Dos fraudes fiscales, facturas falsas y dos millones de comisión es lo que realmente le ha “destrozado la vida” a la pareja de Ayuso, no el fiscal general [Pa´lante]

El empresario asegura que la filtración ha sido un “destrozo” para él y reitera que no conocía el correo que su abogado envió a la Fiscalía ofreciendo un pacto: “Fue una sorpresa”

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha reiterado en el Tribunal Supremo que nunca supo que su abogado había confesado dos delitos de fraude fiscal en su nombre y se ha presentado como una víctima: “Nunca participé en ningún correo, no tenía conocimiento, para mí fue sorpresa”, ha dicho. El fiscal general, ha añadido, le ha “matado públicamente” al pasar a ser considerado, tras la filtración, “el delincuente confeso del reino de España”. “Entre la nota de la Fiscalía y la publicación de email pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Estaba muerto. El fiscal general me había matado públicamente. Nadie es consciente del daño que se me ha producido”, ha dicho a preguntas de su abogado.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha terminado su declaración de casi dos horas en el Tribunal Supremo dirigiéndose a los jueces: “Quiero que quede claro que a raíz de la filtración del fiscal general me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le ha cortado antes de convocar un receso para el siguiente testigo: “No le recomiendo ninguna de las dos”.

González Amador, denunciante en este caso y procesado por fraude fiscal en un juzgado, ha comparecido en la misma línea que ya desarrolló en fase de instrucción ante el juez Ángel Hurtado: que la filtración le ha arruinado la vida y que él, además, ni siquiera participó en la elaboración de su propia oferta de pacto.

El empresario ha incidido en una información que el tiempo ha demostrado que no es verdadera: “Tenía la intuición de que ellos sabían quién era”, ha dicho sobre la inspección de Hacienda que puso en marcha el caso contra él por fraude fiscal. “Intuyo que ellos igual sí saben quién soy, soy la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, les dije que no quería que eso le pudiera perjudicar a ella” y pidió a sus abogados solucionar el caso con un método “rápido y sin ruido”.

“Me dijeron claramente que para llegar a una conformidad tenía que estar de acuerdo la Fiscalía y la Abogacía del Estado”. “Si conformas, conformas”, le dijeron sus asesores cuando preguntó si aun así podría defender su inocencia. En su declaración ante el juez Ángel Hurtado fue mucho menos claro y afirmó que su abogado no le había explicado que estaba aceptando cárcel en su nombre. “Para mí fue sorpresa”, ha añadido hoy en el juicio. “Nunca participé en ningún correo, mi abogado nunca me mandó ningún correo, no tenía conocimiento de nada”.

“La columna vertebral de mi vida es que soy un delincuente confeso”, ha lamentado González Amador cuando ha explicado los efectos que ha tenido para él que trascendiera su confesión. “Todo el cuerpo fiscal iba a por mí”, ha aseverado. El empresario ha relatado “un destrozo, de proveedores, de clientes que tenían un contrato firmado. La pena económica y social que he tenido nadie se hace a la idea”. “No puedo conformar ni pelear como un ciudadano normal”, ha insistido.

González Amador ha declarado minutos después de que el jefe de gabinete de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez, haya hecho una defensa cerrada de todos los bulos que ha lanzado sobre su caso en el último año y medio y ha atacado también a elDiario.es por considerarlo un periódico “izquierdista”.

El empresario y comisionista también ha cargado durante el interrogatorio contra el fiscal Diego Lucas, quien dirige la acusación contra él en la causa por fraude fiscal. Le ha acusado de “destrozar el proceso de conformidad” e incluso ha afirmado que sus abogados le dijeron que él les había dicho que él tenía “mano” con el PSOE, que ejerce la acusación popular en esa causa.

Esta mañana, el fiscal Lucas ha comparecido en el juicio y ha relatado las maniobras de la defensa de González Amador para “retrasar” la investigación cuando la jueza abrió una pieza separada para indagar su relación con Quirón.

Lucas ha relatado la “relación cordial” mantenida en todo momento con los abogados de González Amador y ha negado haber recibido instrucción alguna para evitar un pacto. Ha explicado que cuando asumió el caso en abril de 2024 mantuvo conversaciones con la defensa del empresario para acordar una posible conformidad y que el abogado Carlos Neira le llegó a enviar varias propuestas, si bien ha mantenido que él evitaba responder por escrito para evitar que se pudiera hacer “un uso torcido” de sus mensajes.

No obstante, ha detallado que cuando la jueza acordó investigar la relación del empresario con Quirón la estrategia de sus abogados cambió. “No es que no quisieran conformarse, es que no querían que él llegara a declarar. Pretendían que no declarara hasta que la Audiencia Provincial revocara o confirmara la incoación de esa pieza separada. Querían retrasar la declaración”, ha aseverado.

