- Los testimonios de dos periodistas coinciden en que tuvieron la información sobre el caso del novio de Ayuso antes que el fiscal general y que la recibieron de fuentes de la Fiscalía Superior de Madrid, que dirige Almudena Lastra

En un juicio, no se desperdicia nada. Es posible que un trozo no muy atractivo de la pieza resulte ser muy apetitoso cuando cada parte elabore sus conclusiones finales. Eso no ocurre con frecuencia en la cocina, pero en la justicia es distinto. Claro que se pueden provocar más risas que interés. El abogado de la asociación de fiscales que pide la condena de Álvaro García Ortiz se decidió a hacer una pregunta un poco excéntrica a Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER. “¿Cuándo usted le llama (al fiscal general), el Atlético de Madrid ha marcado ya?”. Los hechos sobre los que preguntaba coincidieron con un partido de la Champions. Afortunadamente, no había sido necesario llamar a Simeone a que declarara en el juicio.
En realidad, todo era discutir a cuenta de la nada. Campos había telefoneado al fiscal general en una de las llamadas que hizo después de que apareciera la noticia (falsa) que había dado El Mundo minutos antes. La llamada duró cuatro segundos, porque, al no contestar García Ortiz, saltó al buzón del móvil. En ese momento, el reportero ya sabía que era el abogado de Alberto González Amador quien había propuesto llegar a un pacto con la Fiscalía, no al revés. “Llamo al fiscal general para intentar verificar que la información no es cierta. El fiscal general no es mi fuente”. Esto último es lo mismo que declaró la semana pasada José Precedo, periodista de elDiario.es.
Ese testimonio le causó un problema al presidente del tribunal. Andrés Martínez Arrieta reaccionó de forma destemplada y le advirtió a Precedo de que no podía “amenazar” al tribunal. Esta vez el magistrado Arrieta se lo tomó con más calma y no se molestó. Hasta le dejó a Campos explicar en detalle por qué el secreto profesional es esencial: “Garantiza el derecho de la sociedad a acceder a determinadas informaciones”. En definitiva, noticias que nadie podría conocer sin el compromiso de mantener secreta la identidad de la fuente.
Eso es algo que conocen todos los periodistas. En los últimos días, la invocación del secreto profesional ha hecho reaccionar a algunos jueces tuiteros y columnistas de la prensa de derecha, molestos con que esos testimonios hayan podido beneficiar a García Ortiz. Ni siquiera eso resulta evidente, porque son las acusaciones las que tienen que probar que el fiscal general cometió un delito de revelación de secretos, no al revés.
En su intento por desacreditar el testimonio de los periodistas, el abogado de González Amador, que ejerce la acusación particular, puso sobre la mesa tuits de Campos en los que se refería al novio de Isabel Díaz Ayuso como “defraudador confeso”. Campos no lo recordaba, pero no tuvo inconveniente en afirmar que podía ser cierto. Su argumento era que el abogado Carlos Neira había reconocido dos delitos fiscales en la comunicación con el fiscal. Quizá la intención de la pregunta era constatar el daño sufrido por la credibilidad de Amador a causa de la filtración de los documentos de su caso.
José Manuel Romero, periodista de elDiario.es y antes de El País en el momento de los hechos, escuchó la misma pregunta del abogado a cuenta de las palabras “defraudador confeso”. Respondió mencionando el expediente realizado por la Agencia Tributaria que contiene las pruebas obtenidas en la inspección fiscal de Amador, incluida la emisión de facturas falsas. Ese expediente fue enviado a la Fiscalía al superar con 350.000 euros la cantidad mínima que fija la ley para que el caso pase a la vía penal.
Amador intentó responder a esas acusaciones con varias demandas invocando el derecho al honor y amenazando con reclamar altas cantidades de dinero a políticos y periodistas. La que llegó más lejos fue la dirigida contra la vicepresidenta María Jesús Montero por ser aforada. El Tribunal Supremo la desestimó. Otras demandas se encuentran en fases iniciales en varios juzgados, sin que ninguna de ellas tenga mucho futuro después de la decisión del Supremo.
Tanto Campos como Romero no identificaron el nombre de sus fuentes y también negaron que García Ortiz fuera quien les suministró la información. Sin embargo, ofrecieron un dato revelador. Campos confirmó a preguntas de la fiscal que había ido a hablar con su fuente y que había sido rápido, ya que fue “lo que me cuesta subir a la tercera planta”, que es donde está la sede de la Fiscalía Superior de Madrid, que dirige Almudena Lastra.
Romero precisó que lo que conocía procedía “siempre de fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid”, el mismo organismo. “Quiero que quede esto claro desde el principio”, insistió.
