Los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez con la pareja de Ayuso demuestran que mintió a sabiendas sobre el pacto con la Fiscalía

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña aporta al Supremo un mensaje que recibió de Alberto González Amador en la mañana del 12 de marzo, en el que su abogado ya explicaba sobre las negociaciones que “todo sigue en pie” y pese a ello Rodriguez filtró a la prensa que se habían parado “por órdenes de arriba”

Miguel Ángel Rodríguez mintió a sabiendas cuando en marzo del año pasado afirmó que la Fiscalía había ofrecido y frenado un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un mensaje aportado por él mismo al Tribunal Supremo, enviado a su teléfono por Alberto González Amador pocas horas después de la primera exclusiva de elDiario.es sobre el caso, demuestra que el empresario le comunicó que su abogado estaba negociando con la Fiscalía y que tenía previsto aceptar una condena mínima, al contrario de lo que difundió Rodríguez entre los periodistas: “Todo sigue en pie”, decía el mensaje, que Rodríguez manipuló para afirmar que todo se había parado “por órdenes de arriba”.

Miguel Ángel Rodríguez compareció como testigo ante el juez Ángel Hurtado la semana pasada junto con ocho periodistas. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso tuvo que contestar varias preguntas sobre un mensaje que mandó a varios periodistas en la noche del 13 de marzo: el contenido de un email del fiscal Julián Salto y la apreciación de que el pacto ofrecido por la Fiscalía había sido frenado “desde arriba”. La realidad era que, un mes antes, el abogado de González Amador se había ofrecido a pagar medio millón de euros y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de cerrar el caso con una conformidad y no pisar la prisión.

El mensaje que ha aportado el propio Rodríguez al Supremo demuestra que mintió a sabiendas. En la mañana del 12 de marzo, apenas tres horas después de que elDiario.es publicara en exclusiva que González Amador había sido denunciado por la Fiscalía por un fraude fiscal de 350.000 euros. El contacto guardado en el teléfono del jefe de gabinete de Ayuso como “Alberto Quirón”, empresa para la que ha prestado sus servicios como asesor, le rebota un mensaje, presumiblemente de su abogado tal y como ha reconocido el propio Rodríguez.

“Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima”, afirmaba para a continuación copiar ese email del fiscal Julián Salto.

El mensaje aportado por el propio Rodríguez desmiente o matiza buena parte de sus declaraciones públicas en los últimos meses. En la noche del 13 de marzo afirmó ante varios periodistas que ese pacto había partido de la Fiscalía y que se había frenado por “órdenes de arriba”, cuando el mensaje recibido día y medio antes explica que las conversaciones venían de atrás y que el abogado del empresario tenía una propuesta que hacer y el objetivo de la “multa mínima”.

En su versión ante el Supremo y ante los medios, Rodríguez siempre ha defendido que él nunca supo nada de negociaciones previas o correos electrónicos previos cuando comunicó esa versión de los hechos a una decena de periodistas, matizando que su apreciación de que todo había sido frenado “desde arriba” era “opinión” y no información. Los mensajes aportados al Supremo revelan que día y medio antes ya sabía que el abogado de González Amador estaba buscando un pacto de conformidad con la Fiscalía y que todo seguía “en pie”.

Rodríguez, en defensa de la pareja de Ayuso

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha asumido personalmente la defensa pública de Alberto González Amador desde que elDiario.es revelara, en la mañana del 12 de marzo de 2024, que la Fiscalía le había denunciado por defraudar más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa entre 2020 y 2021. Usó, según el Ministerio Público, un entramado de facturas falsas para reducir la factura fiscal de los dos millones de euros que había ganado durante la pandemia con su trabajo como comisionista en compraventa de material sanitario.

Las acciones de Miguel Ángel Rodríguez destinadas a defender a González Amador ante la opinión pública fueron diversas. Desde amenazar por escrito con “triturar” al periódico en comunicación con la periodista Esther Palomera hasta difundir diversos bulos entre periodistas que, en algunos casos, publicaron las mentiras sin contrastar. Una de ellas, que la Fiscalía había ofrecido un pacto pero después lo había retirado por “órdenes de arriba”, dando la impresión de que el objetivo era arrastrar a un empresario por un proceso judicial lo más largo posible.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso también difundió entre varios medios la mentira de que dos periodistas de elDiario.es habían intentado entrar en casa de la presidenta regional encapuchados y disfrazados de técnicos de la caldera.

