- El Gobierno ha comparecido con PSOE y Sumar presentando el acuerdo en ruedas de prensa separadas.
- Pablo Bustinduy (Sumar): «Es solo un primer paso, hacia la transformación económica y social a la que tenemos que dirigirnos, pero es un paso importantísimo […] Una medida (renovación automática/contratos indefinidos) va en un decreto separado. Le puedo decir por qué hemos peleado para que estuviera incluido. Los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera se los dejo a quien ha defendido esa postura».
- El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en Sol y advierte que no aceptará “un decreto a medias”.
- El futuro parlamentario de los dos decretos es incierto. El primero (con medidas antidesahucios y control de rentas) tiene altas probabilidades de salir adelante. El segundo (renovación automática/contratos indefinidos) podría ser tumbado más probablemente. PP y Vox rechazan en bloque ambas normas, mientras que los partidos de derecha nacionalista -Junts y PNV- podrían dejar pasar el primero, pero se hace más complicado que apoyen el segundo.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un paquete de medidas urgentes en materia de vivienda pactado in extremis entre PSOE y Sumar, después de una negociación que se prolongó durante toda la noche y obligó a retrasar más de una hora la reunión del Ejecutivo. El acuerdo, sin embargo, no colma las expectativas del Sindicato de Inquilinas, que mantiene la acampada en la Puerta del Sol y ha advertido que la movilización continuará si el texto final no recoge sus reivindicaciones mínimas.
¿Qué recoge y qué deja fuera?
De los cinco puntos que el Sindicato de Inquilinas incluyó en su propuesta de “decreto Maricarmen”, el acuerdo alcanzado entre los socios de coalición recoge parcialmente algunos y deja fuera otros de manera explícita.
Medidas contra los desahucios. El decreto incluye la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2028, pero con una limitación fundamental: solo se aplica cuando el demandante sea un fondo de carácter especulativo o un gran tenedor. El Sindicato de Inquilinas reclamaba medidas estructurales que impidieran los desahucios sin alternativa habitacional con independencia del tipo de propietario.
Prórrogas de contratos. El texto establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, solicitable por inquilinos al corriente de pago. Se trata de una prórroga condicionada, no automática, y queda lejos de la renovación automática de contratos que el sindicato considera su “línea roja”.
Renovación automática e indefinida. Este era el principal escollo de la negociación. Sumar exigía incluir la prórroga automática de los contratos en el primer decreto, pero el PSOE solo aceptaba una extensión temporal. Finalmente, el acuerdo ha pasado por dividir el paquete en dos reales decretos diferenciados: el primero recoge las medidas más urgentes, mientras que la renovación automática se remite a un segundo decreto que deberá convalidarse por separado. El Sindicato de Inquilinas ha calificado esta fragmentación de “vergüenza” y ha rechazado lo que considera una táctica de “divide y vencerás”.
Regulación del alquiler de habitaciones y temporada. Sumar también exigía regular el alquiler de habitaciones, actualmente fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El borrador inicialmente dejaba esta cuestión al margen, y su inclusión en el texto final no ha sido confirmada con detalle.
Congelación de precios. La actualización de rentas al 0% o la congelación de los precios del alquiler vigentes, una de las demandas centrales del sindicato, no aparece mencionada en la información disponible sobre el acuerdo. El decreto sí incluye bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos, medidas que el Sindicato de Inquilinas ha rechazado por considerar que benefician a los rentistas.
La reacción del Sindicato de Inquilinas
La organización que ha liderado las protestas por el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid, no ha dado por bueno el acuerdo. Sus portavoces han insistido en que “no aceptamos la táctica de romper en cachitos y dividir el decreto Maricarmen” y han exigido un único texto “sin una sola coma cambiada”.
“No queremos un decreto falso, un decreto a medias, un decreto tibio. Queremos el decreto Maricarmen”, ha declarado Rufina Parra, portavoz del sindicato. La organización ha señalado que esperará a leer la “letra pequeña” antes de decidir sus próximos pasos, pero ha advertido que la acampada en Sol y las movilizaciones continuarán.
El Sindicato de Inquilinas ha dejado claro que su línea roja son los contratos indefinidos: “No vamos a permitir que no se incluyan los contratos indefinidos”, ha subrayado Parra, que ha abierto la puerta a ceder en otras cuestiones como la bajada de precios, pero no en esta.