La fiscal Lastra fue la testigo que con más dureza criticó los pasos dados por la Fiscalía General del Estado (FGE). Declaró que esa noche del 12 de marzo estaba convencida de que la FGE iba a filtrar los documentos del caso de Amador, aunque no aportó ninguna prueba concreta que el tribunal pueda valorar, más allá de su opinión.
Romero admitió que no tuvo en su poder el email del 2 de febrero que inició las comunicaciones entre el fiscal Salto y el abogado de Amador. Lo que sí tenía era información de su fuente que confirmaba que no era cierto lo que estaban diciendo Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. “No sólo no es una cacería (de la que Ayuso acusaba al Gobierno), sino que el abogado de Amador ha presentado una oferta de conformidad por la cual reconoce los delitos, se apresta a pagar una multa y con eso reduce la pena de cárcel y evita entrar en prisión”, le dijo la fuente.
El testimonio de Campos y Romero coincidió con el de Precedo del pasado jueves. Todos ellos, que trabajaban entonces para tres medios diferentes –a los que hay que sumar a Alfonso Pérez Medina, de La Sexta–, conocían el contenido de las comunicaciones entre fiscal y abogado desde horas o días antes de que llegaran a manos del fiscal general. Los documentos del caso ya no eran un secreto ni para esos periodistas ni para sus fuentes en la Fiscalía Superior de Madrid. Se escuchó una frase reveladora de Romero: “Si los hubiéramos publicado inmediatamente sin hacer nuestro trabajo, ahora no estaríamos aquí”.
Si los periodistas hubieran soltado rápidamente todo lo que sabían sin hacer ninguna comprobación, sin hacer llamadas para confirmar lo que sabían, sin moverse con cautela para no revelar la identidad de sus fuentes, todo ello en plan aquí te pillo y aquí te mato, no se habría celebrado este juicio. De entrada, la FGE no habría difundido un comunicado que por lo demás no es objeto de este juicio, porque el juez instructor no consideró que ahí hubiera ningún delito. Da que pensar sobre los límites del periodismo y del propio sistema de justicia.
Fuente: Iñigo Sáenz de Ugarte en eldiario.es

Fuente: Alberto Pozas / Elena Herrera en eldiario.es
Dos periodistas afirman en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general
- José Manuel Romero y Miguel Ángel Campos reiteran como ya hicieron en instrucción que tuvieron acceso al contenido del correo del 2 de febrero hasta día y medio antes que Álvaro García Ortiz

Dos periodistas han explicado en el Tribunal Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso horas antes de que esa información llegara al correo del fiscal general del Estado. José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es, así como Miguel Ángel Campos de la Cadena SER, han relatado en el juicio que una fuente que no han revelado ya les mostró o bien el contenido del correo o les trasladó la información que contenía. “Tuve la información contenida en el email”, ha explicado Romero al tribunal.
José Manuel Romero ha detallado que el día 12 de marzo a primera hora, tras la exclusiva de elDiario.es que destapó el caso, empezó a contactar con fuentes de “la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” para ampliar su información, sobre todo cuando la presidenta regional puso en marcha una “campaña de intoxicación informativa” para afirmar que era una “cacería”. Y cuando añadió que, en realidad, era Hacienda la que debía dinero a su pareja.
Su fuente de esta Fiscalía dirigida por Almudena Lastra, ha relatado hoy el periodista tal y como hizo ya en fase de instrucción y también ante un notario, le dijo que los hechos no eran así: “No solo no es una cacería, sino que el abogado del señor González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad por el cual reconoce los delitos, acepta pagar una multa y con eso reduce la pena de cárcel y evita entrar en prisión”. Eso, según ha contado al Supremo este martes, sucedió el 12 de marzo sobre las dos de la tarde.
“Mi fuente, por WhatsApp, me manda el nombre del abogado. Apunta este nombre: Carlos Neira. Y llámame”, ha explicado. “Este periódico siempre contrasta, siempre llamamos a la otra parte”.
Empezó entonces un operativo dentro del periódico para intentar confirmar esa información. “El abogado Carlos Neira nunca nos contestó, si no, no estaríamos aquí”, ha apuntado el entonces subdirector del rotativo. “El reconocimiento del delito era grave e importante”, ha añadido, sobre todo en plena “campaña de intoxicación” de la Comunidad de Madrid. “El nivel de mentiras se elevó mucho”, ha señalado Romero, ya el día 13 de marzo por la mañana. Esa tarde, además, llegaron los bulos de Miguel Ángel Rodríguez y las noticias manipuladas sobre el asunto.
