El Gobierno regional eleva este pago a los municipios de más de 20.000 habitantes que no disponen de Cuerpo de Bomberos —todos salvo la capital—. La cifra es similar a la que los bomberos calculan que dejó de gastar la Comunidad en inversiones dentro de una denuncia en la que el TSJM les dio la razón
Gran aumento impositivo del Gobierno de Ayuso a todos los municipios madrileños salvo a la capital. La Comunidad de Madrid ha incluido en los presupuestos de este 2026 un incremento de la tasa que abona cada ciudadano a través de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes para pagar el servicio de extinción de incendios que le presta el Cuerpo de Bomberos regional. Los municipios afectados han pasado de pagar 30,93 euros por cada residente a 35 euros, lo que unido a la elevación de un tope poblacional también incluido en el nuevo diseño de la tasa hará que algunos municipios tengan que incrementar esta partida en más de dos millones de euros anuales.
La subida la han empezado a notar los ayuntamientos con el pago de la primera cuota con la subida de este servicio, que se produjo en el mes de julio, y muchos consistorios aún no son conscientes del alcance del cambio, apuntan fuentes de la administración local consultadas por Somos Madrid.
El importe del aumento total durante los dos próximos años respecto a la recaudación actual es de 37,8 millones de euros, cifra que coincide de forma casi exacta con la cantidad que —según los cálculos de los bomberos— el Gobierno de Ayuso dejó de dedicar a inversiones contra el fuego y que ha sido objeto de una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Dicho tribunal ha obligado a la Comunidad a recuperar lo que haya dejado de invertir contra el fuego desde el año 2019, sin especificar ninguna cifra. El Gobierno de Ayuso cuestiona el cálculo que hicieron los bomberos y a la vez que asegura estar ya dedicando este ingreso a inversiones reales. La sentencia tiene fecha del pasado mes de noviembre y el cambio presupuestario tuvo lugar en diciembre.
El Gobierno de Ayuso aprobó entonces el cambio de la tasa por la puerta de atrás. Lo hizo el 29 de diciembre de 2025 a través de una disposición final a los presupuestos que estaban prácticamente cerrados. Con la modificación, la Comunidad de Madrid ha aumentado significativamente una tasa que no se había tocado desde el año 2014, por la que los municipios de más de 20.000 habitantes pagaban 30,939158 euros por habitante, hasta un tope de 100.000 personas. Es decir, que los consistorios con mayor población abonaban como máximo 3.093.915,8 euros.
La subida aprobada incrementa la cantidad por habitante a 35 euros, con un tope de población de 120.000 habitantes para 2026, 130.000 habitantes para 2027 y 150.000 habitantes para 2028. Esto hará que los municipios más poblados tengan que soportar fuertes incrementos en sus presupuestos durante los próximos años, pese a no obtener una mejora tangible en el servicio. Por ejemplo, Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe o Leganés tendrán que ingresar 5,2 millones a la Comunidad de Madrid en lugar de los 3 millones actuales. La factura de Parla subirá a 4,8 millones o la de Rivas a 3,6.
El siguiente gráfico muestra las cantidades que tendrá que abonar cada municipio en el año 2028 y la diferencia con las cifras actuales:
El subidón en la tasa del Cuerpo de Bomberos que abonan los municipios
Abonos en 2025 y estimación del pago en el año 2028 con los habitantes actuales por la tasa de la Comunidad de Madrid. Fuenlabrada y Alcorcón no abonaron en 2025 por tener servicio propio, que quedará integrado en la CAM en los próximos ejercicios
La Comunidad de Madrid sufraga su Cuerpo de Bomberos a través de la citada tasa que cobra a los municipios más grandes de la región. Con la subida, el Gobierno de Ayuso ingresará 76,3 millones de euros por esta partida este 2026 y otros 89,1 en 2027 frente a los 63,8 que cobraba hasta ahora. No es la única que se abona para la prevención de incendios: las aseguradoras también pagan una contribución especial por el servicio de extinción, que este año asciende a 16,4 millones de euros. Esa última es la cantidad que tiene que dedicarse de forma íntegra a inversión, de donde se habrían de sacar los 37,8 millones que los bomberos calculan que debe gastar después de la sentencia del TSJM. Pero todo apunta a que será la subida de la otra tasa (la que cobra a los ayuntamientos) con la que lo acabará pagando.
