Con 217 desalojos, 73 viviendas derribadas, 600 afectadas e “insuficientes” indemnizaciones, Ayuso ‘quiere una medalla’ por reabrir en noviembre la línea 7B de Metro

La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha anunciado durante el debate del estado de la región. Su equipo prevé que ocurra a finales de noviembre, aunque los vecinos de San Fernando de Henares (con diversos derribos, desalojos y unas 600 casas afectadas hasta la fecha) aún esperan una reparación total

Un anuncio de final feliz que no suena a final. Después de tres años de cierre, la línea 7B del metro de Madrid volverá a abrir el próximo mes de noviembre después de clausurarse el tramo por un problema de inestabilidad en el túnel. La infraestructura unía la capital con el municipio de San Fernando de Henares, cuyos vecinos han sufrido de primera mano las consecuencias de una construcción apresurada: hasta la fecha, calculan que unos 600 pisos se han visto afectados por la filtración de sales en el subsuelo y muchos han tenido que abandonar sus domicilios.

En total, los residentes hablan de 217 desalojos, 73 viviendas derribadas y 21 calles salpicadas por las afecciones a sus comercios o espacios públicos. “Esto no termina aquí, aunque hagan creer que sí”, se temen algunos residentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado oficialmente este jueves durante el debate del estado de la región la fecha prevista para la reapertura integral de la línea: será en los últimos meses del año, con idea de que en 2026 ya funcione con normalidad. Su equipo prevé que ocurra a finales de noviembre, tal y como especificaron en un comunicado.

Los 120.000 usuarios de este servicio entre el Hospiral Universitario del Henares y la estación de Barrio del Puerto en Coslada, otro municipio madrileño, podrán volver a utilizarlo después de que la inauguración en 2007 comenzara frustrada, y obligara a varios cierres intermitentes que se han prolongado hasta hoy. Son siete paradas las que han clausurado sus puertas durante la obra de reparación. En este tiempo se han realizado varias intervenciones en terreno y edificaciones con la inyección de más de 13.000 toneladas de mortero para reparar la infraestructura, según ha especificado la Comunidad de Madrid en una nota informativa.

Además, en el túnel de la discordia en el túnel se han ejecutado trabajos de consolidación, impermeabilización y drenaje para salvar el tramo que conecta con el hospital recuperando así la conexión con la red del suburbano que permanecía cerrada desde agosto de 2022. Desde febrero del año siguiente el Gobierno regional no ha registrado movimientos en el suelo, y eso ha facilitado la actual reapertura. Pero aunque Ayuso celebrara este jueves el anuncio, e incluso iniciara su primera intervención alabando el metro de Madrid frente al “caos” del Gobierno central con los trenes, la plataforma vecinal creada a raíz del derrumbe ha emitido un comunicado muy crítico con la gestión de Sol y acusan al Ejecutivo de “obligar” a las familias a acudir por su cuenta a los tribunales para obtener unas indemnizaciones atascadas.

“En las últimas semanas hemos podido escuchar, ver y leer diversas opiniones señalando cómo el problema de Metro L7B está prácticamente resuelto, cómo las familias afectadas han sido indemnizadas o cómo las víctimas de esta catástrofe están en una mejor situación que hace varios meses y cómo el problema técnico se está estabilizando. Todas estas afirmaciones están completamente al margen de la realidad”, sentencian en su nota. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que dirige el socialista Javier Corpa, también se ha pronunciado reciente a razón de la reapertura.

El alcalde ha denunciado lo que considera una “falta de trasparencia” en el proceso por parte de la “única administración responsable y con competencias sobre el suburbano”, refiriéndose al Gobierno de Ayuso. Corpa asegura haber conocido la noticia de que vuelve la línea 7B a través de los medios de comunicación y no mediante la comunicación directa del Ejecutivo regional, con cuya actuación respecto al metro ha sido crítica en numerosas ocasiones.

“[La Comunidad de Madrid] tiene que dar soluciones dignas a las familias que han perdido sus hogares”, ha catalogado en su respuesta institucional, tildando de “insuficientes” las indemnizaciones recibidas hasta ahora por parte de los vecinos, que coinciden con esta valoración en el comunicado de la Plataforma de Afectados por la L7B. “Muchos padecen un día a día entre grietas y afecciones, viviendo con incertidumbre porque no saben qué va a pasar”, ha sentenciado el regidor de San Fernando de Henares.

