El objetivo central de este artículo es diseccionar cómo el vacío de rendición de cuentas permite que la rentabilidad económica se anteponga, en repetidas ocasiones, a la calidad del servicio público
Prólogo: la sombra de la gestión
El presente informe nace de una necesidad imperiosa: realizar un análisis exhaustivo de lo que conceptualizamos como “Arquitectura de la Impunidad”.
Por ello, este documento no es meramente una recopilación de hechos; quiere ser una autopsia administrativa y política. El Hospital de Torrejón se erige aquí no solo como un centro sanitario, sino como el caso de estudio definitivo para comprender las fisuras del “Modelo Alzira” y la gestión público-privada en la Comunidad de Madrid.
El Gobierno debe reformar o derogar este marco normativo para impedir que la rentabilidad económica sea el criterio rector en la prestación de servicios sanitarios
A través de la lente documental de la hemeroteca del diario El País, hemos reconstruido la historia de una responsabilidad eludida. El objetivo central de este artículo es diseccionar cómo el vacío de rendición de cuentas permite que la rentabilidad económica se anteponga, en repetidas ocasiones, a la calidad del servicio público.
La investigación parte de una premisa inquietante, identificada en nuestra fase de análisis: la ausencia sistemática de “mea culpa”.
Ni los actores políticos que diseñaron e implementaron este modelo de gestión, ni los conglomerados empresariales que tomaron las riendas (desde las aseguradoras originales hasta la gestión de Ribera Salud y la participación de Sanitas), han asumido la autoría de las deficiencias estructurales.
Tampoco se salvan los actuales actores políticos, ya sea por omisión de la debida y prudente vigilancia, ya sea por ¿dolosa? abstención en su deber de derogar, o por lo menos modificar, las leyes de ámbito estatal habilitantes del “modelo Alzira”.
La base documental de este informe se cimenta en una revisión rigurosa de la cobertura de El País. Sus artículos han servido como bitácora de los cambios de gestión y como termómetro de la indignación pública. Términos como “colapso de urgencias” o “venta de acciones sanitarias” no son aquí simples etiquetas de búsqueda, sino las cicatrices de un sistema que requiere, urgentemente, luz y taquígrafos.
Análisis del Caso Hospital de Torrejón y la Disolución de responsabilidades (2011-2025)
1. Introducción: El Colapso del Contrato Social Sanitario
La crisis institucional y sanitaria desatada en torno al Hospital de Torrejón de Ardoz no constituye un evento aislado ni una anomalía operativa; representa la culminación lógica de un modelo de gestión diseñado, implementado y protegido por una arquitectura política que prioriza la rentabilidad financiera sobre la asistencia clínica.
A través del análisis exhaustivo del corpus documental proporcionado por el diario El País, este informe demuestra cómo la transferencia de la gestión pública a manos privadas, iniciada bajo la presidencia de Esperanza Aguirre y sostenida por las administraciones sucesivas, ha derivado en un sistema donde la responsabilidad se diluye hasta desaparecer.
La promesa fundacional de 2011, que aseguraba que la “gestión y asistencia médica completamente privada” traería eficiencia sin menoscabo de la calidad , ha quedado refutada en diciembre de 2025. Las revelaciones sobre directivas corporativas para “rechazar pacientes” con el fin de maximizar beneficios , sumadas a la reutilización de material sanitario de un solo uso, exponen una realidad donde el paciente ha dejado de ser el sujeto de derecho para convertirse en un activo financiero tóxico.
Sostenemos la tesis de que existe una “impunidad sistémica” compartida. Ni los actores políticos que diseñaron el marco legal (Ley 15/1997) y adjudicaron los contratos, ni los gestores corporativos que ejecutaron las políticas de recorte, asumen la responsabilidad real de las consecuencias letales de sus decisiones. Se ha construido un cortafuegos retórico y administrativo que permite a los políticos culpar a la empresa por “mala praxis” y a la empresa culpar a ejecutivos individuales, dejando a la ciudadanía indefensa ante un sistema, el “modelo Alzira”, que, literalmente, comercia con la salud.
