Principios y valores republicanos

Con la proclamación de la República en 1931 se abrían inmensas expectativas de cambios políticos, económicos y sociales en España

Grandes esperanzas había despertado la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, tras abandonar precipitadamente España el rey Alfonso de Borbón, suspendiendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real, tras conocer los resultados de las elecciones municipales, celebradas dos días antes.

Con la proclamación de la República se abrían inmensas expectativas de cambios políticos, económicos y sociales. Se iniciaron las reformas políticas necesarias, mediante un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas y culturales, para poner a España en la senda de la modernidad. Poco tiempo duró todo. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la guerra que provocó, rompieron toda la esperanza.

Aquí, pretendo resaltar el fundamento, el sentido de la idea republicana, que como ayer sigue estando vigente. Soy republicano por convicción y principios. Estoy convencido de que no se terminaran los males de España por instaurar una República, pero sería un principio. El modelo republicano debe ser políticamente abierto, participativo y por tanto democrático; un modelo en el que la ciudadanía sea crítica y responsable; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social; y que éstos sean blindados por la Constitución, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado republicano.

La República nació condenada a muerte. Sin ser ejemplar, los primeros años sirvieron para sentar las bases de la renovación económica y social que necesitaba España. Las mujeres vieron reconocidos derechos universales. Los trabajadores y jornaleros del campo, vieron elevados sus salarios y todos empezaron a contar con un sistema de protección frente al paro y garantías sobre determinados derechos. La Iglesia hizo lo que pudo en contra de todo, el fascismo aportó su ideología en defensa del capital y los militares golpistas pusieron lo demás por la bandera y la patria  sin rey. Se adoptó como bandera nacional la tricolor, mediante decreto del 27 de abril.

No fue hasta el 9 de diciembre de 1931, cuando el Presidente de las Cortes, Julián Besteiro, promulgó la Constitución de la Segunda República. Aquella Constitución recogió las ilusiones colectivas que suscitó el cambio de régimen político en España. La República y la Constitución fueron la consecuencia inevitable de la dictadura agotada de Primo de Rivera, que había dado paso a una solución democrática que se plasmó en este texto jurídico.

La Constitución de 1931 se enmarca en el constitucionalismo europeo del período de entreguerras. Es evidente su relación con la alemana de Weimar, en el diseño del sistema parlamentario y la de la Constitución de Austria, de la época en lo que se refiere a la formación de la justicia constitucional. Refleja también otras influencias como la mexicana, ya que quedan garantizados en la Constitución, los llamados derechos fundamentales de la tercera generación o derechos sociales y económicos.

Podría parecer que la Constitución española de 1978 está inspirada en estos principios y hechos históricos, pero no es cierto. El modelo español, sigue el hilo de la evolución de la monarquía absoluta: el rey es el que va cediendo su soberanía procedente de dios; no es el pueblo soberano quien otorga el mandato del poder. La Constitución española declara que la soberanía nacional reside en el pueblo y que de él emanan los poderes del Estado, pero no es así. En el artículo 1.1 se establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; pero falla el modelo al diseñar la forma política, como monarquía parlamentaria. Monarquía instaurada por Franco, mediante las leyes fundamentales del reino.

El sistema político republicano moderno se identifica con un sistema de valores, como expresión de la voluntad libre y soberana de la ciudadanía: el pueblo se gobierna a través de representantes elegidos democráticamente y la igualdad de oportunidades como esencia de sus principios. En este sistema, la jefatura del estado también es elegida, y no hay rey o líder que guíe, arbitre o gobierne; no hay persona o figura que esté por encima de la ley, ni irresponsable ante ella.

A lo largo de la historia, el concepto y la idea republicana han evolucionado, pero hay un hilo conductor: el pueblo que se autogobierna y protege la libertad, como acto contrario a la dominación. Se fundamenta en el derecho y el imperio de la ley, y todos iguales ante ella; la igualdad de oportunidades como esencia democrática; la participación ciudadana, como marco de referencia; los derechos civiles y la transparencia, como oposición a la corrupción política.

Una república en si misma, no es garantía de bienestar o de democracia; son sus valores los que dan carácter al modelo y la ejemplaridad de los servidores públicos. Son las garantías para ejercer los derechos los que dan la dimensión exacta del sistema. Y el buen ejercicio de la propia democracia realza la idea republicana. Una monarquía (parlamentaria o constitucional) puede ser democrática en su ejercicio, si el pueblo así lo ha decidido, pero la monarquía, que es un símbolo que transmite su poder por la herencia de la sangre, está muy alejada de los principios de igualdad ante la ley y de igualdad de oportunidades. La monarquía es antidemocrática por naturaleza, opaca por convicción, alejada de las necesidades de la gente y de los intereses de la ciudadanía.

