El Ignacio Ellacuría de Alcorcón se construyó como proyecto educativo estrella del Gobierno de Madrid tras la pandemia con fondos desviados desde otros centros y con el apoyo de la presidenta, que lo inauguró en 2021 junto al entonces consejero Enrique Ossorio. Ahora la Intervención analiza irregularidades por contratos fraccionados y a dedo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el 6 de febrero de 2021 su centro educativo estrella tras la pandemia. El virus había impulsado la manera telemática de relacionarse y su Gobierno ideó hacer un centro de Formación Profesional a Distancia que fuera un referente en la Región, como parte de las 30 medidas estrella postpandemia que presentó en mayo de 2020. Se utilizarían las instalaciones de un antiguo instituto en Alcorcón, pero había que rehacer de arriba a abajo ese centro para ponerlo en marcha. Sería, como anunció Ayuso, “pionero en España y referencia de la educación online en nuestro país”, un ‘hub’ de primer nivel tecnológico y “climáticamente neutro”, como desde la Puerta del Sol. Cuatro años después de su inauguración, el Ellacuría está siendo investigado por la Intervención de la Comunidad de Madrid –los técnicos que se encargan de hacer el control financiero de las cuentas de la Comunidad– como una de las posibles obras fraccionadas, contratadas a dedo en el caso FP, un escándalo de adjudicaciones irregulares que está siendo investigado en un juzgado de instrucción de Madrid y que afecta al menos a una decena de centros públicos.
La obra del Ellacuría se hizo en un tiempo récord, poco más de nueve meses, y costó más de medio millón de euros inicialmente, aunque personas conocedoras del proyecto aseguran que la factura asciende a mucho más. En lugar de sacar la remodelación a concurso tal y como obliga la ley, el Gobierno de Ayuso rehizo el instituto fraccionando y parcheando contratos menores, como adelantó elDiario.es. Pintura por un sitio, ventanas por otro, suelos por otro… Todo a dedo y con el objetivo de que cada uno de los contratos no sobrepasaran los 40.000 euros, el límite del contrato menor que obliga a sacar una obra a concurso. El dinero salió de otros institutos, a los que se pidió que recogieran financiación en sus cuentas y luego pagaran esta obra, como confirmó a este medio una de las directoras a quienes se le hizo la petición desde Educación. La manera legal de hacerlo era licitar la obra desde el departamento de Infraestructuras que tiene la Consejería, entonces en manos de Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y su viceconsejera de referencia, Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda del Gobierno de Ayuso. Al final se optó por este sistema ilegal que ha derivado en una investigación donde se persiguen delitos de prevaricación en quienes lo ampararon.
Según una respuesta oficial de Transparencia, “durante los últimos meses se ha realizado una investigación interna en relación con la contratación de obras en edificios de Formación Profesional durante los años 2020 y 2021” y el centro de Alcorcón es uno para los que se ha pedido una auditoría a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, como se indica en ese escrito para justificar que no se puede aportar más información, al estar el caso inmerso en una investigación administrativa.
Paralelamente, la Consejería de Educación, hoy en manos de Emilio Viciana y la que envió el primer caso conocido a Fiscalía, ha informado de que ha aportado a la jueza de instrucción “las posibles irregularidades detectadas en la gestión económica y contractual de obras realizadas en cinco centros públicos de Formación Profesional”, aunque no ha especificado cuáles son ni si coinciden con algunos de los casos desvelados por elDiario.es, que ha preguntado a esas mismas fuentes si el Ignacio Ellacuría es una de esas irregularidades enviadas a la jueza. De momento, esta redacción no ha obtenido respuesta.