2. La Génesis de la Privatización: Ideología y Diseño del Modelo (2011)
2.1. El Paradigma Aguirre y la Inauguración de la Desigualdad
Para comprender la magnitud de la crisis actual, es imperativo retroceder al momento fundacional. En septiembre de 2011, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el Hospital de Torrejón presentándolo como la joya de la corona de su política sanitaria. No se trataba de una mera externalización de servicios accesorios, sino de un modelo de “gestión y asistencia médica completamente privada”.
La decisión política de entregar la llave del hospital a un consorcio privado no fue técnica, sino ideológica. Se basaba en la premisa neoliberal de que el lucro privado actúa como un incentivo para la eficiencia. Sin embargo, los documentos analizados demuestran que el diseño del contrato contenía en su núcleo el germen del conflicto de interés. Al establecer un pago capitativo (una cantidad fija por habitante asignado), la administración convirtió la atención médica en un coste a minimizar para el concesionario. Cada paciente tratado, cada prueba diagnóstica compleja y cada ingreso prolongado restan directamente del margen de beneficio de la empresa gestora.
2.2. La Ausencia de Previsión y Control
Desde su inicio, el modelo careció de los contrapesos necesarios. La administración pública, al ceder la gestión, cedió también de facto la capacidad de monitorización en tiempo real. La promesa de Aguirre implicaba una retirada del Estado de sus funciones de garante directo, transformándose en un mero pagador. Esta abdicación de la responsabilidad directa sentó las bases para que, catorce años después, las prácticas abusivas pudieran sistematizarse sin ser detectadas por los canales oficiales hasta que una filtración periodística las sacó a la luz.
3. La Lógica del Lucro: “Hacemos actividad que nos perjudica”
3.1. Anatomía de las grabaciones de la vergüenza
El punto de inflexión en el análisis de la responsabilidad corporativa surge con las revelaciones de El País el tres de diciembre de 2025. Los audios del consejero delegado (CEO) del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, no dejan margen a la interpretación. Su instrucción a los directivos del hospital fue explícita: “Hacemos actividad que nos perjudica”.
Esta frase resume la perversión del modelo. En un sistema de salud pública, la actividad médica (curar, operar, diagnosticar) es el objetivo. En el modelo privatizado de Torrejón, la actividad médica compleja es un perjuicio financiero. Gallart ordenó “rechazar pacientes para ganar más” , implementando una estrategia conocida en economía de la salud como cream skimming(descremado), donde se seleccionan los pacientes rentables (sanos, patologías leves) y se expulsa a los costosos (crónicos, complejos) hacia la red pública de gestión directa.
3.2. La Reutilización de Material: Ahorro sobre Seguridad
La voracidad por el beneficio no se limitó a la selección de pacientes. Empleados del hospital denunciaron la orden de “reutilizar material sanitario de un solo uso”. Esta práctica viola los protocolos básicos de asepsia y seguridad del paciente, incrementando exponencialmente el riesgo de infecciones nosocomiales y contaminación cruzada.
Aquí radica una responsabilidad compartida y negada:
– Responsabilidad de la Gestión Privada: La dirección del hospital, presionada por los objetivos financieros de la matriz (Ribera Salud), cruzó la línea ética y legal, poniendo en peligro la vida de los pacientes para ahorrar costes en suministros.
– Responsabilidad de la Administración Pública: La Consejería de Sanidad falló estrepitosamente en su labor de inspección (culpa in vigilando). ¿Cómo es posible que un hospital público reutilice material desechable sin que los inspectores de la Comunidad de Madrid lo detecten durante años? La respuesta sugiere una negligencia deliberada o una incompetencia estructural de los organismos de control.
