La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González

El novio de la presidenta de Madrid figura en la intranet con un nombre inventado, que se corresponde con el de una sociedad que montó en Florida, y dispone de correo corporativo del gigante sanitario pese a que siempre alegó que era un proveedor externo

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue operando dentro del grupo Quirón Salud con una identidad falsa que figura en la intranet del gigante sanitario y también en su correo corporativo, según ha podido comprobar elDiario.es. Desde que estalló el escándalo de su doble fraude fiscal y la investigación por corrupción en los negocios que lleva a cabo un juzgado de Madrid, el empresario y comisionista aparece en los ficheros internos de Quirónprevención con un nombre inventado: Alberto Burnet González. El cargo que tiene asignado en ese fichero interno es el de “Director de Proyectos, Servicios Centrales” y aparece adscrito a la oficina principal de Quirónprevención en la calle Agustín de Betancourt, en pleno barrio de Chamberí, muy cerca de la doble vivienda que comparte con la presidenta regional.

Fuentes consultadas por elDiario.es descartan que en esa sede central de Quirónprevención trabaje ninguna persona con esa identidad. En la ficha de la Intranet el teléfono que figura como contacto de Alberto Burnet González es el mismo número con el que ha venido operando González Amador en los últimos años (y que elDiario.es no va a reproducir siguiendo la normativa de protección de datos). El mismo teléfono en el que elDiario.es le contactó el 11 de marzo de 2022, la víspera de publicar la exclusiva de su doble fraude fiscal. Cuando se marca ese número ahora, un contestador de la compañía Orange avisa de que no pertenece a ningún cliente.

Aparte de dar de baja ese móvil, también figura como desactivada la dirección de correo electrónico corporativa que González Amador había venido utilizando y que le permitía presentarse ante terceros como personal del grupo Quirón. La compañía, a través de un portavoz oficial, había defendido siempre que González Amador era un proveedor externo que factura por sus servicios, aunque dispusiese de una cuenta corporativa, como sucede con otros cientos de personas. En aquella dirección de correo figuraba su nombre y uno de los apellidos. Ya no está operativa.

En la dirección de correo que ahora consta en los ficheros de Quirónprevención a nombre de “Alberto Burnet González” (y que elDiario.es va a preservar tal y como obliga la ley de protección de datos) también se incluye ese apellido falso: Burnet.

Un portavoz oficial de Quirón Salud confirma a elDiario.es que el perfil de Alberto Burnet González corresponde en realidad a Alberto González Amador y que el cambio se llevó a cabo hace dos años por la gran cantidad de correos que recibía la cuenta anterior tras hacerse pública su relación con la presidenta madrileña: “El caso concreto de la cuenta […] fue creada en 2023 para sustituir a la anterior, debido al extraordinario volumen de correos recibidos tras hacerse pública su relación con una figura pública”.

La relación de González Amador y Ayuso se hizo pública en mayo de 2021 cuando algunas revistas del corazón realizaron reportajes fotográficos sobre la pareja de viaje en Ibiza y el locutor Federico Jiménez Losantos confirmó el noviazgo en su programa radiofónico donde aseguró que la fuente era la propia presidenta de Madrid. En aquel momento solo trascendió que González Amador era un “técnico sanitario”. No fue hasta febrero de 2024 cuando la fiscalía lo denunció por fraude fiscal, una vez cerrada la investigación de dos años de la Agencia Tributaria.

El mismo portavoz de la compañía defiende que más de 1.500 personas externas a la compañía disponen de correos corporativos del grupo: “Quirónprevención opera con 11.492 cuentas de correo (9.967 empleados internos, 684 personal externo de empresas colaboradoras y 841 personal mercantil), necesarias para utilizar las aplicaciones corporativas, recibir notificaciones y acceder, bajo controles de seguridad, a los repositorios de información imprescindibles para su trabajo y subir datos a los aplicativos”.

