Los que podían hacer, hicieron. Había prisa con la sentencia. El Tribunal Supremo concede la victoria a Ayuso y su novio | Vídeos

La condena al fiscal general llega el 20N, una fecha que no parece casual y que invita a pensar sobre quiénes y cómo siguen mandando en este país, pese a la muerte del dictador

Es solo el principio de una escalada que seguirá, seguro, con el hermano del presidente del Gobierno, la esposa y quien haga falta hasta que Pedro Sánchez, por los votos o por las togas, abandone La Moncloa.

Los que podían hacer, hicieron. Aznar dio la consigna y otros obedecieron. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con dos votos en contra, considera probado que Álvaro García Ortiz participó en la filtración de los datos personales del novio de Ayuso. Le condena por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 a Alberto González Amador, el presunto defraudador confeso.

Lo de presunto se añade para que el técnico sanitario venido a más como comisionista no se anime a engrosar su ristra de querellas contra quienes no utilicen el supuesto, a pesar de que su abogado reconoció por escrito, con su beneplácito, que había cometido dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación documental, por lo que asumía una pena de 8 meses de cárcel.

El fiscal general “va p’alante”, tal y como ya avanzó el cerebro de esta vergonzante operación en la que el Alto Tribunal no sólo condena a quien no cometió el delito -tal y como declararon en el juicio oral media docena de periodistas-, sino que lo hace un 20N. La fecha invita a pensar sobre quiénes y cómo siguen mandando en este país, pese a la muerte del dictador cuando se cumplen 50 años de su desaparición.

La derecha política, judicial y mediática se frota las manos con un fallo que además se hace público al día siguiente de que se conociera que González Amador había ejecutado la opción de compra que recoge el contrato de alquiler que firmó hace más de dos años con la sociedad dueña del ático que ha venido disfrutando junto a Ayuso por un alquiler mensual de 5.000 euros. Situado en la planta superior a la vivienda de lujo en la que ambos residen y que él compró en 2022, la última adquisición se ha formalizado con un precio de 1.127.000 euros según el acuerdo suscrito.

García Ortiz tendrá que dejar el Ministerio Fiscal mientras el comisionista, que quintuplicó su facturación con el gigante Quirón tras emparejarse con Ayuso y aún no ha sido juzgado por los delitos contra la Hacienda Pública y otros dos por corrupción en los negocios y administración desleal, adquiere a precio de ganga otra propiedad más en el lujoso barrio de Chamberí.

García Ortiz afronta dos años de inhabilitación mientras un cargo público como lo es el jefe de gabinete de Ayuso se jacta ante el Supremo de haber mentido con descaro y porque tiene el pelo cano cuando dijo que el ministerio fiscal frustró un acuerdo con el novio de Ayuso “por órdenes de arriba”.

García Ortiz tendrá que dejar el cargo mientras Ayuso y su hacedor de bulos particular se anotan una victoria con la condena al fiscal y el Supremo añade con su condena desconfianza en una justicia ya de por sí cuestionada, no solo, por una parte, del arco parlamentario sino por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

El golpe asestado a García Ortiz es un golpe contra el Gobierno, contra el Estado de Derecho y contra una democracia en la que cualquiera ya puede ser condenado sin haber sido culpable de la comisión de un delito. Es solo el principio de una escalada que continuará, seguro, con el hermano del presidente del Gobierno, la esposa y quien haga falta hasta que Pedro Sánchez, por los votos o por las togas, abandone La Moncloa. El precedente produce escalofríos en una España en la que justo este jueves se recordaba el final de los 50 años de franquismo. Por final se entiende la desaparición del dictador porque lo que son su sombra y algunos de sus métodos siguen muy presentes en algunas estructuras del Estado. España les sigue perteneciendo por derecho divino y no cejarán en su ofensiva.

Miedo es poco.

Fuente: Esther Palomera en eldiario.es

Fuente: Antón Losada en eldiario.es

Había prisa con la sentencia

El Tribunal Supremo tenía apuro. No fuera que se cerrara la ventana de oportunidad abierta por el demoledor informe Cerdán y las aparatosas peticiones de cárcel para José Luis Ábalos y Koldo

El Tribunal Supremo tenía apuro. No fuera que se cerrara la ventana de oportunidad abierta por el demoledor informe Cerdán y las aparatosas peticiones de cárcel para José Luis Ábalos y Koldo. A veces para hacer mucho daño no es menester tener una buena razón. Basta con estar en el sitio justo en el momento justo con la decisión oportuna.

A falta de conocer el texto de la sentencia condenatoria, sabemos que los magistrados de la mayoría han preferido la urgencia que nadie les reclamaba a un debate jurídico más pausado y razonado que pudiera dar una oportunidad a la unanimidad.