Somos Madrid ha preguntado por los motivos de la subida de la tasa a la Consejería de Medio Ambiente, sin haber obtenido hasta ahora respuesta al respecto.
La subida ha motivado las quejas de algunos ayuntamientos como el de Rivas. Su alcaldesa, Aída Castillejo, considera que esta alza de la tasa es “la factura de la condena (…) por desviar 37,8 millones de euros que tenían que invertirse en prevención y mejoras reales del servicio de bomberos”. La primera edil ripense denuncia en declaraciones a este periódico que el ascenso es consecuencia de “una mala gestión a los ayuntamientos, subiendo la tasa por habitante precisamente por esa misma cantidad, sin que venga acompañada de ninguna mejora del servicio”. Y añade: “Mientras tanto, el Gobierno regional encuentra dinero para invertir en áticos de lujo sin explicar siquiera para qué se van a utilizar”.
Rivas se queja: “Cada ciudadano pagará más”
“La consecuencia es muy clara: cada ciudadano y cada ciudadana pagará más, 35 euros al año en impuestos, para sostener un servicio público de Bomberos que sigue sin contar con los medios y el personal que necesita”, lamenta Castillejo mientras recuerda que Rivas es la única ciudad de más de 100.000 habitantes que no cuenta con un parque de bomberos, pese a que el 73% de su término municipal forma parte del Parque Regional del Sureste. “Los recortes de Ayuso en servicios públicos, como la prevención de incendios, salen caros. Menos inversión, menos medios, menos capacidad de respuesta supone más riesgo y más costes cuando se producen incendios como los que hemos visto este verano en la Comunidad de Madrid”, concluye.
Otro municipio que se ha quejado del ascenso es el de Getafe, que el pasado mes de octubre lamentaba que este año tendría que pagar 4,2 millones por la tasa frente a los tres millones de 2025. En el año 2028 la factura del Gobierno regional subirá hasta los 5,2 millones. El equipo de Gobierno getafense dijo entonces que la comunicación de este incremento había sido trasladada por el director general de Emergencias, Pablo Cristóbal Mayoral, y su alcaldesa apuntaba problemas en el Cuerpo de Bomberos: “La Comunidad de Madrid nos exige más dinero por un servicio claramente deficiente. Es un insulto a los profesionales que trabajan en condiciones indignas y una burla a los vecinos que pagamos por un servicio que no funciona. No hay inversiones, no hay mejoras y, sin embargo, cada año la factura sube”.
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid está formado por 1.680 efectivos, según el Gobierno regional, distribuidos en 22 parques que atienden las emergencias que se produzcan en cualquier municipio de la región, salvo en Madrid capital, que dispone de su propio servicio. Alcorcón también posee un cuerpo autónomo, que se integrará en el año 2027 en el servicio regional, al igual que sucedió recientemente con los bomberos de Fuenlabrada.
Fuente: Diego Casado en eldiario.es – 19 de agosto de 2026 – titular editado
Fuente: Diego Casado en eldiario.es – 18 de agosto de 2026
Una sentencia fuerza al Gobierno de Ayuso a recuperar lo que dejó de gastar en inversión contra los incendios
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vetó que la contribución para el servicio del Cuerpo de Bomberos regional pueda ser destinada a otros fines. El sindicato que interpuso la denuncia calcula en 37,8 millones lo que se ha dejado de invertir desde 2019, una cifra que cuestiona la Comunidad de Madrid, a la vez que asegura estar ya dedicando este ingreso a inversiones reales
La Justicia ha anulado de forma definitiva una decisión del Gobierno de Ayuso que le enfrentó con parte de su Cuerpo de Bomberos. Un sindicato y varios trabajadores denunciaron que estaba intentando destinar a otros fines el dinero presupuestado en inversiones para prevención y extinción de incendios, lo que se tradujo en una demanda judicial y una sentencia que ha sido declarada firme justo antes del verano.
El camino judicial partió de una resolución del director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en marzo del año 2024, cuando se negó a convertir de forma directa en inversiones reales todo el importe recaudado mediante una contribución especial que solo podía usarse para esta partida, alegando que los presupuestos regionales permitían “encuadrar en la base imponible otro tipo de actuaciones además de las previstas”. Los bomberos acudieron entonces al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y reclamaron, además, las cantidades que consideraban que la Comunidad de Madrid había dejado de destinar también entre los años 2019 y 2023, que cifraron en 37,8 millones de euros, la tercera parte del total.
