Ribera Salud, el gigante de la sanidad privada que rechaza pacientes cuyo expresidente denunció a Mónica Oltra | Vídeos

El País publica una conversación del CEO de Ribera Salud, que gestiona el Hospital público de Torrejón, que demuestra que ordenó a sus trabajadores rechazar pacientes. Esta entidad ha llegado a gestionar ocho hospitales públicos en todo el Estado

Unos audios, publicados este miércoles por el diario El País, muestran al CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes en el Hospital público de Torrejón, cuya gestión está en sus manos. Una gestión de la que se encargan desde 2009, fecha en la que el expresidente de la entidad, Alberto de Rosa, firmara un contrato con el por aquel entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, para la construcción de este hospital y su gestión durante los próximos 30 años, por un valor de 2.127 millones de euros. 

Estos son los 97 centros médicos que Ribera Salud ha gestionado en España

Este contrato se insertó en la mayor operación de privatización sanitaria que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid, cuando durante el mandato de Esperanza Aguirre se construyeron once hospitales de gestión privatizada. Esta comunidad exportó el modelo Alzira, modelo que impulsó Ribera Salud en el País Valencià y con el que se construía en 1999 el primer hospital público de gestión privatizada en el Estado: el hospital de la Ribera.

Tras una revisión realizada por El Salto en base a los datos que tiene Ribera Salud en su web, desde entonces ha gestionado ocho hospitales públicos bajo esta fórmula y mantiene la gestión de cuatro: el Hospital Universitario de Torrejón, el Hospital Ribera Povisa (Vigo), el Hospital Ribera Polusa (Lugo) y el Hospital de Vinalopó. En este tiempo ha perdido la gestión de cuatro hospitales de la Generalitat Valenciana: el que inauguraba la saga, el Hospital de la Ribera, además del Hospital Universitario de Torrevieja, el Hospital de Manises y el Hospital Marina Salud. Concesiones que tocaron a su fin y que no fueron renovadas por el gobierno saliente del pacto del Botànic (PSOE- Compromís). Este pacto, en uno de sus epígrafes, indicaba poner fin a estas concesiones y apostar por recuperar la gestión pública.

El lawfare contra Oltra

Mientras este Govern progresista iba acabando con los negocios de Ribera Salud en la sanidad valenciana, el expresidente del grupo, relegado el pasado mes de mayo de 2025, se convertía en una de las personas que intentaron acorralar en los juzgados a la entonces vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), forzada a dimitir tras la campaña de lawfare. 

El siete de abril de 2022 Oltra enseñaba una foto en una sesión de control al gobierno mientras expresaba: “Unan los puntos”. En la imagen aparecían tres personas en corrillo: la fundadora de Vox, Cristina Seguí, el expresident Francisco Camps y el entonces presidente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, que acababa de perder la gestión de dos hospitales públicos. En aquel entonces llegaba a su fase final la cacería contra Oltra por las acusaciones que pesaban sobre su exmarido, Luis Ramírez Icardi, por abusar sexualmente de una menor tutelada. Para Oltra esta foto simbolizaba los lazos establecidos por la derecha, la extrema derecha y el lobby sanitario para precipitar su caída. “En toda cacería se ha de seguir la pista del dinero”, aseguraba.

En abril de 2023, Alberto de Rosa se querellaba contra Mónica Oltra por unas declaraciones vertidas en el programa de TV Salvados en las que, como durante aquella sesión de control, denunciaba ser víctima de una “cacería política”. El día anterior a la fecha del juicio, Alberto de Rosa presentó escrito de renuncia a la acción emprendida, tras lo que la juez acordó desestimar la demanda interpuesta y condenar al pago de las costas acusadas al demandante.

Según el libro de investigación del periodista Sergi Castillo La batalla per la sanitat valenciana (Institució Alfons el Magnànim, 2019) las cinco concesiones sanitarias conocidas como modelo Alzira en el País Valencià y concedidas mayoritariamente a Ribera Salud han consumido 7.500 millones de euros de gasto público entre 2003 y 2018. 

Castillo explicaba en un artículo para El Salto, que los lazos entre el lobby sanitario y la caída de Oltra eran evidentes. “Los movimientos que han realizado estos lobbies durante todos los años del Botànic han ido encaminados a triturar a los partidos políticos que integraban el gobierno. De ninguna forma iban a renunciar a sus privilegios”, concluye.

Fuente: Sara Plaza Casares – BSKY: @splaza.bsky.social – elsaltodiario.com

Fuente: Iñigo Sáenz de Ugarte en eldiario.es

El Ebitda o la vida: en el Madrid de Ayuso, la cuenta de resultados pesa más que la salud de la gente

Una grabación del responsable de una de las mayores empresas privadas sanitarias de Madrid desvela las consecuencias del modelo sanitario de Ayuso. Aumentar las listas de espera puede servir para que crezcan los beneficios de los centros hospitalarios privados

El Gobierno de Ayuso paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en cuatro años

La gente tiene la mala costumbre de ponerse enferma y así no hay manera de aumentar los beneficios. No hacen más que acudir a los hospitales con cara de pena y aspecto francamente deplorable y tienen el descaro de pedir que les curemos, como si fuera tan fácil. Como si nosotros tuviéramos la obligación de conseguir que se sientan bien. Solo piensan en ellos mismos. En su salud. ¿Y quién piensa en nuestra cuenta de resultados? Dicen que tienen fiebre. Vale, es cierto, ¿pero qué pasa con nuestro Ebitda?