4. La Evasión Política: El arte de no responsabilizarse
4.1. La Estrategia de Isabel Díaz Ayuso: Externalización de la culpa
La reacción del gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el escándalo ha seguido un patrón de contención de daños diseñado para proteger el modelo ideológico, sacrificando si es necesario a los actores circunstanciales. Ante la evidencia irrefutable de los audios, Ayuso declaró: “Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”.
Este discurso es engañoso por dos motivos fundamentales:
– Reduccionismo: Al calificar los hechos de “mala práctica”, la presidenta intenta reducir un problema sistémico a un error puntual de procedimiento. Ignora deliberadamente que la “mala práctica” (rechazar pacientes) es la consecuencia directa de los incentivos económicos que su partido diseñó.
– Reacción vs. Prevención: La Comunidad de Madrid envió un equipo al hospital para “constatar in situ” la situación solo después de que el escándalo estallara en la prensa. Esta acción tardía demuestra que los mecanismos ordinarios de control no funcionan o no existen. La administración actúa como bombero de un incendio que ella misma ayudó a provocar mediante la desregulación.
4.2. El Silencio de los Arquitectos del Sistema
El análisis de los artículos muestra una ausencia notable: la autocrítica de los responsables políticos que han gobernado Madrid ininterrumpidamente. Nadie en el Partido Popular de Madrid ha asumido la responsabilidad política de haber entregado la salud de los ciudadanos de Torrejón a una empresa que prioriza el dividendo sobre la vida. Se observa una desconexión total entre la decisión política de privatizar (tomada por políticos) y las consecuencias de esa privatización (sufridas por ciudadanos), rompiendo el vínculo de accountability (rendición de cuentas) esencial en democracia.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, intentó capitalizar el escándalo señalando que el PP “hace de la salud un negocio” , politizando el debate a nivel nacional. Sin embargo, la estructura legal que permite esto, la Ley 15/1997, sigue vigente, lo que implica una responsabilidad transversal de la clase política nacional por no haber derogado el marco habilitante.
5. La Conexión Valenciana: Un patrón de comportamiento transversal
5.1. Ribera Salud y la Red de Influencias
El caso de Torrejón no puede entenderse sin analizar su conexión con la Comunidad Valenciana, cuna del “Modelo Alzira”. Los artículos de El País revelan que Pablo Gallart, el CEO que ordenó los recortes en Torrejón, fue también quien firmó la concesión del Hospital de Vinalopó en Elche. Esto demuestra que los gestores rotan entre comunidades, aplicando las mismas recetas de austeridad letal.
5.2. La Negligencia de Carlos Mazón
La responsabilidad política se extiende al hasta hace poco presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP). Apenas seis meses antes del estallido del escándalo en Madrid, en mayo de 2025, el gobierno de Mazón renovó la concesión del Hospital de Vinalopó a Ribera Salud. Lo hizo, según denuncian los socialistas valencianos, “sin realizar ningún tipo de auditoría” previa.
Este hecho es gravísimo. Un político decide prorrogar un contrato millonario de gestión sanitaria sin verificar si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones asistenciales. Esta decisión “a ciegas” condena a más de 155.000 personas en Elche a seguir bajo un modelo de gestión cuya cúpula directiva considera a los pacientes complejos como “actividad perjudicial”. La petición de auditoría post-factum por parte del PSOE llega tarde, evidenciando que el control parlamentario también ha fallado en la prevención.
6. La Respuesta Corporativa: El Chivo expiatorio y la Falsa auditoría
6.1. El Sacrificio de Pablo Gallart
Ante la presión mediática, Ribera Salud ejecutó una maniobra clásica de supervivencia corporativa: individualizar la culpa. Pablo Gallart se apartó de la gestión. La narrativa empresarial intenta vender que Gallart actuó por libre, desviándose de los “valores” de la compañía.
Sin embargo, esta explicación no resiste un análisis lógico. Un CEO no decide unilateralmente rechazar pacientes para aumentar la rentabilidad si no tiene unos objetivos financieros impuestos por los accionistas que exigen ese retorno. Gallart es el síntoma, no la enfermedad. Su dimisión sirve para descomprimir la crisis mediática, pero no cambia la estructura de incentivos del contrato de concesión.
