Residencias de mayores en Madrid: del abandono institucional al horror de la pandemia

Los recortes en personal y recursos en los 25 centros públicos que actualmente existen en la Comunidad de Madrid son una constante desde hace más de una década.

El 23 de marzo la Ministra de Defensa Margarita Robles anuncia que las unidades de la UME habían encontrado en diferentes residencias cadáveres abandonados de ancianos dentro de sus habitaciones. En el contexto actual, con mas de 17.000 muertos, cientos de miles de personas contagiadas por COVID-19, hospitales y unidades de emergencia colapsadas, un escenario que podría verse como una consecuencia trágica de un desborde en el sistema socio-sanitario. La realidad es que esto es solo la punta del iceberg de un escenario que de repente se hace visible a los ojos de la sociedad.

Neoliberalismo de los servicios públicos

La liberalización de los servicios públicos, incluido los servicios sociales, ha sido impulsada desde hace dos décadas a través de directivas europeas y actos legislativos como el Tratado de Lisboa o de la famosa Directiva Bolkestein aprobada en el 2006. El objetivo fue crear un mercado comunitario más “dinámico” y libre de obstáculos para el comercio de servicios públicos que estuviesen al amparo de leyes mercantiles. Siguiendo estas directrices, impulsadas por su grupo parlamentario europeo, el 16 y 17 septiembre del 2008, el Partido Popular de Madrid aprobó en el congreso regional una propuesta de medidas de liberalización y externalización de los servicios públicos. Esto marcaría las políticas sociales de la Comunidad de Madrid en los años posteriores como estrategia de  colaboración público-privada en la gestión servicios públicos.

Según un informe realizado en el 2018 por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el ratio de plazas en residencia de mayores para una cobertura social adecuada es de 5 plazas por 100 habitantes mayores de 65 años. En 2010, la Comunidad de Madrid ofrecía 2,37 plazas publicas. Durante esta ultima década estas han ido reduciéndose progresivamente hasta cubrir solo un 1,8. En el 2018 había 29.983 plazas de financiación privada (58%) y 21.599 pública (42%). La mayoría de estas plazas públicas se encuentran gestionadas por centros privados o concertados.

Los recortes en personal y recursos en los 25 centros públicos que actualmente existen en la Comunidad de Madrid son una constante desde hace más de una década. Solo en el 2017 se denunció un déficit de 215 empleados públicos en estos centros, principalmente en atención directa y servicios sanitarios. Como consecuencia de ello, las denuncias por negligencia y maltrato institucional se multiplicaron en toda la región. Sin embargo, las condiciones laborales, materiales y de atención directa en la mayoría de las residencias concertadas y privadas son incluso mas deficientes. Entre el 2014 y el 2018, 96 residencias fueron sancionados por la Comunidad de Madrid por falta de higiene y de personal, maltrato físico y psicológico y deficiencias en las estructuras del centro. Algunas incluso fueron denunciadas por dar comida caducada y en mal estado a sus usuarios. Prácticamente todas ellas siguieron abiertas gracias a la complicidad de la propia administración.

Raul Camargo, ex diputado de la Asamblea de Madrid y militante de Anticapitalistas denunció durante años la privatización y el maltrato institucional en el sector gerontológico en Madrid. Lo explicaba así en declaraciones para Europa Press “(…)es un problema de fondo, cuando este tipo de servicio se presta con el objetivo de conseguir un beneficio económico, esto se consigue pagando salarios bajos, recortando en personal, recortando en inversiones (…) este el problema general que hay en las residencias de la Comunidad de Madrid, que es la región que soporta un mayor nivel de privatización en este sector (…)solo un 5 por ciento de las residencias son públicas en esta región”

El sector de atención a la tercera edad ha pasado en menos de una década de ser un modelo cuasi-familiar a convertirse en un lucrativo negocio para grandes fondos de inversión europeos. De hecho, según la consultora CBRE, este sector entre 2015 y 2017 atrajo más de 2.000 millones de euros en inversiones. En el 2018,  el antiguo director del grupo Orpea (uno de los grupos más importantes del sector gerontológico europeo que gestiona 23 residencias en Madrid) fue entrevistado para Envoyé Spécial, un programa de investigación emitido por la cadena pública France 2. Tal como recoge el periódico El Salto, este afirmó que la norma del grupo es ofrecer calidad a bajo coste, con el objetivo único de ampliar beneficios que llegan hasta el 30% anuales.

