La acusación popular, que lidera el PSOE, y la Fiscalía habían reclamado la implicación de la unidad de élite de la Guardia Civil y la jueza adopta la decisión después de no creerse la versión de González Amador en el juzgado y ante la posibilidad de que se haya cometido blanqueo de capitales
La magistrada que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha acordado la implicación en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal y como habían reclamado la acusación popular, que lidera el PSOE, y la Fiscalía.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Inmaculada Iglesias afirma que “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”, procede encargar a la unidad de élite del instituto armado “que investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias” para indagar en las operaciones que mantienen imputado al empresario por corrupción en los negocios y administración desleal.
La jueza también estima necesaria la participación de la UCO ante la posibilidad de que los presuntos implicados hayan “transformado” o “disimulado” las ganancias “para ocultar el origen ilícito”, lo que apunta ya a un posible blanqueo de capitales, delito que por ahora no se investigaba.
La Fiscalía y la jueza aprecian indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. González Amador abonó esa cantidad por una empresa de la mujer de Camino que no había facturado ni 30.000 euros en el último ejercicio y carecía de patrimonio o trabajadores.
Ante la jueza, el empresario declaró que si pagó casi medio millón de euros por una sociedad que apenas facturaba era por la red de distribución que tenía y, por tanto, no se trataba de un soborno a un directivo de Quirón. Tras su declaración, la jueza decidió imputar a la esposa de este directivo, la farmacéutica Gloria Carrasco, que aseguró que la venta fue “razonable”.
La magistrada adopta la decisión de implicar a la UCO en funciones de policía judicial después de escuchar la versión de González Amador y Carrasco y de que no la convencieran. En el auto, la jueza abunda en la tesis del soborno detrás de la compra de la sociedad, ya fuera como pago por parte de González Amador al presidente de Quirón Prevención por una comisión de dos millones que ganó la pareja de Ayuso y que facilitó desde otra empresa Camino; o como contraprestación por haber hecho que el novio de la presidenta aumentara su facturación a la empresa sanitaria antes de empezar su relación con ella.La magistrada adopta la decisión de implicar a la UCO en funciones de policía judicial después de escuchar la versión de González Amador y Carrasco y de que no la convencieran. En el auto, la jueza abunda en la tesis del soborno detrás de la compra de la sociedad, ya fuera como pago por parte de González Amador al presidente de Quirón Prevención por una comisión de dos millones que ganó la pareja de Ayuso y que facilitó desde otra empresa Camino; o como contraprestación por haber hecho que el novio de la presidenta aumentara su facturación a la empresa sanitaria antes de empezar su relación con ella.
La acusación popular, que ejerce el PSOE y Más Madrid, habían solicitado una batería de diligencias, incluida la imputación de Fernando Camino, decisión que por ahora no adopta la jueza. PSOE y Más Madrid fueron los primeros en reclamar la implicación de la UCO y de la UDEF de la Policía en el caso para investigar el patrimonio de González Amador y los vínculos societarios entre los presuntos implicados, respectivamente. La jueza aseguró que adoptaría una decisión sobre las peticiones de la acusación popular tras escuchar a Gloria Carrasco. Su versión, coincidente con la de González Amador, ha motivado que la jueza de un impulso al caso.
Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es
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La jueza no cree a la pareja de Ayuso e impulsa la investigación por el “soborno” a un directivo de Quirón [Vídeos]
La magistrada Iglesias habla ya de una presunta “trama delictiva compleja” y pide a la UCO que investigue hechos que se corresponden con los delitos de organización criminal y de blanqueo de capitales
La jueza que investiga a Alberto González Amador acaba de abrir una nueva fase de la investigación contra él por la comisión de dos millones de euros que se embolsó en pandemia. La magistrada Inmaculada Iglesias ha descartado las explicaciones que ofrecieron el empresario y su presunta cómplice, la farmacéutica Gloria Carrasco, y ha reclamado la intervención en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La jueza razona la intervención de la unidad especializada del instituto armado en la “complejidad” y el “carácter interprovincial” de lo que ya califica como “trama aparentemente delictiva”, requisitos propios del delito de organización criminal. También reclama a la UCO porque necesita de la cualificación de los agentes para indagar en un posible delito de blanqueo de capitales. O como dice textualmente la jueza, para que determinan “si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar su origen ilícito”.
