Secuencia del intento de chantaje del lobbi eléctrico al gobierno

1. El Gobierno aprueba el plan de choque para abaratar la luz un 22% hasta fin de año

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el esperado Real Decreto-Ley con el plan de choque del Gobierno para abaratar la luz, que según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, va a suponer una rebaja de la factura de un consumidor medio de un 22% de aquí al final del año, porcentaje que sumada a las rebajas temporales de impuestos aprobadas en junio, alcanzaría el 30%.

El paquete persigue taponar el efecto de la espectacular subida del mercado mayorista de electricidad, cuya cotización media diaria va a superar este miércoles por primera vez los 170 euros por megavatio hora (MWh) por los precios récords del gas y el CO2. Estas son las principales medidas que contiene el decreto:

Detracción de ingresos a hidroeléctrica y nuclear . Es un buen seguro la medida que más van a contestar las empresas eléctricas. El decreto va a recortar temporalmente (hasta el 31 de marzo de 2022) los ingresos extra que están recibiendo esas plantas (también algunas renovables que no cobran prima ni están acogidas a las subastas de los últimos años) por el espectacular encarecimiento del denominado pool, derivado del alza de los precios del gas, que no soportan, y que ha subido un 250% este año en los mercados internacionales. Este verano de precios récord, la hidroeléctrica (sin apenas costes variables) ha sido predominante en la casación del mercado diario, aprovechando los altos precios ofertados por las centrales de ciclo combinado (queman gas natural) por el coste de la materia prima y el CO2, con el consecuente exceso de beneficios en la costa de los consumidores.

El Gobierno estima que las denominadas tecnologías inframarginales deberán devolver al sistema eléctrico 2.600 millones de euros, teniendo en cuenta la cotización actual del gas. Este importe es adicional al recorte de 650 millones por el encarecimiento del CO2 (en este caso definitivo y pendiente de aprobación). Se descontará a las empresas de forma proporcional, con un límite del 90%, en función de la cotización del mercado ibérico de gas (MibGas), a partir de un mínimo de 20 euros (ahora supera los 60 euros), correspondiente al precio medio de Mibgas desde su puesta en marcha en 2017. Se estima que afectará a unos 50 TWh de energía. El dinero se exigirá a las eléctricas a mes vencido para que lo devuelvan a unas cuentas específicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con esos fondos se reducirán los cargos,

Subastas de CO2 . Mediante un aumento del límite del dinero recaudado por derechos de emisión que puede destinarse a los cargos del sector eléctrico (pasa de 1.100 millones a 2.000 millones), el Estado aportará 900 millones provenientes de la recaudación extra obtenida por las subastas de carbono, cuya cotización también se ha disparado este año como consecuencia del rebote de la economía y la mayor ambición climática de la UE, lo que ha hecho que solo hasta el 21 de junio, cuando esta espiral de subidas había comenzado ya, los ingresos obtenidos por el Estado por esas subastas ascendieron ya a 1.014 millones.

Con esos 900 millones y los fondos de la detracción temporal de ingresos a hidroeléctrica y nuclear ya mencionadoda, se reducirán un 96% los cargos, que financian los costes de las primas a las renovables más antiguas, el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares o el déficit tarifario acumulado. Con ello, la parte regulada de la factura se reducirá casi un 50% para domésticos y pymes y entre un 40% y un 25% para la industria, según las previsiones del departamento de Ribera.

Límite a las subidas del gas en la factura. La escalada de esta materia prima también va a llevar al Ejecutivo a frenar durante dos trimestres la subida de la tarifa regulada del gas natural que tienen unos 1,5 millones de suministros. El incremento medio en las tres bandas de la tarifa de último recurso (TUR) en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6% (de entre el 4,4% y el 5%, en función del consumo ), en lugar del 29% que correspondería por la evolución de la materia prima. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un “mecanismo amortiguador” similar al existente para el butano. Las comercializadoras de último recurso (CUR) tendrán que financiar transitoriamente la diferencia. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones. En marzo de 2021 (último dato disponible) había 6.412.

