La iniciativa de la presidenta de la Comunidad busca equiparar jurídicamente al no nacido con las personas ya nacidas. Este desplazamiento simbólico y normativo abre la puerta a cuestionar, por la vía de los hechos, derechos consolidados
OPINION
Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid manifestamos un profundo rechazo a la “ley del concebido no nacido” de Isabel Díaz Ayuso, así como a su posible extensión a nivel estatal anunciada por Feijóo, que pretende considerar el “concebido no nacido” como miembro de la unidad familiar a efectos de determinadas ayudas y beneficios públicos.
Esta iniciativa no es aislada ni inocua. Se enmarca claramente en la agenda de los movimientos antielección que, desde hace años, tratan de erosionar el derecho al aborto mediante estrategias indirectas. Bajo una apariencia de ampliación de derechos o de protección social, se introduce un cambio conceptual profundo: equiparar jurídicamente al no nacido con las personas ya nacidas. Este desplazamiento simbólico y normativo abre la puerta a cuestionar, por la vía de los hechos, derechos consolidados.
El Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que la titularidad del derecho a la vida proclamado en el artículo 15 de la Constitución corresponde exclusivamente a quienes han nacido
Siguiendo las líneas de la agenda de los grupos antielección, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido la iniciativa afirmando que “cada vida importa desde el primer suspiro”. Sin embargo, conviene recordar que el Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que la titularidad del derecho a la vida proclamado en el artículo 15 de la Constitución corresponde exclusivamente a quienes han nacido. El nasciturus, si bien es objeto de protección jurídica, no es sujeto de derechos fundamentales en el mismo sentido. Esta distinción no es menor: constituye la base del equilibrio constitucional que permite garantizar tanto la protección del embarazo como los derechos fundamentales de las mujeres.
Aunque la nueva ley no modifica formalmente la legislación estatal sobre derechos sexuales y reproductivos —competencia exclusiva del Estado—, sí introduce un marco discursivo y administrativo que puede tener efectos materiales. Al reconocer al “concebido no nacido” en políticas públicas, se genera una presión simbólica y social que puede influir en las decisiones reproductivas, fomentando la culpa, el estigma y la inseguridad en quienes contemplan la interrupción voluntaria del embarazo. Nos preocupa especialmente que este tipo de medidas formen parte de una estrategia más amplia de regresión de derechos.
No se trata de un cambio puntual, sino de un proceso gradual de deslegitimación del derecho al aborto, que busca normalizar la idea de que las mujeres no son las únicas titulares de las decisiones sobre su maternidad. Se construye así un relato que sitúa los derechos de las mujeres en conflicto con una supuesta entidad con reconocimiento jurídico creciente.
Ayuso, de esta forma, vuelve a intentar cuestionar el derecho al aborto, que es un derecho fundamental de las mujeres, vinculado a la dignidad, a la autonomía y a la libertad para tomar decisiones sobre todo aquello que afecte a nuestras vidas y proyectos de vida, a nuestra salud, sueños y deseos..
¿Qué implica reconocer al no nacido en el ámbito de las prestaciones sociales? ¿Cómo se articula este reconocimiento con otros ámbitos del ordenamiento jurídico? Estas preguntas no son retóricas, sino fundamentales en un Estado de derecho
Además, esta iniciativa plantea serias dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la coherencia normativa. ¿Qué implica reconocer al no nacido en el ámbito de las prestaciones sociales? ¿Cómo se articula este reconocimiento con otros ámbitos del ordenamiento jurídico? ¿Se abrirá la puerta a futuras restricciones o condicionamientos del acceso al aborto? Estas preguntas no son retóricas, sino fundamentales en un Estado de derecho.
Además, señalamos la incoherencia en las prioridades políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Mientras se impulsa esta ley, siguen sin resolverse problemas que afectan a miles de personas ya nacidas: listas de espera sanitarias, centros de salud sin pediatría, dificultades para acceder a una vivienda, falta de plazas públicas en educación infantil, insuficiente financiación de los servicios públicos o carencias en las políticas de dependencia. Y su empeño en impedir la regularización de personas migrantes.
Estamos a la espera de que cumpla la ley, y el registro de objetores permita que en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo
Así mismo, recordamos también que la Comunidad de Madrid tiene pendiente la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, que cerró el plazo de aportaciones el 19 de mayo. Desde la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid realizamos muchas aportaciones en este proceso. Ahora estamos a la espera de que cumpla la ley, y el registro de objetores permita que en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid se pueda realizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Actualmente la situación es alarmante: el año pasado, solo el 0,47% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se practicaron en centros de la red pública, lo que evidencia una externalización sistemática de este derecho. Es por eso que también reclamamos, desde hace tres años, la aprobación de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, primera de las medidas necesarias para la aplicación efectiva de la ley, como establece la propia norma.
