La sociedad fue disuelta en 2022, tras los dos ejercicios en los que Alberto González Amador defraudó a Hacienda, y la creó en 2013 Fernando Camino, actual presidente de Quirón Prevención
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso desde 2021, tuvo hasta 2022 una empresa en Panamá creada por Fernando Camino, actual directivo del grupo de sanidad privada Quirón, el que fue durante años su principal cliente. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid administró esa sociedad hasta 2022, tras defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros en 2020 y 2021.
Esa empresa en Panamá, un territorio incluido en la última lista de paraísos fiscales de la UE, se llamaba Insumos Médicos del Pacífico, SA. La crearon en 2013, entre otros, el actual presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Fue disuelta en 2022, tras los dos ejercicios en los que dos empresas de González Amador en España dispararon su facturación y cometieron sendos delitos fiscales al rebajar artificialmente sus beneficios valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía. Buena parte de esos ingresos, 2 millones de euros, procedió de comisiones por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.
La relación del novio de Ayuso con esa empresa de Panamá viene de atrás. En el registro de ese país consta una reunión de la asamblea de accionistas de la sociedad en febrero de 2014 en la que “actuó como Secretario Ad-Hoc el señor Alberto González Amador, en ausencia de Fernando Javier Camino Maculet”.
elDiario.es preguntó al grupo Quirón si esta sociedad panameña que creó en 2013 su actual directivo tiene relación con el gigante de la sanidad privada y a qué se dedicaba. El grupo ha declinado hacer comentarios.
Fernando Camino preside desde 2020 Quirón Prevención SL, que antes de la pandemia ya era uno de los principales clientes de Alberto González. Antes de recalar en Quirón, Camino fue administrador de Frater Prevención, una mutua que el grupo sanitario compró en 2015.
Unos meses antes, en esa reunión en febrero de 2014 documentada en el Registro de Panamá, se aceptó la renuncia de los hasta entonces directores y dignatarios de la sociedad, entre ellos, el actual directivo de Quirón. En su lugar se nombró director-secretario a Alberto González Amador, que poco después, en junio de 2014, recibió un poder general para actuar en nombre de esa empresa panameña “en cualquier acto, transacción, contrato o negocio” y ante cualquier tercero, público o privado, “en Panamá o en cualquier otra parte del mundo”, para, entre otras operaciones, “abrir una o varias cuentas en cualesquiera bancos”, dar o tomar préstamos o enajenar o comprar activos.
La escritura pública que protocolizó el acta de la junta de accionistas que decidió la disolución de la sociedad se inscribió en Panamá el 4 de mayo de 2022. A pocos días de que Hacienda comunicase la apertura de la inspección al novio de Ayuso que ha derivado en una denuncia de la Fiscalía.
Un documento depositado en el registro panameño en esa fecha indica que la decisión de aprobar la disolución y liquidación de la sociedad se adoptó en una reunión celebrada en Madrid el 15 de marzo de 2022. La víspera, el novio de Ayuso dimitió como director y secretario. Su sustituto fue el español César Nieto, con el que comparte negocios en España. Ambos son socios de una empresa dedicada al alojamiento turístico, October Twelve, constituida en Madrid el 17 de marzo de 2022, dos días después de aprobarse la liquidación de esa sociedad panameña.
Con un capital de 210.000 euros, la pareja de Ayuso tiene un 40% de esta sociedad española, y César Nieto, otro 40%. La empresa figura en el Registro de la Propiedad como dueña de dos locales comerciales en el popular barrio de Usera que compró el 28 de abril de 2022. Sobre ellos no consta ninguna hipoteca. Se adquirieron poco antes de que, en 2022, y tras cometer el supuesto fraude fiscal denunciado por la Fiscalía, Alberto González comprase también un amplio piso en el barrio madrileño de Chamberí. En ese piso, valorado en más de un millón y sobre el que pesa una hipoteca de 500.000 euros, convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El propio Alberto González identificó ante la Agencia Tributaria a César Nieto, su sustituto en esa empresa panameña y el encargado de liquidarla, como experto en mercado sanitario en Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, una de las empresas con las que la pareja de Ayuso cometió el supuesto fraude a Hacienda, y que se dedica a prestar servicios sanitarios.
El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la denuncia de la Fiscalía identifica a César Nieto como una de las personas de Maxwell Cremona que dio servicio a Quirón Prevención SL por servicios de expansión en Latinoamérica, en virtud de una contraprestación de 600.000 euros más IVA.
Esos servicios, según Hacienda, no los prestó Maxwell Cremona, sino una empresa pantalla -“mera sociedad interpuesta” la llama la Agencia Tributaria-, que la pareja de Ayuso adquirió a finales de 2020. El informe de Hacienda define así el objetivo de esa operación: “Remansar fondos en favor de Alberto González Amador”. El mecanismo utilizado consistió en traspasar a otra empresa adquirida a finales de 2020 por la pareja de Ayuso, Masterman and Whitaker, un contrato con Quirón a cambio de los citados 600.000 euros (más IVA). El problema fue doble según Hacienda: esa segunda firma, sin empleados ni infraestructura, carecía de medios para realizar los trabajos, y además el importe real facturado a ese cliente fue en realidad muy inferior, de 237.320 euros.
A ojos de la Agencia Tributaria, esa cesión “carente de sentido”, fue una “simulación” por la que esa sociedad interpuesta emitió “una factura ficticia”, por un importe estimado, que “no se corresponde con la realidad de la prestación acometida”. El resultado, concluyó la inspección de la Agencia Tributaria, fue que Alberto González obtuvo una “ventaja fiscal inadmisible” para crear “de forma artificial, unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros”.