Rodríguez, a la salida del Tribunal Supremo y en una de sus múltiples comparecencias ante los medios esos días, afirmó que cuando difundió ese correo del fiscal Salto con esas apreciaciones lo hizo con el convencimiento de que era la única comunicación existente y que, por tanto, el pacto había partido de la Fiscalía. El mensaje del abogado de González Amador que el propio empresario le remitió alude a conversaciones anteriores. También es explícito a la hora de afirmar que “todo sigue en pie”, incompatible con la versión difundida por Rodríguez de que todo se había parado por “órdenes de arriba”.

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es
Imagen portada: Montaje con imágenes de eldiario.es

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es

Las declaraciones de los fiscales en el Supremo entierran la teoría de la conspiración de Ayuso

Los mensajes y testificales de todos los miembros del Ministerio Público implicados en la causa de fraude fiscal descartan que Alberto González Amador fuera sometido a inspecciones y una denuncia por ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid

“Se está mezclando todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio y turbio por cómo se inició la inspección”. Isabel Díaz Ayuso esperó unas pocas horas después de que elDiario.es publicara que la Fiscalía había denunciado a su pareja para dar el pistoletazo de salida a la teoría de la conspiración. Un discurso que pretendió poner bajo sospecha la inspección inicial de Hacienda a su pareja, toda la investigación y la denuncia final. Dos fiscales directamente implicados en el caso, Julián Salto y Almudena Lastra, han testificado este jueves en el Supremo y explicado el detalle que tira por tierra esa teoría: ni en la Fiscalía de Madrid ni en la Fiscalía General sabían quién era Alberto González Amador hasta días después de que el caso ya estuviera en manos de los jueces.

El entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid dedicó sus esfuerzos a mantener a su pareja en el anonimato cuando trascendió en 2021 que mantenían una relación. Presentado como un “técnico sanitario” en las primeras crónicas, Alberto González Amador era en realidad un proveedor que trabajaba para el gigante sanitario Quirón y que se había enriquecido con comisiones millonarias durante la pandemia en operaciones de compraventa de mascarillas gracias al encargo de una empresa que administraba su jefe directo en Quirón. Una vez conocida la exclusiva de elDiario.es sobre la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él por defraudar 350.000 euros usando un entramado de facturas falsas, la estrategia de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, fue dibujar una supuesta trama del Estado contra “un particular” para perjudicar a la presidenta regional.

 La realidad, según las pruebas que hay tanto en el juzgado que investiga el fraude fiscal como en el Tribunal Supremo que indaga sobre un delito de revelación de secretos que mantiene imputada a la cúpula de la Fiscalía General del Estado, es que los fiscales acusados de filtrar su correo no sabían que eran pareja hasta que la denuncia ya estaba en manos de los jueces. Tampoco sabían que, a lo largo del proceso fiscal y penal, su abogado reconoció varias veces su culpabilidad en busca de un pacto o una vía de escape que evitase la cárcel. Todo mientras Ayuso y su entorno difundían falsedades como que no había fraude y en realidad, era Hacienda quien debía dinero al empresario.

Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, ha sido la primera en testificar. Muy crítica desde hace meses con la gestión del fiscal general en esos días de marzo, la exvocal del Poder Judicial ha mostrado sus sospechas pasadas y presentes de que la filtración del correo con la confesión de González Amador salió de la Fiscalía. Llegó incluso a preguntar directamente a Álvaro García Ortiz si él había pasado el documento a la prensa. Y ha aportado el dato de cuándo supo quién era el denunciado en ese caso de fraude fiscal: el 7 de marzo de 2024. Dos días después de que la denuncia fuera presentada en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Casi dos años después de que Hacienda empezara a sospechar de sus declaraciones tributarias.

