Alberto González Amador asegura ante la jueza que la adquisición del ático fue “un favor” del fiscalista imputado que se lo alquila con derecho a compra, pero sigue siendo un misterio quién prestó a la sociedad de Javier Gómez Fidalgo más de 900.000 euros para adquirir el inmueble
El empresario y comisionista Alberto González Amador intentó zanjar el pasado jueves la polémica respecto al ático que disfruta junto a su pareja, Isabel Díaz Ayuso, justo encima de la vivienda que compró. Ante la jueza que lo investiga, González Amador aseguró que él paga 5.000 euros, en régimen de alquiler con derecho a compra a su fiscalista, que según la pareja de Ayuso, le hizo “el favor” de adquirirlo previamente con tal fin. Pero el origen de los fondos con los que se compró esa vivienda de lujo el abogado sigue siendo un misterio. Babia Capital SL, la sociedad administrada por Javier Gómez Fidalgo, recibió 952.000 euros para poder efectuar la compra, tal y como desveló elDiario.es en agosto pasado. Se desconoce qué persona física o jurídica hizo la aportación. Sobre la vivienda no pesa ninguna hipoteca o préstamo bancario.
González Amador introdujo la cuestión del ático en su declaración del jueves de forma voluntaria. Tuvo lugar durante el interrogatorio del fiscal, con el que se produjeron varios roces. El empresario y comisionista se refería a Javier Gómez Fidalgo, su fiscalista, cuando explicó que le había hecho el “favor” de comprar el ático para luego alquilárselo con opción a compra.
Sin embargo, los 955.000 euros de préstamo para la adquisición del ático no proceden de Fidalgo. No pudo ser él quien le hizo ese “favor” completo. La explicación está en que si fuera dinero de Fidalgo se trataría de una operación vinculada al administrador de Babia, la sociedad que compró el ático, y tendría que haberlo detallado en las cuentas de la misma correspondientes a 2023, el ejercicio en el que esta empresa adquirió la vivienda. Nada de eso figura allí.
Han pasado 13 meses desde que este periódico revelara que la pareja disfrutaba del ático de lujo justo encima del otro piso que el comisionista compró después de su negocio millonario con las mascarillas. Hasta ese momento solo había trascendido que la presidenta madrileña se había ido a vivir con Alberto González Amador, al que se presentó como “técnico sanitario”, con el que mantenía una relación desde 2021. En todo este tiempo no ha habido una sola explicación al respecto por parte de Díaz Ayuso, quien en una rueda de prensa en abril de 2024 fue preguntada por la cuestión en rueda de prensa y respondió: “¿Ático de lujo? Hay que morirse de la risa con ustedes”.
El ático del que disfruta la pareja, en el séptimo y último piso del edificio, tiene 176 metros cuadrados y cuenta con cinco habitaciones y una gran terraza en la mejor zona de Chamberí. Su precio de mercado es de 1,6 millones de euros. Ayuso ni siquiera reconoció que disfrutara de esta segunda vivienda mientras su equipo se ceñía a que la presidenta no paga alquiler alguno. Este diario lo ha publicado varias veces y por primera vez esta semana González Amador lo admitió en el juzgado.
El oscurantismo de la pareja sobre ese ático desató muchos interrogantes a los que se fueron sumando más a medida que este medio avanzó con la investigación. Javier Gómez Fidalgo, el administrador de la sociedad dueña del ático, es el fiscalista de León que representó a Alberto González Amador durante la inspección fiscal que derivó en su imputación por dos fraudes fiscales y falsificación de documentos. La jueza decidió la semana pasada que hay indicios de que el fiscalista y dueño del ático participó junto a González Amador en el engaño a Hacienda y, en consecuencia, le ha citado declarar como investigado el próximo 6 de mayo.
