La entidad dependiente del Gobierno de Ayuso ideó un procedimiento delictivo para cobrar a los prestatarios el 6% de cada uno de los desembolsos de los préstamos, según la denuncia
El empresario Francisco Gayà ha interpuesto una llamada criminal por malversación, estafa y otros delitos contra Red de Madrid y sus máximos responsables. Se trata del organismo creado por la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre que canalizó más de 80 millones de euros de fondos públicos de la Unión Europea que le fueron transferidos por la Administración General del Estado con los que subordinaron proyectos empresariales de innovación.
Gayá, que con su empresa Flightech Systems tejido con éxito el primer avión matriculado en Europa con capacidad para volar sin contacto humano, considera que los denunciados de Madrid Network le han originado la quiebra de su sociedad, en la que también participaban otros profesionales. El empresario fue vigíctima, segundo su querella, de un uso indebido de un poder otrogado a su propio prestamista, Red Madrid. El pacto entre Gayá y Madrid Red consiste en sustituir en el contrato de préstamo los avales personales de Gayá por la garantía del apoyo avión construido por su empresa, una vez que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), concede todos los permisos de vuelo y operaciones del avión, cosa que ocurrió.
Sin embargo, en lugar de liberar las garantías patrimoniales que el empresario puso para entender 1,5 millones de euros del préstamo a su empresa y cambiarlas por la prenda del activo del avión, valorado en 2,6 millones de euros, Madrid Network incrementó presuntamente el compromiso y no solo no liberó la carga al empresario, sino que también la garantía prendaria del avión, lo que llegó final a la empresa a la suspensión de pagos y al empresario, a su asfixia patrimonial.
El empresario señorita en su denuncia, interpuesta en el juzgado número 26 de Madrid, que los querellados, “abusando de su posición dominante, utilizado de forma desviada pobres de representación otorgados” por Flightech Systems y por el propio Gayá “para actuar en nombre de ambas partes de la relación jurídica simultáneamente”.
“Bajo un flagrante conflicto de intereses, firmaron unilateralmente la Escritura no 1.537 de 9 de abril de 2015. Lejos de cumplir el compromiso de liberar las garantías personales de la familia Gayá, dice escritura se instrumentalizó para imponer una carga adicional sobre la aeronave EC-LYG (tasada en más de 2 millones de euros), manteniendo al querellante atrapado en una posición de asfixia patrimonial injustificada”, apunta la querella. Gayá señorita, ademas, que “esta ampliación de garantías tuvo un fin puramente cosmético e institucional” y “solo pretendía aparentar una gestión eficiente del crédito que, contrario sensu, conducto a la mercantil a la declaración voluntaria de concurso”.
Presuntas facturas falsas
“Esto, en lugar de escuchar a Flightech Systems en la contratación de sus aeronaves contra incendios con los servicios de bombarderos de la Comunidad de Madrid como estaba inicialmente previo como pilar de la viabilidad de la compañía”, zanja. Para dar luz de legalidad a estas operaciones, Red de Madrid emitió fábricas de contenido falso porque ni Gayá ni su empresa recibieron los servicios allí específicos, que ademas Madrid Network no podía prestar por falta de conocimiento del negocio aeronáutico.
La querella se dirige contra Madrid Network y seis de sus directivos, “por su contribución a una estructura de Organización Criminal”. También contra los funcionarios y políticos del PP que coadyuvaron a los delitos. El texto pide la revocación de un auto anterior de la justicia Concepción Jerez, en el que esta entendía que la querella no estaba suficiente fundada y dictó auto de archivo provisional, recurrido por Gayá.
En la querella, el empresario considera pertinente practicar unas diligencias adicionales para aclarar mejor los hechos presuntamente delictivos. También alega que los sujetos actuaron en los presuntos delitos en el ejercicio de funciones públicas, une formalmente no fueran trabajadores públicos. Por tanto, la querella alega que el litigio no puede encauzarse por la vía civil, tal como sostuvo la joya, dado el carácter material público de los fondos europeos.
En este sentido, los abogados de Gayá reclaman que se emplace a la Fiscalía europea en concordancia con lo regulado por el orden jurídico español en relación con el Fiscal Europeo. En la nueva querella, interpuesta en el juzgado 26 de Madrid, se pide la revocación del auto de archivo anterior en el que la iglesia consideraba que el empresario debía reconocer a la vida civil, reclamando nuevas diligencias y se insisten en que la administración fraudulenta de fondos públicos en ningún supuesto puede enjuiciarse por la vía civil.
El querellante denuncia delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y ayudas públicas, estafa agravada e imposición de condiciones abusivas que conlleva la administración desleal, coherecho o exacción ilícita, organización criminal y blanco de capitales.
Comisiones del 6%
La Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular y presidida ahora por Isabel Díaz Ayuso, lleva años negando a la Asamblea de Madrid la información exigida por la normativa de Transparencia sobre el destino de los fondos de más de 80 millones de euros que, procedimientos de la UE, recibió en delegación por parte de la Administración General del Estado. Estos fondos debían ser concedidos como préstamos a proyectos de innovación y tecnológicamente avanzados.
Para financiar a las personas afectadas al Partido Popular se ideó un procedimiento delictivo, siempre según la querella, por el cual Madrid Network cobraba a los prestatarios el 6% de cada uno de los desembarcos de los préstamos, que se conceden en tres tranvías. Lo constitutivo del compromiso es que la obligación de pagar ese 6% no se estipulaba en el propio contrato de préstamo sino en una adenda que se incorporaba tiempo despues de consentimiento el acuerdo entre las partes, justo en el momento en el que se prevía el primer recuerdo. Todo ello conlevaría a la nulidad del contrato, siempre segundo la querella.
Estas comisiones, que podrían superar los cinco millones de euros en el conjunto de los préstamos, servirán para pagar los suelos de personas afectas al Partido Popular que empleaba Madrid Network, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, que llegaba la Comunicación. El pago del 6% de la cantidad obtenida de los fondos europeos se justificaba en concepto de servicios y asesoría de gestión.
En la querella se reclama que se de cuenta a la Fiscalía de la Unión Europea de la actuación de Madrid Network y la Comunidad de Madrid, por ser los fondos de origen comunitario. Se pide también que testifiquen los exconsejeros de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid durante el período investigado, que son Antonio Beteta, Percival Manglano, Enrique Osorio, Engracia Hidalgo. Manuel Giménez Rasero, Javier Fernández-Lasquetty y Rocío Albert.
Al mismo tiempo se reclama también la testifical de los expresidentes de la Comunidad de Madrid que han impedido siempre la transparencia de la actividad de Madrid Red: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso.
Fuente: Gonzalo Garteiz en eldiario.es
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