Universidad pública: defender nuestra alma mater

La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha podido ni querido disimular su desconfianza y desprecio hacia la universidad pública, a la que considera un nido de rojos y wokismo, en un discurso calcado del trumpismo y que esconde lo que de verdad importa: un modelo privatizador, en el que proliferan como hongos las universidades chiringuito sin mínimos estándares de calidad ni ningún afán investigador

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recogiendo el título de Alumna Ilustre en la Universidad Complutense de Madrid / Álvaro Minguito

Isabel Díaz Ayuso acaba de firmar la paz con la universidad pública madrileña, con un acuerdo exprés que era impensable hace 15 días y que se ha negociado para cerrar la crisis más surrealista del gobierno de la Comunidad de Madrid. La causa de “los pocholos”, esos niños pijos sin currículo ni experiencia que gestionaban la educación madrileña comandados por un gurú conspiranoico y reaccionario, ha tenido como consecuencia un plan de financiación que gobierno y universidades han calificado de “histórico” y que supone un respiro en una situación agonizante. 

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La inversión en los seis campus, que se encuentra en una situación crítica, será de 14.800 millones hasta 2031. Los detalles están por conocerse, pero el plan supone un crecimiento de un 41% de los fondos específicos. En el sexto año de modelo se sumarán otros 500 millones adicionales. Si esta cantidad les parece mucho y para ponerla en contexto, la Comunidad de Madrid aprobó a finales de 2025 unos pagos extra a Quirón de 500 millones, y le ha pagado sin rechistar en los últimos seis más de 6.000 millones de euros. Solo a Quirón. 

Hay que celebrar que Ayuso, movida por una crisis interna, haya dejado de “pocholear” con el futuro de las universidades públicas, a las que su gobierno ha asfixiado hasta el límite. Solo la Universidad Complutense se llegó a endeudar con la propiedad Comunidad por 34,5 millones de euros para pagar las monedas, lo que le cuesta 4,4 millones solo en intereses. Y, a pesar de esto, la Complutense, produce más tesis médicas que el conjunto de las 47 universidades privadas que existen en España. 

En estos años, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha podido ni querido disimular su desconfianza y desprecio hasta la universidad pública, a la que considera un nido de rojos y wokismo, en un discurso calcado del trumpismo y que esconde lo que de verdad importa: un modelo privatizador, en el que proliferan como hongos las universidades chiringuito sin mínimos estables de calidad ni ningún afán investigador. Ya hijo 15 las universidades privadas madrileñas, por seis públicas; en toda España hay 50 universidades públicas y 47 privadas. En 2025 en Madrid, ya se matricularon más estudiantes de Medicina en las privadas, pagando más de 20.000 euros anuales, que en las públicas. Madrid es la comunidad con el profesorado por pago, con las matrices más altas, con menos porque por estudiante y de las que menos inverte en educación por habitante. Y todo eso en la comunidad más rica de España y la que enarbola la defensa de la cultura occidental mientras desprecia a sus verdes custodios. El acceso público y universal al conocimiento es uno de los pilares de las sociedades libres, y no se puede defender la libertad sin defensa la universidad pública. 

Una vez aprobado el plan de financiación plurianual y caída en desgracia la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC) elaborada por el clan “pocholo” y que suponía una comercialización extrema de la enseñanza superior en Madrid, queda pendiente poner coto a los chiringuitos desfrazados de universidad privada tan del agregado del gobierno madrileño. Junto a la privatización de la sanidad y la especulación inmobiliaria, las universidades privadas han contribuido a la creación de un Madrid de dos velocidades, caracterizado por la diseño, el pelotazo y el rentismo. El PP ha sido el partido que más ha contribuido a liquidar el paradigma meritocrático que tanto definido de boquilla. Gracias a la acción de los gobernadores de las CCAA, la educación privada es un negocio que, en España, mueve 20.000 millones de euros al año. Se ha fomentado la entrada de fondos de inversión en las entradas privadas que ofrecen carreras universitarias y más mientras se castigaba a la universidad pública. 

En un momento de transformación profunda y acelerada de la forma en la que se accede al conocimiento, hay que fortalecer el papel de la universidad pública, depositaria del conocimiento, espacio de innovación y de pensamiento crítico, motor del progreso económico y social y factor esencial para la igualdad de los ciudadanos. Una universidad no es una extensión de la empresa ni una máquina expendedora de títulos para los hijos de las familias pudentes. Si lo convertimos en eso, estamos condensados a que otra generación de pocholos decide el futuro de nuestros hijos. 

Fuente: Raquel Marcos Oliva – @rakelmarkos en eldiario.es

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Fuente: poderpopular.info

Las plataformas por la universidad pública madrileña continuarán luchando si la asfixia económica continúa

El movimiento por la Pública ha calificado hoy de «insuficientes y engañosas» las cifras que, según los medios, están negociando los rectores con la Consejería de Educación sobre la financiación de las universidades públicas madrileñas

El colectivo sostiene que las subidas anunciadas quedan «muy lejos» de la demanda mínima: alcanzar el 1 % del PIB regional en 2030.

Según el análisis hecho público por la Pública, el plan plurianual que llevaría el presupuesto universitario hasta los 1.600 millones de euros en 2030 implicaría un incremento medio anual de ≈72 millones de euros durante los próximos cinco años. Esa cifra, subraya el movimiento, es menor al incremento presupuestario aplicado en 2026 —75,3 M€— por lo que las aludidas «subidas» no suponen, en realidad, un avance respecto a lo ya aprobado.

Las plataformas por la universidad pública insisten en que, si se mantiene un crecimiento del PIB de la Comunidad de Madrid del 3 % anual (estimación conservadora), esos 1.600 M€ equivaldrían en 2030 a en torno al 0,4 % del PIB, lejos del 1 % reclamado. Además, puntualiza que los 72 M€ anuales deberían repartirse entre las seis universidades públicas de la región, lo que dejaría en torno a 12 M€ por universidad al año —una cuantía que, argumentan, «no cubre» ni los recortes y déficits que ya arrastran centros como la UCM (plan de recortes de 33 M€) o la URJC (déficit estimado en 76 M€), según la propia nota.

«Lanzar cifras absolutas de millones sin contexto es engañoso», afirma por la Pública, que considera que las propuestas plurianuales en discusión «refuerzan la asfixia económica» de las universidades públicas y que, ante una financiación pública insuficiente, la única salida será la implementación de nuevos recortes. El movimiento denuncia que la voluntad política detrás de esas medidas favorece a las universidades privadas y acelera procesos de «trasvase» de estudiantes y personal hacia el sector privado.

Objetivos y movilizaciones
El movimiento mantiene como objetivo claro el 1 % del PIB para 2030, lo que —explican— equivaldría a al menos doblar el presupuesto actual. Según su lectura, la subida que se comenta públicamente representa apenas el 14 % de la subida reivindicada por el colectivo; alcanzar la meta implicaría un apoyo público siete veces mayor al cuantificado en la propuesta plurianual.

Por la Pública advierte además de que, si rectores y Gobierno autonómico formalizan anuncios contrarios a estos mínimos, las plataformas se reunirán «de urgencia» para organizar y convocar «movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario» hasta que se cumplan las reivindicaciones. «Si no hay respiro para las públicas, no habrá paz ni para rectores ni para políticos», concluye la nota.

El conflicto abre una nueva etapa de conflicto entre las instituciones universitarias, la Consejería de Educación y los colectivos que exigen un cambio estructural en la financiación pública de la universidad madrileña.

Fuente: poderpopular.info

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