Los familiares de las víctimas celebran la decisión y piden a los cargos medios que “tiren de la manta” y señalen quiénes fueron esos autores intelectuales de los protocolos, que este martes 18 cumplen cinco años
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha comunicado este lunes que presentará nueve denuncias para investigar si se denegaron prestación sanitaria a mayores en residencias de la región. Esta denuncia, según el comunicado, irá destinada a conocer la acción de los geriatras de referencia en la comunidad y de los hospitales a los cuales sí se derivaba hasta ese momento a los residentes de los centros asistenciales.
Esta decisión se produce después de la reunión que el pasado noviembre tuvo la fiscal con la asociación Marea de Residencias y Verdad y Justicia, donde los familiares de fallecidos presentaron 109 denuncias sobre 115 personas fallecidas en marzo de 2020 que residían en centros de la Comunidad de Madrid. De estos 109 casos salen las nueve denuncias que ahora presenta la fiscalía madrileña y que, considera, no han sido investigadas hasta ahora.
La investigación se dirigiría a esclarecer si hubo denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios
Actualmente, en los juzgados madrileños existen decenas de denuncias en instrucción, otras archivadas y otras tantas en la Constitución con amparos de recurso. A estas se unen las 109 denuncias presentadas a Almudena Lastra que llevan una estrategia diferente: la denuncia se dirige a los altos cargos del Ejecutivo madrileño, entre ellos a la Isabel Díaz Ayuso y al ex consejero Enrique Ruiz Escuder-(VIDEO), por el supuesto delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Hasta las acusaciones por la vía penal habían pasado por homicidio impudente, prevaricación y omisión del deber de socorro-(VIDEO).
El pasado 8 de enero informaban que la Fiscalía les ha llamado a declarar, el primer paso para que se abra una investigación sobre lo sucedido en los peores meses del covid, cuando fallecieron sin atención médica 7.291 mayores en función de unos protocolos firmados por altos cargos del gobierno.
Hasta las acusaciones por la vía penal habían pasado por homicidio impudente, prevaricación y omisión del deber de socorro
Desde Marea de Residencia y Verdad y Justicia se felicitan por el paso dado por la Fiscalía y consideran que “es un primer paso decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas de las residencias”. Las asociaciones piden a Carlos Mur-(VIDEO) y al resto de denunciados “que tiren de la manta” y señalen quiénes fueron esos autores intelectuales de los protocolo excluyentes. Estos protocolos cumplen el martes 18 de marzo cinco años de su aprobación, recuerdan desde las asociaciones.
Los familiares de fallecidos también tachan de “relevante” que la Fiscalía provincial señale que los sanitarios “hicieron todo lo que pudieron, incluso arriesgando su vida y salud”, por ayudar a los afectados por el coronavirus. “Esto efectivamente es así y desenmascara a algunos políticos que torticeramente intentan trasladar a la opinión pública que los denunciantes van contra los médicos que trabajaban en las residencias”, comentan la asociaciones denunciantes, que piden al Gobierno regional que colabore con la justicia.
La fiscalía “desenmascara a algunos políticos que torticeramente intentan trasladar que los denunciantes van contra los médicos que trabajaban en las residencias”
Juzgados de El Escorial, de Collado-Villalba, Majadahonda, Torrelaguna, Getafe-Leganés, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Móstoles-Fuenlabrada y la capital han tramitado numerosos otros casos de fallecidos en residencias madrileñas sin asistencia médica. Entre los más conocidos está la macro querella que se impuso por 350 casos con más de 700 familiares respaldando la denuncia. De estos casos, 150 siguen en instrucción en varios juzgados de la Comunidad de Madrid, otros 80 casos han apelado al Tribunal Constitucional con recursos de amparo contra el archivo y el resto han sido desestimados.
Entre los argumentos de los juzgados para desestimar o archivar las causas están los informes forenses que estiman que aunque no fueron llevados a hospitales o en residencias medicalizadas no hubiera cambiado el final de estas personas o que se trata de un recorrido administrativo por la discriminación pero no penal.