El próximo 18 de septiembre, en el pleno municipal, llevará una propuesta desde el Ayuntamiento para exigir a Sol que construya los edificios públicos demolidos hasta ahora por las afecciones del suburbano, aludiendo a los servicios municipales que estos prestaban a la ciudadanía. En realidad, las idas y venidas con la obra de la línea 7B han deteriorado progresivamente durante años las condiciones de residentes en varios edificios residenciales, además de los de titularidad pública.

Todo empezó con Aguirre: una obra frustrada por la prisa electoral

Hace ya 15 años que se inauguró el nuevo tramo en la línea 7 del metro de Madrid. Fue en mayo de 2007, con la idea de conectar con San Fernando de Henares y su hospital. Pero su historia está plagada de percances, precisamente, porque la construcción derivó en múltiples filtraciones de agua. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, prometió en la campaña de 2003 –unas elecciones a las que se presentaba por primera vez como candidata a la presidencia regional– que llevaría el Metro a esa localidad.

Lo cumplió en tiempo récord, a pesar de que el proyecto sufrió grandes cambios por el camino y los técnicos habían alertado de la casuística del terreno. Aunque en 2006 cambió el trazado original para incluir dos nuevas estaciones, la construcción llegó puntual un año después para ser inaugurada 22 días antes de la siguiente cita electoral. Aguirre cortó la cinta con una gran fiesta que hoy se investiga en el marco de la trama Púnica.

Los geólogos e ingenieros advirtieron de los riesgos durante la ejecución del proyecto, aunque las alertas fueron ignoradas por el Gobierno de Aguirre. La construcción comenzó a ejecutarse en 2004. El contrato de adjudicación se publicitó en pleno mes de agosto y el 15 de septiembre de ese año se anunció que la empresa Dragados (propiedad de Florentino Pérez) sería la encargada de llevar a cabo la macroinfraestructura. La constructora levantaría las estaciones por 168 millones de euros en un plazo de 20,5 meses, frente a los 30 meses que recomendaba Mintra, la empresa pública de transportes extinguida en 2011. Pero el proyecto sufrió importantes cambios en el trazado dos años después. También en el presupuesto, que se incrementó en otros 38 millones.

Fuente: Lourdes Barragán en eldiario.es

Fuente: fravm.org

La tragedia de de la línea 7B de Metro: ¿un problema resuelto?

Ante las últimas informaciones publicadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid relativas a la negligencia de la Línea 7B de Metro, la Plataforma de Afectados ha emitido un comunicado en el que afirma que el problema está muy lejos de resolverse y recuerda sus principales demandas, entre las que destaca la puesta en marcha de un “Plan Integral que asegure el cambio de una vivienda digna derribada o dañada por una nueva vivienda digna”.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro de la plataforma vecinal:

“En las últimas semanas hemos podido escuchar, ver y leer diversas opiniones señalando cómo el problema de Metro L7B está prácticamente resuelto, cómo las familias afectadas han sido indemnizadas, cómo las víctimas de esta catástrofe están en una mejor situación que hace varios meses y cómo el problema técnico se está estabilizando. Todas estas afirmaciones están completamente al margen de la realidad.

Exponemos nuestro criterio entorno a dos puntos claves: el problema social generado y el problema técnico que sufre la totalidad de nuestro municipio.

Con respecto al problema social, en los últimos tiempos hemos visto cómo decenas de familias han sido expulsadas de sus viviendas y negocios. La realidad material que nos rodea es implacable y no hay relato que la pueda alterar: más de 600 viviendas afectadas; 217 personas desalojadas; 73 viviendas derribadas; 21 calles afectadas; comercios derribados; espacios públicos perdidos; y 9 cierres de la línea 7B de Metro en los últimos 17 años.

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso está obligando a las familias que han perdido sus viviendas a acudir a los tribunales para obtener una indemnización justa que les permita obtener otros inmuebles, dejando al mismo tiempo la titularidad de los solares a los afectados que se ven obligados a mantener y pagar un terreno baldío que solo supone una carga fiscal añadida. Por otro lado, la Consejería de Transporte y Vivienda ha ofrecido a algunas familias que aún conservan sus hogares la apertura de Expedientes de Responsabilidad Patrimonial orientados a la reparación. Esta medida, a priori positiva, esconde una trampa: son los vecinos/as afectados quienes contratan y pagan a las empresas de obras para, posteriormente, pedir el reembolso de unas obras que vienen con cuantías preestablecidas y que no se adaptan a las necesidades de los afectados. Lo más grave es: si la responsabilidad de la reparación recae en los vecinos los posibles daños futuros ocasionados por la infraestructura de Metro no serían imputables al gobierno de la Comunidad de Madrid, que podría lavarse las manos dejando en la estacada a cientos de familias.

