Los relatores internacionales denuncian las posibles vulneraciones de derechos de dos normas en proceso y una aprobada por los Gobiernos de coalición de Partido Popular y Vox en tres comunidades autónomas
Importante informe de la relatoría especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, y reparación de Naciones Unidas, que sitúa en el foco la promoción de tres leyes autonómicas españolas nominalmente calificadas como de “concordia”. Son las aprobadas o presentadas en iniciativa parlamentaria por las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia y son una amenaza a la letra de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Gobierno central.
Tres relatores de la ONU —Fabian Salvioli, relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, presidenta-relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias— firman un documento que alerta de que esas tres leyes “podrían afectar a la obligación del Estado Español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales y/o locales, en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”.
Salvioli, Baldé y Tidball-Binz, recuerdan al Estado y sus tres poderes la obligación “de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos” y alertan de las tres normas aprobadas o en proceso de aprobación, “toda vez que ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia, pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”.
En Valencia, Aragón y Castilla y León, quedan en el aire las subvenciones a asociaciones memorialistas y se disuelven organismos públicos de persecución de la verdad, justicia y reparación
El informe detalla que entre otras medidas la ley aprobada por Aragón, que deroga una norma previa de 2018, “no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975)”, suprime un gran número de entidades y actividades de memoria histórica así como el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática, el cual incluye un mapa de fosas comunes de Aragón.
En abril, el Gobierno de Sánchez anunció que llevaría al Tribunal Constitucional (TC) las leyes aprobadas por la Generalitat valenciana y Castilla y León, y que llevaría a cabo una reunión con Aragón que, de no fructificar, también supondría la presentación de un recurso en el TC.
Trampas de todos los colores
En el caso de Castilla y León, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco discute desde marzo un proyecto de ley de “concordia” presentado por su grupo, PP y por Vox. El proyecto, tal y como registra la ONU, suprime la palabra “dictadura” para referirse al periodo histórico del franquismo, y “no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978”. La ONU también se muestra preocupada por el artículo 4.4, que regula las exhumaciones y podría supeditar el derecho a la verdad sobre el destino y paradero de las víctimas al derecho a la protección de datos de victimarios y sus descendientes. “El proyecto de ley de ‘concordia’ presentado ante las Cortes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas”, señala Naciones Unidas.
La más reciente de estas leyes de “concordia” fue presentada el 21 de marzo de 2024 por los grupos Parlamentarios Popular y Vox de Valencia. La norma impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón amplía el objeto de la ley estatal e incluye un mismo régimen de protección a “las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico” que a las víctimas a las que hace referencia la ley No. 20/2022, lo cual a entender de Naciones Unidas “desvirtúa el objetivo de las No. leyes 20/2022 y No. 14/2017 de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil”. Como en los casos de Aragón y Castilla y León, quedan en el aire las subvenciones a asociaciones memorialistas y se disuelven organismos públicos de persecución de la verdad, justicia y reparación.
El rapapolvo a España se ciñe a los estándares internacionales ratificados por España que incumplen estas normas. Concretamente, los del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la resolución 33/19 del Consejo de Derechos Humanos sobre derechos humanos y justicia transicional, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El Mandato hecho público hoy, 3 de mayo, solicita una respuesta y anuncia que se incorporará al informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.
Fuente: Pablo Elorduy en elsaltodiario.com
Fuente: Óscar F. Civieta en lamarea.com
Relatores de la ONU sobre las leyes de concordia: “Invisibilizan las violaciones de derechos humanos del franquismo”
Los relatores especiales de la ONU han emitido un durísimo informe contra las leyes de concordia de Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Aragón. Aseguran que “podrían afectar a la obligación del Estado Español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, que se cometieron durante la dictadura franquista”.
Tres relatores independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han emitido un informe en el que reprueba sin ambages las leyes de concordia que PP y Vox están desarrollando en Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Aragón. “Podrían afectar a la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, que se cometieron durante la dictadura franquista”, argumenta.
El documento está firmado por los relatores especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Se lo han enviado al Gobierno de España, al que instan a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos”.
Proposición de Ley de Concordia de Castilla y León
El informe hace un repaso detallado de las tres leyes de concordia en ciernes. Respecto a la Proposición de ley de Concordia de Castilla y León, destaca que “suprime la palabra ‘dictadura’ para referirse al periodo histórico del franquismo. Y no incluye una condena expresa a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1936 y 1978. Amplía el alcance histórico de la normativa vigente, que actualmente se circunscribe a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, extendiéndolo a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978”.
Este proyecto, concluyen, “invisibilizaría las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al negarse a nombrar y condenar al régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad en las mismas”.