“Yo no tuve el email, tuve la información contenida en el mail”, ha explicado Romero sobre cómo obtuvo esa información. Varios periodistas de El País, que también han testificado este martes en el Tribunal Supremo, empezaron a hacer gestiones para comprobar si era cierto, entre otras cosas contactando con el propio Carlos Neira, abogado de González Amador, que no contestó a sus mensajes.
Su declaración ha sido refrendada por otros tres periodistas de la redacción de El País que trabajaron en el caso esos días. Así lo han explicado Fernando Peinado, Berta Ferrero y Juan José Mateo, redactores del periódico. En pleno “terremoto informativo”, ha dicho Peinado, Romero les había contado que “una fuente suya de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” había desvelado que el empresario “había admitido su culpa y había procedido al pago”.
La última en comparecer ha sido Cynthia Coiduras, la redactora de El Plural que en la mañana del 14 de marzo fue la primera en publicar el documento íntegro del correo. Tras acogerse a su secreto profesional para no revelar su fuente, ha explicado que obtuvo esa información “en torno a las ocho de la mañana”, una hora antes de su publicación. El juicio se retomará mañana con la testifical de una docena de agentes de la UCO y, ya por la tarde, con la declaración del fiscal general.
“Me muestra el correo y me deja tomar notas”
Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que publicó extractos del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en la noche del 13 de marzo de 2024, ha explicado que obtuvo esa información antes de las cuatro de la tarde de ese día, horas antes de que llegara a manos del fiscal general. No publicó la información hasta casi la medianoche por no tener “permiso” de una fuente a la que no ha identificado, acogiéndose a su derecho a no hacerlo. Campos ha negado también que el fiscal general fuera su fuente en este asunto.
“Eran las 15.34 horas. Subo a su despacho, me muestra en una pantalla de ordenador el famoso correo de 2 de febrero y puedo leer esa frase de ‘ciertamente…’. Le digo que me lo reenvíe o me lo imprima, me deja tomar notas”, ha explicado Campos. Pero no le dio permiso para publicar ninguna información.
Ya en fase de instrucción afirmó ante el juez Hurtado esta versión de los hechos. Varios periodistas han afirmado en este juicio que tuvieron acceso al correo o su contenido antes de que llegara a manos del fiscal general a las 21.59 horas de esa noche. Un dato que la Fiscalía y la Abogacía del Estado consideran relevante para defender que, para entonces, ese correo no era confidencial.
Sobre su fuente, ha añadido: “Le logro convencer de que ya está publicado, que no hay ningún secreto, yo entendía que no, que el secreto eran las negociaciones, la existencia de un acuerdo y eso ya había sido revelado por el diario El Mundo”, ha zanjado para explicar por qué terminó publicando esa información pasadas las once de la noche. “Si no se dio nada en la SER de la información de El Mundo es porque yo tenía el correo”.
Campos ha afirmado que llamó a “decenas” de fuentes a lo largo del día, también cuando esa noche le alertaron de la publicación de la primera noticia de El Mundo. Esa noche, ha explicado, llamó al fiscal general, pero saltó el buzón de voz y no mantuvo ninguna comunicación con él, tampoco por mensaje. “En ningún momento”, ha dicho varias veces.
Fuente: Alberto Pozas / Elena Herrera en eldiario.es

El subdirector de El País ha DECLARADO que la FUENTE VENÍA de la FISCALIA de MADRID, donde trabaja Almudena Lastra en la 3ª planta
— Judit (@judit_sinhache) November 11, 2025
¿Por qué no la investigan a ella y sus dispositivos?
Los testimonios que fueron descartados por el juez Hurtado, NINGUNO HA SEÑALADO al FGE, me… pic.twitter.com/sIY6TtSIKl
De 20 testigos, solo 3 señalan al FGE: Almudena Lastra, MAR y Alberto Quirón, NO aportan ningún indicio directo, solo sospechas
— Judit (@judit_sinhache) November 10, 2025
El caso ha LLEGADO al SUPREMO SIN NINGUNA PRUEBA directa de cargo
Si esto se lo hacen al FGE ¿qué no nos harán a ti o a mí?#Lawfare#GolpeJudicial pic.twitter.com/hK8lifRWrt
No es que Almudena Lastra se lleve mal en mi personal, es que forma parte del engranaje del estado que controla la puerta del sol.
— José Vico (@josevico4) November 10, 2025
Hacen muy bien en centrarse en ella, porque ahí comienza todo. pic.twitter.com/umYhkrNnlD
Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, amiga de Ayuso y responsable de que no se investiguen los protocolos de la mu€rte
— Yanis lacani (@janislcani) November 11, 2025
Ahora vemos lo que le preocupa del fiscal general y lo poco que le preocupó las 7.291 personas, que muri€ron en las residencias públicas agonizando pic.twitter.com/1MhPtqWJzs
