Nos va la vida en defender lo público. Privatizacionitis sanitaria. Primera denuncia

Es una sucesión de casos que forman parte de un único plan: la privatización de lo que antes era de todos

El ruido inherente a los casos de corrupción dentro del PSOE y el berrinche continuo e impostado de las derechas españolas, que llevan clamando desde hace años que vivimos en la dictadura sanchista, nos deja escasos tiempo y atención para hablar del hecho más grave que sucede hoy en España y en Europa: el deterioro provocado e incesante del Estado de bienestar. Ha sido el modelo social europeo durante décadas y nos ha permitido niveles de progreso y prosperidad inimaginables para una gran mayoría de los que convivimos en este espacio común. 

El último escándalo en la sanidad madrileña deja en evidencia, por boca de uno de los directivos de Ribera Salud, el plan de las administraciones del PP para deteriorar todo lo público y transferir el dinero de todos a empresas e instituciones privadas en un entramado de intereses que hipoteca el futuro de los españoles. En la misma línea de traspaso de recursos públicos al bolsillo de grupos privados se encuentran los acuerdos de la Comunidad de Madrid y Quirón. El Gobierno de Ayuso ha pagado a los hospitales del grupo en el que comisiona su pareja el doble de lo presupuestado en cuatro años: de 2.543 millones iniciales la suma de pagos roza los 5.000 millones de 2021 a 2024. 

Es una sucesión de casos que forman parte de un único plan: la privatización de lo que antes era de todos. El caso de los cribados de los hospitales andaluces, las excesivas listas de espera por carencia de medios materiales y humanos que, además, se inflan para cuadrar los beneficios empresariales; la precariedad de muchos trabajadores públicos esenciales como sanitarios o bomberos forestales; el avance de la privatización de la enseñanza, ahogando a las universidades públicas y favoreciendo la proliferación centros privados que no cumplen los requisitos de calidad y acceso igualitario; la falta de vivienda pública y la mercantilización codiciosa de un bien de primera necesidad para llevar una vida digna son cuestiones que forman parte del mismo y gravísimo problema: el derrumbe del Estado del Bienestar, esencial para vivir en una democracia real con igualdad de oportunidades. 

Los políticos de derecha acompañan el desmantelamiento efectivo de lo público con narrativas que disfrazan de libertad de mercado, meritocracia, guerra generacional, bajada de impuestos y luchas contra “los chiringuitos y las paguitas” el objetivo real: la privatización y el suculento negocio que se está haciendo con las concertaciones y las colaboraciones público-privadas. Sucede en España y en toda Europa. La consecuencia es un aumento insoportable de la desigualdad, con su chivo expiatorio correspondiente: el inmigrante. Mientras las multinacionales logran beneficios récord y multimillonarios como los tecnobros expanden una narrativa exitosa para no pagar impuestos y que su codicia no esté sometida a límite legal alguno.

El objetivo de la derecha ultraliberal es claro. Mientras tanto, izquierda, con una notable falta de ideas, se limita a intentar salvar los restos de lo que constituye el núcleo básico de las democracias europeas, el verdadero espíritu de la civilización que compartimos: los derechos, la igualdad y la justicia sociales que solo están garantizados si mantenemos el Estado del Bienestar. Ante la única obsesión mantenida por la derecha a lo largo del tiempo, bajar impuestos para hacer imposible un estado fuerte y preparado, la izquierda parece conformarse con parches que apenas salvan los muebles y alimentan el discurso de un estado asistencial para pobres y vagos. 

El ciudadano va olvidando, a merced del ruido y la furia, que su nivel de vida no solo depende de su esfuerzo individual sino también, y en buena parte, del esfuerzo colectivo, de los servicios públicos, de la seguridad de que hay sanidad y enseñanza públicas para nosotros y nuestros hijos, del sostén que nos hemos dado entre todos y que es el mayor avance civilizatorio del que, todavía, disfrutamos pero que corre un grave riesgo de desparecer. La izquierda debe acometer lo urgente, y hacerlo con una narrativa entusiasta y unas medidas reales valientes y eficaces. No se puede olvidar la paradoja de que la desigualdad y el desguace de lo público alimentan a la extrema derecha, y que será imposible reconstruir lo que hemos tardado tanto en levantar: una democracia real sostenida por el bienestar de todos sus ciudadanos. 

Fuente: Raquel Marcos Oliva – @rakelmarkos – eldiario.es

Fuente: Isaac Rosa en eldiario.es

Privatizacionitis sanitaria: causas, síntomas, tratamiento

Enfermedad del sistema sanitario muy presente en ciertos territorios, causada por factores ideológicos y por la connivencia entre gobernantes y empresas privadas, si no se trata a tiempo evoluciona hacia estados más graves

Descripción general:

La privatizacionitis sanitaria es una enfermedad del sistema sanitario muy presente en ciertos territorios. Se caracteriza por una inflamación de la sanidad privada acompañada de fuerte deterioro de la sanidad pública, causando malestar y dolor a la ciudadanía. La privatizacionitis puede ocurrir en cualquier parte del organismo sanitario, aunque es más frecuente en la atención hospitalaria y ciertas especialidades. Una vez se manifiesta, su evolución suele ser muy rápida, requiriendo un tratamiento de urgencia antes de que los daños sean irreversibles.

Tipos:

La privatizacionitis sanitaria puede tomar distintas formas, a veces simultáneas en un mismo territorio. La más común es el concierto económico, por el que una administración pública externaliza servicios sanitarios, derivando pacientes del sistema público al privado. Otra variante de la enfermedad, especialmente prevalente en Madrid, es la apertura de nuevos hospitales, cuya construcción y posterior gestión se entrega a empresas privadas, que reciben cuantiosos ingresos públicos al margen de lo inicialmente presupuestado. En otros territorios pueden darse tipos en apariencia menores, como la externalización de servicios no sanitarios, lo que inicialmente causa menos alarma, pero que suele evolucionar hacia una mayor privatización.