Fuente: Elena Herrera / Alberto Pozas en eldiario.es Título editado por @carabanchelnet

Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es Título editado por @carabanchelnet

“O me voy de España o me suicido”, dijo ‘Alberto Quirón’

Alberto González Amador atribuye a la filtración de un correo su supuesta ruina personal al tiempo que obvia el origen de sus problemas: las declaraciones fraudulentas para no tributar por una comisión de dos millones en mascarillas que luego le ha traído otros problemas con la justicia

El empresario y comisionista Alberto González Amador señaló este martes en el juicio del Tribunal Supremo a quien considera que le ha “destrozado la vida”: el fiscal general del Estado. Relató una ruina profesional consecuencia de la publicación de un correo en el que su abogado reconocía que había cometido dos delitos fiscales. No se refirió, en ningún caso, al origen de la investigación judicial que se sigue contra él, la misma que ha acreditado que decidió no pagar lo que debía a Hacienda cuando su facturación creció exponencialmente. O que utilizó 15 facturas falsas para consumar el engaño, como reveló elDiario.es. Ni que está imputado por encubrir el reparto con su socio de la comisión de dos millones en mascarillas que había catapultado su carrera.

González Amador tiene dos procedimientos abiertos en el juzgado. En el primero, está pendiente de una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid para acabar en juicio. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de 3 años y 9 meses de cárcel por haber defraudado a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales en concepto de Impuesto de Sociedades. Son dos delitos de fraude fiscal en concurso con uno de falsificación de documentos, las facturas que hizo pasar por trabajos que nunca había hecho.

En el segundo procedimiento, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboró un informe sobre la compra que realizó por medio millón de euros de una sociedad que apenas facturaba 30.000. La Fiscalía, la acusación popular y el juez creen que se trataba en realidad del pago encubierto de la parte de la comisión que correspondía a su socio Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Camino habría facilitado la comisión de dos millones de euros en material sanitario, en los inicios de la pandemia. Con el dinero en la cuenta, González Amador no quiso pagar tantos impuestos como le correspondían por su despegue empresarial. Esta pieza separada le supone su imputación por corrupción en los negocios y administración desleal. 

Nada de esto ha contribuido a la penosa situación personal que describió González Amador ante el Tribunal Supremo, según el empresario. “Entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email posteriormente, en El Plural y un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Yo era el delincuente. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente, me había destrozado por completo”, insistió la pareja de Ayuso durante su declaración. 

Alberto González Amador afirma que su desgracia arrancó el 13 de marzo de 2024 con la publicación en varios medios de una información veraz, que fue su abogado quien había ofrecido un pacto a la Fiscalía que pasaba por reconocer los delitos cometidos, y no al revés, como había difundido Miguel Ángel Rodríguez con la información que el propio empresario y comisionista le había facilitado.

En realidad, su futuro comenzó a torcerse mucho antes, en los inicios de la pandemia de 2020, con la firma de un contrato de intermediación que empezó a dar sus frutos unos meses después. El 5 de mayo de 2020 constan 834.320 euros de ingresos de su empresa principal bajo el concepto “comercialización de clientes” y la misma referencia figura el 5 de agosto de ese ejercicio para justificar otros 1.138.680 euros. Casi dos millones por haber puesto en contacto a dos empresas españolas para una compraventa de material sanitario por un monto de 42 millones de euros. 

Con el tiempo se sabría que la empresa compradora, Mape, tenía en su consejo de administración a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, principal cliente de González Amador. El empresario multiplicó por cuatro su facturación con Quirón Prevención en 2021, el año que comenzó su relación con la presidenta madrileña. El Grupo Quirón factura alrededor de 1.000 millones de euros anuales a la Comunidad de Madrid. 

Pero antes de la presunta corrupción en los negocios estuvieron los dos fraudes fiscales. La funcionaria de la Agencia Tributaria, a la que el empresario quiso citar por su nombre en varias ocasiones en el Supremo, declaró en el juzgado que investiga a González Amador. De forma didáctica explicó el origen de las desgracias del empresario: “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta de que no”.

Diecinueve meses de investigación a un empresario anónimo dejaron unas cuantas conclusiones sustantivas a la Agencia Tributaria. Una de ellas es que utilizó 15 facturas falsas para perpetrar el engaño. Otra es que el engaño era de tal magnitud que no se trataba de una infracción fiscal sino de dos delitos por sendas defraudaciones en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951,41 euros). En ambos casos, defraudaciones superiores a los 120.000 en que la Ley sitúa el umbral del delito. 

