‘Lawfare’ y Estado de Derecho. ¿Cuál era el secreto?

El ‘lawfare’ ha apuntado al fiscal general del Estado y a la esposa del presidente del Gobierno, en procedimientos iniciados sin fundamentos jurídicos sólidos y alimentados por organizaciones ultraderechistas muy conocidas por su querulancia fundamentalista

Siempre he recomendado que la película ‘Vencedores o vencidos (El Juicio de Nuremberg)’,1961, debería proyectarse cada curso en las facultades de Derecho. No solo por su valor cinematográfico, sino por la lección ética y jurídica que entraña. La película relata el juicio a los jueces y fiscales del régimen nazi -personajes de la segunda fila, pero esenciales en el engranaje del horror- que contribuyeron a dar cobertura legal a un sistema político construido sobre la irracionalidad del odio racial y la supuesta superioridad de la raza aria.

En la escena final, Spencer Tracy, en el papel del juez Dan Haywood, responde al exjuez nazi Ernst Janning (Burt Lancaster), cuando éste intenta justificar su conducta alegando que jamás imaginó que la maquinaria del régimen acabaría provocando un holocausto: “Se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a alguien sabiendo que era inocente”. Esa frase resume la esencia de lo que hoy llamamos lawfare: el uso del Derecho como instrumento de persecución política, el deslizamiento moral del juez que acepta convertir el proceso judicial en un arma al servicio de una ideología que considera que todas las estructuras del Estado deben someterse a la voluntad del partido y su despótico líder.

El término lawfare –contracción de law (ley) y warfare (guerra)- fue acuñado por el juez y general estadounidense Charles J. Dunlap en 2001 para describir el uso de la ley como arma en los conflictos modernos. Pero hoy en el ámbito político el lawfare significa la instrumentalización del sistema judicial con fines de persecución o neutralización de adversarios. Describe el uso de las estructuras judiciales, policiales y mediáticas para destruir a un adversario político. En España, este fenómeno ha adquirido una intensidad alarmante en la última década. Desde la irrupción de Podemos en 2014, el sistema político-mediático dominante reaccionó con una hostilidad inusitada contra quienes desafiaron los pilares de lo peor de la Transición, dominada hasta entonces por la alternancia de los dos grandes partidos y un monarca al que todo se le consintió. Las denuncias reiteradamente archivadas por supuesta financiación ilegal, impulsadas por falsos informes de policías agazapados en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, inauguraron una etapa de judicialización estratégica de la política. La frase del exministro “Eso la fiscalía te lo afina” es toda una declaración de cómo se ha actuado desde entonces. Las revelaciones de los procesos abiertos y algunas condenas al ex comisario de policía Juan Manuel Villarejo, abren en canal la colaboración político-judicial-policial que domina toda una época. 

En el ámbito municipal, Ada Colau sufrió veinticuatro querellas, archivadas finalmente porque no había nada, promovidas por asociaciones y despachos vinculados a la derecha mediática y empresarial, especialmente la del mundo de la especulación urbanística y hotelera o de las concesiones cautivas. Ninguna prosperó, pero todas cumplieron su función: desacreditar, desgastar, distraer, erosionar, imponer el castigo del procedimiento, la pena de banquillo. El lawfare es eso. 

Más cruel aún fue el caso de Mónica Oltra. Su imputación, basada en conjeturas y acusaciones inconsistentes y amplificada por una potente maquinaria mediática, la obligó a dimitir. El último auto del juez instructor declarando de nuevo el archivo del caso, con el apoyo esta vez de la fiscalía, por no existir delitos, el segundo que dicta el juez en mismo sentido, y que está pendiente de una sala de la audiencia provincial de Valencia que, por su tardanza en resolver, da la sensación de estar empeñada en encontrar delito donde no lo hay. Pero la inconsistencia del caso ya ha cumplido su función: el daño personal y político a una persona y su coalición que también tuvieron la osadía de romper el equilibrio entre los dos grandes partidos que se habían venido alternando en el poder. 

Asimismo, en los procedimientos contra los independentistas del procés, imputarles delitos de rebelión o sedición y hasta de terrorismo donde si efectivamente había conductas delictivas estas no pasaban de la desobediencia, los altercados o la prevaricación. Todo infiere hacia una intencionalidad de ensañamiento más que de aplicación del Derecho. Ahora el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo ha desmontado cuestionando una vez más a las altas instituciones judiciales españolas. Por lo visto, el Derecho Comunitario y los Tratados Internacionales no es lo fuerte en nuestro Tribunal Supremo.   