La dirección de Quirón explica que “la Política de uso seguro del correo corporativo contempla el envío y recepción de información necesaria tanto por personal interno como externo con cuenta corporativa, en función de la necesidad operativa y con las restricciones aplicables según la clasificación de la información”.

El nombre de Burnet que figura en el perfil ficticio de González Amador ya formaba parte de la denominación de una sociedad, Burnet & Brown Investments vinculada a negocios inmobiliarios que González Amador montó en Boca Ratón (Florida) a finales de 2022, cuando ya estaba en marcha la investigación de Hacienda de los ejercicios 2020 y 2021 por los que la pareja de Ayuso acabó siendo denunciado. La misma inspección que lo llevó a reconocer dos fraudes fiscales a través de su abogado en el famoso correo remitido a la fiscalía que desembocó en la condena del fiscal general.

El segundo administrador de Burnet & Brown, César Nieto es un habitual en los negocios de González Amador. Junto a la pareja de Ayuso explota un local de alojamiento turístico en el sur de Madrid y dirigió también una firma panameña administrada por González Amador y el presidente de Quirónprevención, Fernando Camino. Este último es un personaje clave en todos los escándalos que rodean al comisionista: Camino no solo es el mentor de la pareja de Ayuso en el gigante sanitario, también figuraba como consejero de la empresa de Pontevedra Mape Asesores, la misma que ejecutó la compra del material sanitario que reportó a la pareja de Ayuso dos millones de euros en comisiones.

La relación comercial entre Fernando Camino y González Amador viene de lejos, ambos ya colaboraron en una mutua anterior, pero el negocio se ha multiplicado desde que el comisionista inició su relación con la presidenta de Madrid a principios de 2021. A partir de ahí, los pagos de Quirónprevención a González Amador se cuadriplican hasta superar el millón de euros, cuatro veces más de lo que había recibido de la misma compañía el año anterior.

Entre 2021 y 2024 el Gobierno de Ayuso ha pagado al gigante sanitario casi 5.000 millones de euros el doble de lo que la Consejería de Sanidad había presupuestado. Los vínculos de Alberto González Amador con el grupo sanitario llegan al punto de que el propio jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tenía agendado en su teléfono móvil a la pareja de la presidenta como “Alberto Quirón”, tal y como trascendió en la causa abierta contra el fiscal general.

A tenor de lo que figura en la Intranet de la compañía, los vínculos entre Quironprevención y González Amador continúan a pesar de la investigación por corrupción en los negocios que ha abierto un juzgado a González Amador por la compra de una sociedad a la esposa del presidente de Quirónprevención y que se investiga como un posible soborno. Aunque ahora en los ficheros de la empresa no figure el nombre de la pareja de Ayuso, sino su nueva identidad falsa: Alberto Burnet González.

Fuente: José Precedo en eldiario.es

Fuente: Rosa María Artal en eldiario.es

El precio de la impunIDAd

La consecuencia directa es una autorización explícita para reincidir en los abusos sin el menor coste. A las trampas que hacen tambalear el Estado de Derecho, a la carísima impunidad de los verdaderos culpables: todos cuantos la respaldan en cualquier grado

Este 9 de diciembre de 2025 nos hemos enterado de que desmentir un bulo, confirmado como tal, acarrea una pena de dos años de inhabilitación a un alto cargo del Estado. Que no es culpable de lo que le acusan porque la sentencia no demuestra quién fue el autor del delito que le atribuyen… por intuición. Y, desde luego, hoy se ha confirmado que mentir no tiene la más mínima consecuencia en esta España de hoy por muchos que sean los daños que acarree y que, en ciertos asuntos de trascendencia, pueden llegar a ser gravísimos.