La aparición de la figura del fiscalista Gómez Fidalgo ya lanzaba la primera flecha en dirección a Quirón, el gigante de la sanidad privada que obtiene cientos de millones todos los años de sus contratos con la Comunidad de Madrid. A saber: Javier Gómez Fidalgo está relacionado profesionalmente con otra personalidad clave en las relaciones con González Amador y también con residencia en León, el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Camino es la cara de la principal fuente de ingresos de la pareja de Ayuso. Quirón Prevención contrataba a Alberto González Amador antes de que fuera el novio de la presidenta, pero desde que está con ella, el empresario y comisionista ha multiplicado por cuatro su facturación al gigante sanitario.
Además de un administrador, Babia Capital SL, la sociedad dueña del ático debía tener otros propietarios. La titularidad de las acciones de Babia Capital, sin embargo, no está a la vista de cualquiera. El 10 de abril de 2024, elDiario.es publicó que un empresario hostelero de León, Jorge Carlos Pablos Alonso, figuraba entre los propietarios. Ni Pablos, ni González Fidalgo, ni Fernando Camino o la presidenta madrileña han respondido a las preguntas de este medio sobre la vivienda de lujo.
El pasado verano la trama del ático vivió un hito. elDiario.es desveló que Babia Capital SL había comprado la vivienda al contado por una cantidad que se desconoce pero siempre después de recibir para ello un préstamo de 952.000 euros por una persona física o jurídica, tal y como recogían las cuentas de la sociedad correspondientes a 2023.
La inmobiliaria, sin ningún empleado y con una actividad muy discreta (en 2023 declaró una facturación de algo más de 200.000 euros), compró ese ático sin vender patrimonio, ni recurrir a dinero de sus socios, ni de empresas vinculadas. Según las cuentas presentadas, tampoco recurrió a financiación bancaria, que habría sido lo normal tratándose de una empresa de una dimensión tan pequeña, incapaz de afrontar una operación de ese importe con sus propios recursos. En lugar de eso, Babia recibió dinero de un tercero sin identificar: 955.000 euros que en sus cuentas figuran en la partida de “Otras deudas a largo plazo” del pasivo no corriente. La noticia, publicada el 8 de agosto de 2024, tampoco generó ninguna reacción.
“Estoy harta de pagar alquiler”
El 25 de junio de 2022, ‘Yo Dona’, un suplemento del diario El Mundo, publicaba una entrevista con Isabel Díaz Ayuso que tenía el siguiente titular: “Estoy harta de pagar alquiler y me gustaría comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”. Al mes siguiente, los problemas de la presidenta madrileña con la vivienda desaparecieron.
En julio de 2022, Alberto González Amador, su pareja, escrituró la compra de un piso de 186 metros cuadrados en una calle tranquila, sin apenas comercios, en el distrito de Chamberí. Su precio de mercado hace un año, 1,19 millones. “Tampoco es un piso de un millón”, dijo Ayuso. Sobre esta vivienda, debajo del ático, pesa una hipoteca de 500.000 euros. Alberto González Amador había ahorrado 350.951 euros defraudando a Hacienda por los ejercicios de 2020 y 2021, la segunda declaración cuando ya salía con la presidenta madrileña. Y venía de una buena racha, en 2020 había obtenido un récord de facturación por intermediar en una compraventa de mascarillas y ganar, de una tacada, cerca de 2 millones de euros. Con esa operación también está relacionado el presidente de Quirón Prevención.
Pero lo que no había trascendido es que cuando la pareja finalizó las obras de la vivienda que había comprado el empresario y comisionista, en el verano de 2023, no se mudarían a un piso sino a dos. Pese a que la compra fue en 2022 no fue hasta julio de 2023 cuando González Amador escrituró el piso de la sexta planta. Dos días después, Babia Capital SL, compró el ático de la séptima. La pareja disfrutaría de más de 380 metros cuadrados en total en una de las mejores zonas de Madrid.
Para entonces ya estaban acabadas las obras del sexto. Lo que no se conocía entonces es que dos meses después de comprar el piso en la sexta planta, en octubre de 2022, la Junta de Distrito de Chamberí ordenó paralizar la reforma porque González Amador había comunicado “con inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial” las mismas. En mayo de 2024, el Ayuntamiento dio dos meses al empresario y comisionista para que legalizara las obras.
