Hoy comienza el juicio al fiscal general producto de un bulo, con la confesión mañana de la pareja de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez

El juicio contra Álvaro García Ortiz arranca este lunes sin pruebas que demuestren que filtró a la prensa el correo con la confesión de Alberto González Amador y con peticiones de hasta seis años de cárcel

La pareja de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez declaran el día 4 y García Ortiz el 12.

Este lunes arranca en el Tribunal Supremo uno de los juicios de mayor relevancia penal y política de la última década. Siete magistrados juzgarán durante seis días a Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general en ejercicio en sentarse en un banquillo, con una incógnita pendiente de sentencia: cómo la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso terminó en los medios de comunicación. Ni el juez Ángel Hurtado ni la Guardia Civil han encontrado pruebas que demuestren que García Ortiz filtrase un documento de escaso valor procesal pero de alto voltaje político: el empresario reconocía y confesaba su fraude fiscal de 350.000 euros mientras Ayuso y su entorno difundían bulos para hacerle pasar por la víctima de una “cacería” del Estado.

García Ortiz será el último en declarar en un juicio que se remonta a hace un año y nueve meses. Cuando el abogado de Alberto González Amador, presentado entonces por la prensa rosa como un “técnico sanitario” que compartía su vida con Isabel Díaz Ayuso, escribió un correo a un fiscal. Un email en el que admitía que él y sus empresas habían dejado de pagar los impuestos correspondientes por los más de dos millones de euros que ganó en la pandemia ejerciendo de comisionista en operaciones de compraventa del primer maná de la crisis del coronavirus: mascarillas.

Su abogado Carlos Neira es conocido en los tribunales de Madrid por ser un experto en este tipo de conformidades que no evitan una condena pero sí evitan la entrada en la cárcel. “Lo más importante era que no le salpicara a ella”, le dijo entonces Alberto González Amador. “Ella” era Isabel Díaz Ayuso y el objetivo del correo, reconociendo el fraude fiscal mucho antes de lo que es habitual en estos procesos, era ese: cerrar el caso sin ruido, pagando sus deudas y una multa y con una condena simbólica que nadie podría encontrar en los archivos de uno de los 39 juzgado de lo penal de Madrid.

Sus planes se fueron al traste cuando elDiario.es publicó en exclusiva el 12 de marzo de 2024 que había sido denunciado por usar un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para defraudar 350.000 euros entre 2020 y 2021. También quedó en entredicho la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid de hacer pasar a su pareja como una víctima de un complot fiscal y judicial de la Moncloa. Fue entonces cuando Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Casa de Correos y veterano de la guerra sucia, puso en marcha un ‘plan B’: difundir un correo del caso. Un correo manipulado, descontextualizado y aliñado con un bulo para dar a entender que la cúpula de la Fiscalía se había negado a pactar con González Amador para arrastrarlos a él y a Ayuso por el barro de un largo y público proceso judicial. “Todo sucio”, zanjaba el jefe gabinete de Ayuso por si algún periodista tenía dudas de por dónde iban los tiros.

El recorrido del bulo ya es conocido. La Fiscalía General activó el proceso para obtener todos los emails del caso –no solo el que había movido el entorno de Ayuso– y emitió un comunicado al día siguiente para explicar que, en realidad, era González Amador quien había ofrecido un pacto y no al revés. La abogacía madrileña y el empresario fueron a los tribunales y, tras unos primeros meses de investigación en el Tribunal Superior de Justicia con el foco puesto en el comunicado, la causa llegó al Supremo con el fiscal general en la mirilla y un nuevo objetivo: descubrir si fue él quien filtró a los medios ese correo en la noche del 13 de marzo de 2024.