Síntomas:

La privatizacionitis sanitaria suele cursar con los siguientes síntomas: deterioro del sistema público, al que se priva de recursos y financiación. Malestar de la ciudadanía en forma de saturación y listas de espera. Presentación de la “colaboración público-privada” como solución. Transferencia de recursos públicos a proveedores privados, sin límite ni control, al tiempo que se asfixia a los centros públicos, lo que aumenta el deterioro y el malestar, facilitando el aumento de la “colaboración público-privada”. Aplicación de criterios empresariales en la sanidad, búsqueda de beneficio por encima de la salud. Mayor desigualdad y pérdida de calidad asistencial. En su etapa final, todos los síntomas se agudizan: el deterioro público, el malestar ciudadano, la transferencia de recursos, la búsqueda de beneficios por encima de la salud, la desigualdad y la pérdida de calidad.

Etiología:

Entre las causas conocidas de la privatizacionitis sanitaria están los factores ideológicos (presencia del virus neoliberal en gobiernos, y contagio del mismo a la ciudadanía), la creencia ciega en la “libre elección” (de médico, de centro, de especialista…), la connivencia entre gobernantes públicos y empresas privadas (con puertas giratorias de ida y vuelta), cuando no la corrupción directa o indirecta.

Factores de riesgo:

El principal factor de riesgo es el voto a partidos que apuestan por la “colaboración público-privada” y tienen por bandera la “libertad de elección” (sanitaria, educativa o de cervezas en un bar en pandemia). Factor de riesgo añadido es la débil defensa de la sanidad pública por parte de partidos que no apuestan por privatizar pero tampoco hacen suficiente por impedirlo, o que consienten ciertas formas de “colaboración público-privada” aparentemente menos nocivas. El desinterés ciudadano y la falta de movilización social son un factor agravante.

Complicaciones:

Si no se trata a tiempo, la privatizacionitis sanitaria evoluciona rápidamente hacia estados más graves: el deterioro de la sanidad pública se vuelve fatal e irreversible, los ciudadanos con más poder adquisitivo se hacen un seguro privado, el sistema público se vuelve residual para atender a población sin recursos, ciertos tratamientos quedan excluidos por su alto coste, y el avance de la privatizacionitis cursa con aumento en la mortalidad general de la población (véase el caso del Reino Unido desde hace décadas).

Tratamiento:

La privatizacionitis sanitaria, en sus fases más avanzadas, exige un tratamiento de choque para frenar su curso y revertirla. El medicamento más eficaz suele ser la urna, la expulsión democrática de los gobernantes causantes de la misma y su reemplazo por otros que apuesten por la sanidad pública, de calidad, con financiación suficiente y blindada frente a intentos privatizadores. Como la aplicación de este medicamento puede retrasarse hasta las siguientes elecciones, la movilización social es capaz de detener su avance, cronificarla y minimizar su impacto hasta que pueda ser revertida en las urnas.

Fuente: Isaac Rosa en eldiario.es

Fuente: Somos Madrid en eldiario.es

Primera denuncia ante la Fiscalía por el caso del Hospital de Torrejón: un abogado particular ve cinco posibles delitos

El letrado Javier Flores, que ha iniciado hoy la demanda, ve prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos

Un abogado ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, se fundamenta en la existencia de grabaciones internas en las que “un alto directivo del grupo habría impartido instrucciones destinadas a reducir actividad asistencial, incrementar listas de espera y supeditar decisiones clínicas a criterios económicos”. En los citados audios, publicados por El País, un directivo indica a los mandos del hospital que se debe rechazar a pacientes “no rentables” y aumentar las listas de espera.

El escrito ha sido presentado por el letrado Javier Flores. En su texto solicita la apertura de diligencias, que se tome declaración a los denunciados y que se requiera a la Comunidad de Madrid para la entrega de los expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital concesional en los periodos afectados.

De confirmarse estos extremos, el abogado denunciante considera que se incurriría en hasta cinco posibles delitos, debido a que se trataría de “prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos”.

El texto de la denuncia destaca también el cese de cuatro directivos del hospital que habían informado de estas irregularidades a través del canal ético interno, así como la ausencia de “una reacción inmediata de la Administración sanitaria, pese a ostentar la obligación legal de supervisar la correcta prestación de un servicio público esencial”.

La denuncia subraya que “estas instrucciones podrían haber afectado nespecialmente a personas mayores de 65 años, población con mayor prevalencia de patologías crónicas y con mayor probabilidad de sufrir consecuencias graves por retrasos en diagnósticos y tratamientos”.

Javier Flores es un abogado que litiga habitualmente contra los excesos de la administración pública. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se convirtió en firme este verano, concedió al letrado varias rectificaciones a los cambios que Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid introdujeron en el Plan General de Ordenación Urabana (PGOU). Entre ellas, el veto a los cantones municipales de limpieza en zonas verdes, a que los partidos políticos sean homologados a la administración para disfrutar de ventajas como colocar sus sedes en parcelas con ese uso o a reducir las regulaciones de habitabilidad para la transformación de locales a vivienda (de forma que las ventanas pudiesen dar a un patio con dimensiones menores a las que recoge la normativa).

Fuente: Somos Madrid en eldiario.es

Derogar la Ley 15/1997 que permite la gestión privada de hospitales públicos>>change.org