Desde la Comisión del Aborto de Madrid, instamos al Gobierno autonómico a escuchar las necesidades reales de las infancias y de las familias (en toda su diversidad) en la Comunidad de Madrid, en lugar de impulsar medidas que no responden a las urgencias sociales más inmediatas.
Y Ayuso, ¡no nos vamos!
Nos quedamos a abortar en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.
Fuente: Irene, Filomena, Delia y otras activistas feministas de la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid en elsaltodiario.com – título editado
Fuente: Sara Plaza Casares – BSKY: @splaza.bsky.social
IG: @saritaplaza en elsaltodiario.com
Ayuso aprueba su ley del no nacido mientras las educadoras infantiles piden más recursos para los que ya viven
Mientras la presidenta de la comunidad de Madrid asegura que “cada día importa desde el primer suspiro”, las educadoras infantiles en huelga exigen más inversión en la primera infancia ya nacida y unas condiciones dignas para el primer ciclo de educación infantil
La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la conocida como ley del concebido no nacido. Una iniciativa, del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) que permitirá que el concebido cuente para familia numerosa antes de nacer para permitir acceso a las ayudas y beneficios fiscales. Mientras dentro de la asamblea se debatía esta ley, de la que el PSOE ha advertido que no responde a una “necesidad social” sino a “la batalla cultural del PP para que Vox no le coma la tostada”, en la calle, las educadoras infantiles, que llevan ya casi tres meses de huelga indefinida, han demandado más inversión en la primera infancia ya nacida y unas condiciones dignas para el primer ciclo de educación infantil.
“Somos occidente, libertad, igualdad ante la ley, Estado de derecho, cada vida importa desde el primer suspiro y por eso estamos también legislando para el no nacido que está en camino”, expresaba Ayuso en respuesta a las críticas de la oposición después de que esta ley se aprobara en su Gobierno. “Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. No hay causa más justa y necesaria que la defensa de la vida y el apoyo a la familia” la ha apoyado este jueves el portavoz del Gobierno del PP en la Asamblea Miguel Ángel Martín quien ha asegurado que la norma recoge algo “tan revolucionario” como que “una vida que está en camino merece apoyo, protección y reconocimiento desde el primer momento”.
“Esta medida supone más inversión para una infancia que no existe. ¿Pero que medidas presenta nuestra presidenta para la infancia ya nacida? ¿Qué inversión real destina para que las familias puedan conciliar una vez tienen a sus criaturas en casa?”, han respondido las Educadoras Infantiles, mediante un comunicado de prensa.
Educadoras que, entre otras cosas denuncian ratios inabarcables, fijadas en un decreto de 2008, que son de ocho bebes por educadora, 14 niños y niñas de uno-dos años por cabeza y 20 de dos-tres. La Comisión Europea establece la necesidad de una persona especialista por cada cuatro bebés, una por cada seis criaturas entre uno y dos años y una por cada ocho entre dos y tres años.
“La realidad es que no hay medidas de conciliación reales, y muchas familias están abocadas a matricular a sus hijas e hijos en escuelas infantiles privadas, con el coste que esto supone, porque no hay suficientes plazas públicas”, añaden.
Medidas reales
Dentro de la asamblea, la oposición ha intentado poner contra las cuerdas el relato del gobierno de Ayuso. “Su defensa de la vida termina en el paritorio. Han venido aquí a hacer la batallita cultural con los concebidos no nacidos pero, ¿qué pasa con los concebidos sí nacidos?”, se ha preguntado la diputada de Más Madrid, Raquel Huerta quien ha esgrimido una serie de tareas pendientes para el gobierno de Ayuso: adaptar los centros educativos al calor, mejorar las condiciones de las escuelas infantiles, implantar el comedor escolar gratuito, que todas las niñas y niños tengan un pediatra asignado, acceso a la atención temprana, poner en marcha la prestación universal por hijo a cargo o asegurar condiciones de vida dignas a los niños y niñas migrantes no acompañados. “Llevamos años hablando de los niños y las niñas, de los derechos de la infancia y quizás si hubiéramos hablado de concebidos sí nacidos nos habrían escuchado un poco más”, ha ironizado.
“Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se siente con las educadoras infantiles, para mejorar las condiciones de la infancia y de las profesionales que la sostenemos cada día. Que nos escuche y que planteé medidas reales”
Mientras tanto, las Educadoras Infantiles, que con su paro exigen bajada de ratios, dos educadoras por aula (esto es, pareja educativa), reconocimiento de su categoría profesional y salarios dignos, insisten: “Pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que se siente con las educadoras infantiles, para mejorar las condiciones de la infancia y de las profesionales que la sostenemos cada día. Que nos escuche y que planteé medidas reales que apoye a las familias para fomentar la natalidad, entre ellas mejorar la calidad educativa de la primera infancia”.