El empresario Alberto González Amador realizó la operación más importante de su carrera al obtener 1.973.000 euros de comisión por una sola intermediación para la venta de mascarillas por parte de una empresa catalana a otra gallega en enero de 2020, tal y como desveló elDiario.es. Como también adelantó este medio, la sociedad gallega, la que pagó 42 millones por el material, se llama Mape y en su consejo de administración se sentaba Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.
En mayo de 2020, tres meses después del éxito de González Amador, el empresario y comisionista compró una sociedad, sin apenas valor, a Gloria Carrasco, mujer de Fernando Camino, por medio millón de euros. La jueza sospecha que se trató del pago encubierto de una comisión al presidente de Quirón Prevención por facilitar que Mape comprara el material sanitario y González Amador se embolsara los casi dos millones de euros. La Fiscalía habla de posible “soborno” al directivo de la empresa sanitaria que ingresa casi mil millones al año de la Comunidad de Madrid.
Alberto González Amador declaró como investigado en la pieza de su caso que aborda estos hechos el pasado 10 de abril. Después de dos horas ofreciendo explicaciones a la jueza, la pareja de Ayuso dijo a los periodistas que estaba muy satisfecho y que esperaba el rápido archivo de las actuaciones. El 6 de junio comenzaron a torcerse sus previsiones. La jueza citó como imputada a Gloria Carrasco, quien declaró el jueves de la semana pasada.
Ambos coincidieron en trasladar a la jueza que esa pequeña sociedad, Círculo de Belleza SL, que apenas facturaba 30.000 euros al año, no tenía empleados y contaba con un patrimonio de tres aparatos de depilación y un ordenador portátil, sí que valía medio millón de euros por la oportunidad de negocio que suponían sus contactos en una red de farmacias a través de la que ampliar la facturación.
Ocho días después de la declaración de Gloria Carrasco, la previsión de González Amador de un rápido archivo ha quedado totalmente arruinada. La incorporación de la UCO a la investigación supone un salto cualitativo y demuestra que la jueza no creyó a ninguno de los dos investigados.
La acusación popular, de PSOE y Más Madrid, conscientes del impulso que darían las unidades especializadas al caso había solicitado que participaran en el mismo repartiéndose tareas. La Fiscalía se posicionó a favor de que la UCO de la Guardia Civil se convirtiera en la policía judicial del caso, decisión que ha adoptado finalmente la magistrada.
Las características del caso derivan los trabajos al Departamento de Delitos Económicos y contra la Corrupción de la UCO, que lidera el teniente coronel Antonio Balas, el mismo que investiga, entre otros muchos, el caso de presunta corrupción de los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
La jueza Iglesias deja entrever cómo ha ido formando su criterio acerca de la trama liderada presuntamente por Alberto González Amador. Por primera vez, la jueza traslada en su auto del viernes que los 500.000 euros pagados por la sociedad de la mujer de Fernando Camino pudieran deberse, no a la comisión por la venta de las mascarillas, sino, o también, por un intercambio consistente en que el presidente de Quirón Prevención realizara más encargos a la actual pareja de Ayuso y este aumentara su facturación.
La primera noticia de la relación sentimental entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador fueron unas fotos de ambos en Ibiza en mayo de 2021. La compra de la empresa y la comisión son del año anterior, pero desde que González Amador comparte su vida con la presidenta madrileña, su facturación a Quirón se ha multiplicado por cuatro.
Un 1.000% más de valor
La jueza también advierte de que el pago de casi 500.000 euros por Círculo de Belleza supuso que sus participaciones crecieran un 1.000% de valor, apenas tres meses después de que se hubieran desprendido de sus acciones tanto Fernando Camino como el hermano de Gloria Carrasco, vendiéndoselas ambos a la farmacéutica.
La pareja de Ayuso transformó Círculo de Belleza SL en Masterman & Whitaker. Y sin dotarla de medios ni empleados le transfirió “ficticiamente” un trabajo asignado por Quirón Prevención a la que era la empresa de cabecera de González Amador, de nombre Maxwell Cremona. La transferencia contó con el acuerdo expreso de Quirón.
En realidad fue la empresa de cabecera de Alberto González Amador la que realizó los trabajos, según sospechó desde un primer momento la inspección de Hacienda. El objetivo sería pagar menos impuestos de los que le correspondían por el encargo de Quirón Prevención.
La acusación popular también había solicitado la imputación de Fernando Camino y la declaración como testigo de otro directivo de Quirón que habría firmado la transferencia del encargo de una empresa a otra de González Amador. Por el momento, la jueza no adopta estas diligencias. A la espera del resultado de los trabajos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es
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