¿Puede afirmarse que la “desgracia” de González Amador es común? ¿Se cebó el “aparato del Estado” con la pareja de Ayuso? Muchos empresarios son investigados por defraudar en el Impuesto de Sociedades. Pero solo el 1% lleva su engaño hasta más allá de los límites del delito. El asunto acabó en la Fiscalía, encargada de querellarse. 

El fraude, junto a la presidenta

La Agencia Tributaria establece como plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Eso significa que la declaración del año 2020 se debe presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. La primera noticia de la relación sentimental entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021, cuando una revista del corazón documentó un reciente viaje a Ibiza de la pareja. Esto implica que ya cuando presentó la primera declaración falseada, Alberto González Amador mantenía una relación estable con la presidenta madrileña.

Las tripas del informe de Hacienda revelan otro dato en este sentido. Las inspectoras tiraron del hilo y se adentraron en 2021. De junio de ese año data la factura de más de 900.000 euros por un trabajo en Costa de Marfil que nunca se realizó. La presunta factura falsa es de después del viaje de la pareja que confirmó su relación. Es el 10 de octubre de ese año cuando la sociedad de González Amador, de nombre Maxwell Cremona, “registran contablemente y deducen fiscalmente” una factura por una intermediación en la venta de vacunas que nunca se llegó a producir , recoge el informe de Hacienda.

“Quiero que quede claro que, a raíz de la revelación del fiscal general, me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, culminó su declaración Alberto González Amador. La opción de salir del país no evitaría que continúen los dos procedimientos que tiene abiertos en el juzgado.

Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es Título editado por @carabanchelnet

Fuente: Rosa María Artal en eldiario.es

Las políticas que están pudriendo la sociedad

Asistimos atónitos a la revelación de que Mazón es una víctima del malvado sanchismo. A que el Supremo sufra un notable desprestigio con la declaración de M.A.R, el asesor de Ayuso, y su novio culpe al Fiscal General de “matarle publicamente” y no al bulo que difundieron

La sociedad española debería ser consciente de cómo el PP y sus cómplices la están pudriendo. No hay cuerpo individual o colectivo que soporte tales dosis de ponzoña como inyectan el Partido Popular, ciertos procedimientos judiciales y medios afines, y la ultraderecha política oficial. Todos ellos haciendo política, política sucia. La confluencia de varios objetivos estos días evidencia profundas anomalías. Asistimos atónitos a una nueva vuelta de tuerca en la que el presidente que abandonó a la Comunidad Valenciana en las terribles horas de una Dana que se llevó 229 vidas, para comer y charlar con una periodista, es una pobre víctima del malvado sanchismo. Y a niveles similares de ignominia, a la porquería que arrojan sobre un juicio al fiscal general del Estado que nunca debió iniciarse -dado que no hay ni indicios para ello-. La marea de fondo que se trasluce en este caso es muy preocupante.

Lo peor, si cabe, es que el PP reacciona a catastróficos fallos de gestión y al indisimulado objetivo de tumbar al gobierno con las malas artes que necesite, con una única estrategia: enmierdar la vida pública, expulsar culpas con el efecto tinta de calamar. Una ciudadanía responsable sería ya consciente de que hoy la cúspide del PP es un barco a la deriva, hipotecado por sus errores. La duda está en si el veneno inoculado todavía es reversible.  

El espectáculo de Carlos Mazón despidiéndose con un discurso cargado de mentiras y negando toda responsabilidad ha colmado el vaso de la desvergüenza, como señala Ignacio Escolar en su artículo al respecto. Mazón afirmó que la falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos“. Radical mentira. Lo cierto es que la UME se puso a trabajar ya cuando él estaba en el Ventorro, y llegó a sumar la participación de 1.100 soldados. Durante los siguientes días se añadieron 6.700 militares más. El enorme destrozo en las carreteras y el resto de comunicaciones se solucionó con una rapidez inusitada. A quien todos vimos pendiente en cada momento fue a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno. Las ayudas para la reconstrucción las usó Mazón para contratar con empresas conocidas del PP, incluso de la trama Gürtel.

El futuro gobierno de la Comunidad está en manos de Vox, a quien ya otorgó Mazón problemáticas cesiones. El partido ultra se encuentra en plena campaña electoral. De desestabilización, también. Abascal ha osado decir con toda impunidad que el máximo culpable de los daños de la dana es Sánchez (José María Aznar tambiénl, por cierto). El mensaje para el PP es que no se lo pondrá fácil. El conjunto compromete absolutamente a Feijóo. No ha controlado la crisis abierta por la gestión de la Dana, mintió cuando dijo que aquella tarde estuvo permanentemente informado por Mazón, en tiempo real, y ahora tiene la desfachatez de afirmar que el presidente valenciano ha sufrido una cacería y que “el PSOE es una organización criminal”. La deriva que lleva Feijóo es bastante penosa. Cada vez tiene menos futuro político.