En los últimos dos años, y como si se estuviera cumpliendo la profecía del pastor Martin Niemöller “Primero vinieron por …”, el lawfare ha apuntado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, promoviendo procedimientos penales sin fundamentos jurídicos sólidos alimentados por organizaciones ultraderechistas muy conocidas por su querulancia fundamentalista tolerada por instancias judiciales que igual admiten querellas con recortes de prensa como deniegan todo valor probatorio a declaraciones en estrados de periodistas testigos de descargo. 

Lo común en todos estos episodios es la connivencia entre determinados jueces, fiscales, policías, medios y sectores políticos. El proceso judicial se convierte en el arma del castigo y represalia; la absolución y, en su caso, el archivo, llegan siempre tarde y sin ruido; el bulo y la filtración permanente e impune sustituye a la sentencia. La independencia judicial se confunde con la impunidad corporativa.

La frase final de ‘Vencedores o vencidos’ encierra la advertencia ética que hoy necesitamos: la degradación del Derecho no empieza con los querulantes ultraderechistas, sino con los miembros del poder judicial que aceptan servir a las ideologías políticas en lugar de al Derecho y la Constitución. La ética judicial exige valentía, resistir la presión mediática, política o corporativa. Las manifestaciones de jueces a las puertas de las audiencias usando su toga como pancarta contra proyectos de ley todavía no debatidos por el poder legislativo marca un antes y un después en el deslizamiento de un sector importante de la judicatura hacia un Estado cautivo por las ideologías herederas de la dictadura franquista. 

El lawfare,  como la corrupción, erosiona y destruye el Estado de Derecho desde dentro, revestido de legalidad. Sustituye la verdad judicial por el chismorreo y la sospecha política y convierte el proceso penal en un arma política incontrovertible. Frente a él, no basta con reformas institucionales: es necesaria una reconstrucción ética de la judicatura y del ministerio fiscal.

El juez no debería representar al Estado frente al ciudadano, sino al Derecho frente al poder. Cuando esa conciencia se pierde, la democracia se convierte en un apéndice al servicio de los que siempre han mandado. La película de Stanley Kramer debería proyectarse, además de en las facultades de Derecho, en la Escuela Judicial y quizás, sobre todo y siempre que no se considere una amenaza, ante quienes integran la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esa que un partido fundado por la flor y nata de tardo franquismo consideró que iba a estar controlada por la puerta de atrás. 

Fuente: Joan A. Llinares Gómez en eldiario.es

Imagenes de portada de eldiario.es editada por @carabanchelnet

Fuente: Irene Lozano en eldiario.es

Y a todo esto, ¿cuál era el secreto y dónde estaba?

La categoría jurídica de “secreto”, tal como lo concibe el Supremo en su condena al fiscal general, no existe. No sólo porque su titular había aceptado difundirlo, sino porque la naturaleza digital de la información hace imposible la existencia de secretos en el sentido analógico del término

De entre las muchas cuestiones que suscita la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, dos me tienen cavilando desde el jueves. ¿Cuál es exactamente el secreto y dónde se estaba custodiando? 

Parece una nimiedad, pero un fiscal general del Estado va a perder su trabajo por algo de naturaleza escurridiza, como es el secreto en la era digital. Se le ha condenado con el Código Penal vigente, del año 1995, y con la mentalidad obsoleta de quienes estudiaron una oposición hace 30 o 40 años y no se han enterado de cómo ha cambiado el ecosistema de la información.  

Vivimos en la era de la información digital: ya la información no se aloja necesariamente en soportes físicos, sino que se distribuye mediante redes extensas de información y viaja de un lugar a otro, dejando siempre una huella que le hace estar en multitud de lugares al mismo tiempo. En esta circunstancia, tengo muchas dudas de que el secreto siga existiendo como lo conocíamos hasta ahora.

El famoso mail del abogado de González Amador, en el que reconocía: “ciertamente se han cometido dos delitos” viajó por un ecosistema digital de comunicación instantánea, donde múltiples actores tienen la información al mismo tiempo. Ese “al mismo tiempo” es clave en este caso. Hay una cuestión ontológica fundamental que el tribunal ignoró. Si 600 personas tuvieron acceso al documento que supuestamente había que proteger, ¿seguía siendo un secreto? 