Subastas de energía primaria . Teresa Ribera lo definía este martes como “un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad” cuyo objetivo es “achicar” el peso del grupo en la formación de los precios finales, en expresión de la vicepresidenta. Con estas subastas, se obligará a las grandes del sector a ceder parte de su energía (hasta un 25% de su generación, principalmente hidroeléctrica y nuclear) a comercializadores independientes y grandes consumidores, para conseguir reducir el peso del mercado mayorista en la formación de precios y fomentar la liquidez de los denominados mercados a plazo.

La primera subasta se celebrará antes de final de año con aproximadamente el 6,3% de la demanda nacional del año pasado, unos 15.830 GWh. Iberdrola, Endesa, EdP y Naturgy estarán obligados a vender su energía y se establecerá un precio de reserva a una propuesta de la CNMC (será confidencial) en función de los costes de generación. La norma someter a reformar la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) que tienen más de 10 millones de consumidores domésticos para que incorpore la referencia de precio de esa subasta con una ponderación máxima del 10%. Pero la anunciada modificación de la tarifa regulada queda, si acaso, para más adelante.

Rebajas fiscales . El decreto aprobado incluye también las rebajas fiscales temporales de la factura ya anunciadas, que consiste en prorrogar hasta diciembre la rebaja del IVA al 10% para los domésticos, la suspensión del impuesto a la generación del 7% y la reducción hasta el límite que permite Bruselas (con una bonificación del 90%, hasta situar el tipo en el 0,5%) del Impuesto a la Electricidad del 5,11%. La recaudación de este tributo (unos 1.400 millones al año) está cedida a las Comunidades Autónomas, y el Gobierno deberá compensarlas por ello; según los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), supondrá una merma de ingresos de 380 millones de euros. En el Ejecutivo confían en que los mayores fiscales recibidos hasta ahora por las subidas de la luz de los últimos meses laminen la pérdida de ingresos.

Suministro mínimo vital . Es una de las medidas de carácter permanente. El Gobierno lo tenía previsto desde que aprobado en 2019 su Estrategia contra la Pobreza energética de 2019. Esta figura se introducirá en la Ley del Sector Eléctrico para ampliar la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables severos durante seis meses más (diez en total), al tiempo que se garantiza un “abastecimiento mínimo de confort” con una potencia de 3,5 kv.

Medidas medioambientales . Se reformará la Ley de Aguas para, según Ribera, garantizar un “uso racional del recurso” y evitar súbitos desembalses de los pantanos tras las impactantes imágenes vistas en este verano de precios récord de la luz, “que a todos nos han dado vergüenza” . Al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.

Estas medidas son independientes de las dos medidas “estructurales” que habían planteado hasta ahora el Gobierno para abaratar el recibo: el para sacar las primas a las renovables de la factura, que el Congreso ha empezado a tramitar esta semana, y el mecanismo para detraer los ingresos del CO2. Ambas iniciativas están recogidas en sendos proyectos de ley y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes tramitarlos por vía de urgencia. El Foro Nuclear ha anunciado este martes del “cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados” porque, asegura, lleva pérdidas a los reactores, que aportan un 20% de la electricidad.

Según el lobby nuclear, la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (todavía pueden superar los 30 € / MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 “, conducirían al parque nuclear” a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad “. Todo ello,” en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 € / MWh desde al año 2024 ya la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero “. Foro Nuclear señala que el decreto aprobado este martes,” aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear “.
Fuente: Antonio M. Vélez en eldiario.es

2. Las eléctricas amenazan con adelantar el apagón de las centrales nucleares por las medidas del Gobierno

El Foro Nuclear ha anunciado este martes del “cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados” porque, asegura, lleva pérdidas a los reactores, que aportan un 20% de la electricidad.

