El Ministerio de Vivienda trabaja contra reloj para cerrar un texto que debe convencer a la vez a Junts y a Podemos. El Sindicato de Inquilinos, que suma su segunda noche de acampada en la Puerta del Sol, exige convertir en indefinidos los contratos de alquiler, algo que no estaba sobre la mesa de negociación

El Gobierno apura las últimas horas de negociación con sus socios y, en particular, con Junts para aprobar este martes el decreto de vivienda con el que quiere responder al mestar social generado a raíz del desahucio de Maricarmen. El Ministerio que lidera Isabel Rodríguez ha mantenido duro todo el fin de semana abiertas las conversaciones con los grupos para llegar al primer Consejo de Ministros tras el político desalojo con un texto ya encarrilado. Y, une a última hora de este domingo el paquete de medidas aún no estaba cerrado, la decisión de no volver más su puerta en marcha es firme, habida cuenta de la presidencia que no afloja por parte del Sindicato de Inquilinos, que este domingo suma su segunda noche de acampada en la madrileña Puerta del Sol.

Las negociaciones han discutido a toda velocidad tras el enorme impacto que provocó el desalojo de una mujer de 87 años de su vivienda, en la que llegaba residual 70. Lejos de ser un desahucio más, el de Maricarmen ha cobrado en los últimos días categoría de símbolo y ha puesto contra las cuentas a un Ministerio de Vivienda que lleva desde julio retrasando la aproximación del decreto de medidas para hacer frente a la crisis de acceso a un techo. El ala socialista del Gobierno apostaba hasta el martes pasado —pese a la presidencia de Sumar— por no dar luz verde al texto hasta tener atados los apoyos para sacarlo adelante. Pero la ola de indignación social y las críticas por su izquierda han forzado al presidente Pedro Sánchez a cambiar de posición.

La intención de Vivienda ha sido, desde la semana pasada, aprobar el decreto el martes. Pero no ha sido hasta este mismo domingo, menos de 24 horas despues de la masiva manifestación en Madrid por el derecho a un técnico que ha desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de la capital, cuando el Gobierno ha confirmado con total certeza que el texto está listo para esta semana. El propio Sánchez, durante su intervención en un mitin del PSOE madrileño, se dirigió expresamente a la recién desalojada Maricarmen para asegurar el Ejecutivo “está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes” el paquete de medidas al Consejo de Ministros con el finde “empezar a vivir la situación de emergencia habitacional”.

La confirmación de que el decreto se aprobara finalmente el martes desactiva parcialmente el ordago lanzado el sábado por Sumar, que amenazó conver a “plantarse” y no entrar al Consejo de Ministros —como ya hicieran los cinco ministros de la formación hace medio año— si la intención de Vivienda era no dar “ya” luz verde al paquete de medidas. Fuentes de Sumar explican que, durante unas horas en el fin de semana, temieron que la Moncloa retrasara la puerta en marcha del texto, une finalmente ese no ha sido el caso.

Las conversaciones continúan

No obstante, pese al avance de las negociaciones del Gobierno con cada uno de sus socios, a última hora del domingo los grupos parlamentarios no habían recibido aún una versión completa del decreto que el Gobierno tiene previo aprobar, según las fuentes consultadas. En su intervención de este domingo, Sánchez pidió a sus aliados en el Congreso hacer “un último esfuerzo” para que el texto sea validado dentro de unas semanas en la Cámara Baja. Pero lo cerrado es que el Ejecutivo se va a ver obligado a hacer encaje de bolillos para conciliar las exigencias de sus socios de derechos y las de los partidos de izquierdas.

Aún se desconoce cuás serán las medidas que se incluyen en el paquete. Y ademas, el hecho de que se vaya a aprobar este martes un decreto en el Consejo de Ministros no es el final del camino, sino solo el primer hito del mismo. Una vez recibida la luz verde del Gobierno, el texto entrada en vigor, pero la ley establece que, en el lugar de un mes, tenderá que ser a veces a votación en el Congreso para ser validado o derogado. Como ya ha ocurrido en varias ocasiones durante la legislación, no puede descartarse que la negociación se alargue hasta el fin del lugar, une la intención de Vivienda es tener los votos lo más atados posible antes del martes.