Puede que esta primera sentencia penal que condena a un fiscal general, con sus graves consecuencias institucionales, mereciera un poco más sosiego y prudencia, como se buscó y se logró en el caso del procés. Pero había prisa por llegar a tiempo costase lo que costase. Ha quedado meridianamente claro.

Sabemos que la ponente original, Susana Polo, proponía la absolución. Al igual que la magistrada Ana María Ferrer. Ambas formularán sendos votos particulares. Seguro que la orientación ideológica conservadora de los magistrados que conforman la mayoría condenante no ha tenido nada que ver. Igual que el talante progresista en la designación de la magistrada ponente. Ya era hora de dejar a un lado tanto cuidado de las apariencias. Que sus señorías iban exigidos.

Podemos también anticipar que será una sentencia que siente jurisprudencia en lo que se refiera a la valoración de eso que llaman ahora “prueba indirecta” o “prueba periférica”. El precedente que sienta el Supremo seguro que vendrá sólidamente fundamentado y bien armado para prevenir que ir contra la acusación fiscal se convierta en una estrategia viable de defensa. No pierdan la fe.

No menos intrigante se anuncia conocer el razonamiento jurídico que ha permitido orillar el testimonio de testigos de descargo directos. Seguro que aportan algún razonamiento más poderoso que la sospecha de una hipotética y arriesgada protección de su fuente por parte de profesionales de reconocido prestigio.

Tampoco será intriga menor comprobar cómo se valoran los dos borrados que marcaron la vista oral: el telefónico que se hizo el día de la apertura y el del correo efectuado dos meses después sin que la UCO tuviera nada que decir. A ver cuál prueba qué. Hagan sus apuestas.

Habrá que leer el texto del fallo con calma para ver qué opciones jurídicas le quedan a Álvaro García Ortiz, por poco tiempo aún Fiscal General del Estado. Pero ya sabemos algo más. La mayoría conservadora de la sala II del Tribunal Supremo ya tiene una respuesta clara al dramático dilema planteado por el novio de Isabel Díaz Ayuso. No hace falta que se vaya de España ni que se suicide. Ya le indemnizan ellos.

Que la noticia de esa indemnización de diez mil euros por daños morales coincida en el tiempo con la buena nueva de que la feliz pareja ha podido por fin comprarse el ático de sus sueños, que les había precomprado de favor el amigo fiscalista, refuerza hasta el infinito y más allá ese carácter ejemplar de sus fallos que tanto gusta a sus señorías. El crimen, a veces, compensa.

Fuente: Antón Losada en eldiario.es

Fuente: Iñigo Sáenz de Ugarte en eldiario.es

El Tribunal Supremo concede la victoria a Ayuso y su novio

La condena del fiscal general por el Supremo colma las aspiraciones de Miguel Ángel Rodríguez, que inició una cadena de informaciones falsas con la que fundamentar la teoría de Ayuso de que había una conspiración política contra ella y su pareja

Las coincidencias son la forma en que la realidad nos gasta bromas. Y las hay muy ocurrentes. Veinticuatro horas después de que se supiera que Alberto González Amador había comprado el ático que ya estaba usando junto a su domicilio en Madrid, y donde reside su pareja, Isabel Díaz Ayuso, el Tribunal Supremo concedió a ambos el mejor regalo al que podían aspirar: la condena del fiscal general del Estado. La pena por inhabilitación, que obligará a dimitir a Álvaro García Ortiz, incluye un bonus especial para Amador: una indemnización de 10.000 euros.

El tribunal ha tardado sólo una semana en hacer pública la condena a dos años de inhabilitación. Se había dicho que la sentencia se conocería antes de que acabara el año, pero nadie esperaba tanta celeridad. El juicio duró seis jornadas y acabó el 13 de noviembre. El texto de la sentencia tardará días o semanas en hacerse público. Probablemente sólo días, porque a la Sala de lo Penal del Supremo le convendrá acelerar para reducir el tiempo de las especulaciones sobre sus motivos. Muchas de ellas van a versar sobre las intenciones políticas de los jueces.

La operación política montada por Miguel Ángel Rodríguez ha culminado con un éxito incluso mayor del que pensaban sus promotores. El jefe de gabinete de Ayuso puso en circulación entre un grupo de periodistas en la tarde del 13 de marzo de 2024 el bulo de que la Fiscalía había ofrecido a Amador un pacto de conformidad que luego tuvo que retirar “por órdenes de arriba”. Unas pocas horas después, El Mundo dio la noticia que servía de sustento a la teoría de la conspiración en su primera parte, la oferta de un acuerdo desde la Fiscalía (cuando fue la defensa quien hizo la propuesta), pero no en la segunda. No era necesario. Otros medios se ocuparon de informar sobre las supuestas órdenes del Gobierno.