6.2. La Auditoría como Herramienta de Blanqueo
La empresa anunció inmediatamente una “auditoría en profundidad”. El uso de auditorías internas en estos contextos suele tener un fin cosmético: controlar qué información sale a la luz y presentar conclusiones sesgadas que minimicen el daño reputacional. Como señala el historial del Tribunal de Cuentas, la fiscalización real de estos entes híbridos es extremadamente difícil debido a las trabas que las propias empresas ponen al acceso a la información. Que el fiscalizado se audite a sí mismo carece de credibilidad técnica.
7. Las Consecuencias Sociales: Muerte y desigualdad
7.1. “Las Listas de Espera Provocan Muertes”
El impacto humano de estas decisiones políticas y corporativas es devastador. Las protestas del 5 de diciembre de 2025 en Madrid cristalizaron la angustia de los pacientes. El lema “Las listas de espera provocan muertes” no es una hipérbole; es la consecuencia clínica de demorar diagnósticos y tratamientos para ahorrar costes. Alargar las listas de espera es una herramienta de gestión financiera para Ribera Salud: disuade la demanda y retrasa el gasto, pero a costa del pronóstico vital del ciudadano.
7.2. La Brecha de Clase: Núñez de Balboa vs. Torrejón
El reportaje de El País ofrece una visión sociológica aguda de la fractura social que subyace a este modelo. Los manifestantes, provenientes de barrios trabajadores y ciudades periféricas (Getafe, Parla, Torrejón), se desplazaron al barrio de Salamanca, una de las zonas más ricas de Madrid, para protestar.
El contraste descrito es brutal: manifestantes gritando por su derecho a la vida frente a “mujeres jóvenes con bolsas de Prada” y terrazas con estufas, ajenas al drama sanitario. Además, el error de los manifestantes al acudir a una antigua sede de la empresa simboliza la opacidad del capital privado: es un poder invisible, difícil de localizar y de confrontar, a diferencia del poder público que tiene sedes reconocibles. Mientras los ciudadanos protestaban ante un edificio vacío, la maquinaria de lucro seguía operando en oficinas de lujo en la calle Serrano, protegida por esa invisibilidad.
8. Conclusión: Un Sistema Blindado contra la Responsabilidad
El análisis integral de la crisis del Hospital de Torrejón permite concluir que la falta de asunción de responsabilidades no es accidental, sino una característica de diseño del modelo de colaboración público-privada tal como se ha implementado en España.
– La Responsabilidad Política es Inexistente: Los políticos (Aguirre, Ayuso, Mazón) utilizan la privatización como un escudo. Si el servicio funciona, se atribuyen el mérito de la “buena gestión”; si falla, culpan a la empresa por incumplimiento. Nunca asumen que el error fue privatizar un servicio esencial sin garantías.
– La Responsabilidad Empresarial es Limitada: Las empresas (Ribera Salud) operan con una lógica de mercado. Cuando son descubiertas en prácticas abusivas, sacrifican peones (Gallart) y pagan multas si es necesario, pero protegen el núcleo del negocio.
– El Vacío de Fiscalización: Las instituciones de control (inspecciones de sanidad, Tribunal de Cuentas) llegan siempre tarde, lastradas por la falta de recursos y, en ocasiones, por la falta de voluntad política para incomodar a los concesionarios.
En definitiva, nadie paga el precio político ni penal real por el deterioro de la salud pública, excepto el ciudadano, que paga con sus impuestos un servicio que le rechaza y con su salud las consecuencias de ese rechazo.
9. ¿Qué es exigible, en base a las herramientas disponibles en el marco competencial español?