La mayoría de las plazas concertadas en la Comunidad de Madrid son gestionadas por el grupo  DomusVies perteneciente a los mayores fondos de inversión paneuropeos de capital. En enero del 2019, familiares de residentes de DomusVi Mirasierra denunciaron el maltrato institucional en esta residencia a través de un comunicado de prensa. “(…)hay un solo enfermero/a por la noche para 220 personas (…)Un residente puede pasarse días sin salir al aire libre, Y horas esperando en una larga fila de sillas de ruedas para ser acostado, alimentado o para usar los servicios comunes (…)son seres a los que se da de comer, se lava y se sienta frente a la pared o a un televisor».

 Los mismos servicios de “bajo coste” se ofrecen también en las residencias gestionadas por grupos de inversión con beneficios millonarios como Vitalia Home, Amavir, o Sanyres entre otros.

COVID-19

La expansión del coronavirus ha dejado aún mas en evidencia la vulnerabilidad y el abandono de este sector por parte de la administración publica. Según datos de la Comunidad de Madrid actualizados el 8 de abril, habrían muerto 4260 residentes desde el inicio oficial de la pandemia.

Ya a mediados de marzo, sindicatos como el MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad) dieron la voz de alarma sobre la falta de material sanitario en las residencias privadas de mayores y la imposibilidad de llevar a cabo los protocolos establecidos por falta de personal y recursos materiales.

La falta de material de protección es vergonzosa. Igualmente vergonzosa lo es la negativa a incrementar las plantillas con personal sanitario y no sanitario, este último fundamental en las diversas categorías como, por ejemplo, el personal auxiliar de servicios, encargado de la limpieza e higienización de las instalaciones.” (16 de marzo de 2020)

Sin apenas personal sociosanitario, ni recursos estructurales adecuados y sin un protocolo de actuación durante los primeros días de la pandemia, el virus se extendió rápidamente por casi todas las residencias de la Comunidad de Madrid. Durante las semanas posteriores las bajas de personal fueron aumentando, especialmente el de atención directa.

En muchos centros, ante la imposibilidad material de implementar el protocolo de aislamiento vertical por grupos se opto por el aislamiento “preventivo” de  24 horas a todos los residentes. Se determinó de esta forma la reclusión de los residentes en sus habitaciones, aislados incluso de sus propios familiares. Así cuenta Carmen, la hija de una residente de la residencia Los Frailes de Leganés en una entrevista para RTVE Las personas mayores que están allí metidas de repente están viendo que su pequeño mundo se desmorona y no saben qué pasa porque tampoco a ellos les están informando. Están solos, aislados y no pueden hablar con nadie. Si no mueren de coronavirus van a morir de soledad, de angustia y de tristeza”.

En residencias como Montserrat Caballé o la Residencia de Usera entre otras muchas, el drama ha sido incluso mayor. A finales de marzo la UME entró en varios centros para desinfectar zonas comunes y habitaciones residenciales. Lo que encontraron según fuentes de ministerio de Defensa fueron cadáveres de ancianos abandonados en sus habitaciones y otros tantos conviviendo con sus compañeros de habitación muertos desde hacia varias horas. Personal de atención directa, perteneciente al MATS según informa El Salto, afirmaron que Los cadáveres permanecen en las residencias a veces de 24 a 48 horas sin que nadie se los lleve. En la residencia de Mayores de Alcorcón un señor que había fallecido se ha tirado en la habitación 38 horas

La coordinación entre las residencias y las autoridades sanitarias y servicios sociales resulta esencial a la hora de solventar esta  crisis, sin embargo, muchas de las residencias privadas han ocultado información con fatales consecuencias. Según denuncia para el Pais Jaime Cedrún, Secretario General de Comisiones Obreras en Madrid “Las residencias privadas están ocultando contagios a las familias y a los trabajadores porque les importa un bledo los mayores. Solo quieren mantener el chiringuito”.

