El abogado de González Amador pregunta a las técnicas de la Agencia Tributaria si sabían que su cliente era pareja de la presidenta durante la inspección y ellas contestan que no y que además hubiera sido irrelevante
Las dos peritos de la Agencia Tributaria que descubrieron el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, han ratificado este viernes ante la jueza que el comisionista usó facturas falsas para defraudar 350.000 euros, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su comparecencia.
En un momento de la declaración, el abogado de González Amador ha preguntado a la instructora del expediente si ella y su compañera conocían que su defendido era pareja de Ia presidenta madrileña mientras realizaron la inspección. Las técnicas han negado que supieran quién era González Amador entonces y han añadido que, en cualquier caso, su relación sentimental con Díaz Ayuso es irrelevante para un inspector de Hacienda si no están casados o son pareja de hecho.
La declaración de la instructora del expediente, que ha explicado el informe de forma pormenorizada, se ha extendido durante casi tres horas. La inspectora ha respondido a las preguntas de todas las partes y la defensa del empresario valora ahora la posibilidad de presentar su propio informe pericial. La otra funcionaria, cuya declaración ha sido más breve, también ha ratificado las conclusiones de la investigación tributaria, de acuerdo a las fuentes consultadas.
El abogado del investigado ha mostrado a las funcionarias fotografías de los viajes que realizó González Amador, según él para cerrar los trabajos correspondientes a las principales facturas falsas que detecta Hacienda. La instructora ha respondido que conoce las fotografías, entre ellas de un viaje a Costa de Marfil y reuniones con sus autoridades. Sin embargo, la perito ha añadido que esas fotos no tienen ninguna relevancia para acreditar que las facturas no sean falsas y respondieran a trabajos reales.
Por su parte, el fiscal del caso ha preguntado a las técnicas de Hacienda si el asesor fiscal de González Amador podía ser conocedor de las irregularidades, presuntamente delitos, que estaba cometiendo el empresario al declarar a Hacienda con facturas falsas. Las peritos de Hacienda han contestado afirmativamente. Se da la circunstancia de que la Fiscalía ha pedido recientemente a la jueza que cite como investigado al asesor fiscal Javier Gómez Fidalgo por su presunta participación en los delitos fiscales de su cliente.
El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la querella de la Fiscalía atribuye a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades. Los elevados ingresos de González Amador respondían a que había cobrado casi dos millones de euros por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de material sanitario en lo peor de la pandemia.
El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude. La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. En ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.
La declaración de los peritos de la Agencia Tributaria es habitual en las investigaciones por delitos económicos. Las técnicas han ratificado las conclusiones del informe del que dieron traslado a la Fiscalía cuando advirtieron que el fraude de González Amador superaba los 120.000 euros por ejercicio y, por tanto, constituía delito.
El trabajo de las peritos de Hacienda se prolongó 18 meses. El análisis del contenido total de su inspección sirvió para que la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, propusieran la apertura de una pieza separada que investigara nuevos delitos que ellos apreciaban en todos esos documentos recabados por Hacienda. La magistrada rechazó en un primer momento hacerlo, pero tras un recurso presentado ante ella por los partidos, lo reconsideró y abrió una pieza separada, aunque no por todos los delitos que apreciaban las acusaciones populares.
La apertura de esa pieza separada fue recurrida por la defensa de González Amador, pero la Audiencia Provincial de Madrid avaló el pasado 3 de marzo que la investigación contra la pareja de Ayuso se amplíe a su relación comercial con el grupo sanitario Quirón. “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, explicaron los jueces. El empresario está citado para comparecer en el marco de esta pieza el próximo 10 de abril.
Fuente: Elena Herrera / Pedro Águeda en eldiario.es (21marzo2025)
Título e imagen editada por @carabanchelnet – RRSS
Fuente: Elena Herrera en eldiario.es (22marzo2025)
Las declaraciones de fiscales y peritos de Hacienda confirman que desconocían que investigaban a la pareja de Ayuso
Las comparecencias ante la Justicia de funcionarios directamente implicados en el caso refutan el relato de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha tratado de presentarse como víctima de una “operación de Estado” por la investigación por fraude fiscal a su pareja
Hace un año que elDiario.es reveló que el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, había defraudado 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Desde entonces, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tratado de presentar a su pareja como víctima de una “operación de Estado” que tendría como fin último atacarla a ella. Es una estrategia con la que ha intentado poner bajo sospecha la inspección inicial de Hacienda, toda la investigación y la denuncia final. Y en la que ha llegado incluso a señalar a “fiscales y funcionarios” que, según sus palabras, querrían mandarle “gotitas de cianuro”.