Esta es una de las medidas “estructurales” que había planteado el Gobierno para abaratar el recibo: el fondo para sacar las primas a las renovables de la factura, que el Congreso ha empezado a tramitar esta semana, y el mecanismo para detraer los ingresos del CO2. Ambas iniciativas están recogidas en sendos proyectos de ley y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes tramitarlos por vía de urgencia. 

Según el lobby nuclear, la excesiva presión fiscal que soporta el parque nuclear español y el impacto del proyecto de Ley del CO2 en su redacción actual (todavía pueden superar los 30 € / MWh), unidos a los 3.000 millones de euros previstos de inversiones a realizar hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035 “, conducirían al parque nuclear” a su inviabilidad económico-financiera y le abocarían al cese anticipado de la actividad “.

Todo ello, “en un entorno de precios de futuro por debajo de 50 € / MWh desde al año 2024 ya la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero”.

El presidente del lobby nuclear, Ignacio Araluce, apunta que “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, una mayor dependencia energética del exterior y un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista “.

“Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. las decisiones de inversión necesaria, se han tenido en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. ellas muy recientes “, aseguran desde el lobby energético.

Foro Nuclear señala que el decreto aprobado este martes, “aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”.
Fuente: eldiario.es

3. La vicepresidenta Ribera avisa a las nucleares de que un parón “no es posible”

La amenaza de las eléctricas con el cese de actividad de las centrales nucleares si el Ejecutivo sigue adelante con sus medidas para controlar el precio de la luz ha encontrado respuesta en la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ese parón no recibiría el visto bueno Red Eléctrica, el organismo público que vela por el suministro. “Me imagino que el operador del sistema lo evaluaría pero es muy probable que llegara a la conclusión de que no es posible”, ha dicho Ribera en declaraciones al programa Hora 25 de la Cadena SER.

“En el sistema eléctrico hay algo que es muy importante que es la seguridad del suministro, asegurar que el suministro está garantizado. Esto es lo que hace que la legislación prevea que lo que se conoce como el operador del sistema eléctrico, que está vinculado a Red Eléctrica, deba determinar si es posible cerrar o no cualquier central. Así que, en efecto: si hay un propietario de una central que piense que debe cerrar, debe comunicarlo. Es un sector tremendamente regulado. No funciona como cualquier otra empresa”.

A Ribera le parece “llamativa” la reacción del sector y ha recordado que “en los números que ha manejado el Ministerio en ningún caso [las nucleares] quedaban por debajo de la rentabilidad”. Precisamente el ‘lobby’ de la energía nuclear se quejaba hoy de que las medidas del Gobierno para contener el precio de la luz harían inviable el negocio.

La vicepresidenta ha añadido: “Nunca hemos visto la evolución de precios que estamos viendo, por lo tanto necesitamos intervenir urgentemente”. Y ha recordado que la medida es provisional, no discriminatoria y proporcional.  Fuente: eldiario.es

4. El Gobierno cuenta con el apoyo de Bruselas para controlar los precios de la luz y el gas

El Gobierno cuenta con el respaldo de la Comisión Europea al plan esperado de choque aprobado este martes por el Consejo de Ministros para abaratar la luz y el gas ante el choque de precios que viven los mercados energéticos europeos. 

Tanto el Gobierno español como la Comisión Europea han estado en contacto en las últimas semanas para afrontar el dramático encarecimiento de la luz en España, y se han intercambiado cartas, mensajes y conversaciones previas al anuncio del último Consejo de Ministros. Y en el transcurso de esos intercambios, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Green Deal, Frans Timmermans, ha terminado trasladando al Ejecutivo español su sintonía con las medidas recientemente anunciadas, según fuentes conocedoras de las conversaciones. 