Julián Salto es el fiscal especialista en delitos económicos que asumió la investigación de Hacienda y terminó denunciando a Alberto González Amador. Sus diligencias arrancaron el 23 de enero de 2024 y el día 5 de marzo de ese año presentó la denuncia en los juzgados de Madrid. Según ha dicho este jueves ante el magistrado Ángel Hurtado, obligado a decir la verdad, se enteró de que González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso tres días después, el 8 de marzo, cuando se lo dijo una de sus superiores, Virna Alonso. Una vez lo supo, además, tuvo la deferencia de remitir por correo la denuncia al abogado del empresario en vez de hacerle esperar a que le llegara vía judicial semanas después.

Los mensajes y correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el teléfono de Pilar Rodríguez, la fiscal provincial imputada, también apuntan en la misma dirección: cuando se presentó la denuncia en el juzgado en la Fiscalía no sabían quién era Alberto González Amador y su causa, de hecho, no había llegado a la cúpula del organismo por conducto vertical hasta finales de la primera semana de marzo, dos meses después de la apertura de diligencias, una vez presentada la denuncia y casi dos años después del comienzo de la inspección fiscal. Isabel Díaz Ayuso, pocas horas después de la exclusiva de elDiario.es, llegó a achacar el proceso contra su pareja a que la fiscal provincial fue alto cargo de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.

Las declaraciones en el Supremo de Lastra y Salto, similares a las que ya ofrecieron en el Tribunal Superior de Madrid, desmontan la tesis de la persecución política que Ayuso y su gabinete han esgrimido desde que este medio reveló el doble fraude fiscal de su pareja. La misma estrategia que persiguió Miguel Ángel Rodríguez y el entorno de la presidenta cuando filtraron a diversos medios que había sido el fiscal del caso quien había propuesto un acuerdo, que según el jefe de gabinete se había frenado por “órdenes de arriba”. Según ese relato, que el fiscal general ordenó combatir la noche de la filtración con una nota de prensa que está en el origen de su imputación, Rodríguez pretendía hacer ver que la Fiscalía seguía instrucciones políticas para estirar el caso del fraude de González Amador. La primera información, publicada por el diario El Mundo a las 21.29 horas de esa noche, apuntaba en ese sentido omitiendo que el ofrecimiento había partido del empresario y no al revés.

El propio Rodríguez ya ha declarado ante el Supremo que no tenía ninguna prueba de esa falsedad y que lo que filtró a varios medios fue una “opinión” y no información porque lleva muchos años en política y ya “peina canas”. Todo era falso, según se ha demostrado en las distintas comparecencias, incluida la suya, en los tribunales.

Acusaciones al abogado de Alberto González

La causa del doble fraude por la que tendrá que comparecer como imputado Alberto González Amador el próximo 7 de febrero, el cuarto intento para tomar declaración al empresario, no arrancó tampoco con “una inspección de Hacienda sacada de quicio” como también llegó a afirmar Isabel Díaz Ayuso poco después de estallar el caso. La documentación tributaria y judicial revela que las alarmas saltaron en la Agencia Tributaria cuando los inspectores comprobaron que la empresa de González Amador había facturado en 2020 y 2021 seis veces más que en años anteriores y que, sin embargo, había declarado menos beneficios y pagado menos por el Impuesto de Sociedades.

Lo que encontró Hacienda no fue una discrepancia fiscal o unos gastos incorrectamente imputados sino un entramado de facturas falsas por 1,7 millones que ha llevado a la imputación a varias personas y sociedades, pendientes también de declaración. Las estrategias de la defensa de González Amador a lo largo del proceso también apuntan en dirección contraria: que sabía que había actuado de forma ilegal. Primero intentó retirar varias facturas de trabajos que nunca se realizaron. Después, pagar sus deudas y posibles multas en la declaración del año 2022, una maniobra rechazada por el fisco. Finalmente su letrado se puso manos a la obra para buscar un pacto un mes antes de ser denunciado, movimiento tradicionalmente reservado para las fechas próximas al juicio.