Al Ejecutivo Autonómico (Comunidad de Madrid): De la propaganda a la fiscalización
A la administración de Isabel Díaz Ayuso no se le debe exigir solo retórica de “mano dura” ante el escándalo, sino el cumplimiento estricto de su deber in vigilando. Es imperativo que abandone la reacción tardía -enviar inspecciones solo tras denuncias de prensa- y ejecute auditorías forenses externas e independientes (no las de la propia empresa). Si se confirman las directivas de “rechazo de pacientes” y reutilización de material, debe activar las cláusulas de resolución de contrato por incumplimiento grave, asumiendo que la gestión privada ha roto el contrato social al poner en riesgo la seguridad clínica.
Al Ejecutivo Central (Gobierno de Coalición): De la denuncia a la legislación
Al gobierno de Pedro Sánchez es exigible pasar de la crítica política a la acción legislativa. Resulta incoherente denunciar que el PP “hace negocio con la salud” mientras se mantiene vigente la Ley 15/1997 (de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud), la arquitectura legal estatal que habilita estos modelos de gestión. Si la prioridad es blindar la sanidad pública, el Gobierno debe reformar o derogar este marco normativo para impedir que la rentabilidad económica sea el criterio rector en la prestación de servicios sanitarios, cerrando la vía legal al cream skimming (selección de pacientes rentables) que descapitaliza el sistema público.
Fuente: Rafael Granero Chulbi en nuevatribuna.es
Fuente: Carlos Navarro Castelló en eldiario.es
Dobles pagos y opacidad: los demoledores informes que llevaron a revertir los hospitales de Ribera Salud en la Comunidad Valenciana
Diversa documentación de la Conselleria de Sanidad concluye que el modelo de gestión indirecto presenta “deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control, imposibilidad de modificar el precio del contrato y una elevada litigiosidad”
El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad de un modelo, el de la gestión privada de la sanidad pública, que se creó y se desarrolló en la Comunitat Valenciana durante los años del PP al frente de la Generalitat.
Así lo ponen de manifiesto los diferentes informes que ha esgrimido la Conselleria de Sanidad para justificar la decisión de no prorrogar los contratos de cuatro de las cinco concesiones sanitarias, es decir, departamentos de salud públicos gestionados por empresas privadas. Así, en base estos documentos, el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.
El contenido de los informes es demoledor puesto que desmonta todo el sistema concesional implantado por el PP y exportado a comunidades como la de Madrid. Aunque son similares en sus contenidos, como ejemplo el relativo al hospital de Dénia afirma que el modelo de gestión indirecto presenta “deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control, imposibilidad de modificar el precio del contrato y una elevada litigiosidad”.
La concesionaria, es decir, Ribera Salud (con DKV hasta 2021), según las cuentas recogidas en el documento, declara unos beneficios medios de más de 2,43 millones anuales para el período 2009 – 2021, 31,6 millones de euros en total.
Sobre las deficiencias estructurales de los contratos, el informe destaca “la falta de claridad en el contrato en cuanto a la determinación de la prima per cápita y su fórmula de actualización, así como las diferencias respecto a la población objeto del contrato, hacen del precio del contrato – elemento esencial para la correcta prestación del servicio- objeto de discrepancias en cuanto a su interpretación”.
Además, alerta de que “existe una elevada pluralidad de acuerdos adoptados en el seno de las Comisiones Mixtas (órgano de control integrado por representantes de la Conselleria de Sanidad y de las empresas concesionarias), que suponen un evidente perjuicio para el interés público y que han supuesto de facto una modificación de los conceptos económicos que integran el contrato”. Y debido a estos acuerdos, se han contraído “obligaciones no previstas en el contrato siendo necesario recurrir a Expedientes de Enriquecimiento Injusto (EEI) para su compensación a las concesionarias”. En el caso del hospital de Alzira supusieron un pago complementario de la Generalitat a Ribera Salud de 25,11 millones, en Torrevieja fueron 45,9 millones y en Dénia, 47,6 millones. Por lo tanto, “los acuerdos adoptados en las Comisiones Mixtas reflejan la imprecisión de los pliegos y suponen continuas modificaciones económicas del contrato, fruto de ellos se han contraído obligaciones no previstas”.