El fallo del TSJM, al que ha tenido acceso este periódico, obliga a la Comunidad de Madrid a destinar la recaudación “única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales en su Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos”, y no a gastos corrientes del servicio. La sentencia, emitida por el TSJM el pasado mes de noviembre, se convirtió en firme en junio después de que la Comunidad de Madrid no recurriera el auto, informa Newtral. En la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, dictamina “la obligación de la Comunidad de Madrid de destinar” a estas partidas “las cantidades no aplicadas a tal finalidad en los ejercicios 2019 a 2023, ambos inclusive”, aunque no cifra cuáles son esas cantidades. Según los denunciantes, el Gobierno regional recaudó durante este periodo 57.700.946,81 euros por la contribución especial, pero solo empleó 19.870.730 euros en inversiones para la prevención de los incendios. De ahí salen los 37,8 millones antes citados.
La Sala recuerda que las contribuciones especiales —en este caso se cobra a las aseguradoras— no están diseñadas para sufragar el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, sino para su creación, ampliación o modernización, lo que incluye la adquisición de material, vehículos (solo compras, no renting), infraestructuras o equipos de protección. Los demandantes eran funcionarios de carrera del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Madrid y recurrieron a la Justicia porque entendían que estas inversiones que se dejaron de ejecutar iban a redundar tanto en beneficio de sus condiciones laborales como en la mejora de la seguridad de la ciudadanía en general, así como para el desempeño de los servicios propios de los bomberos.
El Gobierno de Ayuso confirma a este periódico que ya está destinando a medios materiales e infraestructuras la contribución especial en la entidad que agrupa a las aseguradoras de la región (UNESPA). Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior aclaran a este periódico que la sentencia “no ha entrado a valorar que haya falta de inversión” y aseguran que “no existe ninguna diferencia entre lo recaudado y destinado por la Comunidad de Madrid a este servicio”.
Según su parecer, “los 38 millones que señala el sindicato, indicando que es lo que se recauda para los profesionales y no se invierte, es una cifra que han estimado y que no contempla las inversiones en medios materiales y nuevos medios de incorporación de vehículos como el renting que se ha utilizado durante estos años”. También añaden las mismas fuentes que “la Comunidad de Madrid no ha sido condenada”. El TSJM, no obstante, le impuso el pago de las costas judiciales del proceso, que limitó a 2.000 euros.
Un cuerpo regional pagado por los municipios y las aseguradoras
El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid está formado por 1.680 efectivos, según la página web del Gobierno regional, distribuidos en 22 parques que atienden las emergencias que se produzcan en cualquier municipio de la región, salvo en Madrid capital, que dispone de su propio servicio. Alcorcón también posee su propio cuerpo, que se integrará en el año 2027 en el servicio regional, al igual que sucedió recientemente con los de Fuenlabrada. “Ahora mismo dispone de la mayor plantilla de su historia”, apuntan desde la Consejería, “con la integración de cuerpos de bomberos municipales cuyos ayuntamientos han confiado su servicio a la Comunidad de Madrid por la mejora de sus capacidades de intervención y cobertura en todo tipo de emergencias”.
Todos los municipios de la región que reciben este servicio y que cuentan con más de 20.000 habitantes contribuyen mediante el abono de una tasa a la Comunidad de Madrid, que se calcula en función de su número de habitantes. En los presupuestos del año 2026, el Gobierno de Ayuso preveía ingresar 74,3 millones por esta partida. No es la única que se abona para la prevención de incendios: las aseguradoras también pagan una contribución especial por el servicio de extinción de incendios, que este año asciende a 16,4 millones de euros. Esa es la cantidad que tiene que dedicarse de forma íntegra a inversión este ejercicio, a la vista de la reciente sentencia.
La Comunidad de Madrid preveía en sus presupuestos para este año invertir 29,16 millones dentro del programa de ASEM112, según los documentos consultados por Somos Madrid, aunque no detalla si todo será dedicado a infraestructuras y equipos destinados a frenar el fuego.
