2021 aunque las siete detenciones y diez registros de este martes están vinculados también con irregularidades en otros contratos de la Diputación de Almería descubiertos por la Guardia Civil
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a siete personas este martes en Almería, entre ellas al presidente de su Diputación, Javier Aureliano García Molina –a su vez presidente del Partido Popular en la provincia– dentro de una investigación que arrancó en 2021 por corrupción en la compra de mascarillas, han informado a elDiario.es fuentes próximas a la investigación. El delegado del Área de Presidencia y vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez (PP), también se encuentra entre los arrestados.
Los agentes han realizado hasta diez registros durante la mañana en inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas. Entre los detenidos también está el alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez Simón (PP). La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y no guarda relación con los casos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. De hecho, los políticos detenidos son del Partido Popular.
Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La investigación está en marcha desde 2021. El caso arrancó por las presuntas comisiones en la adquisición de material sanitario en pleno confinamiento por parte de la Diputación de Almería, pero habría crecido hasta afectar a otros contratos firmados por la misma administración local, lo que explicaría las detenciones y registros de este martes.
El 15 de junio de 2021 la UCO ya detuvo al por entonces vicepresidente tercero de la Diputación y responsable de Fomento, Óscar Liria. Se trató del primer caso sobre la venta de material sanitario –además de mascarillas había monos de protección y guantes– en la pandemia que se abría en España. Entonces fueron detenidas otras diez personas, varias de ellas con relación familiar con Liria: su hermano Francisco Liria Sánchez, su primo Rodrigo Sánchez López, su tío Rodrigo Sánchez Simón (alcalde de Fines -PP-), y la cuñada de este, Hortensia López. Hay una veintena de investigados en el juzgado de la capital almeriense.
Maniobras para cobrar comisiones
La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los detenidos este martes “hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros”. Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde es tío del principal investigado en la primera fase de la operación: el exvicepresidente tercero y diputado provincial de Fomento Óscar Liria.
Algunos de los implicados ahora arrestados no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.
El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.
Investigación abierta en 2021
Cuando el caso arrancó en 2021, los agentes de la UCO querían consultar el expediente de adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas. El origen del caso son unos pinchazos telefónicos en un caso de narcotráfico en Barcelona.
El dueño de la empresa que suministró el material, la citada Azor Corporate Ibérica, estaba siendo investigado en esa otra causa, también de venta de armas y blanqueo de capitales, y una escucha llevó hasta la trama de la venta de material sanitario. El dueño de la empresa, Kilian López, tenía una relación de amistad con Óscar Liria, quien le habría introducido en la administración para que esta le comprara las mascarillas y repartirse las mordidas, según la investigación.
Cuando Óscar Liria fue detenido en su casa de Fines en 2021, los investigadores hallaron 26.250 euros en efectivo repartidos entre sobres y prendas de vestir. Su primo y su tío recibieron el alto a bordo de un Mercedes, en cuyo maletero portaban una bolsa de plástico con 119.950 euros. En total, los agentes requisaron aquel día 178.895 euros. Liria fue cesado como vicepresidente de Diputación, expulsado del PP y puesto en libertad provisional 15 días después, el 30 de junio.
En la primera fase de la investigación los agentes concluyeron que la presunta trama había obtenido casi un millón de euros en comisiones por intermediar en el suministro de mascarillas: 945.297,61 euros de los 2.036.186,34 que pagó la Diputación Provincial de Almería (en abril de 2020) por la compra de un lote de 500.000 mascarillas FFP-2 (varios de cuyos lotes eran defectuosos), 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo.
Esto es, se habrían embolsado en comisiones el 46,42% del total de la inversión con fondos públicos, canalizadas a través de una empresa (Corpfam Global Investment) de la que Francisco Liria fue administrador hasta 2018, y en la que Kilian López le sustituyó desde entonces. Los investigadores creen que Óscar Liria se llevó entre 200.000 y 400.000 euros del total, y que destinó parte del dinero a adquirir un par de vehículos de alta gama para sus familiares o inmuebles e incluso una administración de lotería en Adra a través de terceros.
Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es
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