El terremoto social desatado tras el desahucio de la octogenaria el pasado 23 de septiembre sigue en plena efervescencia con cientos de personas que pretenden continuar su protesta hasta el martes
La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol no ha perdido ni un ápice de fuerza en sus segundo día de protesta. Desde primera hora de la mañana del domingo, cientos de personas —en su mayoría jóvenes activistas— han ido sumándose a la movilización popular del día anterior instalando sus tiendas por todo lo largo y ancho del km 0 de Madrid. Otras se han acercado para proporcionar alimentos, medicamentos, baterías portátiles, enseres para dormir y todo tipo de materiales necesarios para sostener varios días más el campamento improvisado. “Nos estamos organizando por grupos de trabajo para poder mantener activa la acampada, desde lo necesario para logística y suministros, alimentación, limpieza y cuidados, hasta la comunicación, seguridad y coordinación, entre otras necesidades que van apareciendo”, afirmaban durante la mañana las activistas acampadas.
La víspera de su desahucio, Mari Carmen lanzó una petición muy concreta a las casi 500 personas que habían acudido a arroparla en las horas más duras de su vida: “Seguir luchando por vuestras casas, salid a la calle por todas”. Y así se ha cumplido con creces. La solidaridad colectiva que se desplegó a lo largo de toda la jornada no tuvo parangón, incluso por parte de personas ajenas a los movimientos sociales que aportaron su tiempo “para preguntar qué puede hacer”.
“En este sentido la acampada no consiste solamente en venir a dormir a Sol, sino en que cada persona pueda encontrar una manera de participar y organizarse”, cuentan
“En este sentido la acampada no consiste solamente en venir a dormir a Sol, sino en que cada persona pueda encontrar una manera de participar y organizarse”, cuentan a este medio. Desde ayudar en tareas de limpieza, impartir talleres o echar una mano para descargar las decenas de coches que iban aproximándose a la plaza con víveres de todo tipo. Una muestra más de apoyo mutuo que en ocasiones trajo reminiscencias del día del apagón, cuando las redes de apoyo en centros sociales sostuvieron la vida en común en momentos de miedo e incertidumbre.
Aún con el sol golpeando en la cara durante la mayor parte de día y los ánimos algo afectados por el cansancio de la primera pernocta, la jornada se vivió con una ilusión propia de quienes saben que están haciendo historia. Muchos de quienes llevan 48 horas resistiendo son los mismos que dos años atrás participaron activamente en las acampadas por Palestina en la Universidad Complutense de Madrid, los mismos que han sido parte activa de la lucha por la sanidad pública, contra el racismo en Ceuta o por el No a la guerra. A medida que iban transcurriendo las horas, en la plaza fueron floreciendo cada vez más pancartas con mensajes contra la especulación que también señalaban de cerca la complicidad de los gobiernos con los actores responsables de la emergencia habitacional. La energía que se respiraba entre las carpas era desbordante.
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El terremoto social desatado tras el desahucio de Maricarmen en Retiro el pasado 23 de septiembre sigue, pues, en plena efervescencia. Porque, como llevan días repitiendo los artífices de la campada, esto ya no va solo de Maricarmen: va de una crisis residencial que ha tocado techo y ha puesto fin a una frágil paz social. Fondos buitre que devoran barrios enteros y acaban expulsando a las vecinas hacia las periferias, jóvenes eternamente infantilizados ante la imposibilidad de emanciparse antes de los 35 o hartos de vivir en condiciones indignas dejándose la mitad de su salario en un alquiler abusivo. Personas vulnerables como Rahman (Lavapiés), Mariano (Latina), David (Vallecas) o Aurora (Getafe), desahuciadas mes a mes, en silencio, a causa de la especulación voraz. Una brecha que se ceba muy especialmente con las vecinas migrantes y racializadas, que sufren en sus carnes situaciones de infravivienda, discriminación residencial y abusos por parte de los caseros.