Asimismo, “no facilitaría la participación ni otorgaría un rol consultativo a organizaciones de víctimas e instituciones de sociedad civil o académicas en el trabajo de la Comisión de Exhumaciones; no reconoce el otorgamiento de subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la memoria histórica; y podría obstaculizar con ello el derecho a la verdad por parte de víctimas y de la sociedad civil respecto del destino y paradero de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo a las desapariciones forzadas, el cual debe ser respetado sin perjuicio de lo establecido por las leyes para la protección de datos personales”.
Proposición de Ley sobre Concordia de la Comunitat Valenciana
Sobre otra de las leyes de concordia, la de la Comunitat Valenciana, los relatores especiales de la ONU resaltan que “amplía el periodo de alcance de la ley a los años de profunda crisis, incluyendo: la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico, y establece el reconocimiento de todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa. Esta propuesta reconoce el mismo régimen de protección a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo etarra e islámico que a las víctimas del franquismo. Lo cual a nuestro entender desvirtúa el objetivo de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil”.
Por lo anterior, añaden, “esta ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España. Quitándole, así, el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”.
Derogación de la ley de memoria democrática de Aragón
Aragón no se sumará a las leyes de concordia, sino que el Ejecutivo autonómico prepara un “plan de concordia”. De momento, PP y Vox han aprobado la Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.
Sobre la legislación derogadora, los relatores de la ONU inciden en que “no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975), sino que se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil’. Pero sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió”.
Suprime también “un gran número de entidades y actividades de memoria histórica previstas en la legislación anterior. Entre ellas, el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática de Aragón, el Inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón, el Registro de entidades de memoria democrática de Aragón, las actuaciones en el ámbito educativo, y los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión”.
Subrayan que “sujeta las subvenciones de proyectos públicos de memoria histórica a condicionamientos, haciendo su sostenimiento incierto”.
En resumen, la ley de Aragón “invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial, o su responsabilidad por los crímenes cometidos en este periodo”, aseveran.
Fuente: Óscar F. Civieta en lamarea.com
Fuente: tercerainformacion.es
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebra que la ONU exija a las instituciones españolas sus obligaciones hacia las víctimas del franquismo
- Según la ONU, las leyes de concordia pueden poner “límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.
- El informe también recuerda al Gobierno de España que las víctimas de desapariciones forzadas del franquismo no tienen acceso a la justicia ni han sido debidamente reparadas.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebra que tres relatores de Naciones Unidas se dirijan a sus instituciones españolas para recordarles sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista; la amenaza para las víctimas que suponen las leyes de concordia y las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición.
Fuente: tercerainformacion.es
Fuente: Eva Máñez en elsaltodiario.com
Víctimas del franquismo denuncian en Les Corts que la ley de “concordia” les equipara a los verdugos
Representantes de asociaciones memorialistas han argumentado su rechazo a la nueva ley de “concordia” de la Generalitat Valenciana en la comisión que tramita el texto.
Diferentes grupos y personas en defensa de la Memoria democrática han intervenido hoy ante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración de Les Corts Valencianes mostrando su rechazo al proyecto de Ley de La Concordia dentro de las comparecencias en comisión de la tramitación de la polémica ley. Mientras, en los pasillos de Les Corts, políticos de PP y Vox denunciaban los que consideran “injerencias de la ONU” por sus críticas a esta ley que atenta los Derechos humanos.
En su intervención Ángel González, víctima directa de la dictadura y presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano (CAMDE-PV), ha señalado que “la ley es un ataque frontal a todas las víctimas, se nos hace desaparecer no siendo objeto de derecho como tales, se nos equipara a víctimas y verdugos”, a lo que ha añadido que, “se niega nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación y que los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, cometidos por la dictadura deben ser juzgados”.
González ha criticado que esta ley “blanquea la dictadura pretendiendo equipararla al régimen democrático de la II República y que crea una gran inseguridad con todos los proyectos en curso al decaer estos”
González ha criticado que esta ley “blanquea la dictadura pretendiendo equipararla al régimen democrático de la II República y que crea una gran inseguridad con todos los proyectos en curso al decaer estos una vez aprobada dicha ley de la discordia”.
Paco Alarcón, en nombre de AVA Bebés Robados Alacant, ha señalado que las familias víctimas del robo de bebes “continúan en un limbo legal sin ningún tipo de reconocimiento ya que existen miles de niños que fueron adoptados ilegítimamente sin el consentimiento de sus progenitores.” Alarcón ha reclamado “la continuación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática con sede en Alicante y el mantenimiento y ampliación de toma de muestras del banco de ADN de Fisabio en relación a las víctimas de bebés robados”, así como “la difusión pública de estos crímenes e instar a la ciudadanía que sospeche ser víctima a que deposite su huella de ADN en Fisabio”. Por último, ha pedido que “se consideren estos delitos como Crímenes de Lesa Humanidad y se actúe jurídicamente en consecuencia”.