Es un relato que, sin embargo, refutan las declaraciones hechas en sede judicial —como testigos, con obligación de decir verdad— por funcionarios directamente implicados en el caso. Primero fueron los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra, que sostuvieron el pasado enero en el Tribunal Supremo que ni en la Fiscalía de Madrid ni en la Fiscalía General sabían quién era González Amador hasta días después de que el caso estuviera en manos de los jueces. Este viernes, fueron las inspectoras de Hacienda que descubrieron el fraude quienes afirmaron que no sabían que era la pareja de Ayuso cuando le investigaron. Sus testimonios desmontan, por tanto, la tesis de la persecución política que Ayuso y su gabinete han esgrimido desde que este medio reveló el doble fraude fiscal de su pareja.
Este viernes, la jueza de Madrid Inmaculada Iglesias citó a las inspectoras que firman el informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la querella de la Fiscalía que atribuyó a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. La declaración de la instructora del expediente, que explicó el informe de forma pormenorizada, se extendió durante casi tres horas.
En un momento de la declaración, el abogado de González Amador le preguntó si ella y su compañera conocían que su defendido era pareja de Ia presidenta madrileña mientras realizaron la inspección. Según fuentes conocedoras del contenido de la declaración, las funcionarias negaron que entonces supieran quién era González Amador y añadieron que, en cualquier caso, su relación sentimental con Ayuso es irrelevante para un inspector de Hacienda si no están casados o son pareja de hecho. Las dos funcionarias ratificaron las conclusiones de ese informe que está en el origen de los problemas judiciales del empresario y comisionista.
El entorno de Ayuso dedicó sus esfuerzos en mantener a su pareja en el anonimato cuando trascendió en 2021 que mantenían una relación. Presentado como un “técnico sanitario” en las primeras crónicas, González Amador era en realidad un empresario que trabajaba para el gigante sanitario Quirón y que se había enriquecido con comisiones millonarias durante la pandemia en operaciones de compraventa de mascarillas gracias al encargo de una compañía que administraba su jefe directo en el gigante sanitario.
Una supuesta trama contra “un particular”
Una vez conocida la exclusiva de elDiario.es sobre la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él por defraudar 350.000 euros, la estrategia de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, fue dibujar una supuesta trama del Estado contra “un particular” para perjudicar a la presidenta regional. Sin embargo, los testimonios de diferentes funcionarios desmontan ese relato.
Uno de ellos es el de la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, muy crítica desde hace meses con la gestión del fiscal general del Estado, al que se le investiga en el Supremo por supuestamente difundir información reservada de la pareja de Ayuso. Lastra compareció el pasado enero como testigo en el marco de esa causa y afirmó que no supo hasta el 7 de marzo de 2024 quién era el denunciado en ese caso de fraude fiscal. Esto es, dos días después de que la denuncia fuera presentada en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Y casi dos años después de que Hacienda iniciara su investigación tributaria, lo que ocurrió en mayo de 2022.
Julián Salto es el fiscal especialista en delitos económicos que asumió la investigación de Hacienda y terminó denunciando a González Amador. Sus diligencias arrancaron el 23 de enero de 2024 y el día 5 de marzo de ese año presentó la denuncia en los juzgados de Madrid. Según dijo en el Supremo, se enteró de que González Amador era pareja de Ayuso tres días después, el 8 de marzo, cuando se lo dijo una de sus superiores, Virna Alonso. Una vez lo supo, además, tuvo la deferencia de remitir por correo la denuncia al abogado del empresario en vez de hacerle esperar a que le llegara vía judicial semanas después.
Además, los mensajes y correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono de Pilar Rodríguez, la fiscal provincial imputada, también apuntan en la misma dirección: cuando se presentó la denuncia en el juzgado, en la Fiscalía no sabían quién era González Amador.
De hecho, su causa no llegó a la cúpula del organismo hasta finales de la primera semana de marzo, dos meses después de la apertura de diligencias, una vez presentada la denuncia y casi dos años después del comienzo de la inspección fiscal. Pocas horas después de la exclusiva de elDiario.es, Ayuso llegó a achacar el proceso contra su pareja a que la fiscal provincial fue alto cargo de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuente: Elena Herrera en eldiario.es (22marzo2025)
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