Un sector del PP comandado por Ayuso se suma al discurso xenófobo de Vox ante la crisis migratoria

La presidenta madrileña acusa al Gobierno de tratar como “fardos” a las personas trasladadas desde Canarias a la Península y dice que pone en riesgo “la seguridad nacional”, mientras otros dirigentes denuncian una falsa ausencia de información y alientan bulos sobre peligros para la salud pública

Ayuso-asamblea

El sector más derechista del Partido Popular encabezado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asumido el discurso xenófobo de la extrema derecha para atacar al Gobierno en funciones por la crisis migratoria que vive Canarias desde hace semanas. El aumento de la llegada de personas desde las costas africanas a las islas ha acelerado e incrementado su traslado a la Península. Y Vox ha aprovechado, una vez más, para volver a azuzar el miedo, plantear medidas ilegales y propagar bulos. La novedad es que parte del PP se ha sumado a lanzar proclamas incendiarias que señalan a las personas migrantes como riesgos para la «seguridad nacional» o la salud pública.

Ese grupo de dirigentes populares ha utilizado la llegada de migrantes a Canarias para criticar la supuesta inacción del Gobierno, pese a que ya hace diez días el Ejecutivo declaró la emergencia en las islas. El ministro José Luis Escrivá viajó a la región y prometió ayudas económicas para paliar la situación. Migraciones emplazará dos campamentos en la Comunidad de Madrid, en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa, con capacidad para albergar a cientos de personas. También habilitará otros dos cuarteles en Cartagena y Sevilla en su búsqueda de camas para atender a la emergencia humanitaria declarada por el Gobierno en el Archipiélago.

Ayuso ha reaccionado a esa decisión con un duro discurso en el que ataca a las personas migrantes, a las que ha vinculado con «inseguridad» y «delincuencia», después de asegurar que el Gobierno las trata como «fardos», lo que le valió un duro reproche de Escrivá, quien la tildó de «xenófoba». Y todo pese a que la Comunidad de Madrid alberga solo el 5% de todas las plazas de la red estatal de atención humanitaria, incluyendo Canarias (un 9% si no se tiene en cuenta el Archipiélago), según los datos del Gobierno.

«Son incapaces de gestionar nada, empezando por la llegada masiva de inmigrantes que sin más dialogo ni más previsión se disponen a repartir a miles de personas entre las comunidades autónomas en un momento de máximo temor por la seguridad nacional», criticó Ayuso este jueves en un acto en el que también cargaba contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La dirigente madrileña acusó al Ejecutivo de enviar a «miles» de inmigrantes a la Península «con nocturnidad» para «quitárselos de encima, no para ayudarles», mientras «sumando a vuelapluma» cifraba en más de 1.000 las personas que han aterrizado en Madrid desde las Canarias sin que Moncloa la informara previamente de esos traslados, siempre según su versión.

«En un momento están allí, pero no los van a recluir, evidentemente, no pueden», dijo Ayuso, para advertir de que luego no se sabe «si irán por las calles, si deambularán». «No sabemos qué van a hacer con ellos», añadió, pese a que todas las personas migrantes trasladadas a España son acogidos en espacios gestionados por ONG, de la misma forma que se hizo, por ejemplo, con los refugiados ucranianos tras la invasión rusa.

«¿Qué puede salir mal cuando quien ostenta la Presidencia de turno de la Unión Europea en lugar de estar protegiendo las fronteras está haciendo todo lo contrario?», se ha preguntado Ayuso. Un discurso, el de «proteger las fronteras», copiado literalmente del argumentario de la extrema derecha y del que el PP había intentado escapar, incluida la presidenta de Madrid quien, en la campaña de las elecciones autonómicas, criticó a Vox por sus mensajes sobre los menores no acompañados, aunque en el pasado sí los tachó de «problema». Una jugada habitual de la líder madrileña, decir una cosa y la contraria en función de sus intereses.