El caso FP saltó a la luz cuando un empresario que construyó un centro sanitario en el complejo educativo Ciudad Escolar por 2,5 millones de euros empezó a denunciar impagos en 2023. A la vista de que no atendían sus peticiones, empezó a enviar burofaxes a la Dirección General, al consejero de Educación e incluso se reunió con un asesor de la presidenta. Viciana ordenó una investigación, expedientó a dos directores del instituto y cesó a un subdirector de FP en 2024 como posible orquestador de estas prácticas, además de enviar el caso a la Fiscalía. El ministerio público vio en su informe una “grosera y palmaria omisión” de los procedimientos en la Comunidad de Madrid. A partir de ese caso, elDiario.es ha ido desvelando otros, hasta alcanzar una decena los edificios reformados o construidos mediante el fraccionamiento de facturas y las asignaciones a dedo de los contratos.
El juzgado de instrucción 39, que ha abierto la causa tras una denuncia de Podemos que recoge la investigación de elDiario.es, y está tomando declaración a testigos, investigados, además de pedir expedientes para dilucidar quién organizó este sistema de fraccionamiento, quién lo sabía y por qué se saltó la legalidad en todas estas obras. Aunque desde Educación se ha apuntado a funcionarios y a un subdirector de FP, Alfonso Mateos, las prácticas son generalizadas en todas las zonas de Madrid (cada una tiene un director general distinto) e incluso han saltado a centros de Innovación, que nada tienen que ver con la FP, como el centro para el profesorado Las Acacias de Vista Alegre.
Mateos, que declaró hace unos días ante la jueza, se considera un “chivo expiatorio” y explicó que se mandaba dinero a los centros como “gastos extraordinarios” que muchos utilizaron para hacer obras, algo irregular. Reiteró que no era su responsabilidad y apuntó hacia los directores generales de las áreas territoriales (DAT) como responsables de reformas y controles de cuentas, además de especificar que el propio consejero, entonces Enrique Ossorio, era quien firmaba los informes de necesidad para que se pudiera enviar el dinero a los institutos. En otras palabras, que nada de esto pudo hacerse sin el conocimiento de altos cargos del Gobierno de
Fuente: Raquel Ejerique en eldiario.es (20/04/2025)
Fuente: Raquel Ejerique en eldiario.es (10/04/2025)
Caso FP: el PSOE aporta a la causa más contratos de obras por sospechas de fraccionamientos en el actual Gobierno de Ayuso
Los socialistas han rastreado contratos menores, algunos de ellos de 2024, en un centro de formación para el profesorado que van a aportar a la jueza que investiga una posible prevaricación en el anterior gobierno de Ayuso. Este jueves piden una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para esclarecer el escándalo de los contratos a dedo en la Formación Profesional
El PSOE de Madrid va a aportar al juzgado de instrucción que investiga fraccionamientos de contratos en obras educativas un caso que considera sospechoso, el del Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (Ismie). Aunque ya anunciaron que iban a pedir a la jueza la ampliación de la causa por estas obras, elDiario.es ha tenido acceso a nuevos contratos menores con supuestas irregulares, según la información recabada por los socialistas madrileños, que van a aportar ahora a la justicia.
El Ismie depende de la Dirección General de Bilingüismo y la Calidad en la Enseñanza, nada que ver con la FP, que es el departamento que hasta ahora está bajo la lupa por una decena de obras bajo sospecha de contratos a dedo, como ha publicado elDiario.es. El Ismie está ubicado en la Finca de Vista Alegre, con un “alto valor histórico y artístico” y reformado con una inversión de más de 16 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid desde 2018, según sus propias notas de prensa.
En los contratos que se van a aportar a la causa se ve, por ejemplo, cómo el 26 de abril de 2024, con el actual Gobierno de Ayuso, existen cuatro contratos menores consecutivos para obras que pertenecerían a ese complejo, que suman más de 110.000 euros y que tienen importes coincidentes: dos de 22.339 euros y dos de 33.936 euros entregados a las mismas empresas. Dos de ellos tienen incluso el mismo concepto: “Trabajos de carpintería exterior, electricidad, calefacción y sonido”. También una misma empresa se lleva, con 15 días de diferencia, seis contratos por valor de 80.000 euros.