Discriminados y fallecidos también en sus domicilios
A estos procesos judiciales abiertos por los protocolos de exclusión en las residencias de mayores se unen los abiertos por la discriminación de personas dependientes en sus domicilios. Tal y como publicó El Salto estos protocolos también fueron enviados a los centros de salud. El 23 de marzo, y en pleno pico de pandemia, los centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid recibieron una orden de la consejería de Sanidad, a la que tuvo acceso El Salto, para establecer una serie de criterios a la hora de valorar la permanencia en el domicilio y la no derivación hospitalaria de pacientes afectados por covid-19 y con signos de dificultad respiratoria.
Fuente: elsaltodiario.com
Fuente: contrainformacion.es
Ayuso miente: los protocolos de Madrid fueron los más restrictivos y están documentados
La presidenta intenta desviar la atención mientras las cifras y los documentos desmienten su relato
Isabel Díaz Ayuso lleva años intentando desvincularse de las consecuencias de los protocolos que su Gobierno aplicó en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia en 2020. La estrategia es clara: negar la existencia de esos documentos y señalar con el dedo a otras comunidades para diluir responsabilidades. Pero los hechos son irrefutables: Madrid fue la única región que puso por escrito directrices para negar el ingreso hospitalario a mayores de residencias, incluso en casos graves.
Cuatro protocolos firmados por Carlos Mur-(VIDEO), entonces director de Coordinación Sociosanitaria de Madrid, detallaban las condiciones que debían cumplir los residentes para ser trasladados a un hospital. Personas con problemas de movilidad o deterioro cognitivo quedaron automáticamente excluidas. Esto afectaba a la mayoría de los 50.000 mayores que vivían en las 474 residencias de la región.
Entre el 7 de marzo y el 10 de abril de 2020, las residencias de Madrid quedaron convertidas en auténticas trampas mortales. Si una residencia detectaba un caso sospechoso de covid, ya no podía llamar directamente al 061 para solicitar una ambulancia. La decisión quedaba en manos de un geriatra que, de manera telefónica y siguiendo los criterios del protocolo, tenía la potestad para autorizar o rechazar el traslado al hospital. El resultado fue catastrófico: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 7.269 mayores murieron en residencias madrileñas solo en marzo y abril de 2020.
Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras denunciaron el caso de Madrid de manera explícita. La primera lo calificó como una violación múltiple de derechos humanos: derecho a la vida, a la salud, a una muerte digna, a la vida privada y a la no discriminación. Lo que Madrid hizo no fue solo un error de gestión, sino una decisión política que costó miles de vidas.
Alberto Reyero-(VIDEO), el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha sido tajante en sus declaraciones desde 2020: “O el residente va al hospital o el hospital va a la residencia”. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Reyero dimitió en protesta por la decisión de Ayuso de no medicalizar las residencias y de destinar los recursos sanitarios al hospital de campaña de Ifema, donde no se admitía a mayores de residencias.
LO QUE PASÓ EN OTRAS COMUNIDADES NO FUE LO MISMO
Ayuso intenta ahora equiparar la situación de Madrid con la de otras comunidades para justificar su gestión. Sin embargo, los protocolos madrileños fueron los más restrictivos y los únicos con una orden por escrito firmada y enviada por un alto cargo del Gobierno regional.
Es cierto que otras comunidades aplicaron criterios de exclusión, pero de manera diferente:
Cataluña redactó un protocolo el 25 de marzo de 2020 en el que recomendaba no ingresar en la UCI a mayores de 80 años, pero sí admitía la hospitalización en planta si las condiciones lo permitían. Además, ofrecía una red de atención primaria para seguimiento y cuidados paliativos.
Galicia replicó en parte el protocolo de Madrid, pero habilitó centros específicos para mayores con covid (Porta do Camiño y Baños de Molgas). El objetivo era que los mayores recibieran atención médica especializada fuera de las residencias.
Castilla y León fue aún más restrictiva que Madrid en teoría, pero en la práctica creó equipos especiales para tratar a los enfermos en las residencias, cosa que en Madrid nunca ocurrió.
