La pareja de Ayuso no es un ciudadano particular sino una “Persona Políticamente Expuesta” obligada a dar cuenta de su patrimonio. Ha tenido a su servicio al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, su aparato propagandístico y a un abogado que tuvo como mentor a un magistrado del Supremo
Pueden repetirlo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su estruendoso coro mediático e incluso él mismo ante el Tribunal Supremo. Y seguirá sin ser cierto. Alberto González Amador no es un “ciudadano particular”. Su periplo de año y medio por los juzgados y el tratamiento de algunos medios de comunicación han demostrado que está en las antípodas de eso.
Exactamente, desde el 26 de mayo de 2021, cuando la revista Lecturas anunció el noviazgo con un reportaje fotográfico en Ibiza y el locutor Federico Jiménez Losantos confirmó en Esradio que la relación llevaba meses. Losantos, poco sospechoso de alentar campañas contra Ayuso, reconoció algo más: la fuente de su información era la propia presidenta madrileña. El audio todavía puede escucharse aquí.
Las parejas de los presidentes, ministros y altos cargos, de diputados, senadores y líderes de partidos en España, más en el caso de que convivan, se consideran Personas Políticamente Expuestas (PEP), una figura sometida a controles financieros especiales, tanto en sus movimientos bancarios, compras de inmuebles, transferencias… Todas esas operaciones deben ser monitorizadas por los bancos que están obligados a aplicar una Diligencia Debida Reforzada (DDR). Traducido al castellano: incluso gestiones sencillas como hacer una transferencia al extranjero, comprar una casa o efectuar una donación a un familiar están vigiladas y requieren la aprobación de la alta dirección del banco, obligado a indagar en el origen de los fondos. En caso de movimientos sospechosos, las entidades están obligadas a avisar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Alberto González Amador desde que convive con Ayuso no es un ciudadano particular, sino una Persona Políticamente Expuesta.
Como todos los cargos públicos, la presidenta de Madrid tenía la obligación de comunicar a los bancos y entidades financieras la identidad de la persona con la que convive a través de una declaración jurada. Lo dice la regulación: “cónyuges, familiares cercanos (hasta el segundo grado) y convivientes”. Ni Ayuso ni su equipo de comunicación han explicado nunca si cumplieron con ese trámite. La condición de Persona Políticamente Expuesta que debió adquirir su pareja en el momento en que empezaron a convivir casa mal con las sociedades en Panamá, en Florida y algunas transacciones que González Amador ha realizado en los últimos años. Los bancos y el servicio antiblanqueo suelen estar encima de ese tipo de operaciones.
Pero más allá de eso, ¿es defendible que esté la pareja de un presidente vigilada por los bancos y no por el periodismo? En el universo Ayuso, una parte de los medios defienden que así es. Que no hay nada que mirar en los negocios de González Amador con Quirón, el principal adjudicatario de la Comunidad de Madrid, de la que ha recibido pagos por 5.000 millones de euros desde 2021. Lo escriben editorialistas y lo repiten locutores de radio y presentadoras de televisión por las mañanas.
No es el caso de elDiario.es. Gracias a las investigaciones de esta redacción, hoy sabemos que, lejos de ser aquel “técnico sanitario” que trató de presentarnos el eficaz aparato propagandístico de la Comunidad de Madrid, González Amador es un comisionista que se hizo con dos millones de euros gracias a una empresa donde estaba de consejero Fernando Camino, su jefe en Quirón, que es el mismo grupo sanitario al que Isabel Díaz Ayuso ha pagado en los últimos cuatro años, el doble de lo presupuestado.
Hoy sabemos también que en 2023, antes de que este medio destapase el escándalo del fraude fiscal, las facturas falsas y las empresas pantallas, Quirón y González Amador trataron de camuflar su relación construyendo una identidad falsa: Alberto Burnet González para que pudiera operar dentro del grupo. Y que todavía hoy, pese a estar imputado por corrupción en los negocios por pagar 500.000 euros a la esposa de su jefe en Quirón a cambio de una empresa sin empleados, infraestructura ni apenas facturación, González Amador figura en la intranet del gigante sanitario como Director de Proyectos. Pese a todo lo anterior tampoco se le aplica el código ético de la compañía.
Ni siquiera el Tribunal Supremo, en la controvertida sentencia que condenó sin pruebas directas al fiscal general de haber filtrado la confesión del doble delito fiscal de González Amador, ha comprado la tesis del ciudadano particular en su fallo: “Estamos no ante un estricto ciudadano anónimo, sino ante un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar”.
