Un juez del Supremo que condenó al fiscal general codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso

El magistrado Antonio del Moral supervisó la investigación que el letrado Gabriel Rodríguez Ramos defendió en la Complutense el mismo día que Supremo aceptó investigar a García Ortiz

El magistrado Antonio del Moral, uno de los cinco jueces del Tribunal Supremo que firmó la condena al ex fiscal general del Estado, codirigió la tesis doctoral del abogado que ha representado durante el juicio al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El letrado Gabriel Rodríguez-Ramos Ladaria defendió su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día en el que la Sala de lo Penal acordó abrir una causa contra el fiscal general por revelación de secretos. Del Moral es uno de los cinco magistrados que firmó ese auto de admisión. 

Rodríguez-Ramos, abogado con más de dos décadas de experiencia, representa en los tribunales a González Amador al menos desde marzo de 2024. La denuncia que el empresario y comisionista presentó por revelación de secretos contra los fiscales Pilar Rodríguez y Julián Salto el día 21 de ese mes lleva su firma. Además, el letrado también defiende a la pareja de Ayuso en la causa en la que ya está procesado por fraude fiscal, así como en la investigación por corrupción en los negocios y administración desleal en una segunda pieza de esa misma causa judicial.

Su tesis doctoral lleva el título de “Identidad fundamental de la actuación empresarial punible”. Actuaron como codirectores el magistrado del Supremo Antonio del Moral y el profesor titular de Derecho Penal en la UNED Alfredo Liñán Lafuente. Ambos figuran en los agradecimientos. Rodríguez-Ramos les reconoce su “esfuerzo” y “paciencia”, así como la “sabia guía” que le proporcionaron durante el proceso de investigación, que plasmó en una tesis doctoral que supera las 600 páginas. El trabajo está centrado en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Distintas fuentes consultadas coinciden en que, aunque hay excepciones, la relación entre un doctorando y su director de tesis suele ser muy estrecha, ya que la elaboración de un trabajo de este calado es un proceso prolongado en el tiempo que implica una colaboración constante y una significativa afinidad personal.

La Ley Orgánica del Poder Judicial explica en su artículo 217 las hasta 16 causas de abstención de un magistrado: desde ser familiar de alguna de las partes o sus abogados hasta tener una “amistad íntima o enemistad manifiesta” con alguna de las partes. La normativa no recoge motivo de abstención por tener algún tipo de relación académica como esta.

Fuentes cercanas al magistrado explican que esa colaboración surgió de la relación entre él y Luis Rodríguez-Ramos, padre del letrado, hace ya varios años. Fuentes de la Sala explican a elDiario.es que esta relación académica nunca fue considerada como motivo de abstención para los magistrados, entre otros factores tenidos en cuenta como, por ejemplo, su relación previa y cordial con el propio acusado. Este periódico también contactó con Rodríguez-Ramos, que en el momento de publicar esta información no había realizado comentario alguno. 

Rodríguez-Ramos reclamó una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz. El fallo, con la sentencia todavía por conocer, ha acogido parte de las pretensiones de la acusación dado que se ha producido una condena a dos años de inhabilitación, una multa de 7.400 euros y una indemnización de 10.000 euros para el cliente de Rodríguez-Ramos. La pareja de Ayuso llegó a solicitar 300.000 euros por este concepto. 

En el repositorio académico Dialnet también figura que Del Moral codirigió la tesis doctoral que el abogado Álvaro Bernad Sánchez defendió el pasado verano “tras cinco años de trabajo”, según dejó por escrito en sus redes sociales. Bernad ha ejercido la acusación popular en la causa contra el fiscal general en representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que reclamó una pena de seis años de cárcel para García Ortiz. 

“Esa sala no puede juzgar al fiscal general”

El juicio contra García Ortiz arrancó el pasado 3 de noviembre con una batería de cuestiones previas presentadas tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía. Entre críticas a la instrucción del juez Ángel Hurtado y a los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la teniente fiscal del Tribunal Supremo lanzó una queja: “Es lógico sostener que esa sala de admisión no puede juzgar al fiscal general del Estado”. 