Aragón estableció un protocolo el 21 de marzo para desaconsejar la hospitalización de mayores de 80 años que vivieran en domicilios particulares, pero al mismo tiempo creó unidades especiales de atención para pacientes covid en residencias.
Canarias elaboró directrices semejantes a las de Madrid, pero la baja incidencia en la región hizo que no se aplicaran de manera generalizada.
El elemento diferenciador es claro: Madrid fue la única comunidad que dio orden por escrito de no hospitalizar a mayores de residencias y la única que aplicó esta política de manera sistemática. Además, el Gobierno de Ayuso no tomó medidas para reforzar la atención médica en las residencias, a pesar de contar con más de 1.000 profesionales sanitarios que, en su lugar, fueron enviados a Ifema.
Según datos del INE, Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020. Las 7.269 muertes en residencias durante marzo y abril solo fueron superadas por Cataluña, con 6.864, pero con la diferencia de que en Cataluña sí se intentó reforzar la red sanitaria en residencias y domicilios.
Ayuso se ha escudado en que “nadie sabía cómo actuar” durante la primera ola de la pandemia, pero la realidad es que sí hubo decisiones políticas y sanitarias concretas que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Madrid redactó esos protocolos. Madrid aplicó esos protocolos. Y Madrid dejó morir a miles de mayores mientras Ayuso posaba en Ifema y hablaba de libertad.
Fuente: contrainformacion.es
Fuente: Carlos Barra Galán en nuevatribuna.es
Ayuso desenfrenada: comienza su declive
Creo haber percibido en las últimas semanas una escalada aún mayor en el comportamiento agresivo, descalificador y pleno de mentiras de la presidenta Ayuso y algunos de sus colaboradores más cercanos
Es sobradamente conocida la forma de practicar el ejercicio del poder político por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso particularmente tras la obtención de la mayoría absoluta en mayo de 2023; es un discurso el suyo tremendamente agresivo, repleto de afirmaciones falsas, declaraciones absurdas y exentas de un mínimo fundamento, con un desprecio absoluto a la oposición, de corte negacionista al tildar de falsas evidencias incuestionables, y con acusaciones infundadas y constantes a máximos responsables de las Instituciones del Estado, a las que no duda en desprestigiar de forma reiterada.
Dicho lo anterior, creo haber percibido en las últimas semanas una escalada aún mayor en el comportamiento agresivo, descalificador y pleno de mentiras de la presidenta Ayuso y algunos de sus colaboradores más cercanos; en mi opinión ello obedece a que se está instalando un clima de intranquilidad y nerviosismo en la Sra. Ayuso y su entorno más cercano.
Lo ocurrido en las Residencias de Mayores exige la asunción de responsabilidades y en un Estado de Derecho como el nuestro esto tiene que producirse
De ser cierta esta percepción que manifiesto, cabría preguntarse, qué hechos están ocurriendo en la vida política de la Comunidad de Madrid que pudieran generar ese nerviosismo que en mi opinión deja traslucir la Sra. Ayuso.
¿Podría ser la causa el escandaloso caso de presunta corrupción en el ámbito de FP, siendo consejero del ramo en aquellas fechas el actual presidente de la Asamblea de Madrid? ¿Acaso la causa de ese desenfreno de la presidenta Ayuso sería la difícil situación judicial en que se encuentra la persona con quién convive? ¿no será la causa del nerviosismo de Ayuso y su gobierno, la gestión negligente y exenta de toda ética, llevada a cabo en las Residencias de Mayores durante los primeros meses de la pandemia, donde su pudieron vulnerar derechos fundamentales de las personas allí residentes? Reflexionemos sobre estas cuestiones.
Es una evidencia incuestionable que la gestión política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid particularmente desde la llegada al poder de Esperanza Aguirre tras el tamayazo, ha estado repleta de gravísimos episodios de corrupción. Enumerar todos ellos se hace innecesario y además ocuparían mucho espacio, son sobradamente conocidos y aún hoy están de actualidad, valga como ejemplo la reciente sentencia a siete años de cárcel en el caso Ciudad de la Justicia al entonces vicepresidente del gobierno autonómico Sr. Alfredo Prada. En aquel emblemático proyecto fallido, defendido de manera ardiente por Esperanza Aguirre, se enterraron más de cien millones de euros de dinero público con actuaciones que se han probado delictivas.
