El tribunal rechaza el recurso del empresario Alberto González Amador contra la decisión de la jueza de abrir una pieza separada de la investigación por fraude fiscal para analizar sus trabajos para el grupo sanitario
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido avalar que la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso se amplíe a su relación comercial con el grupo sanitario Quirón. Los jueces han rechazado el recurso de Alberto González Amador contra la apertura de una pieza separada: “Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, explican.
El pasado octubre, la jueza Inmaculada Iglesias abrió una pieza separada para investigar los posibles nuevos delitos cometidos por Alberto González Amador, que estarían recogidos en la inspección fiscal que se le realizó durante dos años. Justo a tiempo para evitar un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, presentó el 24 de junio un escrito solicitando la ampliación de la investigación. La magistrada rechazó en un primer momento hacerlo, pero tras un recurso presentado ante ella por los partidos, lo reconsideró y abrió una pieza separada, aunque no por todos los delitos que apreciaban las acusaciones populares.
Contra esa decisión de ampliar la investigación a una pieza separada recurrió la defensa de González Amador ante la Sala de lo Penal. Y ha sido su Sección Tercera la encargada de resolver. La Fiscalía, que hasta el mes pasado apoyaba un acuerdo con González Amador, propuesto por este, para ser condenado a ocho meses de cárcel y una multa que le evitaran el ingreso en prisión, cambió de opinión al tener que pronunciarse obligatoriamente sobre el recurso del investigado contra la ampliación de la investigación. La Fiscalía aprecia ahora un posible delito de corrupción en los negocios y pide que se investigue este y una ampliación del delito fiscal.
La pieza separada permitiría entrar de lleno en la relación entre González Amador y el Grupo Quirón, el mayor contratista de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad. El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una “comisión” de medio millón de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. El fiscal incluye en su escrito el término “soborno”.
“La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado González Amador pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es. Alberto González Amador pagó medio millón de euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal cliente en los últimos años, para adquirir una pyme que estaba a nombre de la esposa del ejecutivo y que no tenía empleados, ni casi activos, y que apenas facturaba 30.000 euros anuales, según desveló este periódico en marzo de 2024.
Se da la circunstancia de que esa operación se produjo en 2020, poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi dos millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para Mape, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes. Las acusaciones populares pidieron a la jueza del caso que investigue si pagar un precio desmesurado por una empresa que no valía tal cantidad de dinero fue la forma que encontró González Amador para pagar su parte de la comisión de las mascarillas a Fernando Camino, el directivo de Quirón y consejero de Mape.
A finales de 2020, la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, compró otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la “expansión en Latinoamérica” y el “desarrollo e implantación de la Joint Commission International”.
Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según concluyó Hacienda y la Fiscalía. La empresa “pantalla” y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa “pantalla” al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, “pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas”.
La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una “simulación relativa” de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”.
El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso. Hasta aquí parte del delito fiscal del que se acusa formalmente a González Amador.
El resultado de la operativa fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa “pantalla”, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. “Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil”, zanjó la administración.
La acusación popular presentó el 24 de junio, en la misma jornada en la que González Amador pretendía cerrar un acuerdo de conformidad y reconocer los dos delitos fiscales y la falsificación de documentos, un escrito en el que solicitaba ampliar la investigación.
Fuente: Pedro Águeda / Alberto Pozas en eldiario.es
Imagen portada: Montaje fotos RRSS
Fuente: OPINION. Esther Palomera en eldiario.es
Alberto Quirón, ese chico del montón
Ayuso, que habita en las coordenadas morales de la mendacidad, reescribe otra vez la historia de la situación judicial de su novio y la reduce al “pago de un impuesto fuera de plazo” mientras la Audiencia Provincial amplía la investigación a dos nuevos delitos: administración desleal y corrupción en los negocios. ¡Y ya van cinco!
La historia, con mayúsculas o minúsculas, siempre es una vacuna contra la ignorancia, un revulsivo contra la propaganda imprescindible para desmontar mentiras y detallar la realidad de los hechos. La de Alberto [Quirón] en relación con el fisco es palmaria, evidente, obvia. Y no es la de un contribuyente que pagó a Hacienda sus impuestos fuera de plazo, como sostiene su novia, la presidenta de la Comunidad de Madrid. A quien presenta la declaración de la renta más allá del 30 de junio de cada ejercicio, pero tributa por lo que ha ingresado -sin facturas falsas ni empresas pantalla- se le obliga a pagar un recargo por el despiste y listo. Pero este no es el caso que nos ocupa.