A mediados de julio, poco antes de que se desataran los incendios que acabaron arrasando los bosques de la Sierra Oeste, en el fuego más grave sufrido por la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno autorizó una inversión de 38,7 millones de euros para adquirir 36 nuevos vehículos de bomba rural pesada, para renovar de forma progresiva la actual flota. Según aseguró en una nota de prensa la Consejería de Medio Ambiente, estos nuevos vehículos contarán con mejores prestaciones técnicas, en los sistemas de suspensión, además de contar con nuevas herramientas combinadas de corte y separación. Dichos dispositivos participan en todas las emergencias, por su capacidad de ofrecer una primera respuesta ante cualquier tipo de incidencia. Sin embargo, estas mejoras tardarán en llegar: los vehículos incluidos en este contrato, todavía en licitación, no se entregarán hasta dentro de tres años.
Fuente: Diego Casado en eldiario.es
Fuente: Guillermo Martínez en eldiario.es – 31 de julio de 2026
Madrid protesta por la gestión de los incendios: “La situación es inadmisible y vergonzosa”
Cientos de personas se han concentrado frente a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para criticar la gestión del Gobierno regional del mayor incendio de España que todavía golpea al territorio y reclamar consecuencias penales para los negacionistas, políticas que atiendan a la ciencia y los expertos y más recursos para los trabajadores forestales
Hay causas y responsables. Ese es el mensaje que han proclamado en torno a medio millar de personas, según los convocantes –140, según Delegación del Gobierno–, en la primera concentración que se celebra en la capital tras darse por estabilizado el mayor incendio de la historia de España, que ha afectado a Madrid, Ávila y Toledo. Más de 77.000 hectáreas quemadas mediante y unos recursos que a todas luces han resultado ser ineficientes, los concentrados frente a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han señalado al Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso por negar el cambio climático, pero también al Gobierno central de Pedro Sánchez por “priorizar el gasto militar al social”.
Así lo ha expresado Santiago de la Iglesia, secretario de Organización de CGT Madrid, pasadas las 20.00 horas, cuando en el céntrico número 16 de la calle Alcalá, a escasos 200 metros de la Puerta del Sol, se empezaba a arremolinar la gente. “Esta catástrofe que hemos vivido demuestra que la gestión del entorno rural y forestal deja mucho que desear”, ha añadido. A su alrededor, cánticos que pedían la dimisión de Ayuso y en apoyo a los bomberos forestales. “Menos toreros y más bomberos” ha sido una de las proclamas más coreadas, así como “gastos militares para bomberos forestales” y “basta ya de políticas que matan”.
El sindicalista de la CGT ha señalado al cambio climático como uno de los mayores aspectos que empeora la magnitud de estos incendios. “Es un cúmulo de circunstancias que convierten la situación en un cóctel verdaderamente inflamable”, ha asegurado al referirse a los incendios de quinta generación, “prácticamente inextinguibles”, que asolan España.
Los concentrados se apelotonaban en el triángulo que forma la calle Sevilla con la calle Alcalá, frente a las lujosas Galerías Canalejas, cuando el cegetista ha recordado que por algo los bomberos forestales madrileños han estado un año en huelga, ahora paralizada ante el avance de las negociaciones con la Administración y la patronal, ya que la plantilla está subcontratada a Tragsa. “Aquí no solo hace falta un cambio de color político en el Gobierno, sino atajar la situación con medidas reales que ayuden a fijar población en el medio rural y se favorezcan las profesiones tradicionales que solían contribuir a su mantenimiento”, ha propuesto De la Iglesia.
Bomberos forestales en precario
Otra de las personas que esta tarde noche ha decidido protestar frente a la inacción de los gobiernos, tal y como reza la convocatoria, ha sido Raúl Camargo. Este portavoz de Anticapitalistas, uno de los colectivos que promueven la concentración, ha recalcado que “el incendio más grande de la historia de este país requiere una respuesta social, porque aquí hay causas y responsables”.
Entre los segundos se encuentran, desde su punto de vista, el Ejecutivo central y regional. “Uno por no abordar de forma consecuente el cambio climático y el otro por directamente negarlo”, ha explicado el activista. De todas formas, Camargo ha cargado duramente contra el Gobierno madrileño, en quien recaen las competencias de gestión forestal y la ordenación urbanística. “Exigimos responsabilidades y que cambien radicalmente este tipo de políticas que nos llevan a la quema de nuestros montes, nuestras casas y la extinción de la propia vida. Si no, volverá a pasar lo mismo”, vaticina el integrante de Anticapitalistas.