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Un acuerdo condicionado por la aritmética parlamentaria
El Gobierno ha optado por un acuerdo de mínimos que, según fuentes socialistas, busca garantizar los apoyos necesarios para la convalidación en el Congreso, incluidos los de socios más moderados como PNV y Junts. Esta estrategia contrasta con el fracaso del anterior decreto de vivienda, que decayó hace un mes al no lograr respaldo parlamentario.
Sumar, por su parte, ha reivindicado su papel en la negociación y ha presentado el acuerdo como “un primer paso” que no agota las demandas del movimiento por la vivienda. El ministro Pablo Bustinduy ha reconocido que su formación “no ha conseguido todo lo que proponía”, pero ha atribuido el resultado a la “formidable movilización social” de las últimas semanas.
La pelota está ahora en el tejado del Congreso, que deberá convalidar ambos decretos en los próximos días. El Sindicato de Inquilinas ha advertido de que cualquier texto que no incluya los contratos indefinidos será considerado “un decreto farsa” y mantendrá la presión en la calle.
Recorrido parlamentario
La Mesa del Congreso ha decidido convocar un pleno extraordinario este viernes a las 11:00 horas para votar por separado cada uno de los dos decretos.
La votación separada es una estrategia política deliberada. La lógica es la siguiente: dividir lo que puede sumar mayoría de lo que no puede, para evitar que un solo texto grande y controvertido arrastre consigo, en su caída, medidas que sí contarían con respaldo. Si se presentara un único decreto, Junts y PNV —que rechazan la renovación automática— podrían tumbar el paquete completo, incluidas las medidas antidesahucios. Es exactamente lo que ya ocurrió en abril con el decreto anterior.
Un decreto entra en vigor desde su publicación en el BOE, pero antes de la votación en el Congreso solo tiene una vigencia máxima de 30 días. Si es rechazado, su eficacia decae.
La probabilidad de aprobación del primer decreto es alta, pero depende críticamente de que Junts cumpla en la votación su compromiso verbal de «combatir a los fondos». La aprobación del segundo es más incierta, puesto que ni Juns ni PNV se han comprometido públicamente a la renovación automática de alquileres.
Posición de cada partido
PP (Partido Popular)
Se espera voto en contra. La posición de fondo del PP en materia de vivienda es opuesta a la «intervención» del mercado, y sostiene que la política de vivienda del Gobierno ha fracasado. En debates legislativos relacionados, el PP ha calificado propuestas de Sumar como «jurídicamente débiles» y propias de una «receta fracasada». Todo apunta a un rechazo unánime del grupo popular a ambos decretos.
Vox
Se espera voto en contra. El discurso de Vox sobre la vivienda atribuye la crisis a la inmigración y al «intervencionismo», y sus portavoces han tildado medidas similares de «batiburrillo legislativo», burlándose de que el plan de vivienda del Gobierno produce menos vivienda que «una mala tarde de los años 80».
Junts
El voto más decisivo, y con posición distinta según el decreto. El primer decreto incluye una prohibición temporal de compra de vivienda por fondos de inversión, que coincide con una demanda previa de Junts: combatir los «fondos buitre» sin «criminalizar» al pequeño propietario. Pero Junts rechaza la renovación automática/contratos indefinidos, al considerar que perjudica a los pequeños propietarios. Su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, ha reprochado a Sumar que deje «de lado» a los pequeños propietarios.
PNV (Partido Nacionalista Vasco)
«Actitud receptiva» hacia el primer decreto y «reservas» hacia el segundo. Su portavoz de vivienda ha cuestionado en debate que la ley de prohibición de compra de Sumar tenga un «alcance ilimitado y un encaje jurídico difícil», defendiendo que la intervención en el mercado sea «excepcional y limitada». En la votación de abril, el PNV optó por la abstención, no por el voto en contra.
ERC
Inclinación a favor, pero a la espera del texto definitivo. Como fuerza independentista catalana de izquierdas, su base apoya medidas más ambiciosas de protección a los inquilinos.
EH Bildu
Inclinación a favor, también a la espera del texto. En la votación de abril votó a favor.
Podemos
No garantiza el voto a ninguno de los dos decretos. Podemos considera que el conjunto es «insuficiente»; Irene Montero llegó a afirmar en la fase final de la negociación que el decreto «no tiene nada rescatable». La posición de Podemos es más a la izquierda que la de Sumar, y exige medidas más radicales, como la expropiación de viviendas de fondos buitre. Si Podemos vota en contra o se abstiene, la ventaja del primer decreto se estrecha aún más.
Posición aún por definir.
Fuente: tercerainformacion.es
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