Leganés, municipio más afectado por el covid-19, con 3.210 positivos, Carabanchel 2818

Leganés es el municipio más afectado por el covid-19, con 3.210 positivos. Tenía un 22% de población que superaba los 65 años, tres puntos por encima de la media de España, y ocho residencias de mayores de capital privado. Una temeridad concentrar ocho residencias de población de riesgo en un municipio.

El alcalde de Leganés, el señor Santiago Llorente, pide esta semana a las autoridades sanitarias que se haga un estudio epidemiológico para explicar qué ha pasado en Leganés, por qué las tasas de infección y de mortalidad han sido, evidentemente, distintas en este municipio.

Independientemente de la oportunidad, utilidad o viabilidad del estudio, los estragos del covid-19 han sido ostensiblemente mayores que en el entorno. Tenemos que asumir que existe la casualidad, que el azar influye y nunca podremos llegar a tener controladas todas las variables ni tener procedimientos totalmente seguros. Hay margen para el error humano y para el fallo en los protocolos que tienen que ver con personas, hay variables que escapan a todo pronóstico, pero, ¿ha sido sólo mala suerte lo de Leganés? Dentro de uno de los escenarios más crudos, la Comunidad de Madrid, Leganés ha sido un ojo de la tormenta vírica.

La primera semana de junio, Leganés ha superado los 3.210 positivos, con un ratio de infectados  que oscila ente los 1691 y los 1781 por cada 100.000 habitantes. Se trata del tercer ratio más alto de la Comunidad de Madrid, después de Patones, Villa del Prado y  Zarzalejo, con mucha menor población. La media de Madrid ha estado en 1.012 infectados por cada 100.000 habitantes, y es la tercera peor cifra provincial de España, sólo por detrás de los 1.546 casos de Álava y los 1.178 de la Rioja.

Con este disparado ratio de contagio, un 70% mayor que la media de Madrid, este núcleo de población es el más afectado en la comunidad en cifras absolutas, superando los 3199 positivos de Puente de Vallecas y 2818 de Carabanchel, en Madrid capital. En la zona sur hay mucha diferencia con los 2226 positivos de Móstoles, los 1916 de Alcorcón, los 1635 de Fuenlabrada o los 1457 de Getafe, municipio colindante y que presenta el dato más bajo de los grandes pueblos del Sur de Madrid. Estas tasas de contagio, tiene razón el señor alcalde, son difícilmente explicables.

El 42% de las personas fallecidas ha muerto en residencias sin medicalizar. Ese dato es aún más inexplicable. ¿O no?

Sobre las defunciones, en el baile de datos que ha caracterizado a la Comunidad de Madrid, esta semana se habían contabilizado al menos 672 muertes derivadas del covid-19, 385 de ellas en el Hospital Severo Ochoa, según su comunicación. Esta cifra se vería agrandada por los últimos decesos y los fallecimientos en domicilios y otras circunstancias. La tasa de mortalidad en el Severo Ochoa se situaría hasta mediados de mayo en un 10,8% de las 3.562 personas atendidas en este centro. 1.826 de esos pacientes fueron ingresados en el propio hospital, 525 fueron trasladados a diversas clínicas privadas y hospitales de apoyo y 348 fueron derivados al hospital de campaña de IFEMA. El 42% de esas 672 las personas fallecidas, 287, ha muerto en residencias sin medicalizar, según un informe del 28 de abril de la Delegación General de Atención al Mayor. Ese dato es aún más inexplicable. ¿O no?

Contextualizando, los datos de la Comunidad de Madrid se han dado en la “mejor sanidad de Europa”. ¿Lo era? El PP se basaba, y se basa, en el Índice de Competitividad Regional Europea 2019, que no evalúa la calidad del sistema sanitario de una región, sino que analiza algunos indicadores relacionados con la salud, como accidentes de tráfico o tasa de suicidios. Para sostener que la sanidad de España era la mejor del mundo, había que ir a otro índice de competitividad, el elaborado por el Foro Económico Mundial relativo al mismo año 2019, que otorgaba la máxima puntuación posible, un 100,0. Éramos una de las naciones mejor preparadas para una pandemia según estos indicadores, pero había otros datos mucho más críticos para afrontar una enfermedad vírica como el covid-19. 

La falta de camas hospitalarias en Madrid, muchas de ellas perdidas por los recortes, dejaban a la Comunidad de Madrid a la cola de la Unión Europea. Mientras Alemania contaba en el informe de la OCDE de 2019 con 8 camas por cada 1.000 habitantes, la media de la UE estaba en 5,08 y España tenía apenas 3.  La cifra en Madrid, según Eurostat en 2019, bajaba hasta 2,7, la mitad de camas hospitalarias que Atenas y cinco veces menos que Budapest. Según el sindicato MATS, se estima que el número de camas hospitalarias en la Comunidad de Madrid se ha reducido en 2.000 desde 2008. Según Redacción Médica, entre 2011 y 2016 se pierden en España 5.000 camas y se regresa a cifras de 2004, mientras se había producido un incremento de la población de casi cuatro millones de personas.