Bajo la gran cuádriga que corona la sede de la Consejería y las banderas de España, la Comunidad de Madrid y la Unión Europea enredadas en sus mástiles, Camargo ha criticado que la Comunidad de Madrid amenazara con perseguir a aquellos bomberos contratados como personal laboral que se quejaban de no ser movilizados pese a la situación de emergencia que se vivía. “La situación precaria de los bomberos forestales influye en que la respuesta no sea más rápida y no se controle antes la extensión del incendio. El consejero debe dar cuentas inmediatamente y dimitir”, ha subrayado respecto al máximo responsable de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.
Contra el negacionismo
En Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha sumado a esta convocatoria en la que Ruth Galán, una de sus portavoces, ha expresado que “la situación es inadmisible y vergonzosa”. La activista considera “crucial” estar en las calles presionando al Gobierno regional y solidarizándose con los bomberos forestales. “Es inaudito que personas que se juegan la vida para salvar la nuestra estén en unas condiciones tan precarias”, ha comentado antes de sumarse a la petición de asunción de responsabilidades políticas.
Desde Greenpeace han remarcado que estamos ante una realidad “inédita”. Según ha explicado a elDiario.es Miguel Ángel Soto, portavoz de Bosques de la organización ecologista, “vemos cómo las comunidades autónomas no pueden gestionar estos incendios que ya pasan de una comunidad a otra”. Más de 60.000 afectados entre evacuados y confinados por estos incendios de Madrid y Ávila son una viva muestra del desastre que pueden llegar a causas las llamas, ha añadido.
Soto también ha criticado que haya fuerzas políticas y tertulianos que arrastren desde hace años el discurso falso y simple de que el monte no se limpia porque los ecologistas no lo permiten. “En lugar de escuchar las necesidades de los profesionales de la extinción, qué se podía haber hecho y no se ha hecho y qué presupuesto necesitamos para evitar que se repita, estamos desmintiendo los bulos que desinforman”, ha precisado.
Desde su perspectiva, se dan las circunstancias para que haya un acuerdo de cariz político mediante el que se destinen más recursos a la prevención y extinción de incendios. “Tenemos la obligación de exigirlo, que los políticos nos hablen de soluciones y desde la ciencia, sin negacionismos”, ha defendido. Esto mismo es lo que ha reclamado esta tarde uno de los concentrados que portaba una pancarta que a favor de un pacto de Estado contra los incendios.
Por un uso colectivo del monte
Marta Moreno se pregunta qué tiene que pasar para que políticos y empresarios empiecen a “cambiar la forma de hacer las cosas”. Eso es lo que demanda esta vecina de Aluche que ve aterrada cómo “nos estamos quedando sin bosques”. “¿No les preocupa tanto a esta gente las ganancias? Pues esto es una gran pérdida de dinero”, se responde a sí misma la también militante de CNT.
Como tantos otros de los activistas que hoy han salido a la calle, ella también se decanta por destacar que “el clima ha cambiado y parece que no nos damos cuenta, porque aquí nadie actúa en consecuencia”. “No se pueden seguir haciendo las cosas como hasta ahora, porque está claro que así no funciona”, ha añadido esta madrileña cuyo entorno de su casa en la sierra norte de Guadalajara se ha visto gravemente afectado por el incendio que comenzó en La Mierla.
La protesta, controlada por dos furgones policiales y que también ha sido convocada por colectivos como Ecologistas en Acción, ha terminado pasados unos minutos las 21.00 horas con la lectura de un manifiesto en el que las organizaciones han señalado directamente al Ejecutivo liderado por Ayuso: “Ha entregado el urbanismo y el territorio a las empresas que solo piensan en el beneficio privado. Los intereses inmobiliarios y comerciales están indiscutiblemente por encima de todo, y el Gobierno reniega de un uso racional y democrático del suelo”. Por otro lado, han criticado que Pedro Sánchez siga “apostando por el postureo climático sin tomar medidas reales”.
En cuanto a las consecuencias para los negacionistas, los colectivos han destacado que “es imprescindible sancionar social y políticamente a quienes trivializan el cambio climático y procesar penalmente a los responsables de las políticas ecocidas”. Por último, han reivindicado que se expropie “el monte sin uso en manos privadas” para darle “un uso colectivo” y han defendido que se ponga en marcha “un control colectivo y popular del territorio”.
Fuente: Guillermo Martínez en eldiario.es – 31 de julio de 2026
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