En el Supremo el juez Hurtado investiga si en la noche del 13 de marzo el fiscal general o alguien bajo su mando difundió entre la prensa ese correo en el que el letrado Carlos Neira reconocía, en nombre de su cliente, su fraude fiscal de 350.000 euros y se ofrecía a pagar medio millón de euros y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no pisar la prisión y cerrar el caso con el menor ruido posible. El magistrado está convencido, a falta de tomar declaración a los imputados, que Álvaro García Ortiz lideró una estrategia para filtrar esa información para perjudicar políticamente a Isabel Díaz Ayuso, estrategia en la que incluso involucra a la Moncloa, sin aportar ninguna prueba de ello, más allá de un informe de la UCO que, a base de deducciones, señaló la participación “preeminente” de García Ortiz en la filtración.

La causa arrancó hace meses en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando Alberto González y el Colegio de Abogados de Madrid denunciaron que un comunicado de la Fiscalía había revelado detalles confidenciales del posible pacto y que eso, además de delictivo, había afectado a su derecho de defensa. Lo que no explicaban en sus denuncias y querellas es lo que ha revelado estas semanas, como testigo y obligado a decir la verdad, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid: uno de los abogados de González Amador puso en circulación un correo del fiscal Julián Salto que, Rodríguez mediante, publicaron una decena de medios la noche del 13 de marzo.

Así lo afirmó el jefe de gabinete de Ayuso en su comparecencia ante el juez, intentando matizar ante los micrófonos que en realidad había sido Alberto González Amador quien le había hecho llegar el email. Este jueves, ante el juez, el fiscal Julián Salto ha acusado al abogado Carlos Neira de faltar al deber de confidencialidad al pasar ese correo a Miguel Ángel Rodríguez, algo que no sabía en ese momento y de lo que se ha enterado por la prensa. Lastra ya había hecho esa misma queja en el Tribunal Superior e incluso había confiado en que el Colegio de Abogados de Madrid expedientase al letrado que filtró la primera comunicación a través del jefe de gabinete de Ayuso. El Colegio de Abogados de Madrid, que presentó una denuncia ante la fiscalía tras entender que reveló secretos tras desmontar ese bulo, nunca ha actuado contra el letrado Carlos Neira.

El juez Hurtado tomará declaración, también como testigos, a los responsables de comunicación de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid antes de recibir, ya como investigados, a los tres sospechosos: el fiscal general Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial Pilar Rodríguez y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, a quienes acusa de haber filtrado esa documentación. Se basa en las gestiones que hicieron durante la noche del 13 de marzo, en que varios medios publicaron la acusación falsa de que la fiscalía actuaba cumpliendo órdenes políticas contra la pareja de Ayuso, para recopilar la documentación que sirviese para desmentir ese bulo. Incluido el correo de la confesión de la pareja de Ayuso que publicó eldiario.es después de que lo adelantasen otros medios como la Cadena Ser y La Sexta.

Tanto el redactor de la cadena Ser que publicó la noticia, como el director adjunto de elDiario.es, José Precedo, declararon ante el Supremo que ambos tenían ese correo antes de que El Mundo difundiese esa información manipulada, algo que desmontaría la acusación de la revelación de secretos. El magistrado Ángel Hurtado no tuvo en cuenta esos testimonios y alegó en un auto que los dos periodistas no presentaron pruebas objetivas, ya que ambos se acogieron a su derecho constitucional a proteger las fuentes.

En paralelo, la jueza de Madrid ha llamado a declarar al empresario, que el próximo siete de febrero se enfrentará a su cuarta citación como investigado en la causa y al que la Fiscalía acusa de un cuarto delito, además de los dos de fraude fiscal y el de falsedad documental, que González Amador estaba dispuesto a reconocer en el último acuerdo con el ministerio público el pasado verano, un cuarto de corrupción en los negocios, por el pago de medio millón de euros por una sociedad vacía a la mujer de su jefe en Quirón, Fernando Camino, administrador de la empresa Mape que propició con su pedido la comisión de dos millones de euros que está en el inicio de todo este caso.

Fuente: Alberto Pozas en eldiario.es