En el republicanismo se conjugan las ideas de honestidad, integridad, honradez, lealtad y justicia en el gobierno de la cosa pública. Esta idea está entroncada en la filosofía de la república griega y romana, pasando por Maquiavelo; está presente en la Revolución Francesa, en los pensadores antimonárquicos ingleses del siglo XVII y la Ilustración radical. Los padres de la constitución americana la llevaron a los altares del liberalismo. El mejor gobierno es el de la ciudadanía para si misma.

En el artículo 56.3 CE se dice que La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El rey se sitúa por encima de la ley, no está sujeto a su mandato, y por tanto encima de todos los españoles. Sin hablar de los comportamientos –incluso los criminales–, que no quedan sujetos a las leyes que a todos nos afectan. Por encima queda, cuando se dice que La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica –hoy encarnada en Felipe VI y su descendencia–, es decir: es heredera de la monarquía absoluta de Fernando VII y sus antecesores imperiales, la irresponsabilidad de Isabel II, la caciquil de la Restauración y la dictadura diseñada en las leyes franquistas.

El individuo nunca existe al margen de la realidad social, ya que se forma a partir de un conjunto de relaciones sociales, pero la sociedad tampoco se puede concebir al margen del reconocimiento de las voluntades individuales, capaces de autogobernarse. No hay más soberanía que la del individuo, que no cede sus derechos a un Leviatán con vida propia, sino que intenta ejercerlos, por representación a través de la cooperación con otros ciudadanos, aumentando así su poder. El Estado republicano, no es algo ajeno al ciudadano, sino algo de lo que el ciudadano forma parte y así lo siente.

En el republicanismo la política es una actividad digna, honesta y de responsabilidad. La ciudadanía es militante político ante el grupo social, donde su opinión se deja sentir y es tenida en cuenta constantemente, en las decisiones que determinan la actividad del Estado. La democracia adquiere un carácter deliberativo, permitiendo que todas las decisiones públicas sean producto de una reflexión, en la que la totalidad de la ciudadanía participa responsablemente, para conseguir conciliar intereses contrapuestos y obtener diversos planteamientos, garantizando que ninguna solución quede sin considerar. La libertad es entendida, no como que la sociedad no pueda tomar decisiones contrarias a las voluntades individuales, sino como que estas decisiones, no deben interferir arbitrariamente en el ámbito de lo privado.

Nadie puede decidir por el individuo, en lo que respecta a sus propios intereses, y ninguna pauta de comportamiento es excluida, en tanto que no perjudique a los intereses de los demás. La diversidad y la disidencia, son valores que los republicamos entendemos asociados a una concepción laica del individuo, que no acepta más normas morales que las que dicta su razón. Un pleno ejercicio de libertad para todos y plena conciencia de pertenecer a la comunidad, sólo es posible si hay igualdad suficiente. En una sociedad, en la que la igualdad sea real y efectiva, no surgirán enfrentamientos y disensiones por las diferencias, que no son sino afrentas para los que menos tienen.

Todos las personas han de tener garantizado un mínimo de subsistencia y bienestar; no en forma de caridad estatal, que menoscabe el auto respeto, sino un mecanismo para su emancipación intelectual y sostenimiento de la dignidad como ser humano. Es tarea fundamental del Estado garantizar la igualdad de oportunidades y que las diferencias económicas y de poder, sólo vengan dadas por el mérito o el trabajo. Para ello el sistema educativo público debe ser de la máxima calidad y atractivo para todas las clases sociales, de manera que sea una experiencia de convivencia entre los diversos grupos.

En definitiva, es necesaria la igualdad porque todos los seres humanos somos iguales, y es necesaria la libertad porque todos somos diferentes. Cada persona es responsable de encontrar su propio camino hacia la felicidad, pero la sociedad, a través del Estado, es responsable de reducir la improbabilidad de conseguirlo; y que el bienestar de unos no se haga a costa de la pobreza de otros.