Desde la óptica de Luciano Floridi, la información que viaja en soporte digital, se multiplica y se hace simultánea su presencia. El famoso correo de González Amador existía en múltiples lugares. Y esto obliga a preguntarnos sobre la naturaleza ontológica del secreto: una información a la que acceden 600 personas, ¿sigue siendo secreta?

Esto nos lleva a la segunda cuestión. En caso afirmativo, es decir, si alguien piensa que sigue existiendo una información secreta, ¿dónde está custodiada? ¿En cuál de las 600 bandejas de entrada se guardaba? 

En el mundo analógico, el documento habría estado bajo llave en un cajón. Pero en la infoesfera no hay cajones: el mundo digital hace colapsar el concepto de custodia de un secreto, más aún en este caso. Si 600 personas tienen acceso a una información, está claro que desaparece la responsabilidad individual de custodia, y pasa a existir una responsabilidad distribuida, porque la información ya no es un objeto físico, sino un flujo.

Ítem más. Si el propio afectado -a priori el más interesado en guardar el secreto- había dado vía libre a Miguel Ángel Rodríguez para que lo aireara, ¿cómo seguir considerándolo un secreto? ¿O es que sólo mantiene el carácter de secreto si se revela manipulado a favor del presunto defraudador fiscal?

La condena a García Ortiz plantea un imposible ontológico. Los cinco jueces conservadores del Supremo le declaran culpable, basándose en un concepto jurídico de secreto radicalmente obsoleto. Cuando la información existe simultáneamente en 600 nodos, cuando no está en ninguna parte y está en todas a la vez; cuando la responsabilidad de custodiarla reside en tanta gente que no recae en nadie, sencillamente hemos de aceptar que el secreto como se concebía en el mundo analógico no existe.  

Luciano Floridi nos ha hecho comprender (La cuarta revolución) que la “desfisicalización” de la información -el hecho de que se haya independizado del soporte físico- no sólo cambia su forma, sino también su naturaleza. Por eso la categoría jurídica de “secreto”, tal como lo concibe el Supremo, no existe. No sólo porque su titular había aceptado difundirlo, sino porque la naturaleza digital de la información hace imposible la existencia de secretos en el sentido analógico del término. Equivale a castigar a alguien por robar un libro en una biblioteca digital donde todos los libros se replicaran de forma automática cada vez que alguien los toca. El Supremo ha condenado al fiscal por violar un secreto que ontológicamente no existe. 

Fuente: Irene Lozano en eldiario.es

Fuente: @MIA [ChatGPT-OpenAi] colaboradora de @carabanchelnet

Cuando la justicia se politiza, la democracia se debilita

La justicia debería ser el espacio donde prevalecen los hechos, las pruebas y el derecho. Sin embargo, cuando las decisiones judiciales comienzan a percibirse como reflejo de intereses partidistas, institucionales o ideológicos, aparece un problema profundo: la pérdida de confianza ciudadana

Una sociedad solo funciona cuando las personas creen que las reglas son las mismas para todos. Cuando esa confianza se rompe —porque algunos sienten persecución y otros sienten impunidad— el tejido democrático se resiente. No hay estabilidad posible si la justicia se ve como un instrumento de poder y no como un pilar de equilibrio.

La justicia politizada puede manifestarse de distintas formas: nombramientos condicionados por afinidades, investigaciones cuya velocidad cambia según quién gobierne, decisiones judiciales interpretadas como mensajes políticos o disputas entre instituciones que parecen responder más a agendas partidarias que a criterios legales. Aunque no siempre haya intención, la percepción basta para generar fracturas.

Por eso es crucial defender la independencia judicial, la transparencia en los procesos y la rendición de cuentas institucional sin interferencias. La justicia no debe ser utilizada para castigar adversarios ni para blindar aliados.
Su rol es garantizar que los derechos se respeten, que los abusos se limiten y que las leyes se apliquen con imparcialidad.

Una justicia sólida no se construye con ruido político, sino con reglas claras, instituciones fuertes y un compromiso real con la equidad.
Porque sin justicia independiente, la democracia se convierte en una forma vacía. Y sin confianza en las instituciones, ninguna sociedad puede avanzar.

Fuente e imagen: @MIA [ChatGPT-OpenAi] colaboradora de @carabanchelnet