Para quien lo haya olvidado, va aquí una dosis de recuerdo sobre este “señor particular” al que en los comienzos de su relación con Isabel Díaz Ayuso se le presentó como “un técnico sanitario” y hoy es “un hombre honorable” con amplia experiencia en la dirección de “empresas de mucho prestigio” (sic).
Hecho: Alberto Quirón defraudó a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Así consta en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado en marzo de 2024 tras recibir un informe de la Agencia Tributaria con las conclusiones de una investigación iniciada dos años antes como consecuencia de algunos movimientos sospechosos de las sociedades de la pareja de la presidenta de Madrid por su enriquecimiento durante la pandemia.
Hecho: el informe de la Agencia Tributaria atribuye al novio de la presidenta dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
Hecho: sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
Hecho: el fraude fiscal por el que está acusado tuvo su origen en el cobro de dos millones de euros que ingresó en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia.
Hecho: el informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia que la Fiscalía presentó contra Alberto González Amador evidencia cómo la pareja de la presidenta madrileña usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar sus ingresos. La principal, Maxwell Cremona –que facturó 3,7 millones en dos años–, no tenía empleados por cuenta ajena pero sí constaba a su nombre un Porsche Panamera. Con posterioridad adquirió otro vehículo de alta gama, un Maserati.
Hecho: la segunda compañía, que Hacienda califica como “una mera sociedad interpuesta”, se llamaba Masterman & Whitaker y nunca tuvo ni empleados ni medios materiales para hacer los trabajos encargados por el gigante sanitario Quirón, el “principal cliente” de González Amador. En los contactos del teléfono del jefe de gabinete de Ayuso González Amador aparece identificado como Alberto Quirón.
Hasta aquí la historia y los datos. Todo lo demás es un burdo intento de Ayuso y sus terminales por reescribir un relato tan burdo como falsario. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid intentaba este domingo desde las páginas de El mundo potenciar una nueva versión sobre los problemas judiciales de su novio con el propósito de reducirlo al “pago de un impuesto fuera de plazo”.
Ayuso, que habita en las coordenadas morales de la mendacidad, difunde desde hace meses una versión manipulada de los hechos con la que pretende presentar a Alberto Quirón como un chico del montón que se parte el espinazo como cualquier trabajador español, que paga sus impuestos, y que, simplemente, tuvo un pequeño olvido a la hora de declarar sus ingresos y tributar por lo ganado. ¡Pobre Alberto! ¿Quién no ha dado un pelotazo de dos millones de euros por la venta de mascarillas en pandemia? ¿Quién no se olvidó de declarar a Hacienda? ¿Quién no crea sociedades interpuestas para burlar al fisco? ¿Quién no compra empresas fantasma?
En esa misma entrevista, la presidenta de Madrid se presenta, cuál infanta Cristina en el caso Nóos, como una pareja que nada sabía de los tejemanejes fiscales y societarios de González Amador y declara que “antes de empezar una relación con alguien no le pregunto si tiene una inspección fiscal y cómo va a resultar”.
En qué quedamos. ¿Fue el pago de un impuesto fuera de plazo? ¿Fue una inspección fiscal? Lo primero, en absoluto. Y lo segundo lo fue hasta que la Fiscalía elevó el asunto al juzgado después de que la Agencia Tributaria atribuyera a Alberto Quirón dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. De hecho, el investigado reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos fiscales de los que estaba acusado y propuso ser condenado a ocho meses de prisión, si bien su pareja pretende convencer a la opinión pública de que todo fue un despiste.
“Si a mí me dice que ha creado una red para evadir impuestos, para engañar, evidentemente a mí no me parecería bien. Y tendría que pagarlo. No estaría con él, pero no es nada de esto. Es el pago de un impuesto fuera de plazo”, insiste la presidenta regional.
Mala suerte la suya y qué inoportunas sus declaraciones porque este lunes, horas después de esa elocuente declaración, la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a la ampliación de la investigación sobre Alberto Quirón por dos nuevos delitos: administración desleal y corrupción en los negocios. ¡Y ya van cinco!
Ahora se trata de investigar los negocios de González Amador con el gigante sanitario Quirón, una empresa que factura anualmente cientos de millones a la Comunidad de Madrid. Y, sí, tiene que ver con la emisión de facturas sospechosas que Hacienda enmarca en una operación “artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria”, que viene siendo lo mismo que lo que Ayuso llama “una red para evadir impuestos, para engañar” y que, “evidentemente a mí no me parecería bien”, “tendría que pagarlo” y “no estaría con él”.
¿Y ahora qué? No hay propaganda ya, por muy subvencionada que esté, que pueda borrar los hechos.
Fuente: eldiario.es
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