En las declaraciones ofrecidas por Isabel Díaz Ayuso se ha hecho omisión expresa a los servicios públicos perdidos que estaban en el complejo dotacional El Pilar, donde está proyectada la construcción de un parque por un importe de 10 millones de euros. Actualmente no hay ningún plan para restaurar dichos servicios, como tampoco hay planificación para devolver al municipio la masa urbanística que ha sido demolida.

La situación de los comerciantes de nuestro municipio sigue siendo desastrosa no solo por la cuantía ofrecida por el gobierno de la Comunidad de Madrid que sigue omitiendo los daños morales, sino por la tramitación administrativa que está imposibilitando a la mayoría de los comercios acceder a las indemnizaciones.

En definitiva, la falta de voluntad política por parte del gobierno regional está abocando a una situación insostenible a la ciudadanía afectada que únicamente exige: una vivienda digna por una vivienda digna, reparación real a los comercios afectados y la restitución de los servicios públicos perdidos.

Sobran argumentos para señalar que actualmente el conflicto abierto por la Línea 7B de Metro está en un escenario incierto y lejos de su total resolución. Ante esta circunstancia, clara, cristalina y desoladora, actualmente, no hay respuesta institucional realista por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto las víctimas siguen desamparadas y con sus derechos vulnerados.

Con respecto al problema técnico hay un criterio claro y profesional expresado en el último Dictamen del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos: San Fernando de Henares se hunde. No es una metáfora, es un hecho literal que se desprende del estudio técnico y del trabajo científico realizado. Las posibles soluciones técnicas siguen sin tener un camino claro y todo pasa por profundizar de forma seria en el análisis hidrogeológico para poder detectar y predecir cómo se están generando las graves alteraciones del suelo en San Fernando de Henares, ahora extendidas al municipio vecino de Coslada, tratando de desarrollar un análisis amplio y efectivo que siente las bases de una posible solución definitiva. Esta propuesta, realizada en el año 2008 por las universidades Politécnica y Complutense de Madrid, ha sido obviada sistemáticamente. El resultado: la devastación progresiva de San Fernando de Henares y la extensión del problema a Coslada. La opacidad del gobierno de la Comunidad de Madrid también es una de las claves que explican la situación actual. La mayoría de los informes técnicos relativos a los trabajos e intervenciones realizadas en el suelo de nuestro municipio siguen ocultos. Pese a la insistencia de diversos organismos institucionales, independientes y vecinales, dicha información sigue sin hacerse pública, lo que ha dificultado significativamente la realización de otros estudios que puedan contribuir a la búsqueda de una solución.

Es evidente que, tras 17 años, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido incapaz de dar una solución real al problema técnico que asola nuestro municipio, pero por encima de todo al problema social que está generado una vulneración gravísima de los derechos de las víctimas.

Por ello exigimos:

– La puesta en marcha de un Plan Integral que asegure el cambio de una vivienda digna derribada o dañada por una nueva vivienda digna. Un plan consensuado en el marco de un diálogo honesto y real que ponga en el centro las necesidades de la ciudadanía afectada.

– Mejora y ampliación de las indemnizaciones para el comercio local que tenga en cuenta los daños materiales y morales generados.

– Se deben hacer públicos todos los informes relativos a la infraestructura de Metro 7B para organismos independientes puedan evaluar el estado técnico de la infraestructura y el suelo.

– Es urgente realizar un estudio hidrogeológico en San Fernando de Henares y Coslada para evaluar y predecir el comportamiento del problema geológico en el futuro, así como buscar soluciones técnicas definitivas.

– El reconocimiento íntegro de todas las viviendas damnificadas por los daños materiales y morales ocasionados.

– La recuperación del parque urbanístico y los servicios públicos perdidos de nuestro municipio, dentro de una solución global enmarcada en el Pacto de Estado.

Fuente: fravm.org