Ni la Fiscalía ni la Abogacía plantearon una recusación contra el tribunal en sus escritos de calificación o de forma previa al juicio. Fue en esta primera intervención de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, cuando se cuestionó por primera vez la presencia de la mayor parte de los jueces: cinco de ellos ya habían tomado una decisión clave sobre el caso cuando, un año antes, habían aceptado abrir la causa contra García Ortiz. Es una composición derivada de las normas de reparto aunque, según la Fiscalía, la causa que llegaba a juicio era prácticamente la misma que estudiaron entonces y eso cuestionaba su imparcialidad. 

Esa queja por la composición del tribunal, según explicó su presidente Andrés Martínez Arrieta, quedó pendiente para la sentencia, aunque el anuncio de un fallo condenatorio sin añadidos revela que en ningún caso se aceptó apartar a alguno de los magistrados por ese motivo. Los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan las causas de abstención no dicen nada sobre la relación entre un juez y el abogado de una de las partes. 

Tal y como reveló el martes elDiario.es, tres de los magistrados que condenaron al fiscal general participaron, pocos días después de terminar el juicio y en plenas deliberaciones, en un curso para abogados organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Esa entidad profesional presentó la primera querella contra la Fiscalía y ejerció la acusación popular contra García Ortiz en el juicio. 

Del Moral fue el coordinador del curso, una colaboración que mantiene desde hace años con el ICAM para esta formación, y tuvo la participación de otros dos magistrados del tribunal que ha condenado al fiscal general: el presidente y ponente Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo. Las sesiones se celebraron por las tardes y en una de ellas Martínez Arrieta llegó a bromear: “Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”. 

Del Moral fue en el pasado miembro de la Comisión de Ética Judicial, un organismo independiente del Consejo General del Poder Judicial cuya función es orientar sobre la interpretación de los principios de ética judicial. Sus miembros son elegidos en un proceso abierto a toda la Carrera Judicial, que ejerce el voto de forma directa.

Fuente: Elena Herrera / Alberto Pozas en eldiario.es

Fuente: Elena Herrera en eldiario.es

Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron tras el juicio un curso pagado por una acusación

Los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral protagonizaron la semana pasada varias ponencias en una formación organizada por el Colegio de Abogados de Madrid, que reclamó cuatro años de cárcel para García Ortiz

Tres jueces del Tribunal Supremo que suscribieron la condena al ex fiscal general del Estado impartieron un curso remunerado organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) que empezó un día después de acabar el juicio. Se trata de Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz, y de los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral. Este último es el director del curso. Las sesiones en las que impartieron ponencias tuvieron lugar los días 17, 18 y 19 noviembre, coincidiendo con las deliberaciones del fallo. El ICAM presentó la primera querella contra la Fiscalía y ejerció la acusación popular contra García Ortiz en el juicio. 

El curso, de ocho días de duración, se inició el pasado 14 de noviembre, un día después de que el tribunal dejara visto para sentencia el juicio al ex fiscal general, y termina este mismo martes 25 de noviembre. La formación, que es obligatoria para acceder al turno de oficio específico, lleva por nombre ‘Curso de casación y turno especial’ y tiene como objetivo “facilitar los conocimientos suficientes” en los litigios ante las distintas Salas del Tribunal Supremo, según la documentación oficial.

Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por elDiario.es afirman que el ICAM implantó “hace años” este curso para los abogados del turno de oficio que quieren acceder a la casación. En esta ocasión se han inscrito más de 60 abogados de oficio. Desde hace varios años, este curso lo coordina el magistrado Antonio del Moral. Las ponencias son impartidas por magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional, letrados del gabinete técnico del Supremo, letrados del Tribunal Constitucional y profesionales de la abogacía. 