Esta semana las madrileñas han dicho ‘basta’ y han hecho de la rabia su bandera: “Cuando nos organizamos, cuando ponemos en práctica nuestro poder popular, somos más fuertes que ellos. Durante mucho tiempo hemos aceptado esas políticas neoliberales y capitalistas que le han abierto las puertas a la inversión inmobiliaria. Esto tiene que ir mucho más que de una acampada, aquí lo que se ha encendido es una chispa que llevábamos años deseando ver encendida en Madrid”, clamaba ayer a escasos metros de las tiendas Valerias Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, a término del día.
Han criticado la inacción del gobierno para paliar la emergencia habitacional durante la llamada “legislatura de la vivienda” y planean resistir hasta que el Gobierno central acceda a aprobar lo que desde el Sindicato han bautizado como Decreto Maricarmen
Las presentes han criticado la inacción del gobierno para paliar la emergencia habitacional durante la llamada “legislatura de la vivienda” y hoy planean resistir hasta que el Gobierno central acceda a aprobar lo que desde el Sindicato han bautizado como Decreto Maricarmen, un paquete de 5 medidas urgentes “para que la vivienda deje de ser un negocio”. Demandas que ya venían exigiendo desde el 13 de octubre de 2024 para poner solución a los efectos del rentismo inmobiliario y que deberían aprobarse este martes 29 de septiembre en el Consejo de Ministros.
Se trata de medidas estructurales tendentes a frenar los desahucios limitando la acción de los megatenedores: Renovación automática de todos los contratos para convertirlos en indefinidos, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para intervenir sobre los alquileres de temporada y por habitaciones, la congelación de las actualizaciones por el IPC de los precios del alquiler y prórrogas efectivas de los contratos en vigor. Algunas de estas medidas estaban contempladas en el Decreto de Vivienda que el ejecutivo planeaba lanzar antes del verano pero que por distintos motivos continúa guardado en un cajón mientras los desalojos visibles e invisibles se multiplican en todo el país.
“Actualmente te pueden echar por ningún motivo más que para especular, para montar pisos turísticos, que no deja de ser un uso antisocial de la vivienda”, protestan
Las activistas alertaban, no obstante, de la posibilidad de que salga finalmente un Decreto descafeinado y sin normas realmente transformadoras a la altura que exige la situación de crisis actual. De este modo, temen una norma vacía de contenido que solo sirva para contener temporalmente la oleada de indignación que se cierne sobre las instituciones del Estado desde la multitudinaria manifestación del pasado viernes, que reunió a más de 200.000 personas.
En este sentido, la portavoz del Sindicato Alicia del Río, advirtió desde la acampada que desde el gobierno pretende tramitar el Real Decreto sin incluir los contratos indefinidos, una de las cuestiones esenciales junto con las moratorias para personas vulnerables para evitar miles de desahucios más. “Actualmente te pueden echar por ningún motivo más que para especular, para montar pisos turísticos, que no deja de ser un uso antisocial de la vivienda”, protestaba. El número de lanzamientos practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año ha alcanzado un total de 4.005, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tal y como ha confirmado esta semana Europa Press, la media sería de 44,5 desahucios diarios.
El domingo, demás, otra gran movilización transcurría por el centro de la capital y acabó confluyendo con la acampada: La protesta de las educadoras de la escuela pública de la Comunidad de Madrid, que ha reunido a más de diez mil personas y que ha supuesto una demostración de fuerza de cara a la huelga convocada para el 14 de octubre en todas las etapas educativas. Las docentes seguirán esa fecha otro ciclo de movilizaciones para conseguir menos horas lectivas -17 para Secundaria y 22 para Primaria-, más recursos para atender adecuadamente a los alumnos con necesidades educativas especiales así como medidas contra la segregación escolar, como la recuperación de las Aulas de Enlace.
Al finalizar, las docentes acudieron masivamente a acompañar a las inquilinas. Porque la crisis habitacional, aseguran, también está intrínsecamente vinculada con la vulneración de los derechos de la infancia: Desde la comunidad docente ya han reportado numerosos casos de menores que se ven obligados a cambiar de colegio con frecuencia al ser echados de sus casas o niños con problemas de socialización y rendimiento académico a causa de la inestabilidad habitacional.
