El Constitucional tumba el veto del PP de Ayuso a las preguntas en la Asamblea por las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

La sala segunda estima un recurso del PSOE y entiende por unanimidad que la Mesa de la Asamblea de Madrid vulneró los derechos de los diputados de la oposición al bloquear la tramitación de preguntas sobre las amenazas del jefe de gabinete de la presidenta a elDiario.es

El Tribunal Constitucional ha tumbado el veto con el que la Mesa de la Asamblea de Madrid bloqueó varias preguntas de la oposición sobre Miguel Ángel Rodríguez y sus amenazas a elDiario.es tras destapar el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sala segunda, por unanimidad de conservadores y progresistas, estima un recurso del PSOE y entiende que este bloqueo de la Mesa vulneró los derechos políticos de los diputados de la oposición. El pleno tiene pendiente resolver esta semana otro recurso similar de Más Madrid contra otras decisiones de la Mesa que vetaron su petición de constituir una comisión de investigación sobre el caso de Alberto González Amador y sus posibles derivadas.

La Mesa de la Asamblea de Madrid cuenta con una mayoría holgada del Partido Popular que, en la práctica, permite al partido de Ayuso controlar el acceso de cualquier iniciativa. En ese momento gracias a su cuatro miembros encabezados por el presidente Enrique Ossorio y la vicepresidenta primera Ana Millán. El exconsejero Ossorio ha sido acusado en diversas ocasiones por la oposición de ejercer su puesto de presidente del parlamento madrileño de forma partidista a favor de Ayuso, llegando a espetar a los partidos de izquierda: “Mientras ustedes llamen criminales al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tendrán que aguantar que llamen al Gobierno de España ‘banda criminal’”.

El PSOE terminó acudiendo al Constitucional por el veto de este organismo, con los votos favorables del PP y la abstención de Vox, a sus iniciativas sobre las amenazas que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, profirió contra una periodista de elDiario.es después de que este periódico destapara el caso de fraude fiscal de González Amador. Decisiones que salieron de una reunión de la Mesa el 22 de marzo de 2024, poco después de que el medio revelara las amenazas del alto cargo con “triturar” el periódico.

Los socialistas presentaron varias cuestiones, dos de ellas haciendo referencia a estos mensajes. El Tribunal Constitucional, según ha sabido elDiario.es, entiende que el veto de la Mesa a tramitar las preguntas vulneró el derecho de participación política de los diputados de la oposición recogido en el artículo 23 de la Constitución. La Mesa tenía que dar trámite para que eso llegara al pleno, en un debate público, y no convertirse en un muro de contención contra este tipo de iniciativas.

Las quejas y recursos de la oposición contra este veto de la Mesa de la Asamblea regional se han ido sucediendo en los últimos años y mañana el pleno del Tribunal Constitucional, con estos seis magistrados y otros seis más, analizará más alegaciones: las de Más Madrid contra otras negativas similares del organismo a tramitar, por ejemplo, su propuesta de crear una comisión de investigación sobre las derivadas del caso de fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador.

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es

Fuente: Elena Herrera en eldiario.es

Juristas progresistas presentan una queja ante el Colegio de Abogados de Madrid por su “sumisión” a Ayuso

Las asociaciones Adade y Defiéndete en Derecho reclaman en un escrito el expediente completo de la denuncia contra el ex fiscal general y la convocatoria de una asamblea extraordinaria

Las asociaciones Abogados Demócratas por Europa (Adade) y Defiéndete en Derecho, de ámbito progresista, han registrado un escrito de queja contra la actual Junta de Gobierno del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM) por su “sumisión” a “intereses políticos partidistas” vinculados al actual Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso.

Solicitan que la corporación profesional facilite el expediente completo que llevó a la presentación de una querella contra la Fiscalía en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y que se convoque una asamblea extraordinaria para debatir sobre la actuación del colegio. La entidad profesional fue la primera en presentar una querella contra la Fiscalía por este asunto y, después, ejerció la acusación popular. Llegó a pedir una condena de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz.

En una rueda de prensa, el presidente de honor de Adade, el letrado José Mariano Benítez de Lugo ha calificado de “insólito” el apoyo del colegio al empresario y comisionista González Amador, que está procesado tras haber reconocido sus deudas con Hacienda. “El ICAM siempre ha sido una institución integradora y respetuosa, nunca se había producido tal sectarismo, polarización y falta de pluralidad”, ha añadido el abogado Javier Ledesma, también vinculado a Adade. 

El escrito muestra la “radical disconformidad” y “crítica” de ambas asociaciones con la actuación del ICAM en la causa contra García Ortiz. Las asociaciones ponen el foco en la actuación del actual decano, Eugenio Ribón, que consideró que la condena de inhabilitación a García Ortiz es “un respaldo decisivo a los principios esenciales del Estado de Derecho” tras la publicación del fallo el pasado 20 de noviembre.

De hecho, reclaman “explicaciones” sobre su actuación y que la asamblea pueda censurar o ratificar su manera de proceder. “Nos sorprende que celebre y bendiga que puede darse a conocer un fallo sin los argumentos de la sentencia condenatoria, ni de la discrepancia que recojan los votos particulares”, recoge el escrito. 

También exigen que se fijen criterios sobre la conducta a seguir en el futuro en asuntos de alta trascendencia política que “eviten” la “instrumentalización” del colegio y que se ponga al servicio de “intereses particulares o de estrategias políticas ajenas a los intereses de la abogacía”. Las asociaciones muestran su “disconformidad” con el hecho de que el colegio presentara una denuncia contra la Fiscalía sin hacer “la más mínima referencia” a la “campaña de difamación” emprendida contra el Ministerio Público por el entorno de la presidenta regional.

Asimismo, las asociaciones hacen hincapié en la “singular circunstancia” de la simultaneidad de la posición del ICAM como acusación en el juicio contra el ex fiscal general y la autorización del proyecto de creación de un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

A este respecto, el colegio ha mantenido que el proyecto de ICAM Centro Universitario nace, se diseña y comienza a tramitarse entre 2022 y 2023, es presentado a la Comunidad de Madrid en diciembre de 2023 y sigue su curso durante 2024 y 2025, mucho antes de la querella del ICAM y del propio juicio y posterior condena del fiscal general. 

Fuente: Elena Herrera en eldiario.es