Fuente: Sara Plaza Casares – BSKY: @splaza.bsky.social
IG: @saritaplaza en elsaltodiario.com
Fuente: Guillermo Hormigo en eldiario.es
El Gobierno de Ayuso traspasa fondos de Emergencias o servicios sociales para pagar facturas de la sanidad madrileña
La Comunidad de Madrid transfiere 257 millones de euros desde seis entes autonómicos, entre ellos el 112 o la Agencia de Atención Social, después de que la Consejería de Sanidad pidiese 588 millones para hospitales, recetas médicas y pago de facturas por “créditos consignados insuficientes”. El Ejecutivo regional habla de proceso “auditado” y “nada raro”
La Comunidad de Madrid aprobó en su Consejo de Gobierno del pasado 24 de junio traspasar más de 257 millones de euros, procedentes de varios entes y organismos autonómicos, al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La decisión llegó ya que “los créditos consignados en el presupuesto 2026 resultan insuficientes para atender la tramitación de facturas para centros sanitarios en gastos corrientes en bienes y servicios”, según recoge el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico.
El dinero procede en concreto del líquido disponible “no necesario para el ejercicio de la actividad presupuestaria” en seis sujetos del sector público insititucional, dependientes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y la Agencia de Contratación Sanitaria lideran las aportaciones con 124 y 59,9 millones de euros respectivamente. Les siguen la Agencia Madrileña de Atención Social con 32,1 millones y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor con 22,5. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, cuyo papel es vital en circunstancias como los recientes incendios que han asolado la región, se han destinado otros 17,5 millones. Completa la lista con otros 1,63 millones el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el escrito que valida la medida, ejecutada desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo previa transferencia de los fondos a la Tesorería Central de la Comunidad de Madrid, el equipo de Ayuso debe justificar por qué la “situación reviste un carácter excepcional” ya que es en esos casos cuando puede llevarse a cabo. Exponen las “tensiones financieras” que pueden provocar “la demora en la tramitación de facturas” y la importancia de “garantizar tiempos óptimos en los períodos de pago a proveedores”. Admiten a renglón seguido que “no es posible satisfacer esa necesidad con los instrumentos y procedimientos ordinarios de gestión presupuestaria”.
El informe de la Intervención General especifica que el crédito faltante atañe a “la financiación de los hospitales, recetas médicas y pago de facturas para centros sanitarios”. Finalmente, tanto este departamento como la Dirección General de Presupuestos dieron luz verde a la iniciativa al amparo de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
Pese a esa redacción literal que habla de “situación excepcional”, desde la Consejería de Sanidad afirman en declaraciones a Somos Madrid que “no es ninguna excepcionalidad”. “La Comunidad de Madrid tiene adoptado ese mecanismo para que todo remanente disponible, perfectamente auditado y pasado por el Consejo de Gobierno, pueda emplearse precisamente en Sanidad”, apostillan. Por ello, sostienen, “no es nada raro ni excepcional y se ha efectuado otras veces”.
La Consejería de Sanidad pide 588 millones y el PSOE habla de “tapar un desmantelamiento”
Pero los fondos solicitados para el Sermas suponen una cifra todavía mayor a la ya concedida, ya que la solicitud de la Consejería de Sanidad asciende a 588 millones de euros. La petición recoge el reparto e esa cifra en diferentes partidad de diversos hospitales y centros de salud madrileños. La Paz y el Doce de Octubre concentran la distribución: más de 95 millones de euros para el primero y casi 91 para el segundo. Al Ramón y Cajal o al Clínico San Carlos también se pide dotar de cantidades superiores a 50 millones de euros para cada uno.
Desde el PSOE de Madrid, que solicitó esta información a través del portal de transparecencia, ven “un intento de tapar el desmantelamiento del sistema público de salud madrileño”. La diputada autonómica Sara Bonmati lamenta que, ante el “colapso” de la sanidad, el Gobierno de Ayuso “da un hachazo al servicio de Emergencias 112 al mismo tiempo que los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid alertan de la falta de recursos para combatir y prevenir incendios”.
“Recorta en atención social y residencias de mayores a la vez que familiares y residentes denuncian la falta de personal para atender a los residentes durante el verano o la nula climatización de los centros. Mete tijera en el Consorcio de Transportes mientras que los usuarios del Metro de Madrid sufren día tras días la ausencia de climatización en los vagones y las esperas interminables en los andenes, también sin climatizar, debido a baja frecuencia de trenes”, añade.
Bonmati alerta de que “faltan por transferir otros 325,8 millones para, en palabras del Gobierno autonómico, mantener el funcionamiento ordinario”. Se pregunta por tanto qué recursos “serán los siguientes en verse recortados para llegar a los 588 millones de euros que la Sanidad Pública madrileña necesita para seguir operando con un mínimo de normalidad”.
Fuente: Guillermo Hormigo en eldiario.es
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