González Amador responde denunciando al Consistorio ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante un juzgado de lo contencioso por la presunta filtración de las obras de su piso. A esta demanda hizo referencia el pasado jueves el imputado cuando desveló que el juzgado ha rechazado la demanda y él ha sido condenado a pagar en costas.
El asunto del ático regresará con probabilidad a la causa en pocas semanas. El 6 de mayo declara Javier Gómez Fidalgo, el administrador de la sociedad dueña de la vivienda, y la jueza debe decidir si llama a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y quien hizo de nexo entre el fiscalista imputado y Alberto González Amador. Durante su declaración del jueves no aportó el contrato de alquiler del ático por 5.000 euros al mes con opción a compra.
Pese a que la oposición en la Asamblea de Madrid ha preguntado reiteradamente sobre los detalles de las viviendas en las que reside Díaz Ayuso, la presidenta regional evita hablar del asunto. De la compra del piso en Chamberí que ella misma anunció hace dos años y medio no se ha vuelto a saber.
Fuente: Pedro Águeda / Antonio M. Vélez en eldiario.es
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
Todo lo que la pareja de Ayuso tendrá que explicar en el Supremo sobre la filtración de su correo
La futura citación de Alberto González Amador ante el tribunal, como testigo y con obligación de decir la verdad, incluirá explicaciones sobre a cuánta gente mandó su confesión y si autorizó que Miguel Ángel Rodríguez difundiera un correo que su abogado cruzó con la Fiscalía
La causa abierta en el Tribunal Supremo por la filtración de un correo con la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tiene todavía una testifical por delante: la del propio denunciante, Alberto González Amador. La decisión de la Sala de Apelaciones de obligar al juez Ángel Hurtado a tomar declaración al comisionista abre un camino que la Abogacía del Estado llevaba tiempo intentando transitar: pedir explicaciones al empresario sobre si él fue el primero en difundir ese email y cuánta información ha ocultado a los tribunales desde que empezó a buscar la imputación del fiscal general.
La citación, que ahora depende del calendario del juez Hurtado, será la segunda vez en que González Amador comparezca ante un tribunal por este caso. La primera vez fue en mayo del año pasado, cuando acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ratificar la querella que había puesto unas semanas antes denunciando que la Fiscalía había revelado secretos confidenciales de su caso al emitir un comunicado. Un comunicado en el que el Ministerio Público daba algunos detalles de las negociaciones entre su abogado y el fiscal del caso de fraude a Hacienda, pero con el objetivo de desmentir varias falsedades que el propio entorno del empresario había puesto en circulación.
Esa primera querella, que con el tiempo se ha convertido en una causa penal abierta contra el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid por la filtración del correo con su confesión, omitía datos que la Abogacía del Estado considera de extrema relevancia. Sobre todo que el 2 de febrero de 2024 el abogado Carlos Neira, uno de los que defiende a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no solo envió el correo con la propuesta de pacto al fiscal Julián Salto sino también a un Abogado del Estado.
“Acabo de enviar a Fiscalía otra propuesta de conformidad penal en relación con una nueva denuncia por delito fiscal”, dijo el abogado Neira en ese correo enviado a la Abogacía del Estado, que defiende a Hacienda en ese tipo de pleitos. Lo hizo un mes y varios días antes de que fuera denunciado, de que elDiario.es destapara el caso y de que ya finalmente su confesión, real o manipulada, llegara a la Fiscalía General y a los medios de comunicación.
La intención de los Abogados del Estado que defienden a Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, así como de la teniente fiscal del Supremo, es que González Amador explique, obligado a decir la verdad como testigo, si él o su entorno fueron efectivamente los primeros en difundir su propia confesión, mucho antes de que se produjera la filtración que él y Ángel Hurtado atribuyen al fiscal general y su equipo más cercano. Y que explique por qué ese dato, relevante en una causa sobre revelación de secretos, ha sido ocultado a los tribunales que han estudiado sus denuncias.