En algunas residencias privadas incluso se obliga a su personal a firmar cláusulas de confidencialidad, impidiendo así que la información llegue a los medios de comunicación. Según explica para El Plural Juani Peñafiel, responsable sindical de CCOO de Residencias Privadas de la Comunidad de Madrid, “están haciendo sentarse en los despachos a las trabajadoras para que no puedan contar lo que ocurre. Pero no sólo eso, se está llegando a recoger firmas en un documento contra la denuncia de un delegado sindical, y, además, han abierto expedientes a representantes de nuestro sindicato”

Respuesta de la Comunidad de Madrid y residencias privadas

Ante la imposibilidad por parte de las residencias privadas, gestionadas por millonarios grupos de inversión, de controlar la epidemia dentro de sus centros y las continuas denuncias en los medios de comunicación, el 27 de marzo la Comunidad de Madrid, después de tibias intervenciones, puso en marcha “un plan de choque”. Medidas como la inspección física y saneamiento de residencias, establecimiento de diagnóstico en toda la red asistencial, intervención en 8 residencias (a parte de cinco más anteriormente intervenidas) como la de Monte Hermoso con decenas de muertos,  donación de material sanitario y logístico, traslado de pacientes, etc. Se acomodaron también dos hoteles de la cadena Romo Mate: Hotel Room Mate Alicia y el Hotel Room con 90 plazas, con el fin de recluir a los residentes que no presenten sintomatologías propias del coronavirus.

Por otro lado, con la descongestión de los hospitales en los últimos días y la creación de un hospital provisional en Ifema, finalmente se ha empezado a hospitalizar a los enfermos por coronavirus. Durante semanas, muchos de los casos de residentes contagiados no eran atendidos en los hospitales como criterio de prioridad sanitaria.

Las criticas por parte de sindicatos y asociaciones a esta plan de acción no han cesado, no solo porque esta ha llegado cuando ya había mas de 2.000 muertos en residencias, sino porque ha sido completamente insuficiente y engañosa. La intervención de solo 13 residencias deja fuera a decenas de residencias en situación de colapso; la CGT señala que el material sanitario ha llegado con cuentagotas y el personal sigue siendo escaso. El Secretario de Política Social y Diversidad de Comisiones Obreras también añade que “los apoyos llegan con cuentagotas o no llegan y los problemas siguen siendo los mismos, pero incrementados porque pasan las semanas y las plantillas que quedan cada vez están más mermadas física y emocionalmente”

Paralelamente Jesús Cubero Secretario General de la patronal de AESTE analiza para el diario El País la intervención de la Comunidad de Madrid. Esta consiste en que un empleado público (directores de centros de día o centros de jubilados) visite durante unas horas el centro, analice las necesidades, se reúna con el personal y llame a los familiares de los residentes para “tranquilizarlos”.

Políticas neoliberales que  han convertido los servicios públicos en un gran negocio especulativo cuyo objetivo es incrementar beneficios a costa de las condiciones laborales y la calidad del servicio. Administraciones cómplices que reducen plantilla, externalizan servicios y ocultan el drama diario de sus mayores. Pocos días después del inicio de la pandemia cientos de ancianos se contagiaron ante la inacción de las propias residencias, mientras que la administración, conocedora de este escenario desde el principio, tardó más de dos semanas en reaccionar mal y tarde. Miles de ellos han muerto en sus residencias, solos y aislados, no solo como una consecuencia del desborde sanitario sino como consecuencia de las políticas neoliberales. Estrategias de la eufemísticamente llamada colaboración publico-privada han sido implantadas desde todas las esferas institucionales. Prácticas que han permitido, cuando no alentado, que buitres económicos devorasen los recursos y el bienestar de los más vulnerables para luego exigir colaboración y recursos que ellos mismos han negado durante años.
Fuente: poderpopular en contrainformacion.es