Es una evidencia incuestionable que la gestión política de los gobiernos del PP en Madrid, desde la llegada al poder de Esperanza Aguirre tras el tamayazo, ha estado repleta de gravísimos episodios de corrupción
La utilización irregular de las normas que rigen la contratación pública han sido y en mi opinión siguen siendo una pauta muy habitual en la Administración Autonómica madrileña desde hace muchos años, y es en la vulneración de esas normas donde se fundamenta el procedimiento judicial en marcha en relación a los contratos de construcción y reforma de centros de Formación Profesional (FP), realizados la gran mayoría durante el periodo en que el actual Presidente de la Asamblea de Madrid, Sr. Enrique Ossorio, era Consejero de Educación, y la Sra. Rocío Albert, actual Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, era en aquellas fechas Viceconsejera de Política Educativa, según han publicado diferentes medios.
El fraccionamiento de contratos públicos para evitar así tener que sacarlos a concurso público con la total publicidad y libre concurrencia que ello comporta, es un terreno abonado a poder realizar adjudicaciones dirigidas a determinadas empresas, y en el llamado CASO FP se estaría hablando según lo publicado de más de trescientos contratos. Este procedimiento irregular que vulnera el espíritu de la ley ha sido un modus operandi habitual en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años y ha sido denunciado en muchas ocasiones.
Es presumible pensar que este caso y su desarrollo en sede judicial pueda preocupar a la presidenta Ayuso, pero en mi opinión no creo sea determinante en la actitud más agresiva y totalmente fuera de lugar que mantiene últimamente. Los máximos dirigentes del Partido Popular han tenido mucha experiencia en convivir con prácticas corruptas realizadas en instituciones de las que eran responsables y han mantenido bien el tipo sin alterarse mínimamente; citemos como ejemplo a Esperanza Aguirre que siendo la máxima responsable de los gobiernos autonómicos en los que se produjeron casos de corrupción gravísimos, aguantó muchos años sobrenadando en su charca de ranas saliendo de ella indemne.
Cuestión distinta es la difícil situación judicial en que se encuentra la actual pareja de la presidenta Ayuso, el Sr. González Amador, a quién la Fiscalía denunció por fraude fiscal y falsedad documental.
La utilización del jefe de Gabinete de la Presidenta para expandir un bulo, las propias declaraciones de la Sra. Ayuso tratando de tergiversar la verdad, ponen de manifiesto que este suceso y su desarrollo judicial sí preocupa seriamente a la Presidenta Ayuso.
El fraccionamiento de contratos públicos para evitar así tener que sacarlos a concurso público con la total publicidad y libre concurrencia que ello comporta, es un terreno abonado a poder realizar adjudicaciones dirigidas a determinadas empresas
Lo cierto es que el Sr. González Amador a través de su abogado ha reconocido en un escrito remitido a la Fiscalía haber cometido fraude fiscal (350.000 euros) utilizando además facturas falsas, para así intentar conseguir un acuerdo que le evitara entrar en prisión. Recientemente la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que la investigación se amplíe a la relación comercial del Sr. González Amador con el grupo sanitario Quirón mediante una pieza separada donde la Fiscalía aprecia un posible delito de corrupción en los negocios y ampliación del delito fiscal.
Resulta realmente sorprendente que la presidenta Sra. Ayuso esté haciendo una defensa tan temeraria y reiterada del Sr. González Amador utilizando su posición institucional y sus resortes. En mi opinión y con todos los datos conocidos en la mano, la Sra. Ayuso ha cometido un error político de extraordinaria magnitud y ello es difícilmente explicable en una máxima dirigente de un partido tan importante como el Partido Popular.