Las diligencias de Ángel Hurtado no han encontrado una prueba fehaciente de quién filtró ese correo, pero sí han ayudado a dibujar con algo de precisión lo que pasó esos días. Cómo Hacienda y la Fiscalía llevaron a González Amador a los juzgados sin saber que era pareja de Isabel Díaz Ayuso. También cómo Miguel Ángel Rodríguez, cargo público, centró sus esfuerzos y recursos en defender a la pareja de su jefa, difundiendo correos tan manipulados como confidenciales. Y, finalmente, cómo media docena de altos cargos de la Fiscalía removieron Roma con Santiago para saber qué había pasado y emitir un comunicado.

El “haz lo que veas” de González Amador

El caso que llega a juicio este lunes en el Tribunal Supremo no es el mismo que arrancó en mayo de 2024 en el Tribunal Superior de Madrid y tampoco el que concibió el juez Hurtado durante ocho meses de instrucción. En un primer momento los jueces analizaron si el comunicado de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 fue una revelación ilegal de datos secretos del caso, con dos fiscales imputados: Julián Salto, que investigó y denunció a González Amador, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid.

De ahí la causa saltó al Tribunal Supremo cuando el propio fiscal general se responsabilizó públicamente del comunicado. Y el foco cambió. El comunicado, dijeron los jueces, no era delictivo porque la confesión de la pareja de Ayuso se había filtrado la noche anterior. Lo que había que investigar era si Álvaro García Ortiz estaba detrás de la filtración.

UCOHurtado encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrar pruebas en los teléfonos y ordenadores del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid. El resultado, después de constatar que García Ortiz había borrado sus mensajes tras saber que estaba siendo investigado, fueron varios informes que abrían un agujero por el que observar, en falso directo, la locura que se desató en la Fiscalía en la noche del 13 de marzo. Informes que atribuyeron un “papel preeminente” al fiscal general en todo el proceso –expresión esgrimida por Hurtado para justificar la imputación de García Ortiz— y que orillaron un factor esencial del caso: todo empezó con un bulo de Miguel Ángel Rodríguez.

Las testificales del caso han permitido reconstruir lo que pasaba en la Puerta del Sol y sus aledaños en esos días. González Amador entregó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Salto y el jefe de gabinete de Ayuso decidió difundir una versión falsa entre los periodistas que respaldaba el discurso victimista de la presidenta madrileña. El “haz lo que veas” del empresario fue toda la luz verde que necesitó para difundir algo que, una vez obligado a decir la verdad en el Supremo, reconoció que no era información sino, en el mejor de los casos, una opinión. La que publicaron varios medios con forma de hecho contrastado y la que la Fiscalía se lanzó a desmentir.

Las horas clave del 13 de marzo

La causa llega a juicio después de que la Sala de Apelaciones haya dejado fuera del caso a la fiscal Pilar Rodríguez, después también de un silencioso tirón de orejas a Hurtado por afirmar sin pruebas que la filtración se produjo siguiendo “indicaciones” de Presidencia del Gobierno, y finalmente después de algo poco habitual en la larga lista de juicios contra aforados del Tribunal Supremo: un voto particular que defiende que el caso tendría que haber sido archivado.

El centro del análisis estará, a lo largo de las seis sesiones del juicio que arranca este lunes, en el reloj. Los correos muestran que el fiscal general no tuvo en su poder el email con la confesión de la pareja de Ayuso hasta las 21.59 horas del 13 de marzo, horas o incluso días antes de que varios periodistas, según han declarado ellos mismos, tuvieran acceso a su contenido o conocieran, al menos, la realidad de las negociaciones embrionarias entre González Amador y la Fiscalía.

Por el momento el Supremo no ha dado credibilidad o peso suficiente a esas declaraciones que, según la defensa de García Ortiz, desactivan cualquier acusación de revelación de secretos contra él. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el mismo Supremo rechazó investigar a la ministra María Jesús Montero por una acusación similar. Y tampoco han considerado que el hecho de que el propio González Amador y Miguel Ángel Rodríguez fueran los primeros en difundir la existencia de las conversaciones, aunque no ese correo concreto, sea algo relevante. La diferencia, según la Fiscalía, entre que esa información fuera o no secreta a efectos penales.

