Dos juzgados de Madrid han abierto diligencias por unas demoliciones parciales en viviendas del sector 4, en el conocido asentamiento chabolista y donde aún viven familias con menores de edad. Estas señalan al Ayuntamiento de Rivas y advierten del “acoso institucional” que perciben de las administraciones
Los derribos en la Cañada Real, el asentamiento chabolista entre Madrid, Rivas y Coslada que las administraciones aún tratan de erradicar, vuelven a llamar la atención de los tribunales. Después de que, en julio del año pasado, la Audiencia Provincial madrileña condenara a un alto cargo de José Luis Martínez-Almeida a nueve años de inahibilitación por “prevariación administrativa” en la demolición ilegal de una vivienda, dos juzgados de lo Contencioso-Administrativo acaban de admitir a trámite nuevos recursos que apuntan a más derribos ilícitos. La lupa judicial, esta vez sobre el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, examinará otros casos recientes denunciados en el sector 4.
Los tribunales que investigarán las reclamaciones serán los números 7 y 25 de Madrid. De ello han informado desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa de abogados que lleva ambos procedimientos. El letrado Javier Rubio, que forma parte de la defensa, explica que las demoliciones han afectado a la mitad de una vivienda y parte de otra parcela. Allí viven dos familias, que han pasado “más de una década” en este tramo de la vía pecuaria, hoy sujeta a un Pacto Regional entre administraciones públicas para dar soluciones habitacionales y urbanísticas al problema que plantean estos terrenos.
En octubre de 2020, la empresa eléctrica Naturgy cortó el suministro en la Cañada Real, dejando a sus vecinos sin luz bajo el argumento de unos cultivos ilegales enchufados a esa corriente. Desde entonces algunos sectores permanecen sin electricidad, aunque los ayuntamientos implicados y la Comunidad de Madrid han ido organizando traslados a otras viviendas (muchas veces a kilómetros de la capital) para vaciar por completo el recinto. Ahora, los vecinos pretenden denunciar el “acoso institucional” que avistan de por medio con una protesta el próximo domingo, 14 de junio. Saldrán a manifestarse en las calles de Rivas.
“No hay autorización judicial”
Según el abogado del CAES, en el caso de estos últimos denunciantes “no se ha ofrecido ninguna medida” alternativa después demoler una parte de su vivienda. En este sentido, advierten de posibles vulneraciones de derechos fundamentales por unos derribos que, además, se ejecutaron “sin ninguna autorización judicial”, tal y como sostienen desde la cooperativa a cargo. Con la admisión a trámite de sus recursos, informan de que ambos juzgados han requerido al Ayuntamiento de Rivas que remita el expediente “completo” de actuaciones para examinar su contenido.
También han trasladado el caso a la Fiscalía de Madrid, para que así valore su postura. La representación del CAES añade que estas destrucciones parciales en Cañada implicaron “la tala de 17 árboles con más de diez años de antigüedad”, aunque esto de momento debe pasar por el filtro de lo Contencioso-Administrativo. Que estos recursos se hayan admitido y vayan a investigarse aún no implica que haya un hecho delictivo, aunque sí supone que los tribunales consideran que existen elementos suficientes para un análisis a fondo.
Uno de los grupos ciudadanos del sector 4, en el que se ubican las viviendas afectadas, también se ha pronunciado al respecto. Desde la Asociación Vecinal Barrio Unido del Sector 4 celebran la decisión judicial. “Esperamos que se haga justicia y se frene la ola de ataques que venimos sufriendo”, destacó su portavoz en unas declaraciones recogidas por el comunicado del CAES. En ellas, reclama que se “consoliden” las viviendas en lugar de realojarles en otros puntos, de forma que puedan “pagar [desde allí] las contribuciones que correspondan”.
“Acoso institucional”
En el escrito conjunto, los denunciantes recuerdan que tanto el Ayuntamiento de Rivas como la Comunidad de Madrid ya fueron condenados por un derribo ilegal en 2024, por acciones llevadas a cabo dos años antes y que también afectaron a la Cañada Real. Entre sus conclusiones, la entidad jurídica que asesora a los denunciantes también califica de “acoso institucional” algunos mecanismos de la administración para vaciar estas parcelas, y que vinculan a un crecimiento urbanístico sin límites que incide directamente sobre los residentes.
Asimismo, estos nuevos procedimientos llegan después de otros casos polémicos y recientes, en los que llegaron a detectarse actuaciones negligentes. El más relevante es el de una vivienda del sector 6, uno de los pocos que continúan sin luz. Fue derribada en el año 2022 y la Fiscalía acusó a dos responsables públicos, uno del Ayuntamiento de Madrid y otro a cargo de la Comunidad, por propiciar una demolición sin garantías legales. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid solo condenó a uno de ellos, el jefe de Disciplina Urbanística en el consistorio, que fue inhabilitado durante 9 años aunque continuó firmando órdenes de demolición después de aquella sentencia.
Fuente: Lourdes Barragán en eldiario.es
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