Ayuso: el piso, el ático y sus falsedades después del juicio al fiscal general | Vídeos

Las dos viviendas están a nombre de su pareja, Alberto González Amador, también investigado por corrupción en los negocios, quien aseguró en el Supremo que el fiscal general le había puesto en una situación límite: “O me voy de España o me suicido”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vive en dos pisos separados por una planta que paga su pareja, un empresario y comisionista procesado por dos delitos de fraude fiscal, en concurso con otro de falsificación de documentos, y que está siendo investigado por corrupción en los negocios y administración desleal en una segunda pieza de esa misma causa judicial. Hasta ahora, la pareja vivía en el piso del sexto, adquirido por el procesado en 2022, quien además pagaba 5.000 euros mensuales de alquiler con derecho a compra por disfrutar también de un ático situado en la séptima planta. Ejecutada la compra del ático, la pareja se asienta en dos viviendas que suman 387 metros cuadrados y un valor superior a los dos millones de euros, aunque el actual precio de mercado aumentaría esa cifra en al menos un millón más.

Isabel Díaz Ayuso conjura así sus temores de hace tres años. En junio de 2022, el diario El Mundo difundió una entrevista a la presidenta madrileña en la que esta declaraba: “Estoy harta de pagar el alquiler y me hace ilusión comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado el precio de la vivienda”. Tres años después, Ayuso sigue sin comprar una vivienda, pero vive en dos pisos en uno de los barrios más codiciados de la capital.

Por otra parte, la compra del ático, que trascendió el pasado miércoles, contrasta con la situación desesperada en la que el nuevo propietario, Alberto González Amador, dijo la semana pasada que se encontraba, personal y profesionalmente. González Amador declaró ante el Tribunal Supremo que la filtración del correo que desmentía la noticia falsa y que demostraba que había sido su abogado quien había ofrecido el pacto a la Fiscalía, le había destrozado la vida. “O me voy de España o me suicido”, dijo al tribunal González Amador, atribuyendo a aquella información veraz la supuesta etiqueta de delincuente con la que cargaría hoy en día.

La compra del ático suma una segunda hipoteca en la cuenta bancaria de Alberto González Amador. Según informó El País, el empresario y comisionista ha suscrito una hipoteca con Caja Rural de Zamora por 600.000 euros. El acuerdo que firmó hace dos años con la sociedad dueña de la vivienda, Babia Capital S.L., apunta a un precio total de unos 1.127.000 euros, bastante inferior a lo que costaría comprarla ahora. Aquel acuerdo consistía en un alquiler de 5.000 euros mensuales con derecho a compra, lo que implicaba que, en el momento en que se ejecutase la adquisición, al comprador le serían descontadas las cantidades aportadas en concepto de renta. Babia Capital S.L había pagado 950.000 euros por el ático en 2023.

El piso de la sexta planta fue adquirido en julio de 2022 por Alberto González Amador a un precio de 850.000 euros. El empresario y comisionista entregó en mano 350.000, cantidad casi exacta a la suma de sus defraudaciones fiscales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. Entonces firmó una hipoteca para pagar los 500.000 restantes. El edificio que alberga las dos viviendas está en una tranquila calle del distrito de Chamberí, cerca de su límite con Moncloa. Comenzó a hacer obras y la pareja estuvo lista para mudarse en fechas próximas a la adquisición del ático de arriba por Babia Capital S.L., por lo que comenzaron a disfrutar de ambas viviendas casi a la vez.

Esta vivienda del sexto tiene, de acuerdo con los datos del Catastro, 186 metros cuadrados y otros 25 de zonas comunes. En este caso, y siempre según la nota del Registro, la distribución es de cinco dormitorios –uno mayor y otro “de servicio”–, un cuarto de baño principal, y dos vestíbulos. A esos cinco dormitorios habría que sumar otros cinco, diez en total, del ático de la séptima planta, situado en la letra opuesta al piso, lo que hace imposible que sean unidos mediante una obra. El ático tiene una superficie bruta construida algo menor que el piso del sexto, 176 metros cuadrados, pero con una amplia terraza.

El ático quedó a la venta una vez Alberto González Amador había firmado la compra del piso de abajo. El empresario ya estaba siendo investigado por Hacienda y propuso a su fiscalista, Javier Gómez Fidalgo, que adquiriera el ático y se lo alquilase con derecho a compra. Una vez solventada su situación, pensó la pareja de Ayuso, podría adquirir el ático, en el que ya se había fijado con anterioridad a la compra de su piso.