350 personas ocuparon hacinadas el espacio de 90 esperando para ser atendidas, tiradas por el suelo. El hospital estaba totalmente colapsado pese al protocolo que se remitió desde la Comunidad de Madrid de no ingresar a personas procedentes de los geriátricos.

En estas circunstancias, en el pico de la pandemia, el hospital Severo Ochoa tuvo que triplicar la capacidad de UCI de adultos que pasó de tener 10 a 32 camas ocupadas, y aún así fue de los primeros centros en colapsar la segunda quincena de marzo. 350 personas ocuparon hacinadas el espacio de 90 esperando para ser atendidas, tiradas por el suelo. Estaba totalmente colapsado pese al protocolo que se remitió desde la Comunidad de Madrid de no ingresar a personas procedentes de los geriátricos.

Analizando aspectos puramente médicos, también es significativo comparar en qué posición nos encontramos en cuanto al personal de enfermería que ha arriesgado sus vidas para protegernos y que hemos aplaudido masivamente todos los días a las 20:00. Según Eurostat, el porcentaje medio en la UE de personal de enfermería sobre la población activa es de 2,2. Lidera Alemania con un 3,4 y cae España hasta el puesto 17 con 1,5, empatando con Portugal y Rumanía.

La supuesta mejor sanidad del mundo estaba a la cola en camas y personal de enfermería. Y Madrid estaba por debajo de la media de España, recobrando a duras penas el personal sanitario de 2010, y recortando al personal de servicios, con una población de más de 300.000 personas mayores. Personal de servicios suprimido con procesos como la externalización de la lavandería, un negocio privatizado de 70 millones de euros que deja un 33% de la ropa inutilizable, según su última auditoría. Una mala práctica que los sindicatos denunciaron a principios de febrero como un problema de salud pública por el riesgo de contaminación y que estalló con una pandemia, en la que el 16,6% del personal del Severo Ochoa ha dado positivo por covid-19.

La gestión de las residencias de personas mayores durante esta crisis ha tenido diversas interpretaciones en los medios debido a las competencias estatales y de cada Comunidad Autónoma. Pero la competencia sobre las residencias es exclusiva de las comunidades autónomas, encargándose por ley del registro y la inspección de calidad de los centros. Las residencias de mayores no se consideran centros sanitarios y no están integrados en los sistemas sanitarios autonómicos. Se trata de centros socio-sanitarios o centros de servicios sociales.

Durante la crisis del coronavirus, el Gobierno declaró las residencias servicios esenciales y reforzó la intervención de las comunidades autónomas en públicas y privadas.  El ministerio que dirige Pablo Iglesias aprobó un fondo extraordinario de 300 millones de euros que las comunidades deciden cómo gastar según unas finalidades concretas marcadas por el Gobierno. De este paquete, la Comunidad de Madrid recibió 38.755.146 €. El ministerio de Derechos Sociales también ha coordinado las intervenciones de la UME en las residencias que hayan solicitado ayuda para realizar tareas como la desinfección, indicando las comunidades autónomas qué residencias necesitan intervención de la UME y autorizándolo el ministerio.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comunicó que el Ejército no tenía capacidad para enviar médicos sanitarios a las residencias y rechazó pedir al Gobierno central que pusiera a disposición de su autonomía médicos sanitarios del Ejército para las residencias de mayores, en contra tanto del criterio de su vicepresidente, Ignacio Aguado, como del consejero de Políticas Sociales y Familia, Alberto Reyero. Ambos coincidían en la necesidad de pedir sanitarios al Ejército porque, según Reyero “el refuerzo de la Comunidad no era suficiente”. Tan insuficiente que nunca existió en Leganés. 48.758 personas vivían en las 475 instalaciones de este tipo en en la Comunidad de Madrid, pero el gobierno de Díaz Ayuso sólo controlaba directamente 25 centros, el 5,8% del total y 6.200 plazas, mientras financia a empresas privadas para que gestionen 22.000 plazas. Entre marzo y abril, al menos uno de cada 10 residentes falleció y 4 de cada 10 trabajadores enfermaron.

Pese a que a mediados de marzo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP) prometió que los geriátricos se iban a medicalizar, esto nunca se llevó a cabo en Leganés

Leganés tenía un 22% de población que superaba los 65 años, tres puntos por encima de la media de España. En los últimos años había arraigado en el municipio el sector de las residencias para mayores, con ocho centros. Domus Vi, Vitalia Home, Parque Los Frailes (gestionada por Aralia), Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir El Encinar, Valdepelayo y Valdeluz. Capital privado, porque la administración regional no ha construido ningún centro para personas mayores desde 1983. Una temeridad concentrar ocho residencias de población de riesgo en un municipio.

