Reflexiones y propuestas para revertir las privatizaciones en sanidad. Presupuestos de 2026

Estamos ante uno de los mayores problemas sociales y democráticos de la sociedad española. El Sistema Nacional de Salud (SNS) está al límite porque los gobiernos han impulsado o permitido que, el sector privado, esté apropiándose o gestionando uno de los mejores patrimonios públicos

Además, el asalto a lo público, se ha llevado a cabo mediante un sistema corrupto de adjudicaciones, concursos, prebendas, convenios, concesiones o donaciones; siempre de espaldas a la población y a favor del sector privado.

No es mi intención hacer aquí un exhaustivo repaso, basta con tomar como ejemplo lo que ha pasado en los últimos días. El escandaloso asunto del Hospital de Torrejón donde el CEO de Ribera Salud fue “cazado” diciendo a un grupo de consejeros que apliquen una especie de “código empresarial secreto”, basado en seleccionar los pacientes en función de la rentabilidad económica.

Tampoco ha resultado extraño el comportamiento del Gobierno de Isabel Diaz Ayuso afirmando que, todo lo que ha pasado, se resume en una presunta conspiración del diario El País y los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid.

Lo extraño hubiera sido lo contrario. Pero es imposible que eso ocurra. Es de sobra conocida la noticia de que la pareja de Isabel Diaz Ayuso (Alberto González Amador), mantuvo turbios negocios con altos directivos del grupo empresarial Quirón Salud propietario o gestor de cuatro hospitales dentro de la red pública del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud), entre los que se cuenta la Fundación Jiménez Diaz. A su vez, la propia presidenta de la CAM, pagó unos 5.000 millones de euros al grupo Quirón como liquidación de seis años (2019/2024) de actividad sanitaria, que sumados a lo que pagó a Ribera Salud aumentaron la cuenta de resultados de estas dos empresas en 2.354 millones de euros. Llueve sobre mojado.

El argumento más utilizado por algunos dirigentes del PP, ante los casos de corrupción en la sanidad, es que se trata de hechos aislados. Falso. El “modus operandi” está inmerso en un mecanismo diabólico que alimenta la corrupción, ya que el beneficio empresarial no viene por la “libre competencia”, sino por el pago de unos servicios sanitarios para atender a una población determinada. Si la factura presenta pérdidas, el SNS corre con los gastos. Se trata de un negocio donde las empresas arriesgan cero. Y aún más, por la captación de pacientes de otras áreas de salud, el SNS paga un plus a las empresas. Eso solo es posible gracias a la intervención política, en este caso del PP, que erosiona los recursos públicos (falta de inversión, personal, listas de espera) empujando a los pacientes hacia los hospitales de gestión privada.

2.- Esta es la situación que hemos vivido durante los últimos treinta años. El marco legal que ha posibilitado todo esto arranca con el artículo 90 de la Ley General de Sanidad 14/86 y finalmente, se consagra con la ley 15/97 que en su artículo 2 dice: “ la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

Esta ley fue aprobada en medio de la gran euforia privatizadora de los años noventa. El trámite parlamentario llevado a cabo por el gobierno de Aznar, contó con el apoyo del PP, PSOE, Convergencia, PNV y Coalición Canaria; y  con la oposición de IU/ICV y BNG.

Recientemente, la ministra de sanidad, Mónica García, ha manifestado en el diario El País, que está dispuesta a derogar la ley 15/97. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho: “El Gobierno va a utilizar todas las herramientas del estado de derecho para hacer realidad una sanidad pública y universal”. Todo esto surge a raíz del escándalo del Hospital de Torrejón.

El PSOE ha tenido casi treinta años para rectificar y, a pesar de las declaraciones de Pedro Sánchez, me siguen creando muchas dudas. En los sitios donde estuvo (PSOE) gobernando durante décadas como Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha, fue el responsable de gestionar las consejerías de sanidad sin evitar los procesos de privatización. Solamente, a raíz de las grandes movilizaciones de la Marea Blanca, se posicionó en contra de la privatización de los hospitales públicos y centros de salud. Sin embargo, ¿merece la pena aparcar las dudas y empujar al PSOE para que apoye decididamente la derogación completa de la 15/97? Pienso que sí.

