La Fiscal alega que la confesión de la pareja de Ayuso “dejó de ser secreta” cuando mandó uno de sus correos a “M.A.R.” El Fiscal General acusa al juez Hurtado de procesarlo sin pruebas

Pilar Rodríguez recurre su procesamiento y pide no ser llevada a juicio por la filtración al entender que no hay pruebas contra ella en un escrito en el que se distancia del borrado de mensajes del fiscal general: “Su comportamiento no ha podido ser más diferente”

La fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha recurrido el auto con el que el juez Ángel Hurtado ha dejado tanto a ella como al fiscal general al borde de juicio en el Tribunal Supremo. Rodríguez, imputada por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, entiende que no hay ninguna prueba que la vincule con la filtración, afirma que esa confesión dejó de ser “secreta” cuando el propio Alberto González Amador remitió un correo del fiscal a Miguel Ángel Rodríguez y marca distancias con Álvaro García Ortiz: “El comportamiento procesal de Pilar Rodríguez no ha podido ser más diferente”, dice aludiendo al borrado de mensajes del teléfono móvil del fiscal general.

Rodríguez fue procesada junto con el fiscal general por el juez Ángel Hurtado, que entendió que ambos urdieron una estrategia para obtener y filtrar el correo del 2 de febrero de 2024 con el que el abogado de Alberto González Amador confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros. Un auto en el que el magistrado introducía de forma novedosa que García Ortiz actuó siguiendo “indicaciones” de Moncloa y atribuyendo a ambos la iniciativa de filtrar a la prensa los detalles confidenciales del pacto, aunque las pruebas no recojan ningún mensaje o conversación en ese sentido.

La fiscal provincial de Madrid, que desde su primera imputación ante el Tribunal Superior de Justicia alega que se limitó a remitir toda la información disponible a sus superiores siguiendo el cauce legal establecido dentro de la Fiscalía, ya pidió el archivo del caso hace unos días y ahora presenta un recurso específico contra su procesamiento. Un escrito en el que defiende que Rodríguez se limitó a cumplir órdenes, que no participó en la redacción del comunicado de la Fiscalía sobre el caso de González Amador y que no hay pruebas de que ni ella ni el fiscal general filtraran el documento a la prensa.

Buena parte de su escrito se refiere a que el primero en romper la confidencialidad de las conversaciones entre el abogado Carlos Neira y el fiscal Julián Salto fue el propio González Amador. Cuando en la mañana del 12 de marzo de 2024, poco después de que elDiario.es desvelara en exclusiva que había sido denunciado por fraude fiscal, mandó a Miguel Ángel Rodríguez un mensaje de su abogado que incluía un email del fiscal Salto. “La confidencialidad ya se había infringido con los reenvíos de determinado correo y la publicación de la información de El Mundo”, afirma.

Esas comunicaciones, añade el abogado y exfiscal Daniel Campos en nombre de la fiscal provincial de Madrid, “dejaron de ser secretas desde el momento que el letrado Sr. Neira le hizo llegar a su cliente el correo de 12 de marzo y el Sr. González Amador lo remitió a D. Miguel Ángel Rodríguez Bajón que, a su vez, lo divulgó”. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoció él mismo, hizo circular esa información entre decenas de periodistas en la noche del 13 de marzo.

Rodríguez también explica que media docena de periodistas han relatado como testigos ante el Tribunal Supremo que ellos ya conocían las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía antes de que esa información llegar al teléfono de García Ortiz. “Esa información ya había llegado a la prensa, lo que obligatoriamente nos lleva a descartar que ninguno de los investigados en la presente causa fuera la fuente de la información publicada”.

La “tranquilidad” de la fiscal de Madrid

Pilar Rodríguez optó hace semanas por cambiar de estrategia de defensa. Dejó a la Abogacía del Estado, que también representa a Álvaro García Ortiz, y contrató al exfiscal Daniel Campos como abogado. En este nuevo escrito, la fiscal provincial insiste en que se limitó a seguir órdenes de sus superiores para aportar la información del caso de González Amador, explicando al Supremo que, a diferencia del fiscal general, ella no ha borrado sus mensajes telefónicos ni ha rehusado a contestar preguntas.

“El comportamiento procesal de Dª María del Pilar Rodríguez no ha podido ser más diferente. Sí contestó a todas las preguntas que le formuló el instructor y no ha borrado ni uno sólo de sus mensajes o correos que en la actualidad sigue conservando íntegramente”, explica su defensa. Todo eso, añade, “muestra claramente la tranquilidad que desde el inicio de este procedimiento mantuvo en todo momento”.

Rodríguez también se aparta de la decisión final sobre la nota de prensa que la Fiscalía de Madrid emitió en la mañana del 13 de marzo, explicando que ella supervisó un borrador que no fue el finalmente publicado. Además, el objetivo era aclarar informaciones falsas publicadas por varios medios y difundidas por el propio Miguel Ángel Rodríguez: “Se generó una información tergiversada o directamente inventada que descalificaba la labor profesional de los fiscales que habían intervenido en el asunto del Sr. González Amador”.