“Hay propietarios contándonos que tienen miedo porque sus hijos tienen miedo de que sus amigos desaparezcan del colegio. Esto es lo que dicen también las profesoras niños que no pueden ni acabar la primaria en el mismo colegio. Este clamor social, por tanto, también existe para que la gente sepa que no va a tener que cambiar de colegio o de pediatra a su hijo por culpa de la especulación inmobiliaria”, apuntaba del Rio, que formó parte del movimiento Menos Lectivas tiempo antes de centrarse en la lucha por la vivienda.
Contaron con el apoyo de decenas de activistas de países de europeos que acudían estos días a la contracumbre El Barrio, una respuesta organizada a la feria inmobiliaria The District donde se dan cita los mayores directivos, inversores y empresas inmobiliarias
En esta línea se ha pronunciado en la mañana del domingo Irene Tienza, coportavoz del Sindicato que ha aludido a la asfixia económica que arrastran también los centros de educación superior públicos a causa de la misma dejación institucional que da alas a los abusos de los caseros. “Los niños necesitan aulas en condiciones, necesitan profesores que no vivan ahogados. Las universitarias necesitamos facultades que no se caigan a cachos. Necesitamos proyectos de investigación, proyectos financiados en condiciones y no recortes. Por eso pensamos que todas formamos parte de la misma lucha, porque los derechos que tienen que ver con el sostén de la vida deben estar blindados”, ha destacado.
También contaron con el apoyo de decenas de activistas de países de europeos que acudían estos días a la contracumbre El Barrio, una respuesta organizada a la feria inmobiliaria The District donde se dan cita los mayores directivos, inversores y empresas inmobiliarias de nuestro país. Cerca de 70 sindicatos de inquilinas, organizaciones por el derecho a la vivienda y movimientos sociales de 24 países de Europa, Estados Unidos, América Latina acudieron estos días a la capital para dar la batalla contra el rentismo, que ya opera a escala internacional.
Quince años después de la acampada del 15M, que estos días ha vuelto a la memoria de muchos manifestantes, “La sensación ahora mismo es de muchísima emoción, sobre todo de que algo ha cambiado esta semana. Lo vimos primero alrededor de Mari Carmen, después en las calles y ahora aquí en Sol. Hay muchísima gente joven, muchísimas personas que nunca habían participado en una organización política ni en una movilización por la vivienda antes y que estos días se están preguntando cómo organizarse”, destacan.
Ramón Bultó es uno de los muchos inquilinos que decidieron pasar el domingo al raso para mostrar su hartazgo con la impunidad de los buitres. En su segunda noche consecutiva movilizado en Sol, traslada a El Salto su indignación contra la pasividad de un gobierno que, dice, no ha hecho nada para proteger al inquilinato “pese a tener el timón de la legislación en este país”. Ramón, que ha acudido a Sol desde Getafe y lleva casi dos años acudiendo regularmente a las asambleas de vivienda del Sindicato que se celebran en el sur de Madrid, es uno de los treinta vecinos afectados por la ferocidad del megafondo Blackstone.
Él y sus treinta vecinos de bloque recibieron demandas de desahucio después de que el fondo se hiciera con la propiedad de decenas de pisos que años atrás habían gozado de protección oficial del Estado. Lleva desde entonces resistiendo en su vivienda siguiendo la estrategia sindical #NosQuedamos tras decidir que se negaría a plegarse ante subidas las abusivas que le imponía Blackstone. “El problema no es que no hayan hecho nada estos días, sino que no han hecho nada en décadas para regular los alquileres. Las pasadas campañas electorales de 2023 parecían subastas en las que cada partido ofrecía una cifra más alta de viviendas que se iban a poner en alquiler. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que todas esas promesas se han convertido en humo, no han servido para nada”, infería ayer el inquilino.