El PP también ha denunciado la supuesta falta de comunicación e información por parte del Gobierno. Así lo han hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la de Alcalá de Henares, también en Madrid y donde se instalará uno de los campamentos temporales, o la propia Ayuso. Pero los tres han reconocido haber hablado con el delegado del Gobierno en la región.

La presidenta madrileña ha citado los datos del Ejecutivo para reconocer que son «156 los inmigrantes llegados a Pozuelo de Alarcón», mientras «a Madrid ha llegado una primera tanda de más de 90 que dicen que van a estar en distintos hostales, después van a Alcalá de Henares entre 100 y 600 y ya hemos estamos escuchando que habrá miles en la ciudad de Madrid».

Poco después, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, enviaba al ministro Escrivá una carta reclamándole la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Inmigración ante la «grave crisis» que sufre España. En ella afirma que «Madrid es una región solidaria que quiere ofrecer la mejor atención a estas personas. Para eso, es imprescindible disponer de un sistema de información preciso y compartido, que nos permita poder gestionar de forma ordenada los flujos migratorios que estamos teniendo».

«No podemos esperar ni un día más a reunirnos», le dice, para insistir luego en que «la importancia de esta situación obliga a actuar de manera seria». «Considero que, por lealtad institucional, su Departamento debe ofrecer información rigurosa, precisa y detallada al conjunto de comunidades autónomas. No puede ser que nos enteremos de cuestiones que nos atañen por la prensa. Y que, posteriormente, recibamos llamadas del delegado del Gobierno con datos imprecisos», le reprocha finalmente.

Ayuso no ha sido la única líder autonómica del PP en lanzar la acusación de falta de información al Gobierno. El murciano Fernando López Miras reclamó este jueves «información, colaboración y lealtad institucional». Su vicepresidente y líder de Vox en la región, José Ángel Antelo, ha vinculado directamente la llegada de migrantes con la “infiltración yihadista”. Se trata de unas palabras muy parecidas a las del diputado de la extrema derecha en Andalucía, Benito Morillo. La reacción del consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, no fue reprochar el mensaje xenófobo de Vox, sino reprender al Gobierno por «jugar a la demagogia» y reclamar el apoyo de los de Abascal.

La línea en el PP es la misma: la culpa es de Sánchez, que «no hizo nada» pese a las advertencias. «Ahora el problema se le ha desbordado», dijo Ayuso. La presidenta madrileña también ha puesto en duda la labor de las ONG al decir que el Gobierno «se desentiende de las personas y van a dejar que sean las ONG supuestamente las que estén con ellos”.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sumó también a las críticas contra la política migratoria de Sánchez, que en su opinión ha sido «la de recibir al Aquarius con los brazos abiertos para luego dispersar a los inmigrantes sin criterio ni información por la Península». Después de reconocer haber hablado con el delegado del Gobierno en Madrid, el regidor madrileño también reclamó «información» al Ejecutivo, quien le ha comunicado las líneas generales del plan, explicándole que las personas migrantes estarán en hostales de la capital y de la Comunidad de Madrid hasta que se acondicionen las instalaciones de Carabanchel.

Él también ha puesto en duda la integridad de las personas que abandonan sus países para prosperar en Europa y y ha pedido garantizar «la convivencia y la seguridad». «En política no se trata de ser ‘buenista’, se trata de ser bueno», ha añadido, para ofrecer después la colaboración del Ayuntamiento a la delegación de Gobierno.

Los mensajes difundidos por el PP en toda España van en la misma línea. El alcalde de Medina del Campo (Valladolid) dijo que los migrantes alojados en un hotel pueden causar un brote “de cualquier enfermedad”. Los datos oficiales aseguran que Castilla y León acogerá en total a 395 migrantes, 250 de ellos en la mencionada localidad.