Otra pata fundamental del análisis estará en la ausencia de pruebas concretas que demuestren que el fiscal general filtró, o al menos dio orden de filtrar, ese correo a la prensa. Más aún después de que sus colaboradores Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, a quienes Hurtado atribuía un papel fundamental en el supuesto plan, hayan quedado exonerados. Pero en las últimas semanas el Supremo ha recordado que las condenas no viven solo de la prueba directa: “Muchas casualidades acaban hablándonos a la causalidad. No es buena estrategia aislar cada uno de los indicios utilizados para, desvinculados entre sí, negar que atomizados y separadamente tengan por sí fuerza convictiva”, ha dicho en una sentencia reciente.

Un juicio de alto voltaje y una Fiscalía rota

El juicio arranca este lunes con las cuestiones previas y los cuatro primeros testigos: los tres fiscales que llegaron a estar imputados en las distintas fases de la causa y la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, uno de los testimonios más útiles para la acusación: nunca ha ocultado sus sospechas de que la filtración proviene de la propia Fiscalía y está abiertamente enfrentada con la Fiscalía General desde hace años. En esos días de marzo llegó a preguntar abiertamente a García Ortiz si él había hecho llegar el correo a la prensa. También estuvo convencida, desde el principio, de que los bulos sobre el caso debían desmentirse, aunque rechazó el comunicado que finalmente se emitió.

García Ortiz será el último en declarar, antes de la jornada final dedicada a los informes finales. A su lado del banquillo están la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden su absolución. Al otro, casi una decena de acusaciones encabezadas por Alberto González Amador –que pide cuatro años de cárcel y 300.000 euros– acompañado por el Colegio de Abogados de Madrid, Manos Limpias, APIF, el Foro Libertad & Alternativas y sin presencia física en el juicio otras como Vox y HazteOir, que se personaron en la causa sobre la bocina y cuando la instrucción estaba prácticamente terminada.

La causa por la filtración del correo de la pareja de Ayuso no se ha desarrollado exclusivamente en el plano judicial. Las constantes peticiones de dimisión de PP y Vox en la política y de las asociaciones mayoritarias y conservadoras en el jurídico se han encontrado con la decisión de García Ortiz de mantenerse en su puesto y demostrar su inocencia respaldado por el Gobierno. La guerra política bascula entre un fiscal que denuncia ser encausado por unas diligencias injustas y una oposición que apunta a que el ejecutivo protege al autor de una operación de Estado contra Isabel Díaz Ayuso, su mayor activo político.

La situación interna de la Fiscalía también es delicada. García Ortiz fue recibido en el cargo con un informe del sector conservador del Poder Judicial rechazando su idoneidad y la apertura de la causa ha sido el pistoletazo de salida a las peticiones de dimisión y fuertes críticas internas, con y sin micrófonos, mientras el Supremo avalaba su nombramiento pero también le asestaba varapalos.

El juicio se prolongará hasta el próximo 13 de noviembre a lo largo de seis sesiones si no hay cambios de calendario. El Tribunal Supremo y su Sala de lo Penal se someten, por segunda vez en pocos años, al escrutinio de la opinión pública después del juicio al procés independentista catalán. En esta ocasión las limitaciones impuestas por la propia Sala impedirán, por ejemplo, emitir el juicio en directo por televisión. El resultado, cuando los siete jueces se retiren a deliberar, será una de las sentencias más relevantes de la década a nivel judicial y político con un fiscal general, por primera vez, en el banquillo de los acusados.

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es

Los testigos que ignoró el juez Hurtado: periodistas que conocieron el correo de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general

Varios informadores cuyas declaraciones no han sido tenidas en cuenta hasta ahora por el Supremo revelan que la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador circulaba por las redacciones horas e incluso días antes de que llegara al email de Álvaro García Ortiz

El juicio contra el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso arranca este lunes en el Tribunal Supremo. Los magistrados escucharán decenas de testimonios, entre ellos los de periodistas ignorados por el juez Ángel Hurtado que coinciden en algo: todos supieron que Alberto González Amador negociaba con la Fiscalía horas o incluso días antes de que esa información llegara a manos de Álvaro García Ortiz. Un aspecto considerado clave por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para alegar que no solo no hay pruebas de que filtrara el documento, sino que para entonces la confesión del empresario no era un secreto. El propio González Amador había difundido otros correos del caso a través de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso.