Es el mensaje que el consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, impartió a un grupo de altos cargos de la empresa y del hospital madrileño de Torrejón de Ardoz en una reunión en septiembre. No se anduvo con eufemismos. El problema eran las listas de espera. ¿Demasiado grandes? Al revés. “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, dijo Gallart, según la grabación de su intervención obtenida por El País. Más pacientes esperando a que les operen o les atiendan, más beneficios para la empresa. La duda ofende.

El modelo de “colaboración público-privada” en sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ofrece aquí los resultados previsibles. Esta corporación privada gestiona un hospital (privado) en una localidad de 140.000 habitantes. Para todos ellos, el centro opera como si fuera un hospital público. En otras palabras, no tienen otro sitio al que dirigirse si tienen un problema serio de salud. Sus profesionales sanitarios trabajan como si estuvieran en cualquier centro público. Intentan curar a sus pacientes. Los dueños cuentan con otras prioridades. Los beneficios están por encima de cualquier otra consideración.

Los enfermos no son mala gente, pero no son tan importantes como los accionistas. En este caso, la empresa francesa Vivalto Santé. El dato relevante es que son esos accionistas los que colocaron a Gallart en su puesto con el fin de que pusiera en práctica sus ideas. Sabe lo que esperan de él, porque es lo que les prometió.

Gallart fue claro y directo. Utilizó un lenguaje que los asistentes a su discurso entendieron perfectamente: “Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”. De nuevo, hay que ser consciente de que la lógica habitual está fuera del tema que nos ocupa. No consiste en atender a los pacientes cuanto antes para solucionar sus dolencias. Ampliar las listas de espera tiene una consecuencia económica muy favorable para los objetivos de la empresa. El consejero delegado puso las cifras sobre la mesa: “Alcanzar un Ebitda (beneficios antes de impuestos, intereses y amortizaciones) de cuatro o cinco millones”.

La reacción del Gobierno de Madrid fue la de afirmar que no ha detectado en Torrejón “ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público”. La Consejería de Sanidad ha anunciado que se reunirá con la cúpula directiva de la empresa para comprobar en qué condiciones se realiza el servicio.

Para la web de Telemadrid, la noticia no era realmente importante. Las únicas informaciones que aparecían en la tarde del miércoles sobre Torrejón de Ardoz tenían que ver con la exposición de belenes tradicionales y la celebración de macrofestivales.

Díaz Ayuso tampoco se sintió concernida. Prefirió ofrecer en Twitter una batería de titulares contra el Gobierno que mencionaban a las empresas a las que quiere controlar, una noticia falsa sobre ataques a los medios que revelan la nacionalidad de los delincuentes, Tezanos y el jefe de la UCO. Un día flojo para ella, porque no tenía nada a mano sobre ETA.

El modelo sanitario de la Comunidad de Madrid es lo que ha llevado a esta situación. Los presupuestos de las comunidades autónomas para 2025 volvieron a confirmar la tendencia de los últimos años. Madrid es la que menos invierte en sanidad por habitante cuando es desde hace varios años la región más rica de España. Díaz Ayuso alardea de que su comunidad es el motor de la economía española y la que cuenta con la mayor renta per cápita. Todo eso se debe al “acierto de las políticas de bajos impuestos, libertad económica y reducción de trabas burocráticas”, según su Gobierno.

La diferencia con otras regiones se explica en parte por las desviaciones que se producen durante el año para que el Gobierno autonómico pague las cantidades que adeuda a las corporaciones sanitarias privadas. Los cuatro hospitales de Quirón han cobrado desde 2021 hasta 2024 el doble de lo originalmente presupuestado. La suma del crédito inicial asignado a esos centros ascendió a 2.543 millones de euros, pero finalmente los pagos contabilizados al cierre de cada uno de esos ejercicios se disparó hasta los 4.803 millones, según publica hoy elDiario.es.

El trasvase de los pacientes de la sanidad pública a la privada es una de las razones que explican estas cantidades. Los hospitales públicos funcionan con unos recursos muy ajustados y, por tanto, insuficientes, con lo que no tienen más remedio que derivar enfermos a los centros privados. El Gobierno prefiere afirmar que estos desfases se deben a la “libre elección” del paciente, que a su vez está condicionada por las listas de espera en la sanidad pública.

No es una desviación. Forma parte del modelo sanitario impuesto por el Partido Popular en Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre. No cabe duda de que sus responsables no esperaban que un arrebato de sinceridad del consejero delegado de una de esas empresas beneficiadas mostrara que los pacientes son números que se pueden ajustar para aumentar los beneficios. Quizá lo daban por hecho, pero confiaban en que no trascendiera a los medios de comunicación.

La oposición no ha dejado pasar esta oportunidad. “El dinero por encima de las vidas”, resumió la ministra de Sanidad, Mónica García. “Lo que hemos sabido del hospital de Torrejón demuestra que se trata a los pacientes como clientes. Las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos”, dijo el ministro Óscar López, líder del PSOE madrileño.

Hasta Pedro Sánchez creyó oportuno intervenir para ajustar cuentas con su némesis: “Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse”.

La libertad que siempre está en los labios de Ayuso no es tan deseable si te mueres esperando a que te operen. Gallart lo tiene claro. Menos operaciones quirúrgicas, menos personal, más listas de espera, más beneficios. “Hay muchísimas teclas que podemos tocar”. El Ebitda es lo que le da la vida a la empresa que le paga. Los pacientes pueden esperar.

Fuente: Iñigo Sáenz de Ugarte en eldiario.es