De hecho, días antes del desahucio de Maricarmen, el PSOE tumbó con su abstención una norma propuesta por el grupo Sumar que pretendía limitar la compra de inmuebles por parte de personas jurídicas como fondos buitre. La Comunidad de Madrid, por su parte, continúa sin dar muestras de preocupación ante las demandas de miles de personas. Eso sí, ha utilizado el caso de Maricarmen para justificar sus ataques al gobierno central acusándolo de ineficaz.
Fuente: Alejandra Mateo Fano – IG @alejandramfano en elsaltodiario.com
Fuente: Pablo Elorduy – TG: @p_elorduy en elsaltodiario.com
La calle grita que no a un decreto de vivienda descafeinado horas antes de su debate en Consejo de Ministros
El PSOE filtra un borrador del Decreto-Ley de Vivienda que no contempla el alquiler indefinido, la medida principal exigida por el Sindicato de Inquilinas en el pulso que mantiene desde las calles contra el Gobierno
En una noche de manifestaciones y protestas en las principales ciudades del país, la sucesión de avances y retrocesos en la negociación entre partidos no ha sido el principal foco de atención de las miles de personas que siguen movilizadas por la vivienda desde el pasado 23 de septiembre. El interés en la Puerta del Sol y frente al Palau de Congressos de Catalunya de Barcelona estaba en saber qué medidas pueden tomarse para escalar el conflicto ante la sospecha de un decreto descafeinado.
Bajo una llovizna leve y con algunos problemas para llegar a través de la megafonía a las aproximadamente dos mil personas que escuchaban, la asamblea convocada a las 19:30 en el kilómetro cero apenas ha resuelto nada sobre la permanencia de la acampada. Los gritos de “no nos vamos, nos quedamos” y de “huelga general” han aportado algo de nervio, pero la contundencia ha venido antes de la enorme cantidad de apoyo y adhesión recibida en las últimas horas que de la claridad de la hoja de ruta. Las próximas horas y la claridad del texto del Decreto serán importantes para saber si la acampada continúa o si se buscan otras vías de intervención.
Solo una cosa queda clara en la noche del 28 de septiembre: la movilización continúa. Desde la asamblea se ha llamado a nuevas manifestaciones, se ha celebrado que decenas de ciudades estaban saliendo a la misma hora para protestar y se ha recordado que todos los días hay desahucios y que los colectivos de vivienda siguen poniendo el cuerpo para detenerlos.
Pasadas las 20h, varios medios de comunicación publicaban un borrador que marcaba las pocas concesiones que el PSOE quiere hacer en materia de vivienda. Una prórroga de los alquileres que solo alcanzaría a los contratos que venzan en 2028 y una moratoria de desahucios que solo se extendería hasta ese año en el caso de “personas vulnerables”.
Una medida alejada de las exigencias planteadas por el Sindicato de Inquilinas y aún más lejos de las que se proclamaban esta misma tarde en la Puerta del Sol, donde por tercera jornada consecutiva seguían apareciendo nuevas tiendas de campaña.
En el debe de lo negociado hasta ahora está, además de la mención a lo indefinido de los contratos, la negativa del PSOE a añadir un marco de regulación al alquiler de habitaciones
El PSOE muestra sus posiciones sobre vivienda y la calle ha respondido que no. La jornada del 28 de septiembre no ha servido para clarificar las cuestiones fundamentales que atañen a la discusión política sobre el Decreto de Vivienda que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana, día 29, para calmar las aguas después de la intensa semana de movilizaciones sobre vivienda que comenzaron tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Pese a que, antes de las 22, se ha anunciado que el Sindicato de Inquilinos había llegado a un acuerdo la empresa Urbagestión, responsable del desahucio de Maricarmen, para que ésta pueda volver a su hogar, la existencia de “miles de maricármenes”, como se ha recordado en las asambleas impide que la exigencia se rebaje antes de la aprobación del citado Decreto-Ley
La disputa política
En el seno del Gobierno, a última hora de la noche del lunes, siguen las discusiones sobre el alcance de ese texto. La propuesta del PSOE ha sido respondida por Sumar. Este grupo pide que se incorpore al texto la renovación automática de los contratos. “Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo”, dicen fuentes del partido magenta.