La investigación, en un primer momento, giró en torno al comunicado que la Fiscalía de Madrid emitió en la mañana del 14 de marzo de 2024 para desmentir bulos del caso de fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Pero el Supremo puso el foco en un momento anterior: cuando los medios empezaron a revelar el contenido del correo y si eso fue antes o después de que esa documentación llegara a manos del fiscal general. Un primer informe de la Guardia Civil analizó la secuencia de noticias de forma sesgada y concluyó que los medios no publicaron nada del correo hasta después de que García Ortiz lo tuviera en su poder. Las testificales de varios periodistas ante Hurtado apuntaron en otra dirección.

El caso tiene dos momentos clave en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía General pidió todos los correos mientras Miguel Ángel Rodríguez y varios medios difundían bulos sobre el caso. Uno es a las 21.59 horas, cuando García Ortiz recibió en su email el correo del 2 de febrero con la propuesta de confesión del abogado de González Amador. El otro es a las 23.44 h., cuando recibe el correo que faltaba y que Miguel Ángel Rodríguez y varios medios habían difundido ya.

Una parte fundamental del juicio será analizar si existen pruebas suficientes para acusar a García Ortiz de filtrar el correo a la prensa personalmente, pero otra será determinar si, para cuando lo tuvo en su poder y lo pudo filtrar, ya era conocido por los medios de comunicación. Y las declaraciones de media docena de periodistas apuntan a que la existencia de esas negociaciones entre González Amador y la Fiscalía ya era sabida por varios medios horas o incluso días antes, lo que según la Fiscalía y la Abogacía del Estado limita la capacidad de considerar ese correo como un secreto que se pueda vulnerar.

La primera noticia publicada en la noche del 13 de marzo de 2024 fue firmada por Esteban Urreiztieta en El Mundo: “La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso”. Para cuando fue publicada a las 21.29 diversos dirigentes de la Fiscalía ya habían sido alertados de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, estaba difundiendo entre la prensa una versión manipulada de los hechos y esta noticia fue la que terminó de desencadenar los movimientos internos en el Ministerio Público para desmentir una información que consideraban falsa: la propuesta de pacto era de González Amador, no de la Fiscalía, lo que contradecía el discurso de la propia Ayuso y el PP en ese momento.

Urreiztieta testificó en el Supremo y defendió la “veracidad” de su información para después explicar que su noticia de las 21.29 horas no se basaba solo en ese correo descontextualizado, sino que incluía información sobre la intención del empresario de llegar a un pacto, primero ante la Agencia Tributaria y luego aceptando cárcel ante la Fiscalía. La pregunta la lanzó la Abogada del Estado: “¿Desconocía en el momento en que publica esta noticia el resto de correos que se intercambiaron el señor Carlos Neira y la Fiscalía?”. La respuesta del periodista apuntó a que también conocía esas negociaciones: “Lo que conocíamos es que había habido, como queda plasmado en la información, conversaciones durante las últimas semanas para abordar un acuerdo de conformidad y, también lo plasmamos en la información, que implicara una pena de no cumplimiento para el señor González Amador como suele ser habitual en estos casos”.

“Era un secreto que conocíamos con mucha antelación”

Varios informadores más explicaron a Hurtado que ellos también conocían esas negociaciones, o incluso el contenido del correo, antes que el fiscal general. Alfonso Pérez Medina, periodista de tribunales de La Sexta, fue el primero en publicar a las 22.10 horas que el pacto, en realidad, había sido iniciativa de González Amador. “Pudimos examinar básicamente esos dos correos electrónicos, no los demás, y vimos que, con la secuencia temporal, pues efectivamente la oferta había partido de González Amador”, explicó al juez. Después el periodista aportó nueva documentación: mensajes internos de la redacción de la televisión que demuestran que ya manejaba esa información a las 21.54 horas, cinco minutos antes de que la tuviera el fiscal general.