En estas ocho residencias había cerca de 2.000 camas y han fallecido, al menos, 287 personas. Ha muerto el 14% de su población total. La Comunidad de Madrid anunció que intervendría el 1 de abril el Vitalia Home Leganés,  tras las protestas de 86 familiares de los ancianos de esta residencia que pidieron con urgencia que los trasladaran a un centro médico, al contabilizar 56 fallecidos.

También se intervino en abril la residencia de DomusVi, un fondo francés con capital británico que tributa en el paraíso fiscal de Jersey. Pese a que a mediados de marzo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular, prometió que los geriátricos se iban a medicalizar, como ha reconocido públicamente el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, esto nunca se llevó a cabo en Leganés. Apenas 14 centros en toda la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de Ayuso fijó “criterios de exclusión” para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales. El protocolo fue recibido por hospitales y residencias a partir del 20 de marzo. En él se hablaba expresamente de “criterios de exclusión” que impedían llevar a pacientes mayores a los hospitales. La Consejería de Sanidad se negaba a aclarar qué centros recibieron ese Protocolo y se limitaba a destacar un envío posterior del documento, el 25 de marzo, una versión en la que se usa la expresión “recomendaciones de exclusión”.

Esta semana, acosado por la prensa y las denuncias de los familiares, el consejero de Sanidad Ruiz Escudero reconoce el envío y lo achaca a un error. La Consejería de Políticas Sociales se desmarcó con contundencia de las actuaciones de Sanidad, indicando que los documentos enviados, error o no, contaban con el visto bueno del consejero. Declaró que la derivación a hospitales debía basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia.

El miércoles 6 de mayo, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitió un segundo auto, en respuesta a un escrito del Ayuntamiento en base al informe policial, con la obligación de dotar de personal y material necesario a las ocho residencias del municipio y le imponía la obligación de detallar estas medidas cada siete días.

El auto obligaba a la Comunidad a que “se informara de las medidas concretadas adoptadas para cumplir lo acordado”. La resolución judicial reiteraba que “de manera inmediata” la Consejería de Sanidad debe proceder a dotar “de personal sanitario necesario, así como de las medidas y los medios materiales precisos para llevar a cabo pruebas diagnósticas y cumplir lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo”.

Mientras no acataban los autos y no se medicalizaban los geriátricos de Leganés, otros nueve residentes fallecían. Entre el 8 de marzo y el 26 abril, fallecieron en las residencias de Leganés 259 mayores, a los que se suman otros 28, 287 en total, hasta el pasado 14 de mayo.

Entre el 8 de marzo y el 26 abril, fallecieron en las residencias de Leganés 259 mayores, a los que se suman otros 28, 287 en total, hasta el pasado 14 de mayo.

Ha sido necesario un tercer requerimiento el 26 de mayo y la amenaza de sanciones para que las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales remitan sus informes. El informe de Sanidad de las residencias de Leganés, fechado el 20 de mayo, recoge que desde que los jueces cursaron el auto a finales de abril se ha incorporado un nuevo geriatra al equipo del hospital Severo Ochoa que atiende las residencias y un médico internista, además de tres enfermeros que están de forma presencial en las residencias.

También afirman que se han realizado test PCR a los pacientes de las residencias pedidos por atención primaria, en especial en las residencias Fundación AMAS, Los Balcones, El Encinar y Parque de los Frailes. El Ayuntamiento de Leganés rechaza estas afirmaciones y mantiene que la contratación del geriatra y del internista fue anterior al auto judicial de 28 de abril. Tampoco queda claro con qué periodicidad acuden las enfermeras a los centros.

No ha sido azar vender que se tiene la mejor sanidad del mundo estando a la cola de la UE en camas y personal. No es suerte externalizar el cuidado de nuestros mayores a empresas que buscan la máxima rentabilidad

Será necesario analizar la casuística del altísimo grado de contagio de Leganés y tener en cuenta que quizá sí ha habido variables en juego imposibles de dominar. Pero no ha sido azar vender que se tiene la mejor sanidad del mundo estando a la cola de la UE en camas y personal. No es suerte externalizar el cuidado de nuestros mayores a empresas que buscan la máxima rentabilidad cuando está en juego la vida de personas. No ha sido el destino el que ha impedido asumir las competencias y medicalizar los geriátricos. No ha sido el mal fario el que ha mandado un protocolo para no trasladar a las personas mayores enfermas a los hospitales.  Y no ha sido casual negarse tres veces a acatar las instrucciones del  TSJM mientras nuestros mayores seguían muriendo.

Hospitales del sur de Madrid, frente al coronavirus: “Estamos en situación de guerra”

Familiares denuncian que 43 ancianos han fallecido en la residencia Vitalia de Leganés

Caos en el traslado de mayores de la ‘zona cero’ de las residencias

Fuente: Kike Pinel en elsaltodiario.com