El modelo republicano debe ser políticamente abierto, participativo y democrático; un modelo sustentado por principios y valores de libertad, igualdad y justicia social; y que éstos sean blindados por la Constitución, para evitar que los gobiernos de turno, ataquen los fundamentos del propio Estado republicano. #porlaRepública

Fuente: Víctor Arrogante en nuevatribuna.es

Fuente: José Ramón Villanueva Herrero

En defensa de la República

La verdadera semilla de la guerra no fue otra que el golpe contra la democracia republicana llevado a cabo por una parte del Ejército, apoyado y alentado por las derechas antirrepublicanas

En el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del 30 de abril de 2021 Julio Calvo, el portavoz del Grupo Municipal de Vox, declaró que “La II República fue un régimen liberticida y repugnante, laminó libertades, hundió la economía y nos abocó a una guerra civil y a una dictadura”. Estas acusaciones, tan habituales en la derecha reaccionaria y cada vez más recurrentes en las consignas de Vox, son lo que el historiador Álvarez Junco califica como la “historietografía” y, mediante ellas la extrema derecha intenta desvirtuar la historia, el análisis científico y documentado de los hechos, bajo el pretexto de combatir lo que Rey Reguillo considera una historia “ideologizada y militante de izquierdas”. En esta misma línea, revisionista y de tintes reaccionarios, otros autores, como Francisco Sánchez, profesor de la Universidad Carlos III, han llegado a descalificar el período republicano al considerarlo como que no fue una auténtica democracia, ya que sus dirigentes fomentaban o amparaban la intolerancia y la intransigencia.

Dicho esto, sorprende que, en estos argumentarios, cada vez más habituales y ampliamente difundidos por las redes sociales de los grupos ultras, no aparezca ninguna crítica, y bien que las merecen, a las derechas, a la Iglesia o al Ejército por su actitud beligerante y desestabilizadora que llevaron a cabo durante el período republicano.

Ciertamente, y sin caer en una visión idealizada de lo que supuso la II República, lo cual también sería injusto desde el punto de vista historiográfico, también resulta necesario refutar la hidra creciente de mentiras que, sobre este tema, propaga, tendenciosamente, la extrema derecha. Y el que, como señalaba el historiador Carlos Forcadell, “hay hechos establecidos, realidades del pasado, que no pueden estar en discusión, aunque las opiniones, explicaciones o memoria de las mismas puedan ser diferentes”. Y, recalcando de nuevo que “no hay que caer en el error de idealizar la época republicana”, resulta esencial combatir la equidistancia ya que, como nos recuerda Forcadell, “no tiene ninguna justificación pretender equiparar el gobierno legítimo de una nación democrática con la facción militar que se sublevó, ni la dictadura del general Franco con las democracias europeas de la posguerra”, tal y como publicó en su artículo “El 14 de abril: república y memoria democrática” en la edición de El Periódico de Aragón del 14 de abril de 2024.

Hay que recordar que la II República surgió tras la limpia victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Si bien es cierto que los monárquicos obtuvieron más concejales, sobre todo en el medio rural, a lo cual no fue ajeno el peso del endémico caciquismo, también lo es que los republicanos ganaron en las ciudades, siendo mayoritarios en 45 de las 52 capitales de provincia. 

Por otra parte, no fue un “régimen liberticida” y mucho menos “repugnante”, acusación despectiva fuera de todo lugar si tenemos en cuenta, como señala José Luís Martín Ramos, el sistema político republicano cumplió los estándares de una democracia “sin ningún género de dudas” mediante el ejercicio libre del derecho al voto, el cual se hizo además extensivo a la mujer, en las elecciones de 1931, 1933 y 1936: las de 1931 fueron ganadas por las izquierdas, las de 1933 por las derechas y las de febrero de 1936 por el Frente Popular que, con una participación del 72%, venció en 33 de las 60 circunscripciones electorales, lo cual hizo que lograse 259 diputados de un total de 473, esto es, 22 por encima de la mayoría absoluta. 

En cuanto a la acusación, también falsa, de Julio Calvo de que la República “laminó las libertades”, sería bueno recordarle que, durante los años republicanos se lograron reformas efectivas que supusieron innegables avances en derechos sociales y políticos tales como la reforma agraria, los derechos para los trabajadores del campo, el sufragio femenino, el matrimonio civil, las autonomías regionales o el impulso a la educación mediante un ambicioso plan para la formación de maestros y la construcción de escuelas.

Tampoco es cierta la acusación de que la República “hundió la economía”, pues ello supone ignorar las consecuencias internacionales derivadas del “crac de 1929” así como la hostilidad de los poderes económicos antirrepublicanos, aquellos que gritaban con desdén a los jornaleros “¡Comed República!” a la vez que torpedeaban la reforma agraria y la Ley de Términos Municipales.