Tampoco es cierto que a Alberto González Amador le preocupen todas las filtraciones. Unas, como la publicación del correo en el que su abogado confesaba en su nombre un doble fraude fiscal, las denuncia en los tribunales. Otras las utiliza a conveniencia en las demandas que presenta. El juicio en el Supremo ha evidenciado que el primer correo que se publicó lo filtró el propio González Amador, a través del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, a El Mundo, el diario que llevó a su portada una noticia falsa que partía de la manipulación de la cadena de mails entre la pareja de Ayuso y el fiscal.
El Colegio de Abogados de Madrid, que puso en el grito en el cielo y presentó una denuncia al ver en algunos medios el mail de la confesión de los delitos, no ha tomado ninguna medida contra el letrado de González Amador Carlos Neira, quien facilitó una parte de sus comunicaciones con la Fiscalía, entre ellas el correo que acabó publicado en El Mundo. Es el mismo Colegio Oficial de Abogados que protestó airadamente por la quiebra de confianza que supone airear las conversaciones entre el Ministerio Público y un letrado y apeló a la vulneración del protocolo firmado con la Fiscalía para las conformidades. Diferentes medios de comunicación han preguntado al colegio profesional si había adoptado alguna medida disciplinaria contra el abogado Carlos Neira por romper ese protocolo. No hay noticias de que lo haya hecho, pero ha aparecido alineado como acusación con la pareja de la presidenta y su abogado llegó a formular preguntas dictadas por el letrado de González Amador durante el juicio.
Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid y de cuyo departamento salió una filtración antes de que el correo de la confesión de González Amador llegase a manos de García Ortiz, se quejó en su día de que el Colegio de Abogados no expedientará a su colegiado tras la filtración original que dio lugar a esta causa. Tampoco porfió en ello a lo largo del procedimiento judicial.
Ahora se sabe que el mismo día que el Colegio Oficial de Abogados de Madrid mantuvo la acusación y pidió cárcel contra el fiscal general, la Comunidad de Madrid autorizaba al Colegio de Abogados de Madrid para convertirse en centro universitario, con el lucrativo negocio que supone. El proceso llevaba varios años en marcha, pero se cerró el mismo día que el juicio al fiscal general quedó visto para sentencia. La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid puede revisarse aquí.
El triángulo se cierra así: la Comunidad de Madrid que preside Ayuso permite al Colegio de Abogados un centro universitario el 14 de noviembre, justo el día en que el mismo colegio profesional ratificaba en su escrito de conclusiones la acusación contra el fiscal general durante la última jornada del juicio. La semana siguiente, ese mismo colegio profesional celebra un curso por el que paga 90 euros por hora a tres miembros del mismo Tribunal ante el que ejercieron de acusación.
El Colegio Oficial de Abogados se ha visto obligado a sacar un comunicado para defender que su posición en el juicio contra el fiscal general del lado de la pareja de Ayuso nada tenía que ver con el centro universitario que la presidenta de Madrid le acababa de conceder.
Por si faltaban indicios sobre si González Amador opera realmente como un ciudadano particular, ahí va otra pista. El novio de Ayuso y su abogado Gabriel Rodríguez Ramos han venido utilizando para sus denuncias material reservado que solo tenía la policía y que también es secreto. Solo así puede entenderse que en una demanda figuren atestados policiales sobre las identificaciones que la escolta de la presidenta realizó en las inmediaciones de su vivienda a periodistas que trataban de averiguar en cuántos pisos vivía la pareja. ¿Cómo llegaron esos datos personales reservados de la policía a la demanda de un supuesto ciudadano particular? Es una vulneración de la protección de datos muy grave por la que nadie ha respondido todavía.
Alberto González Amador tampoco era un desconocido para una parte del Tribunal Supremo que juzgó su denuncia. El abogado que contrató, Gabriel Rodríguez Ramos -hijo del reputado penalista Luis Rodríguez Ramos y empleado en el bufete familiar- había estado preparando su tesis con Antonio del Moral, uno de los cinco magistrados que acabó condenando en la polémica sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fuentes cercanas al bufete admiten que fue Rodríguez Ramos padre quien pidió al magistrado dirigir la tesis de su hijo. Así que el mismo día que el letrado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, leyó la tesis donde agradecía a su mentor, Antonio Del Moral, la “sabia guía” durante los años de investigación, la Sala del Supremo, en la que estaba el propio Del Moral, abría una causa contra la sexta autoridad del Estado por revelación de secretos, tras una denuncia del propio Rodríguez Ramos.
Del Moral fue además la persona que dirigió el curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid al que acudieron él mismo y otros dos magistrados, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y Juan Ramón Berdugo, en medio de la deliberación de un caso que tenía entre las acusaciones particulares, del lado de González Amador, al propio Colegio de Abogados.