Ante el convencimiento de que situaciones extraordinarias requiere medidas extraordinarias, y para cumplir la promesa del presidente del Gobierno de la factura de un usuario medio en 2021 en 600 euros anuales, un nivel similar al de 2018, el Ejecutivo aprobaba este martes un Real Decreto -Ley con un amplio paquete de medidas que Pedro Sánchez calificaba en el Senado de “riguroso, serio y solvente”.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo definía como “el paquete más importante jamás adoptado para fortalecer la posición del consumidor ante una carrera de precios como consecuencia de la evolución del gas que no tiene precedentes”, y lo justificaba en que los beneficios y dividendos de las eléctricas crecen de una forma que “ninguna” empresa “hubiera imaginado” hace “apenas seis meses”. “Todos debemos colaborar”.

Entre otras cosas, el decreto, que según Ribera garantiza la rentabilidad de las empresas, detraerá temporalmente (hasta marzo) 2.600 millones de euros a las compañías eléctricas por el exceso de ingresos que reciben en el mercado mayorista de electricidad las centrales hidroeléctricas y nucleares, que se están beneficiando de la histórica subida de la cotización del gas, que no forma parte de sus costes, pero empuja al alza los precios del grupo denominado por el diseño marginalista de este mercado –el precio de la fuente de energía más cara marca el precio de todas–, que no da tregua.

Este miércoles, la piscina va a superar por primera vez en la historia los 170 euros por megavatio hora en un contexto de espectaculares subidas en toda Europa, impulsado por el gas, cuya cotización ha subido un 250% en un año. La escalada ha propiciado que hasta agosto los precios finales de la electricidad se disparasen en España, según el INE, un 34,9% interanual, si bien ese aumento compara con un 2020 con el pool en mínimos por la pandemia. El paquete del Gobierno también limita dos trimestres a menos del 5% las subidas de la tarifa regulada del gas (TUR), difiriendo el pago a futuro, pese a que el coste de la materia prima obligaría a aplicar una subida del 29% en octubre .

Fuentes del Gobierno aseguran que “Bruselas entiende y está al corriente” de este plan y confían en que las autoridades comunitarias den su visto bueno a unas medidas que el PP calificaba este martes de “confiscatorias” y de “dudosa legalidad” entre alusiones al ” peronismo “. En el Ejecutivo español confirmaman que llevan días en contacto con las autoridades europeas para tratar este asunto. Ribera se reunió la semana pasada con el vicepresidente Timmermans y también ha tratado esta cuestión con la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, según confirman en su departamento. La vicepresidenta ya trasladó hace semanas a las autoridades comunitarias la necesidad de abordar una acción coordinada ante esta situación extraordinaria. 

“Estamos comprometidos en una transición verde justa, y listos para apoyar a España en sus inversiones en energías limpias, eficientes y en su lucha contra la pobreza energética”, tuiteó Timmermans tras verse con Ribera en Madrid hace unos días.

“Somos conscientes de las medidas que están tomando el Gobierno español y hemos visto los anuncios de hoy [por este martes]”, afirma un portavoz de la Comisión Europea: “Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos en contacto con las autoridades españolas” . Y añade: “No tenemos comentarios sobre el fondo de las propuestas formuladas”.

Bruselas también ha trasladado al Gobierno que “la legislación de la UE permite a los Estados miembros aplicar salvaguardas, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a clientes domésticos vulnerables o con escasez de energía en determinadas condiciones”.

El Gobierno espera que otros países europeos sigan el camino emprendido por España, dado que, apuntan fuentes del departamento de Ribera, “esta no es una situación de España y Portugal”, que tienen sus mercados eléctricos integrados. 

En este sentido, el Gobierno francés tiene sobre la mesa la idea de ampliar el número de personas que pueden acceder a ayudas directas ante estas subidas, mientras que Grecia ha anunciado un fondo de transición energética de 150 millones para compensar los aumentos del precio de la luz.

La semana pasada, los precios de referencia de la electricidad al por mayor en Alemania para la entrega el próximo año alcanzaron más de 90 euros / MWh, o aproximadamente el doble del nivel en el que comenzó el año, superando el récord anterior alcanzado en el verano de 2008 cuando los precios del petróleo se acercaban a los 150 dólares el barril.