La dirección nacional guarda, de momento, un silencio casi total. Solo el vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, apuntó este lunes que «no se puede hablar de fardos, sino de seres humanos», en referencia a las palabras de Ayuso, y pidió «preservar un trato humanitario» a quienes «salen huyendo buscando una vida mejor». «Si no entendemos esto nos estamos equivocando», dijo, para señalar inmediatamente al Gobierno porque, aseguró, la gestión no puede «ser asumido por las comunidades».

El líder de Vox ha continuado estos días cargando toda su artillería pesada contra el Gobierno de Sánchez. Abascal viajaba la semana pasada a Canarias para «conocer de primera mano» lo que calificó como una «auténtica invasión migratoria» y escenificar desde la isla de Hierro, uno de los epicentros de la crisis, el rechazo de su partido la política gubernamental. Desde allí acusó al presidente del Ejecutivo en funciones de provocar con su permisividad con la inmigración «el efecto llamada» y pidió, como ha hecho otras muchas veces, la ayuda de a Armada para hacer frente a la nueva oleada. «Nosotros tenemos medios para proteger nuestras fronteras y los intereses de los españoles. Evidentemente, la Armada sirve para bloquear esas vías marítimas y para que las organizaciones de tráfico de seres humanos no puedan aprovecharse de esas personas», señaló.

El partido ha pedido la comparecencia de Marlaska para informar de la situación, que Vox vincula sin ninguna duda con la «inseguridad que sufren las calles y los barrios» españoles por culpa de la «delincuencia» que aseguran que protagonizan estas personas que huyen de sus países y se juegan la vida para llegar a España en pateras. Incluso han llegado más lejos al señalar sin esperar a las pruebas a migrantes como autores de violaciones a mujeres.

A eso han unido el riesgo de atentados yihadistas que puede sufrir también España después del perpetrado hace unos días en Bruselas por un ciudadano tunecino que se encontraba irregularmente en el país, según la policía belga. Un miedo que Vox lleva también azuzando hace tiempo.

La extrema derecha, que en su programa electoral promete la inmediata expulsión del territorio nacional de los inmigrantes irregulares y de los ‘mena’, ya registró en el Congreso hace ahora un año una Proposición de Ley de modificación de la Ley las Bases del Régimen Local con el fin de modificar el padrón municipal “para impedir que tanto los ‘okupas’ como los inmigrantes que han entrado en España y residen de forma irregular puedan inscribirse en el padrón municipal y disfrutar de los derechos que ello concede».

El pasado mes de mayo, en una entrevista en ToroTV, Abascal, que lleva años alertando sobre los peligros del «multiculturalismo», afirmó: “No podemos seguir llamando a inmigrantes de países que tienen una manera diferente de vivir. No es el color de la piel, es lo que tienen en la cabeza algunas personas. Da igual que sean pelirrojos, negros o morenos del Magreb, lo preocupante es lo que tienen en la cabeza». Después, advirtió de lo difícil que les resulta a estas personas «adaptarse a las costumbre» de los países que los acogen. «Hay zonas de Europa que ya no son Europa», sentenció.

Además, el periódico de cabecera de Vox, la Gaceta de la Iberosfera, se ha hecho eco de diversos bulos. Uno de ellos fue tras el acuchillamiento de una mujer en una tienda de ropa de la madrileña plaza de Tirso de Molina. «Una mujer de 61 años, asesinada a puñaladas en el centro de Madrid por un magrebí, según los testigos», titulaba el medio ultraderechista, mientras Abascal lo propagaba en las redes. En su lista de noticias falsas hay que incluir el mantra de que los inmigrantes se llevan todas las ayudas del alquiler de la Comunidad de Madrid, reciben al llegar «una paga del Estado» o que sistemáticamente son enviados a «balnearios y hoteles de cinco estrellas», cuando esto ultimo ha sido un caso aislado y excepcional ante el número desorbitado de personas que han llegado a Canarias.

Fuente: Aitor Riveiro / Carmen Moraga en eldiario.es
Foto: Archivo de contrainformacion.es

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