Se acumulan las historias de serios perjuicios a la sociedad protagonizadas por destacados líderes del PP en Comunidades autónomas y en ámbitos de influencia de esa derecha que no se circunscribe a la política. La historia se repite, una y otra vez. Y es similar en todos los atropellos a los que estamos asistiendo. La impunidad de la que disfrutan supone una autorización explícita para repetir sus abusos. La primera, la decisiva, es esa llave que obtienen en muchos casos de ciudadanos, medios, jueces, para que reincidan sin el menor coste. El ejemplo más reciente es el del Tribunal Supremo cuya sentencia parece autorizar al PP de Madrid -tal vez el gobierno más sucio de España- a afirmaciones de este calibre: “El Fiscal General del Estado se valió de su posición para cometer delitos y ayudar al Gobierno de Pedro Sánchez contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso”. Y a sacar provecho de ello. Y a que todo el coro y sus ecos repliquen argumentos similares. En realidad es una cadena en los que unos se autorizan a otros a ejecutar variadas tropelías.

Mientras el guirigay de gritos, bulos, insultos, hiperbólicas descalificaciones tapona la capacidad de discernir, diferentes gestores del Partido Popular operan y dañan sin que les suponga problema alguno. Es de los asuntos más graves y de mayor trascendencia que estamos viviendo. ¡Y de su entorno! por la doctrina impuesta este martes por el Supremo los entornos tienen culpabilidadas insospechadas.

Salen a la luz pufos inmensos como el del Hospital de Torrejón de Ardoz y se planta la presidenta Díaz Ayuso ante las cámaras y dice que lo que oyeron nuestros oídos del CEO Gallart y leyeron nuestros ojos en las denuncias de los propios trabajadores del centro son rencillas entre directivos y están manipuladas. Añade, sin dudar, que se deben a las ganas de Pedro Sánchez de tapar, agrediendo “a Madrid”, la corrupción que le atribuye la novia del acusado de casi media docena delitos de entidad que disfruta en un doble piso con ático incorporado de esas ganancias presuntamente delictivas.  Y hoy brindando con champán francés por la sentencia, tan de su gusto, del Supremo contra el fiscal general que el novio de la novia promovió con su denuncia.  

Ni un músculo le tiembla a Ayuso al oír que el CEO proponía desechar dolencias caras o rebajar la calificación de grave a leve en las urgencias. Dentro de su lógica, si le ha salido gratis el Protocolo de la Vergüenza que impuso la comunidad que preside para no derivar a hospitales a 7291 ancianos que murieron sin siquiera asistencia médica, ni respiradores para su asfixia, qué diablos le va a importar esos procedimientos sanitarios que resultan más rentables para la empresa concesionaria del hospital.

Más de cinco años llevan los familiares de las víctimas en las residencias luchando por encontrar justicia. Muchos piden que por lo menos no se repitan hechos similares, y ése es el quid de la cuestión. ¿Cómo no se va a repetir si no pasa nada? Tan solo la incomodidad de algunos de sus altos cargos en tener que acudir cada cierto tiempo al juzgado, ahora ya ni van. Los fieles a Ayuso comprenden que en una situación de emergencia sanitaria, la presidenta se gaste 170 millones de euros del dinero de todos en levantar un hospital inservible como tal, el Zendal, que dio trabajo eso así a las grandes constructoras amigas. Claro que sectores de la justicia que conocieron los casos tampoco hicieron gran cosa y que los medios a los que subvenciona –con dinero público- no le ven ni un defecto. Cuesta pensar que esos ancianos morían, como lo hicieron, mientras Ayuso descansaba en alguno de los áticos que adora.

En la Comunidad Valenciana ya supieron amargamente de la gestión del Hospital de Alzira de Ribera Salud, la misma empresa que gestiona el de Torrejón en Madrid, pero no acabaron ahí sus problemas. Con 230 víctimas mortales de la DANA, cuentan por fortuna con una jueza que busca la verdad con esmero, apoyada en pruebas y no cede a las presiones que las tiene y notables. Y así hemos ido sabiendo de una sarta de mentiras que sonrojan a cualquier persona decente. No a nadie del PP, claro. Qué manera de echar culpas a otros, a organismos que velan por la seguridad de todos, al presidente del gobierno de España, cuando Mazón se pasó varias horas comiendo con una periodista, impasible ante la tragedia que se estaba desarrollando en la Comunidad que presidía. Es insólito que se pueda llegar a ese nivel de desvergüenza y lo hace y solo le ha costado el puesto. Lo hereda otro colega que lo deja colocado con cargo, sueldo, coche oficial y asesores. La entonces vicepresidenta, Salomé Pradas, se comió el marrón inicial, defendió a Mazón y mintió hasta que ha visto las orejas al lobo. El nuevo president ya sabe que si se coloca unos buenos cascos para las protestas en la calle cabe todo en el saco.