Todo ello, según el PSOE de Madrid, podría ser una práctica irregular y continuada. Sus sospechas están en la línea del testimonio que uno de los investigados -al que la propia Consejería apuntó cuando saltó el caso- prestó ante el juez: “Se hacía así cuando yo llegué, cuando me fui e imagino que se sigue haciendo”. Como explicaron fuentes socialistas, según la plataforma de contratación del sector público, entre 2017 y 2024 se han realizado hasta 29 contratos menores de obras por valor superior a 440.000 euros, la gran mayoría destinados al edificio principal y al aulario. Tras considerar que el modus operandi sería el mismo que el del escándalo de la FP, los socialistas solicitan que se investiguen estos contratos dentro de la causa que se abrió en un juzgado después de una denuncia interpuesta por Podemos.
La Fiscalía también estaba investigando el fraccionamiento después de que el actual consejero de Educación, Emilio Viciana, iniciara un procedimiento interno tras la denuncia pública de un empresario que no había cobrado. Abrió expediente a varios funcionarios, entre ellos directores de instituto y un subdirector de FP al que cesó y que se autoconsidera un “chivo expiatorio” para enterrar el caso. Educación pasó el expediente a la Fiscalía, que vio “una palmaria y grosera omisión de los procedimientos”. Lo que dice el ministerio público es que en lugar de sacar a concurso público las obras mayores de 50.000 euros como obliga la ley, durante los años 2021 y 2023 la Consejería de Educación del anterior Gobierno de Ayuso–entonces dirigida por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea– hizo obras y reformas en centros de FP fraccionando los contratos y facturas para hacerlos pasar por contratos menores, que tienen muy pocos controles.
El caso más llamativo y con el que se inició la investigación fue el de Ciudad Escolar, donde se levantó un pabellón sanitario presupuestado en 2,5 millones de euros, parte de los cuales se pagaron en facturas de menos de 50.000 euros para camuflarlos como pequeños arreglos, evitando así tener que sacar a concurso las obras, que se dieron a dedo a empresarios particulares. Este modus operandi se repite en casi todas las direcciones de área territorial de Madrid (cada una tiene un director general distinto) e incluso hay un caso que nada tiene que ver con FP y que es un centro de profesorado, parecido al que pretenden denunciar los socialistas del Ismie. Por este motivo, la Fiscalía recomendó que de momento no se llame a los directores de los centros, ya que sospecha que la orden pudo venir de más arriba, porque los casos abarcan distintas direcciones generales.
Como explicó el subdirector expedientado y cesado, Alfonso Mateos, en su declaración ante la jueza de instrucción, “el presupuesto para gastos de funcionamiento ha crecido un 1% en siete años”, una cifra evidentemente insuficiente para cubrir un aumento del 25% del alumnado. Así que desde la Consejería de Educación se optó por transferir fondos desde una partida de “gastos extraordinarios” para los centros que acogieran más alumnos o implantaran más ramas de FP. Ese dinero nunca se podía destinar a hacer reformas y obras, pero la investigación ha evidenciado que fue una práctica habitual durante aquellos años.
Ahora el PSOE traslada documentación de otro supuesto caso de posible fraccionamiento que considera que afecta a la Consejería de Educación del actual Gobierno de Ayuso –que no ha contestado a las preguntas de elDiario.es– y que convertiría esta práctica ilegal en algo más transversal, que pasa de un Gobierno a otro y que ejecutan departamentos distintos, ya que este último edificio no tiene nada que ver con la FP ni con los directores de instituto, a quienes la inspección de la Comunidad de Madrid señaló en un primer momento como responsables.
Este jueves el PSOE pedirá una comisión de investigación del caso en la Asamblea de Madrid, con el apoyo de Más Madrid, que previsiblemente no saldrá adelante por los votos en contra del PP, que tiene mayoría, el mismo camino que siguió la comisión de investigación que solicitó el partido de Manuela Bergerot hace unos meses.
Fuente: Raquel Ejerique en eldiario.es (10/04/2025)
Tu Barrio