Marta García Carbonell, investigadora y autora junto con María Palau Galdón del libro Indignas hijas de la patria, ha recordado en su intervención a “todas las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer y a todas aquellas mujeres que, o bien ya han muerto y no han podido contar su historia, o bien marcadas por la lacra y huella del organismo no lo han podido hacer”.
García recordó que el Patronato de Protección a la Mujer comenzó a funcionar en noviembre de 1941 con “la finalidad dé la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica, lo que se tradujo en privaciones de libertad por, por ejemplo, llevar la falda muy corta, fumar por la calle, ir de la mano con un chico, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, encontrarse en estado de gestación, ser lesbiana ,o la simple acusación de serlo, o ser violada”.
García ha señalado que “41.335 criaturas y adolescentes fueron recluidas en instituciones religiosas en el Estado Español, según un censo de 1952, y que ni la Iglesia ni el estado han pedido perdón” a lo que ha añadido que “las órdenes religiosas continúan en los mismos espacios, realizando las mismas funciones atendiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad (mujeres migradas, víctimas de trata o víctimas de violencia de género”. Por último, ha insistido en que “en la actualidad, miles de mujeres continúan esperando un perdón que no llega, una justicia que no existe y un reconocimiento que no aparece por ninguno de las numerosas rendijas inexploradas de nuestra historia más vergonzosa.”
Familiares de las fosas de Paterna
Isabel Gómez, nieta de Alejandro Iranzo, fusilado en Paterna, ha hablado en nombre de la Plataforma Fosas Familiares de Paterna para recordar que ”en el Terrer fueron asesinados 2238 inocentes desde 1939 a 1956”. “Estos son hechos demostrados” ,ha dicho Gómez, “no son “encarnizados debates teóricos”, ha añadido, “si no, más de 150 fosas comunes, pozos ciegos de la vergüenza donde fueron tirados los cuerpos no enterrados. Pueden llegar a los siete metros de profundidad y contener restos de hasta 150 personas. No son “encarnizados debates metodológicos” son datos documentados”.
Por último Gómez ha explicado que,“la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Paterna tiene tres objetivos fundamentales: proteger la memoria de los inocentes que llenaron las fosas comunes del cementerio y exhumarlas en su totalidad, identificar al mayor número posible y conseguir que el Terrer y el espacio que ocupan las fosas en el cementerio sean lugares protegidos que guarden la historia, la real, para el conocimiento de todas las generaciones de ciudadanos valencianos”.
“Hoy he venido como profesor, con las herramientas de un profesor: mi libreta y mis libros de Historia. Espero que nunca tenga que decir ‘con mis armas’, que es lo que les tocó a tantos maestros y maestras nada más darse el golpe de estado y en la Dictadura, que fueron los primeros represaliados para enterrar y controlar el Conocimiento. No entierren el futuro de nuestros jóvenes“, ha declarado Luis Vivas, profesor de Geografía e Historia y autor de Lecciones de nuestros abuelos (Vinatea). En este libro muestra cómo enseñar la Historia de España del siglo XX, a partir de una recopilación de los artículos que su alumnado ha creado con investigaciones personales en sus propias familias. También ha intervenido Matías Alonso del grupo de recuperación de la Memoria democrática quien ha recordado las primeras exhumaciones al Pais Valencià cuando aún no existía la Ley de Memoria democrática.
Esta comparecencia coincide con la publicación del informe de la ONU donde tres relatores critican duramente a la Ley de Concordia debido a que “podrían afectar a la obligación del Estado Español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales y/o locales, en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”. El Síndic de Vox en les Corts Valencianes, José María Llanos, ha calificado en declaraciones a los medios esta mañana mientras tenía lugar la Comisión que este informe de la ONU es “una injerencia que vulnera la soberanía de los estados”. Llanos ha insistido en que “La ONU lo que tiene que hacer es dedicarse a salvar vidas, que yo creo que desde el 48 pocas han salvado y pocos conflictos ha evitado”, y le ha instado a “dejar tanto globalismo y dejar hacer a los países”.
Hoy también se ha hecho pública una declaración de varios historiadores, historiadoras y cátedras universitarias con las adhesiones de la junta de la facultad de Geografía e Historia, el área de Didáctica de las Ciencias Sociales y el aula de Historia y Memoria Democrática de la UV, el equipo decanal de la facultad de Filosofía y Letras, la revista ‘Pasado y Memoria’ y la cátedra de Historia y Memoria Democrática de la UJI, donde expresan su rechazo a la ley de concordia registrada por el Consell (PP-Vox) y su “profunda preocupación”, al considerar que contiene “graves carencias científicas por el desconocimiento de los fundamentos básicos de las cuestiones que aborda” y que adolece de “un nacionalismo rancio”.
Fuente: Eva Máñez en elsaltodiario.com
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