Moreno Bonilla ha tenido el valor de ir contra la asociación Amama que denunció los errores de bulto, de bulto mastodóntico, con la comunicación de las mamografías de cribado del cáncer de mama. La justicia ha fallado que después no manipuló o silenció los informes: fue un fallo informático por saturación de la red cuando buscaban masivamente datos mujeres -desesperadas- pero el retraso existió y hubo muertes y amputaciones. A ver qué tal se le dan las elecciones, que el sanchismo es muy malo les dicen, tantos, tan fiables. Es el tratamiento de los incendios en Castilla y León y en Galicia, ese salpicado de problemas en Murcia. La lista es interminable y ellos nunca tiene la culpa, siempre son otros. Los señalan incluso.

Parece claro que el PP en la gestión es un peligro para la salud e integridad de los ciudadanos al menor descuido, a la más rentable privatización que surja, pero no les pasa factura. Por eso se repite una y otra vez. Son personas de carne y hueso quienes les autorizan a reincidir. ¡Qué van a hacer! si les halagan igual o más “sus” medios, les miman sus jueces, les votan los ciudadanos, víctimas potenciales. Nadie está libre de errores, pero ¿de este calibre?

Problema añadido es el modelo sanitario del PP -y no digamos si se junta con Vox-. Es el de Alzira en Valencia, el de la Comunidad de Madrid que creó Esperanza Aguirre y ha heredado con gran aprovechamiento Ayuso. Los que empezaron a llamar clientes a los pacientes en un nada inocente cambio de denominación.  Ahora mismo, Madrid bloquea las ecografías en centros de salud del sur por falta de radiólogos -problema que también sufren otros hospitales públicos-. Los pacientes no engrosan las estadísticas oficiales de listas de espera porque les dicen que las agendas están cerradas. Pero sí ofertan los hospitales de “gestión privada” a los que pagan un dineral por el servicio: Quirón en cabeza, aligera mucho las citas. Hay dolencias que no pueden esperar. Un dilema casi ético. Ay, qué dije, no les amenace.

Todo este fiasco -para los ciudadanos, no para las empresas ni los políticos, parte de la Ley 15/97 sobre “Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud”, del gobierno de Aznar con el gallego Romay Beccaría -mentor de Rajoy y Feijóo- en sanidad. Fue aprobada con los votos de PP y PSOE, CiU, PNV y CC. En contra votaron IU y BNG. Con una reforma no se apaña, pero si meten mano a ese melón que aún, estando por debajo de la media UE (7.4%), se lleva alrededor del  6.5% del PIB y cerca del 9.53% del PIB sumado el Gasto Sanitario Público y Privado, van a acabar en algún juzgado y en los medios vociferantes hasta las mascotas de los dirigentes del PSOE y vilipendiados los periodistas que lo denuncien. Es un riesgo que merece la pena afrontar sin embargo ¿no les parece?

Ni siquiera es solo eso, siendo mucho. Si cada ciudadano, aunque ni piense en los demás, no es capaz de entender y responsabilizarse de lo que conviene incluso en su salud y su vida, para él y su familia, y prefiere el grito estentóreo y el odio, pues… así estamos: dando autorización expresa a privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de los ciudadanos, a mentiras y trampas que hacen tambalear el Estado de Derecho, a esa prepotencia que ejecuta sin miramientos, con insoportable soberbia; a la impunidad, a la carísima impunidad de los verdaderos culpables: todos cuantos de una u otra forma la respaldan en cualquier grado.

Fuente: Rosa María Artal en eldiario.es