En cuanto a la dificultad para implementar mecanismos de control, el documento evidencia que “es reseñable que un contrato, cuyo objeto principal es la asistencia sanitaria integral, carezca de indicadores que permitan evaluar la calidad asistencial realizada y la adecuación de los servicios ofertados por el concesionario”.
Por otra parte, la imposibilidad de modificar el precio del contrato en caso de prórroga supondría un quebranto para la administración incurriendo en una suerte de doble pago por conceptos que ya se habrían abonado, como la amortización de la infraestructura hospitalaria: “Quedando claro que el precio del contrato no puede ser modificado salvo las revisiones de precio previstas en el propio pliego de condiciones administrativas, y que, en el supuesto de prórroga de este servicio implicaría el abono por parte de la Administración de una parte de la cápita para la construcción del hospital y las inversiones ya amortizadas, se vulneraría los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como se generaría un enriquecimiento injusto por parte del concesionario”
Sobre la elevada litigiosidad, afirma el informe que “las deficiencias y falta de claridad de los documentos contractuales que regulan la relación entre la Administración y las concesiones, y la desconfianza entre las partes, ha propiciado la existencia de numerosos procesos judiciales, evidenciada en multitud de reclamaciones tanto en vía administrativa como en vía judicial, interpuestas por las empresas adjudicatarias”. En concreto, las concesiones han interpuesto 85 procedimientos judiciales, de los que el 98 % de ellos corresponden a estas cuatro concesionarias: La Ribera (26), Torrevieja (20), Elx-Crevillent (18) y Dénia (19).
Origen del modelo
Para entender el modelo y por qué el Gobierno del Botánico de izquierdas lo desmanteló, un camino que siguió en parte después el PP de Carlos Mazón, prueba de su inoperancia, hay que remontarse al año 1997. Ese año se firmó el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.
El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.
El nacimiento del denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).
Operación de rescate: más dinero para la adjudicataria
Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de “lucro cesante”, algo que no estaba previsto en el contrato.
Después se volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento.
Pero el cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante (cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de crecer: al final de su vigencia, en 2018, fue de 777 euros por habitante y año.
El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años, ampliables cinco años más, una prórroga que la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón (PSPV-PSOE), con el apoyo del presidente del Consell, Ximo Puig (PSPV-PSOE), anunciaron que no se iba a hacer efectiva.
Comenzaba así el proceso de reversión y una guerra abierta con Ribera Salud, que ha planteado sin éxito un alud de recursos judiciales para tratar de frenar la reversión.
Fuente: Carlos Navarro Castelló en eldiario.es
Hemeroteca del 1er artículo: “La arquitectura de la impunidad en la gestión sanitaria pública-privada” de Rafael Granero Chulbi en nuevatribuna.es
El aliado sanitario del PP valenciano, Ribera Salud nació como el socio financiero imprescindible para sacar adelante el gran proyecto sanitario del PP de la Comunidad Valenciana: la gestión privada de la sanidad pública, Jaime Prats, El País, 01/06/2009.
“Quiero que en las públicas la gente esté igual que en las clínicas privadas” Aguirre inaugura el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión y asistencia médica completamente privada, El País, 21/09/2011.
No es el modelo Alzira, pero se le parece, El vicepresidente del Consell, José Ciscar, se apresuró ayer a señalar que la nueva estructura sanitaria que presentó la Generalitat no es equiparable al modelo Alzira, que se estrenó en 1999 y que se ha extendido a Torrevieja (2006), Dénia (2006), Manises (2009) y Elche (2010) , Jaime Prats, El País, 27/04/2012.
(Dosier) GUÍA SOBRE EL MODELO CONCESIONAL, Un modelo sanitario sostenible exige la participación de la iniciativa privada, Ribera Salud (Empresa líder en el sector de concesiones administrativas sanitarias en España que ha desarrollado desde hace 16 años el Modelo Alzira), Abril/2018.
