El verdadero complot en el caso contra el fiscal general. | Se pide la absolución: “No hay ninguna prueba” [Vídeos]

• Hemos asistido a una sorprendente metamorfosis judicial, en la que un caso de fraude a Hacienda se convirtió en una causa sin precedentes contra el fiscal general por haber intentado desmontar la conspiración

En su maratónica deposición de este jueves ante el Tribunal Supremo, el abogado de Alberto González Amador en el juicio al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos describió una suerte de complot para destruir a su defendido y, por extensión, a su pareja, , la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De acuerdo con la narración del letrado, la conspiración estuvo capitaneada por el jefe del Ministerio Público y contó con la participación de dirigentes socialistas, con el presidente Sánchez en cabeza, y periodistas que actuaban como una correa de transmisión informativa perfectamente sincronizada con el cuartel general del número 4 de la calle de Fortuny.

Lo que no entiendo es por qué nuestro Perry Mason hispano no llegó al origen del complot, si resultaba extremadamente sencillo hacerlo. Pudo haber contado que el fiscal general, los dirigentes socialistas y los periodistas comenzaron a tejer la trama induciendo al novio de Ayuso a dar un pelotazo de dos millones de euros con las mascarillas en plena pandemia. Cómo lo arrastraron contra su voluntad a defraudar a Hacienda en 2021 y a seguir con sus andanzas defraudatorias en 2022 con un entramado de sociedades y facturas falsas. Y cómo, seguidamente, lo convencieron de que intentara regularizar su deuda con Hacienda cuando ya era ilegal hacerlo.

También pudo haber relatado que el fiscal general y su pandilla convencieron a González Amador de que mantuviera debidamente informado de sus líos con Hacienda y la justicia a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y le diera barra libre a este para hacer con la información lo que considerase oportuno. Y cómo Rodríguez, seguramente manipulado por el fiscal general, envió a varios medios amigos el pantallazo de un mail que le había enviado González Amador, indicándoles que la Fiscalía, y no el abogado del defraudador, había solicitado un acuerdo de conformidad que había sido frenado “desde arriba”. Los medios en cuestión publicaron dócilmente la información… obligados por el fiscal general, supongo. Mientras, Díaz Ayuso, también inducida por el infatigable fiscal, no paraba de acusar al Gobierno y a a propia Fiscalía de intentar de destruirla a ella a través de su novio.

Ironías aparte, el único complot que ha habido en todo este asunto es el que montaron González Amador –para defraudar a Hacienda– y el jefe de gabinete de la presidenta madrileña para convertir, con la obediencia supina de varios medios de comunicación, el caso González Amador en el caso Fiscal General del Estado. Una confabulación en la que ha participado activamente Díaz Ayuso con una artillería de declaraciones públicas que han ido desde presentar cínicamente a su novio no como deudor, sino acreedor de Hacienda, hasta denunciar una operación desde el deep state para destruirla políticamente.

En su relato de los hechos, el abogado de González Amador no solo enfiló sus baterías contra el fiscal general, sino que leyó declaraciones de dirigentes socialistas en las que se refieren al novio de Ayuso como “defraudador confeso”, lo que le habría producido a su cliente un incalculable daño personal y empresarial. Además, dedicó buena aparte de su intervención a lanzar insidias contra los periodistas que han testificado en el juicio y que han afirmado bajo juramento que las informaciones que publicaban en sus respectivos medios no procedían del fiscal general, aunque se han resistido a revelar sus fuentes invocando el secreto profesional.

Eso sí, al bulo que puso en marcha Miguel Ángel Rodríguez –que no es un ciudadano más, sino un alto cargo de confianza de la presidenta madrileña– y que provocó una respuesta de la Fiscalía General del Estado mediante un comunicado público, el abogado de González Amador le antepuso un ‘presunto’. Cuando era una patraña del tamaño de un trasatlánticonde y el origen de todo cuanto sucedió después.

Será, por supuesto, el Tribunal Supremo quien haga las valoraciones pertinentes de cuanto se ha dicho en el juicio y decida la suerte del fiscal Álvaro García Ortiz. Sea cual fuere la decisión de los magistrados, habremos asistido a una sorprendente metamorfosis judicial, en la que un caso de fraude a Hacienda se convirtió mediante un complot –este sí auténtico– en una causa sin precedentes contra el fiscal general del Estado por haber intentado este –con mayor o menor fortuna– desmontar la conspiración.

Fuente: Marco Schwartz en eldiario.es

Fuente: Elena Herrera / Alberto Pozas en eldiario.es

La defensa del fiscal general carga contra la pareja de Ayuso y pide la absolución: “No hay ninguna prueba”

• José Ignacio Ocio apunta a la “mala fe” de Alberto González Amador por no explicar en su querella que remitió correos del caso a periodistas a través de Miguel Ángel Rodríguez: “Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, pierde su carácter reservado”.