No me cabe duda alguna que este asunto sí ha determinado una mayor virulencia y agresividad en las intervenciones y declaraciones de la Sra. Ayuso, y ello es fácilmente entendible, pues ella misma ha decidido ser protagonista activa utilizando su cargo institucional en un asunto que debiera haber quedado dentro de los cauces normales de investigación a un señor que había reconocido haber cometido fraude fiscal y falsedad documental ante la Fiscalía. Me sigue resultando inexplicable con los datos que conocemos hasta ahora, poder entender una actuación política tan errónea como la realizada por la presidenta Ayuso en este asunto.
Quizá sepamos en algún momento por qué la Sra. Ayuso tuvo y tiene esa posición tan inexplicable en este tema, que lejos de desvanecerse va tomando tintes más complejos con la aparición en escena del mayor beneficiario de la privatización sanitaria madrileña, el grupo Quirón y la relación parece que estrecha, de algún directivo de esta empresa con el Sr. González Amador.
Cuestión distinta es la difícil situación judicial en que se encuentra la actual pareja de la presidenta Ayuso, el Sr. González Amador, a quién la Fiscalía denunció por fraude fiscal y falsedad documental
He manifestado en varios artículos publicados anteriormente en Nuevatribuna.es, mi opinión sobre la gestión sanitaria del Gobierno de la Sra. Ayuso en el conjunto de la pandemia y particularmente en las Residencias de Mayores, por tanto no repetiré lo ya expresado en ellos, pero en aras a lo ocurrido tras el anuncio de la programación y posterior emisión del documental 7.291 en Televisión Española sí creo necesario realizar alguna puntualización, más aún tras haber asistido a la respuesta descontrolada, soberbia, tergiversadora de los datos reales y políticamente profundamente errónea, tanto de la Presidenta Ayuso como del Secretario General de su partido en Madrid y senador, el Sr. Alfonso Serrano.
Pretender imponer la emisión de un video de propaganda política a un medio televisivo público desde una Institución tan importante como la Presidencia de una Comunidad Autónoma es de una zafiedad insuperable que deja traslucir el concepto de autonomía de un medio que tiene la presidenta madrileña. Su petición supone una grave intromisión en el desarrollo profesional de quienes trabajan en un medio, más aún en este caso por tratarse de una televisión pública.
No menos desafortunada, impropia, descalificadora e insultante fue la intervención del Sr. Alfonso Serrano que intervenía como secretario general del Partido Popular de Madrid y senador, toda vez que la presidenta Ayuso o cualquier miembro del gobierno autonómico habían rehusado la invitación de Televisión para intervenir.
El Sr. Serrano tuvo muchos minutos para poder haber argumentado con datos ciertos no tergiversados, la gestión en las Residencias de Mayores llevada a cabo por el gobierno Ayuso, pudo explicar por qué no se llevó a cabo la medicalización las Residencias, por qué no se derivaron mayores al Hospital de Ifema, por qué no se utilizaron todos los recursos existentes en el sector privado como permitía el estado de alarma, por qué y en base a qué criterio se permitieron derivaciones a hospitales de mayores que tenían seguro privado y no a los residentes que no lo tenían.
Pudo aclarar a los televidentes y al resto de los madrileños dónde, cuándo y por quién, se decidió enviar los protocolos de la vergüenza que condenaron a muchos residentes a no recibir la atención médica que necesitaban y morir en condiciones indignas. Nada de ello hizo el Sr. Serrano con el telón de fondo del hospital- fantasma Isabel Zendal paradigma de propaganda y despilfarro del Gobierno Ayuso, sino que se dedicó a descalificar en su habitual tono insultante a la televisión pública y sus máximos responsables, a algunos miembros del gobierno de España y al propio documental que según sus palabras no interesaba a casi nadie. ¡Que buen momento para haberse callado Sr. Serrano!, el documental fue visto por varios millones de personas particularmente en la Comunidad de Madrid.
Lo ocurrido en las Residencias de Mayores exige la asunción de responsabilidades y en un Estado de Derecho como el nuestro esto tiene que producirse.
