El decreto de urgencia sobre vivienda podría llevarse a la Diputación Permanente: Se abre la vía de su aprobación con 35 votos contra 34 tras la disolución de las Cortes

• El Consejo de Ministros se reúne este lunes para firmar la disolución de las Cortes, pero también es posible que se vuelvan a llevar los reales decretos-ley de vivienda que naufragaron el viernes en el Congreso, como un único decreto más ambicioso. La operación trasladaría la votación a un órgano de 69 miembros donde el bloque que sostiene al Gobierno suma 35 escaños frente a los 34 del PP, Vox y Junts. Junts deja de tener la llave.
  
  
• Un decreto tanto o más ambicioso que lo propuesto por el Sindicato de Inquilinas aprobado antes de las elecciones Generales podría movilizar a una gran cantidad de inquilinos afectados por la carestía de la vida a sabiendas de que lo primero que harían PP y Vox al llegar al Gobierno sería derogarlo.
  
  

Con las Cortes disueltas y las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, surge una pregunta clave: ¿estima el Gobierno aprobar un decreto de vivienda ambicioso a través de la Diputación Permanente, donde la correlación de fuerzas es de 35 contra 34? Y si lo hace, ¿podría recoger todas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas y movilizar a la gente ante el riesgo de que PP y Vox lo deroguen si ganan?

El contexto: dos decretos tumbados y unas Cortes disueltas

El 4 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes y el adelanto electoral al 29 de noviembre. El detonante inmediato fue la derrota parlamentaria del 2 de octubre: el Congreso rechazó dos decretos de vivienda con 172 votos a favor y 178 en contra. Los siete votos de Junts fueron decisivos para tumbar unas medidas que incluían la prórroga de la limitación de actualización de rentas y otras medidas de alivio hipotecario.

Pero la disolución no significa que toda la actividad legislativa se detenga. Según el artículo 78 de la Constitución y el artículo 57 del Reglamento del Congreso, tras la disolución la Diputación Permanente asume parte de las funciones que correspondían al Pleno, incluida la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno. Ya hubo precedentes en 2019, cuando la Diputación Permanente tramitó siete decretos durante el periodo electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este lunes una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. El orden del día tiene dos puntos que se entrelazan: la aprobación de un nuevo real decreto-ley con medidas de vivienda y la firma del decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

La secuencia importa. Si el decreto se aprueba antes de que la disolución sea efectiva, su convalidación ya no corresponderá al Pleno del Congreso —donde el viernes fue tumbado por 172 votos a favor y 178 en contra—, sino a la Diputación Permanente. Ese órgano, que actúa como guardia y custodia del Parlamento entre legislaturas, tiene una aritmética distinta.

Por qué la aritmética cambia

La Diputación Permanente del Congreso está formada por 68 diputados más la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. El reparto actual concede 27 representantes al PP, 24 al PSOE, seis a Vox, seis a Sumar y uno a ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto.

La suma es la siguiente: PSOE (24) más Armengol (1) más Sumar (6) más ERC (1) más EH Bildu (1) más PNV (1) más Ione Belarra por el Grupo Mixto (1) alcanzan 35 votos. PP (27) más Vox (6) más Junts (1) suman 34.

Esa diferencia de un solo escaño basta para convalidar un decreto-ley, que se decide por mayoría simple. Lo relevante es que Junts, que en el Pleno dispone de siete votos y fue decisivo para tumbar los decretos del viernes, pasa a tener solo uno y pierde su capacidad de bloqueo.

Las cuentas no son automáticas

La mayoría de 35 contra 34 es potencial, no confirmada. El propio historial de la votación del viernes demuestra por qué. El PNV respaldó el primero de los decretos de vivienda, pero votó en contra del segundo, que incluía la renovación automática de contratos de alquiler. Los nacionalistas vascos cuestionaron el equilibrio de esa medida y su impacto sobre los pequeños propietarios.

Si ese comportamiento se replica en la Diputación Permanente, el segundo decreto volvería a caer: PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos sumarían 34 votos, mientras PP, Vox, Junts y PNV alcanzarían 35. La ventaja técnica desaparece si el PNV se descuelga.

Lo que Sánchez dijo antes del naufragio

El presidente había apelado a la «altura de miras» del Congreso para evitar precisamente este escenario. En el Foro La Toja, el jueves 1 de octubre, pidió a los grupos «dejar a un lado la ideología» y «las confrontaciones partidistas» para convalidar los decretos de vivienda.

«Lo que le pido al Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios es altura de miras. Que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad», declaró. La respuesta llegó al día siguiente: 178 votos en contra y el decreto en la papelera.

El marco jurídico y las dudas

El artículo 78 de la Constitución establece que la Diputación Permanente asume las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de disolución o expiración del mandato. El artículo 57 del Reglamento del Congreso concreta: en caso de disolución, la Diputación Permanente asume «todas las facultades que en relación con los Decretos-leyes atribuye al Congreso el artículo 86 de la Constitución».

Eso incluye la convalidación o derogación de los decretos-leyes en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación.

La operación, sin embargo, no está exenta de controversia jurídica. El Tribunal Constitucional, en una sentencia sobre un procedimiento similar en el Parlamento de Andalucía durante la pandemia, admitió que el mecanismo «desde el punto de vista de la teoría jurídica puede no ser ortodoxo», aunque lo avaló en «situaciones excepcionales». Algunos expertos han señalado que la fórmula genera reticencias porque, en la práctica, un Ejecutivo estaría legislando tras haber sido derrotado en el Parlamento apenas 72 horas antes.

Qué contiene el decreto que se quiere salvar

Los dos decretos de vivienda aprobados el 29 de septiembre por el Consejo de Ministros incluían medidas como la prórroga obligatoria de contratos de alquiler hasta 2028, la extensión de la prórroga automática por periodos de cinco años —siete si el arrendador es una persona jurídica— y una indemnización para el inquilino si el propietario resuelve el contrato sin causa justificada.

El Ministerio de Consumo calculó que 1.895.676 contratos de alquiler que vencen entre 2026 y 2028 podrán acogerse a la prórroga obligatoria, beneficiando a cerca de cinco millones de personas.

El contexto político

La operación se produce después de una semana de alta tensión. El viernes 2 de octubre, el Congreso tumbó los dos decretos con el voto decisivo de Junts. El sábado y el domingo, Sánchez mantuvo contactos para evaluar el escenario. El lunes, la decisión: disolver y volver a intentarlo por la puerta de atrás.

Si la maniobra prospera, Sánchez podría presentarse ante el electorado el 29 de noviembre con un decreto de vivienda aprobado y con el relato de que fue la oposición —incluidos sus hasta ahora socios de Junts— quien intentó tumbarlo. Si fracasa, el decreto muere definitivamente y la campaña arranca con una derrota legislativa sin paliativos.

En juego está también la relación con Junts. El partido de Puigdemont pasa de árbitro indispensable en el Congreso a actor secundario en la Diputación Permanente. La operación, si se consuma, tendría consecuencias que van más allá de la vivienda.

Fuente: tercerainformacion.es