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es

El fiscal general acusa al juez Hurtado de procesarlo sin pruebas y apunta a las “falsedades” de la pareja de Ayuso

La Abogacía del Estado recurre en apelación la decisión de dejarlo al borde de juicio y afirma que la confesión de Alberto González Amador estaba en circulación horas antes de que él la conociera, acusando al magistrado de no poder “concretar” la acusación contra García Ortiz

El fiscal general del Estado ha recurrido el auto con el que Ángel Hurtado le deja a las puertas de juicio por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un escrito en el que la Abogacía del Estado acusa al juez del Tribunal Supremo de procesarlo sin “verdaderos indicios sustentados en datos objetivos”, alega que diversos periodistas ya conocían la confesión del empresario antes que él y apunta, finalmente, a “inexactitudes cuando no falsedades” de Alberto González Amador, a quien acusa de ocultar información a los tribunales y de ser el primero en filtrar, a través de Miguel Ángel Rodríguez, información confidencial de su caso.

El juez Hurtado, después de ocho meses de investigación, dictó hace unos días auto de procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid. Un escrito que deja a ambos al borde del banquillo –a la espera del previsible escrito de acusación de la pareja de Ayuso– y en el que no solo acusa a ambos fiscales de orquestar la filtración del correo del 2 de febrero de 2024 en el que el empresario confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros. También añade de forma inédita y sin pruebas que el fiscal general filtró ese documento a los medios siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno.

La Abogacía del Estado hace una enmienda a la totalidad de ese auto y a la instrucción llevada a cabo por Hurtado desde que se hizo cargo del caso en octubre del año pasado. “No existen verdaderos indicios sustentados en datos objetivos de que el fiscal general haya sido el autor de la revelación de la información”, reprocha. Después de varias “diligencias de claro carácter invasivo”, como el registro de su despacho, Hurtado ha dictado ese auto de procesamiento sin hacer una “descripción concreta, acumulada o sistematizada” de los indicios que, asegura, hay contra García Ortiz, que ahora destaca la “parquedad de las fuentes incriminatorias efectivamente disponibles”.

“No resulta posible extraer una sola palabra o expresión que permita presumir que ninguno de ellos revelase —o tuviesen intención de hacerlo— el correo de 2 de febrero”, dice el fiscal general. El juez, añade, “no ha sido capaz de concretar, ni siquiera de forma aproximada”, cómo ejecutó esa filtración García Ortiz, la hora a la que lo hizo o “de quién habría partido la iniciativa”. También acusa al juez de no haberse leído la solicitud de archivo que presentó la semana pasada, al haber escrito su auto de procesamiento hora y media después de la llegada del escrito: “Estaba ya redactado antes de recibir formalmente el escrito de esta parte”.

En este recurso, que se suma al que presentó ayer la fiscal provincial de Madrid y al planteado también por la teniente fiscal del Supremo, García Ortiz desarrolla el que ha sido su principal argumento de defensa, además de la falta de pruebas: que para cuando él recibió en su teléfono los correos con toda la información del caso esos datos ya eran conocidos por periodistas y, además, el propio González Amador ya se había encargado de difundir una parte de esas comunicaciones entre su abogado y la Fiscalía.

La “coordinación” con Miguel Ángel Rodríguez

La Abogacía del Estado acusa a Alberto González Amador y sus abogados de incurrir en “inexactitudes cuando no falsedades” desde la primera querella que puso en marcha este proceso judicial hace un año y tres meses. Una querella que, tal y como ha explicado elDiario.es, ocultó que él había remitido un correo del fiscal a Miguel Ángel Rodríguez para su difusión, que su abogado envió la confesión a un Abogado del Estado y no solo a la Fiscalía y, finalmente, que su abogado ofreció una conformidad de fraude fiscal que él no había supervisado.

El fiscal general entiende que fue la pareja de Ayuso el primero en bajar el telón de la confidencialidad de su confesión, enviada el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía y conocida en la noche del 13 de marzo a través de los medios. Existió una “coordinación informativa” entre González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso, dice el fiscal general, para filtrar de forma sesgada esas comunicaciones y conseguir que calara el mensaje de que la Fiscalía, en contra de lo que había sucedido, le había ofrecido un pacto pero después lo había retirado por órdenes “de arriba”.

Es “altamente probable”, afirma, que González Amador o Rodríguez fueran la fuente de los medios que pusieron en marcha esta versión incompleta de los hechos. En ese momento, añade la Abogacía del Estado, “dichas informaciones pierden su carácter reservado y su titular pierde, por consiguiente, el derecho a que no se difundan”. Si alguien cuenta a la prensa que está negociando con la Fiscalía, explica, “no puede exigir a renglón seguido que dichas informaciones sean consideradas reservadas”. Además, zanja el recurso, lo que González Amador puso en circulación fueron informaciones falsas y “quien actúa con manifiesto desprecio por la verdad no puede resultar amparado por el ordenamiento jurídico”.

La defensa del fiscal general también destaca que periodistas de La Sexta, El País, la Cadena SER, elDiario.es y el diario El Mundo han explicado que conocían detalles, o incluso el correo entero, sobre las negociaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía. “La información carecía ya en ese momento de carácter reservado”, dice, cuando llegó a manos del fiscal general a las 21.59 minutos de la noche del 13 de marzo del año pasado.

La investigación, que arrancó en octubre con un registro bajo secreto de sumario y ha concluido con un auto de procesamiento de medio centenar de páginas, ha sido según la Abogacía del Estado “una instrucción penal en la que los hechos imputados nacen, mutan o desaparecen sin resolución motivada”. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cimenta la acusación y que analizó el teléfono y los mensajes intervenidos a Pilar Rodríguez, añade, “omite referir” gran cantidad de datos exculpatorios que entonces no se conocían y que hacen de ese informe un elemento “de todo punto inidóneo para ser elevado a la consideración de indicio de cargo”.

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es