Las contradicciones entre González Amador y la mujer del directivo de Quirón avivan la causa por “soborno”

La pareja de Ayuso anticipó un archivo rápido de la acusación por corrupción en los negocios al salir del juzgado, pero las brechas con el testimonio de Gloria Carrasco arruinan su previsión

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigará qué hay detrás de la operación que protagonizaron los imputados Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, por la que el primero pagó a la segunda medio millón de euros por una sociedad que carecía de valor. La jueza ordenó en julio a la UCO entrar en el caso después de escuchar la versión de los dos investigados, desconfiar de sus afirmaciones y ser advertida por el fiscal de que sus explicaciones ni siquiera concuerdan.

González Amador y Gloria Carrasco están imputados por un delito de corrupción en los negocios. La jueza sospecha que los 499.836 euros que pagó la pareja de Ayuso a la farmacéutica por Círculo de Belleza en 2020 son el pago encubierto que le hizo Alberto González Amador por la parte de la comisión que le correspondía a su marido, Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención y también miembro del consejo de administración de una empresa gallega que compró el material sanitario.

A instancias del fiscal del caso, esa sospecha se amplía a que la compra de la empresa de Gloria Carrasco también fuera una contraprestación para que su marido, Fernando Camino, propiciase un considerable aumento de la facturación de Quirón Prevención a las empresas de Alberto González Amador. Según consta en la investigación de la Agencia Tributaria, la pareja de Ayuso multiplicó en 2021 por cuatro, hasta los 1.049.500 euros, la facturación que venía haciendo a Quirón hasta entonces. Ese año también es el del comienzo de la relación con la presidenta madrileña.

La investigación por corrupción en los negocios se centra en la compra de Círculo de Belleza SL. Y sobre eso, principalmente, versaron los interrogatorios a González Amador y Gloria Carrasco los días 10 de abril y 19 de junio, respectivamente. Al término de su declaración, la pareja de Ayuso abandonó el juzgado comentando a los periodistas que había aclarado todo y que confiaba en el próximo archivo de la causa. Pero llegó la imputación de Carrasco, su declaración, y ni por separado, y mucho menos al contrastarlas, las explicaciones de los investigados convencieron al fiscal y a la jueza del caso.

El fiscal Diego Lucas explica en su último escrito que Alberto González Amador justificó el desembolso de casi medio millón de euros por Círculo de Belleza SL en que el contrato “le iba a permitir desarrollar un proyecto de consultoría por numerosas farmacias y expandirse después por Latinoamérica”. Círculo de Belleza SL no tenía trabajadores, disponía de tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. El ejercicio anterior había facturado 30.000 euros.

El fiscal destaca que González Amador reconoció que pagó los casi 500.000 euros sin contar con un documento que le asegurara la supuesta expansión por Latinoamérica y que el contacto de Gloria Carrasco que le iba a asegurar el éxito en los países de expansión no era nuevo y que ya lo conocía antes de la compra. “Esa supuesta consultoría de la que se iba a obtener un rendimiento que compensara el medio millón pagado no se llegó a hacer”, escribe el fiscal del caso.

La versión del novio de Ayuso se tambalea aún más después de que la jueza y el fiscal escucharan a la vendedora de la empresa, Gloria Carrasco, y su versión, en casi nada coincidente con la de González Amador. Según ella, el valor de Círculo de Belleza residía “en el conocimiento sobre la forma de expandir el negocio de los propietarios de farmacias mediante el procedimiento de remitir a sus clientes a locales en los que podían disfrutar de tratamientos depilatorios y de remodelación corporal, consultoría que ya no se desarrollaba desde hacía años”, escribe el fiscal Lucas.

El nombre de Wilson Rodríguez y la sociedad de este, Inteccon Inc., radicada en Estados Unidos, suponen el único punto de encuentro en las declaraciones de los dos investigados, si bien cada uno le atribuye un papel diferente. Carrasco dijo que conocía a Wilson de hacía años porque se lo había presentado su marido. [Puedes leer aquí los negocios cruzados entre Quirón, su esposa, la pareja de Ayuso y el amigo de Florida]

Resulta que su empresa en Florida, Inteccon, fue a la que recurrió González Amador para poner en contacto a dos sociedades españolas, una catalana y otra gallega, en el negocio de las mascarillas, el que le reportó casi dos millones de euros de beneficio. La empresa gallega pagó 42 millones de euros y en su consejo de administración se sentaba Fernando Camino, el marido de Gloria Carrasco y presidente también de Quirón Prevención.

La defensa de Carrasco ha aportado al juzgado un contrato fechado el 16 de junio de 2020 entre ella y Wilson Rodríguez, pero la cláusula que debía recoger qué ponía ella en el negocio estaba en blanco. Cuando el fiscal se lo indicó, Carrasco respondió que ella no había leído el contrato.

Durante su declaración también salieron a relucir los trabajos de asesoría que Gloria Carrasco prestó a la empresa gallega que compró las mascarillas y en cuyo consejo se sentaba Camino. El contrato entre Carrasco y Mape es del 15 de junio de 2019. Sin embargo, Gloria Carrasco reconoció que carece de los conocimientos que requería el “objeto del servicio” que establece el contrato.

Dos realidades

La conclusión del fiscal se enfrenta de plano al optimismo que aparentó Alberto González Amador tras su declaración como imputado. “La realidad negocial es diferente de la realidad formal plasmada en los contratos manuscritos –escribe Diego Lucas–. Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa –la cual carecía de actividad–, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS [la empresa catalana] y Mape [la gallega], o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención, o por ambas cosas”.

Por este motivo, el fiscal solicitó la implicación de la UCO, como unidad especializada, algo que la jueza acordó después. El fiscal Lucas ya desliza la posible existencia de otro delito, el de blanqueo de capitales. “Es necesario indagar además si el producto de esas actividades –realizadas aparentemente por medio de sobornos, aún en el sector privado– se ha transformado de algún modo, o se ha disimulado de alguna manera para ocultar un ilícito origen”.

Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es

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