Tengo la impresión que se está acabando el tiempo en que la presidenta Ayuso se ha sentido muy apaciblemente instalada en su mayoría absoluta obtenida después de haber utilizado y posteriormente aniquilado a la derecha naranja (C´s) que la aupó al poder, y haber conseguido disminuir la pujanza de la ultraderecha en la Comunidad de Madrid. El declive de la Sra. Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha.
Fuente: Carlos Barra Galán en nuevatribuna.es
SEGÚN LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS ANTES DE LA PROYECCION DEL ‘DOCUMENTAL 7291’, EL PP EN LA COMUNIDAD DE MADRID NECESITARÍA YA, A VOX PARA LA MAYORIA ABSOLUTA…
VEREMOS LAS PRÓXIMAS… (@carabanchelnet)
Fuente: Germán Gorraiz López- Analista
¿Es Ayuso culpable de homicidio doloso?
En el documental ‘7291’ se denuncia que «solo se derivó desde las residencias de Madrid a los hospitales a quienes tenían seguros privados» y que «se podrían haber salvado 4.000 vidas si no se hubieran aplicado criterios discriminatorios por razón de renta»
Ayuso y la banalidad del mal
La teórica política judío-alemana Hannah Arendt en su libro ‘Eichmann en Jerusalén’, subtitulado ‘Un informe sobre la banalidad del mal’, hace un análisis del nazi Eichmann desvestido de su vitola de criminal de guerra y visto tan sólo como “individuo unidimensional”. Así, según Arendt, Adolf Eichmann no presentaba los rasgos de un psicópata asesino, sino que sería “un simple burócrata que cumplía órdenes sin reflexionar sobre sus consecuencias y sin discernir el bien o el mal de sus actos”.Sobre este análisis Arendt acuñó la expresión “banalidad del mal” para expresar que “algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos”.
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Genocidio contra las rentas bajas madrileñas?
Así, la decisión de los miembros del Gobierno de Ayuso durante la pandemia de impedir la hospitalización de los ancianos de rentas bajas de las residencias madrileñas sería un verdadero genocidio.
Así, Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria, fue quien firmó los Protocolos de la Vergüenza, por lo que debería ser juzgado como en su día el nazi Eichmann por aplicar la solución final pero vive exiliado en Andorra donde trabaja como Psiquiatra.
En el documental ‘7291’ se denuncia que «solo se derivó desde las residencias de Madrid a los hospitales a quienes tenían seguros privados» y que «se podrían haber salvado 4.000 vidas si no se hubieran aplicado criterios discriminatorios por razón de renta».
Dicho documental, emitido por TVE 2 y Canal 24 horas, refleja de manera cruda y rigurosa mediante testimonios de familiares de las víctimas el silencioso genocidio cometido por el Gobierno de Ayuso y su emisión ha sido posible por la labor incansable de la influencer Mercedes Huertas Aguilera.
Sin embargo, en el paroxismo de la manipulación informativa, el Gobierno de Ayuso emitió un comunicado en el que tildaba de “invento y falsedad de la izquierda la cifra de 7.291 muertes en las residencias madrileñas durante lo peor de la pandemia», aunque la cifra de 7291 fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia fuera aportada por la propia Comunidad Madrileña mediante su portal de Transparencia.
Para escapar del rechazo popular a su persona tras el impacto mediático del documental 7291, Ayuso inicia hoy un viaje de 4 días al Reino Unido, con la excusa de buscar nuevas inversiones para la Comunidad madrileña.
Asimismo, se estaría ya consumando un nuevo genocidio silencioso de las rentas madrileñas más bajas mediante las interminables listas de espera sanitarias que van dejando un reguero silencio de fallecidos entre las clases más desfavorecidas. Tras ello, subyace el objetivo confeso de la Presidenta Ayuso de confirmar un paraíso neoliberal con una mayoría de ciudadanos de rentas medias y altas y una minoría de población destinada a ser explotada por las políticas neoliberales y abandonada a su suerte en la educación y en la sanidad.
Fuente: Germán Gorraiz López- Analista
Imagen: CC0 Creative Commons
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