Remuneración de 90 euros por hora

Estas mismas fuentes explican que la remuneración de los ponentes es de 90 euros por hora. En la presente edición, Martínez Arrieta ha impartido dos horas de clase, lo que supone una remuneración de 180 euros; y Del Moral y Berdugo cuatro horas cada uno, lo que supone 360 euros. Del Moral ha percibido además 270 euros por su labor como coordinador del curso, lo que eleva su remuneración total hasta los 630 euros.

Para los alumnos que pertenecen al turno de oficio, el curso tiene un precio de 175 euros, han explicado varios de los asistentes a elDiario.es. La obtención del diploma requiere la asistencia a todas las ponencias. En caso de falta de asistencia justificada, las jornadas se pueden recuperar en la siguiente edición previo pago de 25 euros. 

La “colaboración y la asistencia ocasional a congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional” queda excluida de la legislación sobre incompatibilidades a la que se remite el Reglamento de la Carrera Judicial. En consecuencia, los tres magistrados no estaban obligados a pedir autorización previa al Consejo General del Poder Judicial para participar en esta formación, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

“Impartir este tipo de cursos forma parte del deber ético de colaborar en la formación de profesionales que ejercen el turno de oficio en defensa de los derechos de los ciudadanos sin recursos o que, por otras circunstancias establecidas en la ley, tienen derecho a este servicio”, afirman las citadas fuentes del Supremo.

Tras la publicación de esta información, el ICAM ha remitido un comunicado en el que defiende que la participación de jueces, magistrados, fiscales y otros profesionales en actividades docentes del Colegio de Abogados es una práctica “habitual, normalizada y transparente” y que los ponentes “son seleccionados por su experiencia, cualificación y trayectoria profesional”. Estas fuentes aseguran, asimismo, que han impartido clases multitudes de jueces, fiscales y abogados, incluida Teresa Peramato, propuesta como nueva fiscal general del Estado.

Las mismas fuentes afirman que los cursos y ponencias no son decididos ni organizados por la Junta de Gobierno del ICAM, sino por los responsables académicos del Centro de Estudios, que “actúan con total independencia técnica”. “La composición del profesorado responde exclusivamente a criterios de mérito, especialización y adecuación al contenido formativo”, añaden.

El colegio profesional puso el foco en marzo de 2024 sobre el comunicado de la Fiscalía que desmentía una información tergiversada sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, al entender que revelaba datos secretos del empresario. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para García Ortiz. Su abogado, Ignacio de Luis Otero, estuvo sentado en el estrado durante el juicio a poca distancia de los magistrados que han impartido estos cursos remunerados.  

Del Moral, Arrieta y Berdugo

El magistrado Antonio del Moral figura como director del curso. Según el programa impartió dos ponencias en horario de tarde el pasado lunes 17 de noviembre. La primera, titulada ‘El procedimiento ordinario. Abreviado ante el AP. Recurso contra autos’, se celebró entre las 16.00 y las 18.00 horas. En las dos horas siguientes impartió el curso ‘Recurso de casación de refundición de condenas’. Del Moral ascendió al Supremo en 2012, cuando Carlos Dívar era presidente del CGPJ. 

Un día después, el martes 18 de noviembre, fue el turno del presidente de la Sala de lo Penal y también presidente del tribunal que juzgó al ex fiscal general: Andrés Martínez Arrieta. Su ponencia llevaba el título de ‘Casación Penal: la nueva modalidad de casación contra sentencias dictadas en apelación por las AAPP. Preparación e interposición del recurso de casación. Recurso de queja. Recurso de revisión Penal’. Tuvo dos horas de duración, entre las 18.00 y las 20.00 horas. Martínez Arrieta será quien escriba la sentencia que argumentará la condena contra el fiscal general del Estado después de que la mayoría del tribunal rechazara la sentencia absolutoria propuesta por la magistrada Susana Polo. 