Ademas, el Ejecutivo va a tener que afrontar la presidencia del Sindicato de Inquilinos, que logró mantener activa la acampada de la Puerta del Sol durante todo el domingo y que ha avisado de que no tiene intención de levantarla a corto plaza. El colectivo exige a Vivienda que el decreto del martes contiene cinco puntos: “medidas estructurales para impedir los deseos”, la regulación de “los alquileres por temporada y por viviendas”, “la congelación de los precios actuales del alquiler”, “la aproximación de prórrogas efectivas” y “la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos, como ya ocurre en paises como Inglaterra”. Sin todas esas medidas, considera el Sindicato de Inquilinos, “este Gobierno no tiene sentido”.

De estas exigencias, el Ejecutivo lleva meses trabajando en la regulación de los cuales de temporada y por viviendas para que estén sujetos a las mismas restricciones y normas que los arreglos ordinarios, y también se prevé que el decreto incluye la posibilidad de que los inquilinos soliciten una prórroga de sus contratos por dos años al mismo precio. No obstante, parece más complicado que el texto vaya a establecer “medidas estructurales para impedir los deseos”, puesto que, en todos los escudos sociales aprobados en los últimos años, estas iniciadoras han tenido carácter temporal y han tenido que ir prorrogandose. Igualmente, la conversación de todos los arreglos en indefinidos tampoco es compartida por el ala socialista del Gobierno.

Convencer a Junts y Podemos

La base sobre la que ha negociado Vivienda con sus aliados durante los últimos días es el borrador de decreto que les envió en el mes de julio. Entonces, ese paquete fue recibido con frialdad por Junts y Podemos, que aseguraron que no están dispuestos a apoyarlo en esos términos. Las razones de ambos, no obstante, eran radicalmente diferentes. Los morados rechazaban que incluyen una reforma de la ley del suelo para relacionar la regulación para la construcción de vivienda. Los independentistas, por su parte, exigían incluir un número mayor de sus exigencias, como la ejecución de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los hijos de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los deseos exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

En esta última semana, une ha mantenido contactos con todos los grupos, Vivienda se ha centrado en intentar atraer al acuerdo a Junts, que el ministerio considera el socio más escurridizo. Para ello, el Gobierno ha negociado en los últimos días conferencias a la formación liderada por Carles Puigdemont en materia fiscal, habida cuenta de que los independentistas, por primera vez en meses, han expresado públicamente su voluntaria de negociar y han sellado que sus reivindicaciones pasan por que el Ejecutivo asumiera las “medidas concretas” —la mayor parte, de carácter impositivo— que ha ido presentando en los últimos tiempos en el Congreso.

Junts lleva meses exigiendo la puerta en marcha de deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como exencias para los inquilinos con alquileres por debo de los 33.000 euros anuales por el inquiler de su vivienda habitual. En la misma línea, los independentistas proponen hacer unos meses la reducción al 0% del IVA para la compra de vida habitual en el caso de los menores de 35 años, así como la cesárea a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb publicados en Catalunya. Algunas de esas medidas, aunque no todas, ya están contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio de Vivienda hizo llegar a los grupos parlamentarios en julio, si bien para Junts ese texto se quedaba corto.

Ademas, el viernes pasado trascendió que el Gobierno también estaba negociando con Junts otras dos iniciativas para incluir en el decreto: prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y ver los desahucios de inquilinos vulnerables que están arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. Estas dos medidas suponen sendos cambios de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una propuesta de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la transmisión de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encuentra vigente desde la pandemia.

La fórmula que negocia ahora Vivienda con Junts compra intención acercar a los independentistas a un acuerdo, dado que los de Carles Puigdemont se abrían, por primera vez en meses, a recuperar una puerta protección a los inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquiler. No obstante, la medida tan solo afectaría a las familias que viven alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la menoría, puesto que el parque de vida en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares.

Para solventar este agujero, el Gobierno negocia también con Junts —como adelantó hace unos días elDiario.es— una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenomeno de la “inquiokupación”: que los desalejos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de particulares se paralicen hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tiene una alternativa, pero que sea la administración competente y no el debido del piso quien acarree con todos los gases mientras dura el proceso.