La sanidad privada ni siquiera es rentable, Es solo cuestión de tiempo que el desmantelamiento de la sanidad pública empiece a matar un número significativo de gente, Marta Peirano, El País, 01/05/2023.
La deuda oculta de Madrid con el propietario de los cuatro hospitales de Quirón llega a 918 millones , La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 918 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2023 del gigante sanitario mundial Fresenius, Juan José Mateo, El País, 16/04/2024.
Los madrileños pierden casi 1.000 camas públicas de hospital desde 2015, el equivalente a la desaparición de La Paz, El año pasado continuó el largo descenso en la capacidad hospitalaria, que coincide con un aumento de las listas de espera hasta cifras récord y con un fortalecimiento de la sanidad privada, Fernando Peinado, El País, 20/08/2024.
Dossier “Privatización sanidad”
Dossier “Jesús Gil y Gil, y el Tribunal de Cuentas”
El Ejecutivo de Ayuso aprobó pagar a Quirón 1.300 millones más de lo presupuestado en sus primeros cinco años de gobierno, Madrid justifica el desvío en la complejidad de un sistema de control de pagos “garantista y rígido”, pero la oposición cree que es opaco y ahoga a lo público, Juan José Mateo, El País, 17/06/2025.
El Gobierno de Ayuso ‘rescata’ con 33 millones al hospital público de gestión privada de Torrejón, La matriz del centro, en apuros económicos por el modelo elegido por Esperanza Aguirre, logra que el Consejo de Gobierno reconozca el reequilibrio de su concesión, Juan José Mateo, El País, 16/07/2025.
La empresa gestora del hospital público de Torrejón ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”, El CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital privatizado, pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de “cuatro o cinco millones”, según unas grabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS, Pablo Linde, El País, 03/12/2025.
La Comunidad de Madrid convoca de urgencia a la gestora del hospital de Torrejón y se compromete a tomar medidas, Sanidad envía un equipo al centro para “constatar in situ cómo presta el servicio” tras la denuncia de EL PAÍS, Álvaro Sánchez-Martín, El País, 03/12/2025.
El CEO de Ribera Salud se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón y la compañía anuncia una auditoría “en profundidad”,El movimiento llega después de que EL PAÍS desvele los audios en los que Pablo Gallart ordenaba aumentar las listas de espera y descartar procesos rentables para aumentar beneficios, Pablo Linde, El País, 03/12/2025.
Ayuso rompe dos días de silencio sobre el escándalo del hospital de Torrejón: “Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”, La presidenta de la Comunidad de Madrid habla por primera vez sobre Ribera Salud y dice que ningún paciente será tratado “por negocio”, Juan Diego Quesada, El País, 05/12/2025.
El PSOE pide una auditoría al último hospital de Ribera Salud en la Comunidad Valenciana, prorrogado por Mazón hace seis meses, El CEO de la empresa, apartado por el escándalo de Torrejón, firmó en 2007 el contrato para gestionar el Hospital de Vinalopó (Elche), Cristina Vázquez, El País, 05/12/2025.
El hospital de Torrejón evidencia los problemas de la sanidad privatizada: “Lo que pasaba podía poner en riesgo la salud de los pacientes”, Las grabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS muestran cómo la dirección pidió limitar intervenciones y derivar casos complejos mientras aumentaba su negocio externo, Pablo Linde, Fernando Peinado, Jimena Marcos, El País, 05/12/2025.
Protesta contra el escándalo del Hospital de Torrejón: “Las listas de espera provocan muertes”, Una movilización contra la privatización de la sanidad pública y el grupo Ribera Salud atrae a 200 manifestantes en el centro de Madrid, Álvaro Sánchez-Martín, El País, 05/12/2025.
Fuente: Rafael Granero Chulbi en nuevatribuna.es
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