Amador había autorizado a Rodríguez a emplear en su favor el contenido de su caso. “Haz lo que veas”, le dijo.

Todo había comenzado en la mañana de ese día cuando Díaz Ayuso utilizó las preguntas de una rueda de prensa celebrada en Leganés para defender a González Amador y denunciar que se había empleado “todo el poder del Estado” con el fin de atacarle simplemente por ser su novio. “Es Hacienda quien le debe (a Amador) los 600.000 euros” (era falso). “No hay ninguna trama ni sociedades pantallas ni nada” (el informe de la Agencia Tributaria de 187 páginas decía lo contrario).

El día antes, elDiario.es había publicado la primera noticia del caso con el titular: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”.

González Amador tuvo una intervención histriónica como testigo en el juicio. Dijo que estaba en una situación tan penosa que sólo le quedaba suicidarse o irse del país. Fugarse habría sido la palabra adecuada para la segunda opción, ya que está acusado en un procedimiento judicial. “Me han destruido la vida”, dijo al culpar a García Ortiz. Llegó a decir que su banco había cortado la financiación a su empresa. En cuestión de unas pocas semanas, todo eso se ha reconstruido de forma milagrosa y ha podido realizar la compra de un ático que no baja del millón de euros en una de las zonas más céntricas de Madrid. Hay que suponer que la alternativa del suicidio ha quedado completamente descartada.

La respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la intervención fraudulenta de Rodríguez fue ordenar que el fiscal del caso le remitiera todos los correos electrónicos que había enviado y recibido en sus comunicaciones con el abogado de Amador. En el primero de ellos, el letrado ofrecía un acuerdo y admitía que “ciertamente” su cliente había cometido dos delitos fiscales. Después, la FGE escribió un comunicado, que fue firmado por la Fiscalía Provincial de Madrid, con el que desmentir el bulo y defender la reputación de los fiscales.

Como dijo en su informe final el abogado del Estado, que llevaba la defensa de García Ortiz en el juicio, la intención era “atajar las mentiras” con las que se estaba difundiendo “una versión lesiva para la Fiscalía” a la que se estaba acusando de llevar a cabo “conductas prevaricadoras”.

El comunicado no era objeto del juicio en el Tribunal Supremo por decisión de su Sala de Apelaciones. Eso no impidió que se hablara en la vista de su proceso de elaboración. Más allá de esa nota de prensa, que el Supremo ya había decidido que no era constitutiva de delito, el juicio no ofreció ninguna prueba directa e indubitada de que García Ortiz era el responsable directo de la filtración. Si el Supremo se atreve a considerar el comunicado como un elemento con el que se fundamenta la condena por revelación de secretos, aumentarán las sospechas sobre la limpieza del fallo.

Con independencia de que aparezca o no en la sentencia, resulta muy probable que el tribunal haya utilizado en favor de la condena el testimonio del teniente coronel Antonio Balas en el juicio. “En todo el proceso hay un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Es una cuestión evidente”, declaró el alto cargo de la UCO.

Balas nunca investigó a nadie que no fuera García Ortiz en sus pesquisas. Cuando le preguntaron por qué no lo hizo con los otros fiscales que tenían acceso a los correos, el guardia civil respondió: “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”. La frase provocó risas de incredulidad entre el público, formado en su mayoría por personal de la FGE.

El Gobierno dio a la noticia una respuesta de esas que se suelen llamar institucionales. El ministro de Justicia anunció que se ha puesto en marcha el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado. Félix Bolaños hizo un llamamiento específico a los que piensen que la sentencia es la culminación de la operación que diseñó Rodríguez: “La discrepancia con esta sentencia no puede llevar a una desconfianza generalizada en las instituciones, en especial del sistema judicial”.

Fue precisamente eso lo que afirmaron varios dirigentes de izquierda. “La sentencia estaba escrita desde mucho antes de empezar el proceso, porque responde a ‘el que pueda hacer, que haga’”, dijo Lara Hernández, coordinadora de Sumar. En la misma línea estuvo el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López: “Viendo lo que hemos visto y pasando lo que ha pasado, es una auténtica vergüenza”. “El mensaje es claro: Ayuso no se toca”, escribió Gabriel Rufián.

El PP no tardó mucho en rentabilizar la sentencia. “La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno”, dijo Miguel Tellado. Feijóo pidió su dimisión y lo hizo suscribiendo por completo la tesis que han mantenido Ayuso y Rodríguez desde el principio: “El fiscal general se prestó a ser un peón en la estrategia política del Gobierno” y en “una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma”.

Es una frase que podría haber sido escrita por Miguel Ángel Rodríguez.

Fuente: Iñigo Sáenz de Ugarte en eldiario.es