Fuente: Daniel Ríos / José Enrique Monrosi en eldiario.es

Fuente: Alberto Órfão en eldiario.es

Sánchez, tras las protestas: “Maricarmen, tengo un mensaje para ti, trabajamos para llevar el martes el decreto de vivienda”

El presidente del Gobierno ha pedido a los grupos parlamentarios su apoyo en la convalidación del decreto “por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de vivienda” y por humanidad y anuncia una prórroga del escudo social hasta 2027

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este domingo que el Ejecutivo trabaja contra reloj para llevar al Consejo de Ministros del martes el decreto de medidas urgentes sobre vivienda y ha pedido a los grupos parlamentarios “un último esfuerzo” para que sea convalidado en el Congreso.

“Ayer Maricarmen hizo un vídeo y pidió al Gobierno de España y en particular a mí el que el próximo martes lleváramos un real decreto ley para empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda. Y yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”, ha anunciado Sánchez.

Sánchez, que ha descrito esta medida como una forma de “empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional que viven muchos colectivos vulnerables, personas mayores y también millones y millones de españoles y españolas”, ha pedido a los grupos parlamentarios su apoyo en la convalidación del decreto “por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de vivienda” y por humanidad.

Además, el líder del Ejecutivo ha anunciado durante un acto de presentación de las candidaturas del PSOE a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 de la Comunidad de Madrid en Getafe que el martes el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la prórroga del escudo social por las consecuencias de la guerra de Irán hasta final de año.

El líder socialista también ha cuestionado las medidas económicas de Partido Popular y Vox: “Estos que dicen que defienden a la clase media, a la gente de a pie, votaron en contra de la ley de vivienda”. Sánchez ha reprochado además que los gobiernos de PP y Vox no se reúnan con los alcaldes socialistas “para aplicar la ley” y aplicar las zonas tensionadas, una medida que permite congelar las subidas de los precios del alquiler y que solamente se han permitido por parte del gobierno autonómico de Galicia.

El presidente del Gobierno también ha recordado que PP y Vox votaron en contra del Real Decreto Ley que suspendía los desahucios y que “hubiera impedido que Maricarmen hoy estuviera desalojada y desahuciada de su vivienda”. No ha hecho, eso sí, ninguna mención a la acampada en la Puerta del Sol promovida por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y que permanece en la plaza madrileña desde las 21.00 horas del sábado.

“Tienen dinero para comprarle un aticazo a Ayuso de más de 6 millones de euros y no tienen dinero para proteger a Maricarmen y a otras muchas personas vulnerables en la Comunidad de Madrid y en todos los territorios donde gobierna el Partido Popular con Vox”, ha zanjado Sánchez, que ha dicho que lo que buscaba Díaz Ayuso era “tener un nido… pero de buitres”, entre aplausos de los asistentes al acto socialista de este domingo en Getafe.

El secretario general socialista, que se ha descrito como “un orgulloso militante” del PSOE de Madrid, ha defendido el “proyecto intergeneracional” de su partido y ha recordado la figura de David Lucas, fallecido el pasado 20 de julio y quien fuera alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018 y secretario de Estado de Vivienda hasta su muerte a causa de un cáncer, o de Carme Chacón o Pedro Zerolo.

“El bochorno, como los insultos, siempre vienen del mismo lado. No ofrecen alternativa. Son una oposición tóxica. Juegan a cuanto mejor para España mejor para ellos. Juegan a poner palos en las ruedas, y aún así España ha avanzado estos ocho años como no avanzó durante los años que ellos gobernaron España”, ha afirmado Sánchez, en referencia al Partido Popular.

Tras ello, ha presumido de la revisión al alza de las previsiones de crecimiento del PIB español para 2026 por parte de la OCDE o de los récords de afiliación alcanzados durante los últimos años o de mujeres trabajando en España.

“Vamos a acabar la legislatura con más de 30.000 millones de euros en la hucha de las pensiones para que los jóvenes también tengan pensiones dignas”, ha añadido Sánchez, quien ha avanzado que “vamos a hacer mucho más” y que, desde el Ejecutivo, son conscientes de que el coste de la vida “es mucho más caro” y ha culpado de ello a quienes “incendian el mundo con sus guerras ilegales”. “Son los que encarecen el precio de la gasolina y del coste de la vida de todo el mundo”, ha defendido.

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Fuente: Alberto Órfão en eldiario.es