Ante la jueza que le investigaba el 10 de abril de 2025, González Amador dijo que la opción de alquiler con derecho a compra había sido “un favor” de su fiscalista, pero una fuente autorizada de Babia Capital S.L. aseguró que se trataba de un simple negocio para la sociedad, en realidad una especie de ‘club de inversión’ entre varios amigos de León que se aseguraban un 12% de rentabilidad con esta operación, una de las 15 que aseguran haber hecho hasta la fecha.

elDiario.es reveló que la pareja disfrutaba del ático, además del piso de la sexta planta, el 13 de marzo de 2024. En esa información ya se explicaba que la dueña era una sociedad y que la Comunidad de Madrid se limitaba a señalar que la presidenta no pagaba ningún alquiler, lo que incluía el ático y el piso. Durante un año ninguno de los medios afines a los que Ayuso concedió entrevistas le preguntó por la vivienda de lujo. Solo en una comparecencia de prensa, Ayuso respondió a una pregunta al respecto de un informador. “¿De lujo? Hay que morirse de risa con ustedes”, dijo la presidenta.

Pero las cosas se complicaron para el empresario y comisionista. La inspección de Hacienda concluyó que había defraudado cantidades que alcanzaban la categoría de delito, por lo que la Agencia Tributaria puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que presentó una querella en marzo de 2024. En esos meses se produjo el único “favor” que reconoce el anterior dueño del ático, quien se atuvo a prorrogar un año más el alquiler con derecho a compra, hasta que se despejara la situación judicial de Alberto González Amador.

Multipropietario y camino del banquillo

El empresario y comisionista siguió pagando 5.000 euros de alquiler por el ático, más la hipoteca del sexto, todos los meses hasta que el 31 de agosto concluyó la prórroga concedida por Babia Capital SL. Durante el pasado mes de septiembre, González Amador ejecutó la compra del ático. En octubre, una vez ejecutada la compra, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó que el empresario y comisionista se sentará en el banquillo por los dos fraudes fiscales cometidos a través de las declaraciones fraudulentas que presentó siendo pareja de Ayuso. La Fiscalía y la Abogacía del Estado –esta última en representación de la Agencia Tributaria– piden para él idéntica condena, 3 años y 9 meses de cárcel.

Mientras, el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid aguarda el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acerca de los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Alberto González Amador se embolsó casi 2 millones de euros por intermediar entre dos empresas españolas en los inicios de la pandemia del Covid-19. La empresa que compró el material sentaba en su consejo de administración a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Luego, González Amador compró una empresa con apenas valor a la mujer de Camino y pagó por ella 500.000 euros. Los investigadores creen que es el porcentaje de la comisión que el imputado había acordado previamente con el presidente de Quirón Prevención y que la compra fue un modo de encubrir su pago.

La compra del ático de lujo por Alberto González Amador se produce después de que su empresa principal, la consultora sanitaria Maxwell Cremona S.L, redujera a la mitad sus ventas en el último ejercicio del que se conocen sus cuentas, el de 2024, cuando declaró 944.836 euros en ventas. Ese mismo año se produjo un reparto de dividendos sin precedentes en la consultora, un total de 1.225.000 euros. También fue el ejercicio de dejar de emplear a autónomos y contratar por primera vez a cinco empleados con un gasto de personal de más de 261.000 euros.

Fuente: Pedro Águeda en eldiario.es

Fuente: Marta Barandela / Iñigo Aduriz / Alberto Pozas en eldiario.es

Las falsedades de Ayuso tras la condena contra el fiscal general: de la “campaña organizada” al “ciudadano particular”

La dirigente madrileña ha convocado una comparecencia sin preguntas de los medios para cargar contra el Gobierno y repetir la misma tesis de un ‘complot’ que lleva difundiendo su entorno desde hace un año

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este viernes contra el Gobierno y el fiscal general tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por la filtración del correo de su pareja. 24 horas después del fallo, la dirigente madrileña ha convocado una comparecencia —leída y sin preguntas de los medios— en la que ha mezclado acusaciones de autoritarismo contra Pedro Sánchez y la misma tesis de una campaña “organizada desde el Gobierno” contra un “ciudadano particular” que llevan repitiendo desde su entorno más de un año.

Todavía no se conoce cuál es la argumentación del Tribunal Supremo para la condena, que no ha sido unánime y ha contado con dos votos en contra de dos magistradas progresistas. La sentencia se hará pública en los próximos días, aunque las instancias no se acaban aquí y es previsible que se pronuncie el Constitucional y la Justicia Europea.

Estas son algunas de las falsedades de la comparecencia de la dirigente madrileña:

Un “ciudadano” y un caso que “no tiene que ver con la Comunidad”

Ayuso ha insistido en que su pareja es un “ciudadano particular” y ha asegurado que su caso “nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas con quien la preside”. Pero la presidenta madrileña y González Amador viven en un piso que él compró en 2022 tras el fraude fiscal, tal y como publicó elDiario.es el 13 de marzo de 2024. Ahora, de hecho, el comisionista ha ejecutado la opción de compra también del ático situado en la planta superior a la vivienda de lujo en la que residen y que ya venía disfrutando en régimen de alquiler. 