El Abogado del Estado José Ignacio Ocio ha solicitado al Tribunal Supremo la absolución del fiscal general al no haber pruebas de su participación en la filtración de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, ha dicho al principio de un informe en el que ha cargado contra el juez Ángel Hurtado, el comisionista y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “No hay absolutamente ninguna prueba”, ha añadido posteriormente. “No hay ningún indicio, ninguna prueba, de que ese correo llegase porque así lo ordenase el fiscal general”.

Ha sido al final de su alegato cuando ha pedido con más contundencia la absolución de García Ortiz. “Es inocente de todo lo que se está diciendo aquí, se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas y de emisión de un comunicado oficial de una institución para salir al paso de información que ponía en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado”. García Ortiz ha rechazado hacer uso de su derecho a la última palabra.

El representante de la defensa de García Ortiz ha criticado que Alberto González Amador fue el primero en desvelar detalles confidenciales de su caso, algo que ocultó a los jueces hasta que fue llamado a declarar en fase de instrucción. “En la querella no se hace referencia a que Neira mandó ese correo a la Abogacía del Estado. También ocultó una interacción interesante, la que mantuvo con un periodista de El Mundo”, ha apuntado Ocio.

“Se nos ocultó”, ha añadido, que Miguel Ángel Rodríguez tuvo un correo del fiscal Julián Salto y lo hizo circular entre decenas de periodistas. “¿Cuántas cosas más ignoramos por la mala fe del querellante que ha omitido datos relevantes en la querella?”, ha preguntado. “Cuando el titular de un secreto hace partícipes a terceros de ese secreto, pierde su carácter reservado”.

Ha destacado también que para cuando el email llega a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo varios periodistas ya habían tenido acceso a su contenido: “Para cuando lo recibe este no tenía carácter reservado”. El Abogado del Estado, a diferencia de Hurtado y las acusaciones, sí ha dado credibilidad a estos informadores.

El registro de la UCO “no fue legal”

La primera parte del informe ha ido dirigido a solicitar la “nulidad” de la prueba clave del caso: los registros de la UCO en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid en octubre del año pasado. “Hubo una orden del juez que no fue cumplida, no fue legal. No se hizo un cribado por palabras”.

Ha empezado entonces a relatar cómo Alberto González Amador fue investigado y denunciado por fraude fiscal y cómo su abogado Carlos Neira, tras explicarle las consecuencias, envió un correo al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024 ofreciendo un pacto. “Hay una laguna”, ha dicho, sobre si Neira envió el correo a “otros interesados” como los otros denunciados o si algún trabajador de su despacho pudo tener acceso a él. “Hay una laguna en la investigación con todo lo que tiene que ver con el emisor”.

El Abogado del Estado ha explicado a la Sala de lo Penal que “no hay constancia” de cuántas personas tuvieron acceso al correo y la documentación del caso en todas sus fases: antes y después de que el comisionista fuera denunciado en los juzgados de Madrid el 5 de marzo de 2024. Si ha trascendido que más de 400 personas tuvieron acceso a la causa, ha dicho Ocio, es gracias a “la labor de la Abogacía y la Fiscalía, hubo una voluntad de no investigar el espectro de personas que hubieran podido tener acceso”.

El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha cuestionado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pusieron en marcha una “dinámica de cuestionamiento” de la Fiscalía y Hacienda después de que elDiario.es revelara el fraude fiscal de la pareja de la jefa del Ejecutivo madrileño. Ocio ha explicado que se apuntó a la existencia de “una trama de poderes del Estado”, en la que todo era “turbio y feo”.

El abogado del Estado ha afirmado incluso que hubo “un señalamiento concreto con nombre y apellidos a una fiscal concreta”, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Y que en la tarde del 13 de marzo el citado Miguel Ángel Rodríguez empezó a distribuir “una versión lesiva contra la Fiscalía” en la que se apuntaba que era la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a Alberto González Amador y que luego se había retirado “por órdenes de arriba”.

La defensa del fiscal general también ha tenido críticas para la Fiscalía de Madrid que dirige Almudena Lastra. “Lo que sorprende es la falta de tratamiento habitual normal por parte del gabinete de prensa, el cerrojazo informativo. Con carácter habitual se emite una nota de prensa y los medios quedan enterados con transparencia”. Los testigos vinculados a esta Fiscalía de Madrid negaron ante el Supremo haber evitado informar sobre el caso en esos días, explicando que suelen esperar a que una denuncia sea repartida a un juzgado para informar públicamente de un caso mediático.

Consuelo Castro, Abogada del Estado que se ha incorporado al proceso ya en fase de juicio, ya avanzó estos argumentos en la primera sesión, cuando calificó de “inquisitiva” la investigación y aseguró que García Ortiz había sido sometido a un “proceso injusto”. El Abogado del Estado Ocio, que ya defendió a García Ortiz en fase de instrucción, también ha aludido a la “contaminación externa” que ha rodeado al proceso hasta el punto, ha dicho, de generarse un “juicio paralelo basado en conjeturas”.

Fuente: Elena Herrera / Alberto Pozas en eldiario.es