Los ministros de IU, Comuns, Más Madrid y Sumar en el Ejecutivo continúan la negociación, pero se felicitan de que hasta ahora se ha conseguido la inclusión de la prórroga y congelación de los contratos de alquiler que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. En el debe está, además de la mención a lo indefinido de los contratos, la negativa del PSOE a añadir un marco de regulación al alquiler de habitaciones, algo en lo que ha incidido también Esquerra Republicana de Catalunya.
De ser aprobado en Consejo de Ministros, el texto tiene que contar con el apoyo de la mayoría de investidura para convertirse en una hoja de ruta sólida para transformar las condiciones del acceso a la vivienda en España. A última hora del lunes 28 Junts ha anunciado que se apea de la negociación porque, según los exconvergentes, el texto deja “sin protección a los pequeños propietarios”.
Será indefinido o tal vez no será
Entre esos puntos, el más importante, tal y como ha advertido el Sindicato de Inquilinos, uno de los impulsores principales de la movilización, es la restauración del contrato de alquiler indefinido. De tal manera, se pretende que por ley, cuando termine un contrato de cinco o siete años, este se prorrogue por otro periodo equivalente salvo que el propietario acredite una causa justificada para no hacerlo.
El ejemplo de otros países como Alemania o Suecia muestra que los contratos indefinidos aportan estabilidad. Este sistema no da a los arrendadores la facilidad de establecer una puja sobre la vivienda en alquiler. En España, el Gobierno socialista de Felipe González decretó en 1985 el fin de la “renta antigua”: todos los contratos firmados a partir de esta fecha ya no estarían atados a las leyes de alquileres aprobadas durante el franquismo. La reforma de Mariano Rajoy de la ley estatal de alquileres redujo a tres años la duración del alquiler y la reforma de 2019 realizada por Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos fijó la duración mínima del contrato en cinco años para las personas físicas y siete para las jurídicas.
“Hemos dicho por activa y por pasiva que es la medida más importante de todas para que no haya ninguna Maricarmen más”, aseguraba el lunes en rueda de prensa Alicia Del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas. “Si esto no se aprueba, siguen gobernando los fondos buitre y este gobierno progresista no tiene ningún sentido”, sentenciaba.
El programa de esta organización incluye asimismo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para evitar fraudes y abusos en aspectos como los contratos de temporada y los alquileres de habitaciones.
Además, otros sectores del movimiento por la vivienda exigen la recuperación de la moratoria de los desahucios, que nació en 2020 en el contexto de la pandemia por coronavirus y fue prorrogada en distintas fases hasta que dejó de estar en vigente en enero de 2026. Si bien la moratoria no se aplicó a todos los casos de desahucio, se calcula que más de 60.000 hogares pudieron acogerse a ella. El borrador presentado deja esa moratoria en el mismo punto desde el que cayó, con un límite temporal poco ambicioso —hasta 2028— y al albur de lo que decida el futuro Gobierno que salga de las elecciones previstas para 2027.
Los partidos de la izquierda del arco parlamentario se han mostrado esta mañana partidarios de la aprobación íntegra de los puntos acordados por el Sindicato de Inquilinas. En una comparecencia conjunta en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde Maricarmen Abascal permanece en observación desde el día de su desahucio, Sumar, Comunes, Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y Compromís se han unido para dar ese apoyo a lo que se reclama desde las calles y plazas.
La celebración del Consejo de Ministros mañana martes tiene como punto de interés saber si el PSOE mejora la oferta lanzada vía borradores y si, de no ser así, se hace efectiva la amenaza de plante que se pide también desde sus espacios políticos a los ministros de Sumar. A última hora del lunes, las negociaciones con el PSOE continuaban. El puerto al que lleguen esas negociaciones puede no ser suficiente para un movimiento de vivienda que no tiene casas, pero tiene voz en el debate sobre condiciones de vida más importante de cuantos se dan en la actualidad política.
Fuente: Pablo Elorduy – TG: @p_elorduy en elsaltodiario.com
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