José Manuel Romero, actualmente director adjunto de elDiario.es, era subdirector de El País cuando compareció, con parte de su equipo, ante el juez Hurtado como testigo. Explicó que habían reconstruido lo que había pasado el día en que este medio desveló el caso y reveló que a las 14.18 horas del 12 de marzo, día y medio antes que el fiscal general tuviera el correo, una fuente de la Fiscalía de Madrid ya le había puesto sobre la pista del pacto, lo que llevó a los periodistas del rotativo de Prisa a hacer varias gestiones al respecto. “Ese secreto era un secreto que nosotros conocimos con mucha antelación a todo lo que ocurrió mucho después”, aseguró.

José Precedo, uno de los periodistas que escribió la primera exclusiva con la que elDiario.es desveló el caso de fraude fiscal de González Amador, explicó que tuvo acceso a ese correo incluso varios días antes, cuando obtuvo la documentación del caso. “El miércoles 6 de marzo recibo una triple documentación. Esa triple documentación consiste en un informe de la Agencia Tributaria que da origen a una denuncia, la propia denuncia que se presenta en un juzgado de Madrid por parte de la Fiscalía, y un correo electrónico que envía el abogado Carlos Neira a un buzón genérico de la Fiscalía el 2 de febrero”.

Miguel Ángel Campos contó en la Cadena Ser a las 23.20 horas de esa noche del 13 de marzo que la defensa de González Amador, incluso, había reconocido que “ciertamente” había cometido dos delitos fiscales. Pero explicó que pudo examinar ese correo, a través de una fuente, pasados unos minutos de las tres y media de la tarde de ese día, seis horas antes que el fiscal general. “Me muestra el correo electrónico y me deja tomar notas. No me dejaba una copia, no me lo imprime, me deja tomar notas y yo anoto todo. Todo ese correo electrónico”, explicó este periodista de tribunales. Lo publicó, añadió, cuando su fuente le dio autorización para hacerlo.

El correo ya no era secreto

El juez Ángel Hurtado acordó estas testificales pero optó por no darles credibilidad o peso suficiente como para impedir el procesamiento del fiscal general, aunque estos testimonios volverán a ser escuchados en el juicio y analizados por siete magistrados distintos. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz en este proceso, consideran que es un dato clave junto con la falta de pruebas y el hecho de que el entorno de Ayuso fue el primero en difundir correos confidenciales del caso.

“Necesariamente la obtención del correo por algunos periodistas y el conocimiento del mismo por el fiscal general tienen que estar próximos en el tiempo”, alega García Ortiz en su escrito de defensa. Él se enteró de la existencia de las negociaciones, no solo de los correos, cuando El Mundo publicó su primera noticia a las 21.29 horas de esa noche. No pudo, por tanto, ser la fuente de los medios que lo obtuvieron o conocieron antes de las 21.59, momento en que sus colaboradores se lo enviaron a su cuenta personal de email.

Hurtado no dio importancia suficiente a estas testificales y tampoco lo hizo la Sala de Apelaciones cuando confirmó el procesamiento del fiscal general el pasado mes de julio. El argumento es que todos esos informadores, según los jueces y en contra de lo afirmado por algunos de ellos, no mencionaban de forma exacta el correo con la confesión. “La información ya era conocida por otras personas con anterioridad a que el fiscal general adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía”, dice la teniente fiscal del Supremo en su escrito en el que pide la absolución de García Ortiz.

La defensa del fiscal general y la Fiscalía apuntan también a más gente que pudo tener acceso al correo desde que fue enviado por el abogado Carlos Neira el 2 de febrero al fiscal Julián Salto y a un Abogado del Estado: funcionarios con acceso al correo genérico de la Fiscalía al que fue enviado, diversos cargos del Ministerio Público, además del propio González Amador y su entorno.

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es