El tercer magistrado de la Sala de lo Penal en intervenir en el curso fue Juan Ramón Berdugo. Impartió entre las 16.00 y las 20.00 horas del pasado miércoles 19 de noviembre la ponencia ‘Recurso de casación penal: modalidades del recurso contra sentencias dictadas en apelación por los Tribunales Superiores de Justicia. Infracción de ley; quebrantamiento de forma; infracción de precepto constitucional’.

Una sentencia de 2014 de la que fue ponente este último fue acordada por unanimidad y ordenó la repetición de un juicio “con diferentes magistrados que no tengan comprometida su imparcialidad”.

Esa resolución aludió a doctrina del Tribunal Constitucional que recuerda las líneas fundamentales de la doctrina sobre el derecho a un juez imparcial. Entre ellas, que la imparcialidad se garantiza cuando el juez “no ha mantenido relaciones indebidas con las partes” o que la garantía de la imparcialidad objetiva “pretende evitar toda mediatización, en el ámbito penal, del enjuiciamiento a realizar en la instancia o a revisar en vía de recurso”. 

Respuesta íntegra del Tribunal Supremo a elDiario.es

En relación con su consulta, le informamos de que la actividad por la que se interesa es el “curso de casación y turno especial” que el ICAM implantó hace años para los abogados del turno de oficio que quieren acceder a la casación. En esta ocasión se han inscrito más de 60 abogados de oficio. 

Desde hace varios años, este curso lo coordina el magistrado Antonio del Moral y en el celebrado este mes de noviembre han participado letrados del gabinete técnico del Supremo y del Tribunal Constitucional, magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional y profesionales de la abogacía .

La remuneración de los ponentes es de 90 euros por hora. En la presente edición, Andrés Martínez Arrieta ha impartido dos horas de clase y Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo cuatro horas cada uno. Del Moral ha percibido además 270 euros por su labor como coordinador del curso. 

La impartición de conferencias o intervención en un curso no precisa de autorización de compatibilidad por parte del CGPJ, más allá de la conveniencia de que la actividad se realice fuera de las horas de audiencia.

El artículo 327 del Reglamento de Carrera Judicial establece que:

1. El ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la Carrera Judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos.

2. De conformidad con lo dispuesto en el apartado e) del número uno del artículo anterior, el Consejo General del Poder Judicial, previa petición, podrá autorizar a los miembros de la Carrera Judicial para compatibilizar su cargo con el ejercicio de la docencia o investigación jurídica así como con la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquélla, cuando sea necesario de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Esta legislación establece que está exceptuada del régimen de incompatibilidades la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias cuando no tenga carácter permanente o habitual ni suponga más de 75 horas al año.

Impartir este tipo de cursos forma parte del deber ético de colaborar en la formación de profesionales que ejercen el turno de oficio en defensa de los derechos de los ciudadanos sin recursos o que, por otras circunstancias establecidas en la ley, tienen derecho a este servicio.

Tras la publicación de esta información, el ICAM remitió el siguiente comunicado:

La participación de jueces, magistrados, fiscales y otros profesionales en actividades docentes del ICAM es una práctica habitual, normalizada y transparente. Como ocurre en múltiples instituciones académicas y de formación jurídica, los perfiles que colaboran con el Centro de Estudios del ICAM son seleccionados por su experiencia, cualificación y trayectoria profesional.

En este sentido, es importante subrayar que han impartido clases en el Centro de Estudios del ICAM multitudes de jueces, fiscales y abogados, incluida la actual Fiscal General del Estado.

En los últimos dos años, los datos reflejan la envergadura y pluralidad del Centro de Estudios del ICAM:

Año 2024: 459 cursos con la participación de 824 ponentes.

Año 2025 (hasta el 25 de noviembre): 399 cursos con la participación de 726 ponentes, número que se incrementará con las actividades restantes del año.

Los cursos y ponencias no son decididos ni organizados por la Junta de Gobierno del ICAM, sino por los responsables académicos del Centro de Estudios, que actúan con total independencia técnica. La composición del profesorado responde exclusivamente a criterios de mérito, especialización y adecuación al contenido formativo.

Fuente: Elena Herrera en eldiario.es