Haciendo así las cuentas, la nueva empresa se anotó ese año unas pérdidas de más de 222.000 euros. Con esa factura falsa, generó un gasto deducible con el que se apuntó un crédito fiscal a futuro para poder compensarlo con una desgravación fiscal cuando empezase a declarar beneficios.
Y una de las personas que prestó esos servicios a Quirón fue César Nieto, el socio de Alberto González y sucesor de la pareja de Ayuso en esa empresa en Panamá creada por un directivo del grupo del gigante alemán Fresenius, líder de la sanidad privada en España.
Un portavoz de Quirón explicó que “Alberto González Amador lleva trabajando en consultoría y servicios de prevención laboral más de 25 años con distintas mutuas y clientes”. “Se incorporó como consultor externo en FRATER Prevención en 2003”. Y cuando en 2015 esta mutua fue adquirida por QuirónPrevención, “que no QuironSalud, otra empresa distinta a la gestora hospitalaria”, asumió “este y otros servicios”.
Esta situación se ha mantenido “hasta la actualidad”, según este portavoz, que subrayó que “todas las facturas aceptadas y pagadas siempre van soportadas por servicios prestados y contratos en vigor”. La misma fuente, que negó que Quirón tuviera constancia de la facturación irregular de Alberto González Amador denunciada por la Fiscalía, rechazó hacer más comentarios.
El grupo Quirón gestiona tres hospitales de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la Fundación Jiménez Díaz, y tuvo una intensa actividad en la región durante lo más duro de la pandemia, al prestar servicios de rastreo de contagiados, suministro de test de antígenos o prevención de riesgos laborales. De esta empresa procede la actual consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Otros españoles que administraron la empresa panameña de Alberto González son Juan Carlos González Pérez, que ejerció como director-presidente, José Antonio de la Cerda o Vicente Brisa López. El nombre de este último, que ejerció como director-tesorero, remite a un concejal de Vox en el consistorio de Boadilla del Monte (Madrid). El de José Antonio De la Cerda, que hasta 2014 tuvo los poderes que asumió González Amador en esa empresa panameña, también remite a un candidato de Vox en las últimas elecciones municipales en la localidad segoviana de Sepúlveda.
Fuente: Antonio M. Vélez en eldiario.es
La pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para declararse culpable de los delitos y evitar el juicio
Fuente: Marcos Pinheiro en eldiario.es
El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas, ofreció el pacto antes de que se presentase la denuncia
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo antes incluso de que esta presentase la denuncia. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, quiso así evitar el juicio. La Fiscalía lo rechazó y presentó la denuncia.
Según ha avanzado La Sexta y ha confirmado elDiario.es, ese ofrecimiento se hizo a través de su abogado, que mostró la disposición de su cliente a asumir los delitos para alcanzar un acuerdo sobre la pena. La Fiscalía no aceptó el ofrecimiento y presentó la denuncia el pasado 5 de marzo. El escrito ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que ahora tiene que decidir si, como pide el Ministerio Público, imputa a Alberto González Amador y a otros cuatro empresarios que le habrían ayudado con el falseamiento de las facturas.
El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, ha asegurado que fue la Fiscalía quien se dirigió por mail a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para ofrecerle. No es cierto, fue la defensa del empresario quien tomó la iniciativa de ponerse en contacto con la Fiscalía para ofrecer un pacto, que por ahora no se ha aceptado.
El ofrecimiento por parte de la defensa del empresario choca también con lo declarado hoy por su pareja, la presidenta madrileña. Díaz Ayuso dijo que “es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros” y que es Hacienda quien le debe a él 600.000 euros: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”. Ahora sabemos que su pareja estaba dispuesta a declararse culpable de las acusaciones.
González Amador ha sido denunciado por dos delitos contra Hacienda cometido en los ejercicios 2020 y 2021, que en total suman 350.000. Además, la denuncia añade un delito más de falsedad documental por haber intentado pagar menos impuestos presentando facturas por trabajos que no se realizaron nunca. El presunto fraude se cometió para pagar menos impuestos por los casi dos millones de euros que González Amador había ingresado por hacer de intermediario en una compraventa de mascarillas.
El Código Penal y la normativa tributaria recogen varias opciones para que un defraudador fiscal pueda evitar el banquillo o, al menos, ver reducidas sus condenas de manera sustancial. Por el momento, según Hacienda, Alberto González Amador no ha cumplido ninguno de esos requisitos.
Uno de ellos, ya fuera de su alcance, es pagar la deuda antes de saber que se está siendo investigado. En este caso, las indagaciones de la Agencia Tributaria le fueron notificadas a él y a sus empresas en mayo de 2022 sin que, hasta la fecha, haya regularizado su situación, a tenor de lo recogido en los informes del caso.
Otro camino es el de reconocer tanto el delito como pagar la deuda antes de que empiece un hipotético proceso penal. El artículo 305.6 del Código Penal establece que los jueces podrán imponer la condena “inferior en uno o dos grados” siempre que antes de que pasen dos meses desde su citación judicial como imputado el acusado pague su deuda tributaria y “reconozca judicialmente los hechos”.
Alberto González Amador todavía no ha sido imputado. Un juzgado de Madrid, tal y como ha explicado este miércoles elDiario.es, ha recibido la denuncia de la Fiscalía contra él por fraude fiscal y falsedad documental, a la espera de que en las próximas semanas tome una decisión sobre si abre o no una causa y le imputa, tal y como pide el Ministerio Público. Todas estas posibilidades de beneficios penales afectarían a su acusación de delito fiscal, formulada por la Fiscalía en concurso con otro ilícito de falsedad documental por la supuesta falsificación de hasta 15 facturas.
Fuente: Marcos Pinheiro en eldiario.es
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