La asociación solicita al Ministerio Público que investigue si el gerente y el director médico del hospital público madrileño cometieron delito de prevaricación administrativa
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el gerente y el director médico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid para solicitar que investigue si cometieron delito de prevaricación al rebajar la gravedad de decenas de pacientes que esperaban una operación para maquillar su lista de espera quirúrgica.
Documentos internos y correos que ha sacado a la luz el diario El País ponen de manifiesto que ambos responsables del hospital público madrileño ordenaron cambiar informáticamente, a espaldas de los cirujanos, la prioridad de personas que aguardaban una operación. La normativa madrileña que regula la gestión de estas listas establece que los cirujanos son responsables de la indicación y del establecimiento de la prioridad clínica de los pacientes.
Según la documentación interna y los testimonios recogidos, entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025 un total de 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología pasaron de prioridad preferente a prioridad normal. Los pacientes considerados preferentes debían ser intervenidos antes de 90 días, mientras que para los catalogados como normales el plazo podía alcanzar los 180 días.
Uno de los episodios que habría permitido detectar las alteraciones fue el de una niña de tres años cuya prioridad había pasado de urgente a normal. La doctora responsable del caso, según la documentación recogida, manifestó que existían criterios médicos para que fuera intervenida con prioridad porque podía perder una pierna y no había sido consultada sobre la modificación. También se modificó la situación de otros pacientes que «se retorcían de dolor» con anomalías en la columna vertebral, síndrome del túnel carpiano o luxación.
El motivo era cumplir con los objetivos de productividad que exige la Consejería de Sanidad autonómica, según se deduce de la explicación que dio por correo electrónico uno de esos responsables a una doctora indignada por estas prácticas. La manipulación de las listas de espera es una sospecha generalizada en la sanidad española porque existen incentivos tanto electorales como económicos. Las administraciones publican esta métrica mensualmente en internet y los médicos con responsabilidades cobran bonos de productividad si cumplen objetivos.
Impacto en los pacientes
FACUA considera necesario determinar quién ordenó cada modificación, con qué criterios se realizaron y si estos cambios pudieron provocar un perjuicio asistencial a las personas que aguardaban una intervención.
La asociación pide a la Fiscalía que examine la posible relación entre las modificaciones y los objetivos de productividad establecidos para el hospital, ya que la gestión de la lista de espera quirúrgica forma parte de los indicadores que pueden influir en el complemento de productividad de los responsables de los servicios.
Por ello, es fundamental determinar si existió alguna relación entre estos incentivos y las modificaciones de las prioridades clínicas, así como si se produjo alguna alteración de la información utilizada para evaluar el cumplimiento de los objetivos de demora.
El hospital niega las irregularidades
El hospital ha negado haber cometido irregularidades y ha asegurado que ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios, atribuyendo dicha gestión a los servicios asistenciales conforme a criterios clínicos y bajo responsabilidad de los médicos que atienden a los pacientes.
Fátima Matute, consejera de de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que se abrirá una investigación sobre el asunto aunque ya ha anticipado el resultado: «Quiero dejar claro que en la Comunidad de Madrid no se falsean las listas de espera».
Precisamente por la existencia de versiones contrapuestas, Consumidores en Acción considera necesario que la Fiscalía investigue si el gerente y el director médico del Hospital Ramón y Cajal cometieron delito de prevaricación al rebajar la gravedad de decenas pacientes que esperaban una operación para maquillar su lista de espera quirúrgica.
La asociación reclama además que se determine si hubo otros casos similares con anterioridad o posterioridad a los hechos conocidos y que, en caso de acreditarse irregularidades, se depuren responsabilidades y se adopten medidas para evitar que los sistemas de gestión de las listas de espera puedan utilizarse para alterar artificialmente los indicadores de demora.
FACUA recuerda que las listas de espera sanitarias no son únicamente un indicador estadístico, sino que reflejan el tiempo que las personas deben aguardar para recibir una intervención médica. Por ello, cualquier modificación de la prioridad clínica que no responda a criterios médicos puede tener consecuencias directas sobre los derechos y la atención que reciben los pacientes.
Fuente: facua.org
Fuente: madrid.ccoo.es
CCOO denuncia que las listas de espera en la Comunidad de Madrid llevan años arrastrando problemas de transparencia y de cómputo
El sindicato recuerda que ya en 2005 el Ministerio de Sanidad apartó a Madrid del sistema nacional de listas de espera por las diferencias en sus criterios. Madrid empieza a computar la espera una vez ha finalizado el proceso preoperatorio, y no desde que el médico de familia deriva al especialista
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Madrid recuerda que la polémica actual sobre las listas de espera sanitarias no es nueva. El sindicato lleva años denunciando los problemas existentes en su contabilización, así como la falta de transparencia por parte de la Comunidad de Madrid.
CCOO señala que la espera no empieza a contabilizarse desde que el médico de familia deriva al especialista, sino una vez finalizado el proceso preoperatorio. Esto puede suponer que transcurran meses entre la primera indicación médica y la incorporación efectiva a la lista de espera. Por esta razón, el sindicado recuerda que ya en 2005 el Ministerio de Sanidad excluyó a Madrid del sistema nacional de listas de espera por las diferencias existentes en los criterios de contabilización.
Asimismo, en 2018 el Tribunal Supremo estimó un recurso de CCOO y anuló 44 pactos de gestión suscritos en 2015 en hospitales públicos madrileños, al considerar que afectaban a las condiciones laborales y debían haber sido negociados con las organizaciones sindicales.
Para CCOO, es imprescindible establecer criterios homogéneos, transparentes y verificables que permitan conocer el tiempo real que espera cada paciente. El sindicato denuncia además que el Consejo de Administración del SERMAS no facilita información suficientemente desglosada sobre el presupuesto asignado a cada hospital para reducir las listas de espera.
CCOO reclama que los recursos destinados a la sanidad privada sirvan para reforzar la capacidad de la sanidad pública y disminuir así las listas de espera, mediante la contratación de profesionales y la apertura de consultas externas, quirófanos y pruebas diagnósticas en horario de tarde y, cuando sea necesario, durante los fines de semana.
El sindicato considera que abordar las listas de espera de forma estructural requiere plantillas suficientes y capacidad asistencial propia, y reclama que los recursos públicos no se destinen prioritariamente a derivar actividad a la sanidad privada, y exige además transparencia sobre los tiempos reales de espera.
Fuente: madrid.ccoo.es
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