Tanto la presidenta madrileña como su pareja han repetido durante este año que no se conocían cuando defraudó a Hacienda porque ocurrió con la presentación del impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Pero ese impuesto, igual que ocurre con el IRPF para cualquier ciudadano, se paga el año siguiente, es decir, fue en el verano de 2021 y el verano de 2022. La primera noticia de la relación entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021.

Hay otro antecedente: el Supremo señaló, cuando rechazó la demanda que su pareja interpuso contra la ministra María Jesús Montero por referirse a él como un “delincuente confeso”, que su caso de fraude fiscal y su relación con Ayuso le habían convertido en “una persona con notoriedad pública”.

“Un ataque del aparato del Estado”

En realidad, el caso se inició por una investigación de la Agencia Tributaria al novio de Ayuso, que después confesó a través de su abogado haber defraudado más de 350.000 euros por no tributar correctamente los dos millones de euros que ganó en el peor momento de la pandemia, ejerciendo como comisionista para la venta de material sanitario.

El caso de González Amador no es una “campaña organizada desde el Gobierno” ni fruto de una coordinación de la Fiscalía y el Gobierno “hasta ser condenados por el Supremo”, como ha dicho este viernes. El fraude está acreditado por la inspección de la Agencia Tributaria, que encontró 1,7 millones de euros en facturas falsas que la pareja de Ayuso se desgravó.

Todas las investigaciones, incluso la que ha terminado en condena para el fiscal general, han evidenciado una cosa: González Amador no fue ni inspeccionado ni denunciado por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni en Hacienda ni en la Fiscalía, tal y como ha declarado una decena de testigos en varios procedimientos, sabían que detrás de la empresa Maxwell Cremona se escondía la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La causa contra él, pendiente de juicio, acaba de ser ratificada por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.

“Estos hechos son propios de una dictadura”

¿Qué dictadura acaba con una condena contraria al presunto dictador? La propia Ayuso en su comparecencia se ha llevado la contraria al afirmar que con la condena al fiscal general “ha quedado demostrado que el Estado de Derecho funciona”. “Ayer los ciudadanos vieron cómo la justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona incluso frente al uso interesado de las instituciones y el abuso arbitrario del poder por razones políticas”, ha añadido. “Hemos visto cómo un ciudadano particular puede obtener la protección y la tutela de nuestros tribunales”, ha llegado a afirmar.

“No es el fiscal general sino Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados”

En el juicio contra el fiscal general no se juzgó nada relacionado con Moncloa. El Supremo dejó fuera del proceso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el papel de Moncloa en la filtración. Ni la investigación ni el juicio han desvelado esas supuestas “indicaciones” que varias acusaciones hicieron suyas en los escritos de calificación. La “afirmación” de que la Fiscalía había filtrado la confesión siguiendo “indicaciones” de la Moncloa “no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible”, dijeron los jueces. Pese a esto, Ayuso ha llegado a vincular sin ninguna prueba al presidente del Gobierno hasta en el borrado del móvil del fiscal general: “Juntos borraron todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial”.

“Es el proceso por el que nos llevan, especialmente desde que los casos de presunta corrupción de la esposa del presidente del Gobierno salieron a la luz”

En realidad la investigación a la pareja de Ayuso es anterior a que se abriera una causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El famoso correo en el que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía reconociendo dos delitos fiscales se mandó el 2 de febrero de 2024 y la investigación a Gómez se inició dos meses después, en abril. Fue entonces cuando el juez Peinado admitió una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias e inició la instrucción. Para entonces elDiario.es ya había publicado en exclusiva la información sobre el fraude fiscal de González Amador. La primera noticia se sacó el 12 de marzo, un mes antes de que se iniciara la investigación a Begoña Gómez. El caso de González Amador no es una consecuencia de la investigación a Gómez, como ha insinuado la presidenta madrileña.

Y una bola extra: “[Con la condena al fiscal] Los ciudadanos vieron cómo la justicia española, poder del Estado que defiende y protege sus derechos fundamentales, funciona”

No parece que esa premisa fuera así para Álvaro García Ortiz. Quedan todavía días hasta que se conozca la argumentación de la sentencia condenatoria para el fiscal general, pero a lo largo del juicio no se ha revelado ninguna prueba directa que demuestre que filtró el correo con la confesión del comisionista en la noche del 13 de marzo de 2024.

Ni mensajes, ni llamadas, ni correos en los que García Ortiz rebote el documento al periodista de la Cadena SER que lo reveló, ni tampoco órdenes para que lo distribuyera alguno de sus subordinados. José Precedo, adjunto a la dirección de elDiario.es y uno de los autores de la primera publicación sobre el fraude fiscal, declaró que la fuente no fue Álvaro García Ortiz. Hasta tres periodistas que han afirmado como testigos en el juicio que tuvieron acceso a ese correo antes de que llegara a manos del fiscal general.

Fuente: Marta Barandela / Iñigo Aduriz / Alberto Pozas en eldiario.es