Existe otro problema ¿la nueva ley romperá claramente el marco político y conceptual de la llamada “colaboración público/privada”? En mi opinión, si no lo hace carecerá de credibilidad. Porque se trata de un concepto tramposo. A primera vista parece que se trata de dos términos que funcionan por separado actuando cada uno independientemente del otro y que se complementan mutuamente. Pero no es así. La realidad es que el sector privado se incrusta parasitariamente sobre el sector público utilizando sus recursos y obteniendo, las empresas, pingües beneficios. Son vasos comunicantes en donde el dinero público pasa a las empresas en forma de capital. No hay arquitectura política que solucione una “contradictio in terminis». Es como intentar mezclar el aceite con agua. La propuesta política debe tomar como base el artículo 43 de la Constitución (1978) que garantiza el derecho a la protección de la salud desde los poderes públicos.

 3.- ¿Qué pasos concretos deberíamos dar? Tenemos que ser conscientes que el objetivo de revertir las privatizaciones -que llevan años- es extremadamente complejo desde el punto de vista jurídico y legal. A lo que debemos sumar un contexto político adverso caracterizado por el ascenso de las derechas y la crisis de la izquierda tanto política como social. Por no hablar del poder judicial con el Tribunal Supremo a la cabeza.

Esa es la clave de la situación. Creo que las privatizaciones sanitarias se pueden revertir en el marco de un nuevo ascenso de las luchas sociales, en donde se unan la ciudadanía con los profesionales de la salud. Esa perspectiva no está planteada a corto plazo pero debe ser trabajada desde las asociaciones, plataformas y sindicatos. Sabiendo que se trata de una carrera de fondo con múltiples trabas y obstáculos.

En segundo lugar, la vía parlamentaria en esta legislatura está prácticamente cerrada ¿Qué pasará si el Gobierno presenta una nueva ley que incluya la derogación de la 15/97? Es fácil imaginarse un escenario así: PP, VOX votarían en contra y, es muy probable, que también lo hagan Junts, PNV y Coalición Canaria que representan distintos sectores empresariales.

Sin embargo, la misma presentación y elaboración de un decreto o proyecto de ley podría actuar como un revulsivo ante la opinión pública y retratar a los partidos que apoyan el modelo privado.

En tercer lugar, ante la acumulación de hechos y pruebas sobre el deterioro creciente de la calidad asistencial (listas de espera, la falta de personal sanitario, los graves problemas en Atención Primaria); el incumplimiento por parte de Ribera Salud y Quirón de sus obligaciones contractuales; las irregularidades de las administraciones autonómicas como los casos de Andalucía y Madrid. El Gobierno central a través del Ministerio de Sanidad puede y debe intervenir ya activando los protocolos de la Alta Inspección contemplados en el artículo 76 de la ley 16/2003 (sobre la cohesión y calidad del SNS) en donde se dice:

 76/4.-“Cuando, como consecuencia del ejercicio de las funciones de Alta Inspección, se comprueben incumplimientos por parte de la comunidad autónoma, las autoridades sanitarias del Estado le advertirán de esta circunstancia a través del Delegado del Gobierno”….

 76/6.- “Las decisiones que adopte la Administración del Estado en ejercicio de sus competencias de Alta Inspección se comunicarán siempre al órgano responsable del servicio de salud de cada comunidad autónoma”.

 Este es un camino de urgencia para actuar sin la menor demora. En el caso del Hospital de Torrejón es probable que el Ministerio de Sanidad haya intervenido de oficio a través de la Alta Inspección. Pero, como decíamos al principio, todas las actuaciones parlamentarias, legales o jurídicas deberán apoyarse en la información y participación ciudadana.

Recordemos que el triunfo de la Marea Blanca en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (27/01/2014) se debió, en gran parte, al contexto social y político del momento. Como dijo hace muchos años un célebre revolucionario: “Entre derechos iguales, decide la fuerza”. Karl Marx (1867). Siempre es bueno aprender de la historia.