Berdugo, Del Moral y Arrieta firmaron los votos a favor de la condena al fiscal general, junto a Manuel Marchena, el magistrado que, según el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había que aupar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo para “controlar desde atrás” la sala segunda, precisamente la que ha juzgado a García Ortiz y por la que pasan la gran mayoría de casos de corrupción. La quinta magistrada que se posicionó del lado de la condena, Carmen Lamela, también fue aupada al más alto tribunal del país por la mayoría del PP, que ha hecho de este sumario una causa general contra el propio presidente del Gobierno.
¿Explica esa maraña de relaciones que el muy particular ciudadano Alberto González Amador, que comparecía como testigo, dispusiese de un alegato final ante el Tribunal Supremo donde se permitió decir que la situación en la que estaba solo le dejaba dos salidas: suicidarse o huir de España (donde sigue acusado por la Justicia en dos procedimientos sobre delitos graves)? El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, permitió al testigo soltar su discurso y lo más que hizo fue replicar con una ironía: “Le recomiendo consultarlo con su abogado”.
Es el mismo magistrado que consideró una amenaza, y así lo hizo saber desde la presidencia del tribunal, el dilema profesional sobre revelar la fuente (y quebrar la primera obligación del oficio, junto a decir la verdad) o permitir la condena de un inocente.
Si alguien cree que a un ciudadano particular se le permiten alegatos de este tipo en el Tribunal Supremo, sirva un consejo de los antiguos concursos de televisión: “No lo intenten en sus casas”. Quien tenga interés en comprobarlo, puede consultar los vídeos del juicio al procés y los interrogatorios del propio Marchena a los testigos independentistas.
Pero la evidencia más clamorosa de que González Amador no es un ciudadano particular fue la actuación de la Comunidad de Madrid desde que estalló el escándalo de sus comisiones millonarias y su fraude fiscal. El primer día, la presidenta trató de convertir una rutinaria investigación de Hacienda que derivó en denuncia, como hay miles, en una operación de “todos los poderes del Estado contra ella”. Y de acuerdo con semejante diagnóstico, puso a trabajar en su defensa a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, un alto cargo de la Administración con un sueldo público de 100.989 euros.
Rodríguez puso en marcha una campaña de intoxicación basada en mentiras, como él mismo tuvo que admitir en el Supremo, utilizando a medios de comunicación bajo su influencia, empezando por Telemadrid y una decena de diarios y radios que publicaron sus inventos sin ningún contraste.
Tras año y medio de ruido y muchísima propaganda, hoy sabemos que González Amador está procesado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental y que en otra causa separada se le investiga por cohecho y corrupción en los negocios. Le hemos visto acudir a los juzgados con peluca y utilizar un alias, Alberto Burnet, para operar con un cargo directivo en el grupo sanitario al que su pareja ha repartido 5.000 millones de euros en el último lustro.
En todo este tiempo ha tenido a su servicio al aparato de la Comunidad de Madrid, al Colegio de Abogados de Madrid y a distintas asociaciones ultras que se personaron como acusaciones en el delito de revelación de secretos. También ha usado en sus demandas información reservada en poder de la policía sobre identificaciones de la escolta de Ayuso a periodistas.
Mientras, Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta de Madrid siguen intentando defender que es “un ciudadano particular”. Y un sector de la prensa que financian le sigue comprando la mercancía.
Fuente: José Precedo en eldiario.es
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
“No era un secreto”: el Supremo rebaja los lamentos de la pareja de Ayuso sobre la publicación de su confesión
La sentencia entiende que la filtración de su correo admitiendo un fraude fiscal le afectó negativamente pero no hasta el punto de pedir una “exagerada” indemnización de 300.000 euros y denunciar, como hizo en el juicio, que solo le queda quitarse la vida o abandonar el país
La decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de Alberto González Amador deja varias cosas por escrito además de su culpabilidad. Esa difusión le afectó negativamente y, además, el texto señala que muchas de sus alegaciones, quejas y lamentos son excesivos. Desde su “inacogible alegación” de que ya nada puede salvarlo de una condena por fraude fiscal a explicar que la revelación empeoró, pero no mucho, su imagen pública. “Añade algo, pero no demasiado”, dice el Supremo para dejar en 10.000 euros la “exagerada” indemnización de 300.000 que llegó a pedir.
La pareja de Isabel Díaz Ayuso quiso dejar claro al Tribunal Supremo por qué pedía esa cantidad de dinero. “A raíz de la filtración del fiscal general me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, afirmó, al final de su declaración. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le cortó antes de dar por terminada su declaración en el juicio: “No le recomiendo ninguna de las dos”.
La frase lapidaria del comisionista sanitario no solo cumplió con el requisito –estimado por el Supremo en su sentencia– de acreditar y explicar el perjuicio que la filtración había tenido para él. También desarrolló, en unos pocos segundos y a modo de coda final, el discurso que la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno esgrimen desde que elDiario.es destapó el caso en marzo de 2024: que la maquinaria del Estado y los medios se han puesto de acuerdo para hundir al empresario estrechamente relacionado con el grupo Quirón.