Y, sin embargo, tanto el PP como sus medios de propaganda -hay que ser precisos con las palabras- siguen a piñón fijo, incluso repitiendo que lo de Mazón fue un error, su marcha una injusticia y Sánchez, en cambio, es “una mala persona”. Desde Carlos Herrera, a García Abadillo o el llamado “contenedor amarillo” del periodismo: The Objective, que va más allá. “El PSOE, dice, es una banda al servicio de un autócrata que se aprovecha del dolor para sacar rédito”. Tal cual si se estuvieran viendo ellos en un espejo.

Frente al proceso al fiscal general. también están absolutamente sincronizados el PP y sus medios. Es como si escucharan la mitad de lo que se habla en el tribunal y además le dieran una vuelta para dejarlo más presentable. Pero, aun así, ha servido para dar pistas esenciales: el personaje clave es la fiscal Lastra. Amiga de Ayuso -al punto de negarse a investigar todas las querellas por el Protocolo de la Vergüenza para las residencias- y enemiga declarada de Álvaro García Ortiz. El famoso email del abogado de Alberto González Amador lo conoció un día antes que el fiscal general y después rechazó enérgicamente que se desmintiera el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Sus acusaciones –que ha comprado con vehemencia la prensa afín a toda portada– han sido desmentidas por tres fiscales.

No es serio regirse por estos parámetros en algo de tal trascendencia como haberse atrevido a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Aunque, claro, fue sin pruebas, como señaló el voto particular de uno de los tres magistrados que estudiaron la decisión a tomar.  

MAR es otra pieza clave. Me sumo con pasión al texto de Antón Losada. Todo él, pero sobre todo cuando destaca que “es la primera vez que quien informa lealmente a la opinión pública sobre la verdad de los hechos, se sienta en el banquillo acusado por quien mintió para engañarla y manipularla”. Y, desde luego, cuando dice que “para la historia de nuestro derecho penal queda la decisión de otorgar más valor al testimonio de un defraudador confeso y un difundidor de bulos reconocido, que a media docena de periodistas de reconocida trayectoria”.

Ante el Supremo, Rodríguez parecía en la tarde de este martes considerar al alto Tribunal como una reunión de colegas tomando una copa. Producía vergüenza ajena. Ha defendido su bulo sobre la confesión de su amigo Alberto “Quirón” porque “es una deducción lógica”, ha dicho. Más aún: ha soltado esta perla: “No tengo ninguna fuente, es un mensaje sin apoyo de ninguna fuente, soy periodista, no soy un notario que necesite una compulsa”. Esta justicia española no se fundamenta -por lo visto- en hechos probados sino por las intuiciones de un tipo bastante bocazas. Ha vuelto a insultar a ElDiario.es por desvelar el fraude fiscal del novio de su jefa. No le gustan los periodistas izquierdistas, decía, y ha calificado el mensaje del periodista que le llamó, José Precedo, como “una bravuconada más de este tipo de prensa”. Sus respuestas broncas a la abogada de Alvaro García Ortiz han sido tipo barra de bar. Flaco servicio le ha hecho al prestigio que debe tener la institución, merecería alguna reacción. Y dudosamente la tendrá, a pesar de algunas de sus afirmaciones. Prácticamente ha venido a confirmar que el Supremo estaba a su servicio, o en íntima relación.

González Amador en su turno ha acusado al fiscal general de “haberle matado públicamente” porque pasó a ser “el delincuente confeso”. Parece obviar dos importantes matices: está acusado de varios delitos y su abogado intentó un pacto por ello, los delitos están ahí. Y, sobre todo, que quien difundió esa circunstancia fue Miguel Ángel Rodríguez, el principal asesor de su novia, Isabel Díaz Ayuso, con su bulo.

Sigue siendo escandaloso que se esté celebrando un macrojuicio al fiscal general del Estado español porque le denunció un individuo, acusado de dos delitos fiscales de alta cuantía y otro de falsedad documental, al que el Tribunal Supremo prestó insólita atención. Todavía no se le ha juzgado a él, ni se han investigado a fondo actividades de mucha más trascendencia que ese secreto a voces que no reveló el fiscal general. No es propio de un Estado avanzado y limpio. Si este fuera el país que no es, y si a las altas instituciones -como puede ser la jefatura del Estado hereditaria- le preocuparan sus derivas, harían algo por solucionarlo. Esparcir excrementos como sueña hacer Trump sobre sus críticos y practican el PP y sus colaboradores lo empuerca todo. Lo envenena, lo pudre. Tanta ignominia pesa, cuesta actuar, aunque la rabia lo precise. Qué barbaridad el espectáculo diario, horario casi, de vileza, ruindad, infamia. Este menú no es sano para una sociedad.

Fuente: Rosa María Artal en eldiario.es