Aunque muchos países europeos tienen tarifas más estables que las de España (donde el coste de la energía en el precio regulado de la tarifa eléctrica PVPC está directamente indexado a la cotización del pool), en varios estados miembros, no solo España, “hay una preocupación latente muy grande por que lleguen subidas desproporcionadas en el recibo “, apuntan fuentes de Transición Ecológica. Esas fuentes señalan que “lo mejor son medidas coordinadas a nivel europeo”, pero “si no las hay o no llegan a tiempo”, algo que, como dijo este martes Ribera “puede llevar tiempo”, la “responsabilidad” del Ejecutivo es anticiparse a un otoño-invierno que se presenta muy complicado.

“Si hubiéramos actuado hace cinco años no estaríamos en esta situación, porque dependeríamos menos de los combustibles fósiles y del gas natural. A lo largo de todos estos años hemos visto que los precios de las renovables se han mantenido bajos y estables”, decía este martes ante el Parlamento Europeo Frans Timmermans, quien agregó: “Sólo un 20% del aumento del precio de la energía se puede atribuir a los precios del CO2. El resto es una consecuencia de la demanda elevada en el mercado. Hay falta de energía” .

Transición Ecológica, que llevaba diseñando desde principios de agosto estas medidas ante el preocupante escenario de los precios del gas para este invierno, destaca que ningún otro Estado miembro había planteado hasta ahora un plan de este calado ante la crisis energética que azota al continente, que afecta especialmente a países como España, que prácticamente funciona como una isla energética por la falta de interconexiones con Francia.

El paquete de medidas provocó este martes fuertes caídas en la cotización de Endesa (totalmente dependiente del mercado español) y de Iberdrola, que entre las dos redujeron su capitalización bursátil en más de 2.200 millones en una sola jornada. La patronal Aelec (antigua Unesa) rechazó estas “medidas intervencionistas” e instó al Gobierno “a buscar soluciones verdaderamente eficaces, que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada (un tercio del total), y que no penalicen de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables “.

Antes, el lobby nuclear difundió un comunicado en el que amenazó con el “cierre desordenado” de los reactores, que aportó el 20% de la electricidad en España. El Foro Nuclear ya expresó esta misma advertencia en junio y basa su amenaza no tanto en el recorte de “aplicación temporal” aprobado este martes, sino en la retirada de los beneficios extra que, según el Gobierno, están recibiendo estas plantas y las hidroeléctricas por la subida del CO2, que también se ha disparado este año a máximos históricos.

Ese cierre, recuerda el Gobierno, requiere en todo caso del visto bueno del operador del sistema eléctrico. Un apagón nuclear anticipado dejaría al sistema eléctrico todavía más expuesto a los vaivenes del gas natural y haría inviables los objetivos de descarbonización comprometidos por el Gobierno con Bruselas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Fuentes del Ministerio recuerdan que la minoración de CO2 se aplica a partir de un precio de 20 euros por tonelada de CO2, “que coinciden con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019” para un apagón nuclear escalonado hasta 2035.

El Ejecutivo ha planteado drenar esos ingresos en un proyecto de ley que está ya en el Congreso y que se va a tramitar por la vía urgente junto al fondo para sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas a las renovables más antiguas.

Transición Ecológica era consciente de que el alivio fiscal de la factura que aprobó el Gobierno de urgencia en junio, cuando comenzó esta escalada, solo era un parche que permitirá ganar tiempo para adoptar medidas coyunturales con más peso ante el “preocupante” escenario de precios del gas para este invierno.

Un paquete que Financial Times calificaba este martes de “intervención” del mercado y que no ha gustado entre los guardianes de la ortodoxia económica. “Castigar a las utilities no ayudará a la transición energética europea”, advertía el rotativo británico, en alusión al mayor riesgo regulatorio que, cree, irá asociado ante la masiva inversión en renovables que necesita el continente para descarbonizarse. Fuente: Antonio M. Vélez en eldiario.es

Ampliación @carabanchelnet

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