La sentencia da la razón al comisionista en lo más esencial: condena al fiscal general, entiende que la confesión nunca debió ser revelada y considera que 10.000 euros de indemnización son suficientes para resarcir el daño. La cantidad se sitúa muy lejos de los 300.000 euros que pidió de indemnización y de los 150.000 euros –posteriormente rebajados a la mitad– que el juez Ángel Hurtado llegó a establecer como fianza para asegurar las responsabilidades económicas del caso.
Los jueces repiten varias veces que ese correo no debió ver la luz, pero añaden que “evidentemente no es un secreto”. Y entienden que su revelación poco añadió al debate público ya abierto después de que elDiario.es desvelara en exclusiva que había sido denunciado por fraude fiscal. Atribuir las consecuencias de su imputación al fiscal general es un planteamiento, dicen los jueces, “desmesuradamente ambicioso”. Su confesión “añade algo, pero no demasiado”, a algo que ya era “de público conocimiento”: que la Fiscalía y la Agencia Tributaria le acusaban de defraudar 350.000 euros con facturas falsas y empresas pantalla.
No afecta al honor del comisionista
El objetivo de buscar una conformidad fue explicitado por el propio González Amador en el juicio: quería cerrar el caso “rápido y sin ruido”. Para conseguir su objetivo contrató a un abogado, Carlos Neira, conocido por cerrar casos de fraude fiscal incluso antes de que hubiera juicio: pagar, reconocer el delito, no entrar en la cárcel y ver como todo queda enterrado en el archivo de un juzgado de lo penal sin que nadie recurra y sin que el asunto llegue, por tanto, a las bases de datos públicas y anonimizadas del Poder Judicial.
Que se conociera su intento de confesión y pacto, explica el Supremo, no implica que Álvaro García Ortiz deba pagar una indemnización por cada político o personalidad que se haya referido a él como “defraudador confeso”. Algo que, recuerda la Sala de lo Penal, ya ha zanjado la vecina Sala de lo Civil: “Las expresiones, aunque sean desabridas e hirientes, no atentan contra el honor del demandante”.
El comisionista, en paralelo a esta causa penal, anunció decenas de demandas y querellas contra políticos y periodistas que en algún momento se han referido a él como defraudador confeso. El Tribunal Supremo fue el primero en rechazar una de sus reclamaciones y tumbó su petición de 40.000 euros contra la ministra María Jesús Montero. El empresario, dijeron los jueces y repite ahora esta sentencia, es “una personalidad con notoriedad pública” y este tipo de expresiones son “crítica política”.
El problema para González Amador, completa ahora la Sala de lo Penal del Supremo, no es que se haya conocido su confesión, sino que está imputado en dos procesos judiciales distintos. “Alguna cuota, de todas formas, en esos perjuicios puede atribuirse a esa desafortunada difusión del mail. Diez mil euros es una cifra que satisface sobradamente esa porción ideal, muy lejos, desde luego, de la exagerada cifra propuesta por la acusación”.
No sacará “rendimiento defensivo” contra el fraude fiscal
La fase de instrucción vio declarar a casi una treintena de testigos ante el juez Hurtado y uno de los momentos más tensos se vivió cuando Eugenió Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se sentó para explicar por qué habían denunciado a la Fiscalía por el comunicado que combatía los bulos del caso: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida”.
Ribón afirmó que la publicación de la confesión de González Amador dificultaba que pudiera defenderse de forma efectiva, deslizando sin afirmarlo que un juez sería menos proclive a creer en su inocencia –“puede quedar contaminado”– después de saber que su abogado intentó llegar a un pacto. Hurtado cortó escandalizado a la Abogada del Estado, Zaida Fernández, cuando pidió claridad al decano del ICAM: “¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”.
Diez meses después, la sentencia del Supremo descarta esta teoría que desarrolló ampliamente el propio González Amador desde su primera querella hasta su última intervención en el caso: su inocencia, investigado en dos causas judiciales distintas, no está en entredicho. “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad”, dice el Supremo. Si cree que los jueces que le van a juzgar por fraude fiscal no están siendo imparciales, invita el Supremo, podrá recurrir. “Si el proceso no se ajusta a las reglas de un juicio justo, allí deberá denunciarlo”.
El tribunal cierra la puerta a esa alegación, una condena segura porque su confesión fallida fue publicada, y también a que esta condena le pueda beneficiar en sus dos imputaciones penales: “Si quiere obtener algún rendimiento defensivo de ese proceso de cara al que se sigue contra él, cualquier juez o tribunal comprende que no puede valorar unas conversaciones confidenciales encaminadas a una conformidad cuando no se llega a un acuerdo”.
Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
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