Y, frente al recurrente e infundado alegato de las derechas extremas de que, tras la victoria del Frente Popular se pretendió implantar un régimen comunista en España, resulta una completa falsedad, pues no se incluía en el programa del Frente Popular, ni tampoco en la acción de Gobierno, el cual, por cierto, estaba formado sólo por ministros republicanos, sin presencia de los partidos de izquierda y mucho menos del PCE.

Tampoco se puede acusar a la República de haber lanzado una persecución contra los católicos y la Iglesia desde el ámbito institucional, aunque es innegable que hubo durante dicho período actos antirreligiosos violentos que, en ningún momento fueron alentados por las autoridades republicanas sino por grupos y sectores anticatólicos. De igual modo, determinadas medidas del Gobierno republicano, como la separación Iglesia/Estado, fueron interpretadas por los sectores católicos y las derechas como una persecución religiosa, pero no fue tal, sino que respondían al modelo de laicidad propio de toda República democrática moderna.

Indudablemente, durante la II República, hubo conflictos políticos, como en toda democracia, pero como señala Martín Ramos, ello no supuso que éstos se resolvieran “de manera ilegítima, violando la Constitución desde el poder. Pudo haber ejercicio de abuso de autoridad en circunstancias concretas y revueltas sociales, pero no se quebró el sistema democrático en sus estándares básicos”.

Es cierto que, tras la victoria electoral de las derechas en 1933, la izquierda se radicalizó, especialmente el PSOE de la mano de Largo Caballero, pero ello no significa que, de forma generalizada, la izquierda cuestionase el sistema democrático republicano. Lo que sí se cuestionó, como enfatiza Martín Ramos, es que la derecha republicana, y en concreto el Partido Radical, garantizasen la supervivencia de la República democrática, sobre todo tras la entrada de la CEDA en el gobierno.

En cuanto al tema recurrente de la extrema derecha de asociar el período republicano con la violencia, hay que señalar que ésta existió ciertamente, pero tuvo distintas formas e instigadores. En primer lugar, hubo una violencia espontánea, la protagonizada en el medio rural entre propietarios, campesinos pobres y jornaleros. También hubo otras violencias, esta vez organizadas y con un componente ideológico: este fue el caso de las debidas a las izquierdas (insurrecciones anarquistas de 1932 y 1933, así como la rebelión de Asturias de 1934). Pero también las derechas antirrepublicanas protagonizaron actos violentos tales como el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo (agosto de 1932).

La II República, que existió durante tan sólo 9 años, y de ellos 3 en guerra, en sus 6 años de normalidad institucional se sucedieron avances y retrocesos, eso es innegable. En el caso de la represión del movimiento revolucionario de Asturias de 1934, en la que tuvo un protagonismo especial el general Francisco Franco y que se saldó con infinidad de ejecuciones sumarias, torturas y encarcelamientos, sin olvidar tampoco los atentados y estrategias de tensión llevadas a cabo por Falange en los meses previos al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Tampoco es cierto, como dice la extrema derecha, que la guerra civil se iniciase, como ellos pretenden argumentar, con la revolución de Asturias de 1934 y no, como así fue, con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Ciertamente, y eso hay que dejarlo claro, el movimiento revolucionario de Asturias de 1934 fue un grave error de la izquierda, una rebelión defensiva en respuesta al acceso de la CEDA al Gobierno. Es por ello, que, una vez sofocado el levantamiento asturiano, en 1935 el sector centrista del PSOE de Indalecio Prieto, el republicanismo de izquierdas de Manuel Azaña y el PCE, volvieron a retomar el programa de defensa de la República democrática y la restauración del reformismo social llevado a cabo durante el bienio social-azañista de 1931-1933.

Por todo ello, la verdadera semilla de la guerra no fue otra que el golpe contra la democracia republicana llevado a cabo por una parte del Ejército, apoyado y alentado por las derechas antirrepublicanas. Estos son los verdaderos culpables de una sangrienta guerra fratricida y de la posterior dictadura franquista, la misma que, a fecha de hoy, desde las filas del PP y de Vox se niegan a condenar, tal vez por sus añoranzas y por ser el reflejo político de lo que ha dado en llamarse “el franquismo sociológico” que siempre ha pervivido en España y que ahora pretende aflorar con renovados bríos.

(* Imagen: Congreso)

Fuente: José Ramón Villanueva Herrero