Fuente: mats-sanidad.com

Fuente: madrid.ccoo.es

Los presupuestos de 2026 entregan miles de millones a la gestión privada mientras se desmantelan los servicios públicos esenciales

El Gobierno del PP de Ayuso abandona la sanidad, la educación y la protección social en favor del negocio privado, lo que provocará más desigualdad

Comisiones Obreras de Madrid, tras analizar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, concluye que las nuevas cuentas profundizan en un modelo de insuficiencia inversora, privatización creciente y falta de planificación estratégica en los principales servicios públicos autonómicos: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, agravando las desigualdades y entregando crecientes recursos a la gestión privada.

El sindicato denuncia que, pese al incremento del gasto, el esfuerzo público cae del 9,1% al 8,5% del PIB, situando a Madrid como una de las comunidades autónomas con menor inversión pública del país. Esto es más de siete puntos porcentuales por debajo de la media autonómica.

Además, los presupuestos para 2026 destacan por los beneficios fiscales masivos (6.675 millones en rebajas y deducciones), cuya distribución favorece principalmente a las rentas altas y limita la capacidad de financiación de los servicios públicos.

Más privatizaciones en sanidad

La dotación sanitaria baja del 4,3% del PIB regional en 2024 al 3,1% en 2026.

La Consejería de Sanidad presupuesta 11.012 millones, pero la cifra cae un 18,2% respecto al gasto realmente ejecutado en 2024. El contraste es especialmente grave en la Atención Hospitalaria, con 2.482 millones menos. A la vez, los conciertos sanitarios alcanzan su máximo histórico: 1.486 millones, un 6% más que el año anterior.

CCOO de Madrid señala que persiste la infrapresupuestación del gasto real, el estancamiento de la Atención Primaria y el pago de sobrecostes asociados a hospitales privatizados. Se siguen detrayendo recursos para los hospitales públicos y el Hospital Isabel Zendal continúa absorbiendo recursos sin un proyecto claro.

La educación pública se estanca y crecen los conciertos

El presupuesto educativo asciende a 6.964,8 millones, pero el crecimiento se concentra en la enseñanza privada concertada.

Los conciertos ya representan el 20% del gasto total, el doble que hace dos décadas. Se reducen las personas beneficiarias de becas en 84.676, especialmente en ayudas comedor, transporte o escolarización. La inversión en infraestructuras muestra de nuevo un bajo grado de ejecución y una menor ambición para 2026.

La red educativa pública apenas crece: se mantienen los mismos centros de infantil y primaria y se reduce la educación especial, a pesar de las reiteradas promesas.

Por el contrario, el Gobierno madrileño del PP refuerza un año más la educación privada con fondos públicos.

Privatización estructural de los servicios sociales

La cuantía destinada a familia, juventud y asuntos sociales alcanza los 2.904,9 millones. Peso creciente de la gestión privada: 1.080 millones en conciertos, el 37% del total.

La Renta Mínima de Inserción (RMI), que llegó a cubrir a más de 14.000 familias en 2021, prácticamente desaparece: solo 1 millón de euros previsto para 2026 y apenas 500 familias estimadas como beneficiarias, lo que supone un abandono de los hogares más vulnerables.

Recorte en igualdad y violencia machista

El programa de lucha contra las violencias machistas pierde 14 millones, un recorte del 27%, manteniendo congeladas plazas, centros de crisis, recursos residenciales y programas de apoyo. Además, la Comunidad de Madrid sigue siendo una de las pocas comunidades sin evaluación de impacto de género en sus presupuestos y sin estrategias autonómicas vigentes en igualdad y lucha contra la trata.

Para CCOO de Madrid el Proyecto de Presupuestos para 2026 debilita losservicios públicos y amplía la brecha social, refuerza el modelo privatizador ensanidad, educación y servicios sociales, profundiza las desigualdadeseconómicas, territoriales y de género y mantiene una estructura fiscal quebeneficia más a las rentas altas y limita la capacidad de inversión social.

Propuestas

Las propuestas del sindicato pasan por la recuperación de la red pública como pilar del bienestar social y de la igualdad en la Comunidad de Madrid, una reforma fiscal que permita financiar unos servicios públicos de calidad y sobre todo un cambio radical en cuanto a las prioridades presupuestarias del Gobierno madrileño.

Fuente: madrid.ccoo.es