La Abogacía del Estado ha dejado bien claro que este descubrimiento no implica que esa institución sea sospechosa de haber filtrado el correo. Entienden que es una prueba más que demuestra que González Amador y su abogado nunca consideraron que esa confesión fuera algo secreto, destacando “el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo incluso por el propio abogado del señor González Amador”.
La Fiscalía también se ha pronunciado en esa dirección: “En la querella, y sucesivos escritos procesales del señor González Amador no se ha hecho ninguna referencia a que un correo similar, o idéntico, al enviado a la Fiscalía había sido remitido el mismo día 2 de febrero de 2024 a la Abogacía del Estado, lo que debería ser objeto de explicación”. El juez, hasta la fecha, se había limitado a aportar todo esto a las actuaciones sin tomar ninguna decisión al respecto. Ahora tendrá que fijar un interrogatorio al respecto.
Las filtraciones de Miguel Ángel Rodríguez
Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía también han expresado, en sus recursos y en los interrogatorios, la necesidad de que el propio denunciante y su entorno explique una segunda cosa: si él autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir un correo del fiscal que le investigaba. El propio jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso lo reconoció en su testifical, explicando sus contactos con el empresario y asumiendo en parte que en la tarde del 13 de marzo difundió, desde su teléfono, una versión manipulada de las negociaciones que González Amador mantenía con la Fiscalía pero repartiendo entre periodistas un correo real. Del fiscal Julián Salto.
Esa difusión fue la que propició una primera información falsa que daba a entender que fue la fiscalía quien propuso un pacto al comisionista -y no al revés- y que dicho acuerdo habría sido parado por órdenes de arriba, que fue la tesis que defendió desde el principio el jefe de gabinete de Ayuso.
Para la defensa y la Fiscalía, a día de hoy, no existen pruebas que permitan atribuir a Álvaro García Ortiz o Pilar Rodríguez la filtración de ese correo en la noche del 13 de marzo del año pasado. Los mensajes y correos intervenidos constatan el nerviosismo que reinó ese día en la Fiscalía para conseguir toda la información del caso y desmentir los bulos de Miguel Ángel Rodríguez, pero ninguna orden expresa o velada de filtrar a la prensa el contenido del correo.
Las revelaciones sobre el auténtico recorrido de esa confesión, entienden las defensas, apunta en la dirección del sobreseimiento o, en caso de llegar a juicio, la de una sentencia absolutoria para el fiscal general. Ante el juez, González Amador deberá explicar qué documentos hizo llegar a Miguel Ángel Rodríguez, cómo autorizó su difusión y por qué unos correos sí le parecían confidenciales y otros no. Además de ratificar si, tal y como dijo Rodríguez, le pasó la cadena de correos incompleta o también el email previo donde confesaba sus delitos y que evidenciaba que la propuesta de acuerdo partió de sus abogados.
Hasta el momento, el juez Hurtado ha restado importancia a cualquier indicio que apunte en esa dirección. No consideró necesario profundizar en el papel del jefe de gabinete de Ayuso en el caso después de su testifical, y tampoco entendió que las difusiones de documentos autorizadas por el propio empresario roben protagonismo penal a los hechos que atribuye, auto tras auto, al fiscal general del Estado.
“No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo”, dijo Hurtado sobre el hecho reconocido de que Miguel Ángel Rodríguez filtrara uno de los emails del caso. Sobre todo porque, según el juez, “se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto”, es decir, Alberto González Amador.
La citación también será una oportunidad para que la pareja de Isabel Díaz Ayuso explique cómo le perjudicó esa filtración. Un argumento que el propio juez Hurtado ya ha comprado en algunos de sus autos: la publicidad de su confesión, aunque fuera solo en términos generales, facilitó que decenas de responsables políticos se empezaran a referir a él como “defraudador confeso”. Su otra gran batalla legal: tratar de condenar por la vía civil (y reclamar cientos de miles de euros en indemnizaciones) a quien se haya referido a él con ese término.
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
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