Nuevas pruebas revelan cientos de consultas ilegales en bases de datos policiales que afectaron a figuras como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Irene Montero o Íñigo Errejón durante el gobierno del PP
Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Bustinduy, Ione Belarra… Así, hasta 55 de los primeros 69 diputados y diputadas que Podemos obtuvo en las elecciones generales de 2015 fueron investigados de forma ilegal por la llamada «policía patriótica» durante el gobierno del Partido Popular. Sus nombres figuran en la documentación enviada por el juez Santiago Pedraz a la Audiencia Nacional, según informa El País, donde se detallan cientos de consultas a bases de datos policiales realizadas entre 2015 y 2016.
Fue en enero de 2016 cuando Francisco Martínez, entonces número dos del Ministerio del Interior, mantuvo conversaciones con Enrique García Castaño, comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO). Estos mensajes de WhatsApp, extraídos del teléfono móvil de Martínez durante la investigación del ‘caso Kitchen’, muestran un claro interés en obtener información comprometedora sobre los nuevos diputados de Podemos.
Tras una querella presentada por esta formación, el juez Pedraz inició una investigación en febrero de este año. En su denuncia, la formación morada aseguraba haber sido víctima de maniobras ilegales por parte de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy; una máxima que estos mensajes vendrían a corroborar. En ellos, Francisco Martínez muestra un particular interés en encontrar conexiones entre los diputados de Podemos y actividades extremistas o violentas: “De aquellos de Podemos que tenían antecedentes… ¿Pudiste confirmar algo?”, pregunta en uno de estos mensajes. La respuesta de García Castaño sugiere que, a pesar de la exhaustiva búsqueda, no se encontraron tales vínculos, excepto en un caso aislado.
El informe policial, fechado el 8 de julio, detalla cientos de consultas sobre los representantes parlamentarios de Podemos en diversas bases de datos policiales, incluyendo Argos y Sidenpol. Estas consultas, realizadas sin autorización judicial, permitían acceder a información sensible como antecedentes policiales, contenido de diligencias, viajes, alojamientos y vehículos de los investigados.
Entre los diputados más afectados por este supuesto espionaje se encuentran Pablo Iglesias, con 121 búsquedas realizadas por 39 usuarios diferentes en cuatro bases de datos distintas. Por su parte, Yolanda Díaz, actual vicepresidenta del Gobierno, fue objeto de 401 consultas por al menos 230 usuarios. Íñigo Errejón fue buscado 34 veces en tres bases de datos diferentes por 10 usuarios policiales. Las actuales líderes de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, fueron investigadas en 13 y 28 ocasiones, respectivamente, mientras que el ahora ministro de Asuntos Sociales, Pablo Bustinduy, fue rastreado 13 veces.
Según apunta el diario El País, esta operación ilegal destinada a recopilar y usar datos personales con fines policiales constituye un delito contra el derecho a la vida privada y familiar, recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este artículo especifica que “no podrá haber injerencia de la autoridad pública” a no ser que esta sea “necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales”.
La operación, motivada por el temor del Partido Popular a perder el gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015 ante la posibilidad de una alianza entre PSOE, Podemos y otras fuerzas políticas, tenía como objetivo desacreditar a los diputados y diputadas liderados por Pablo Iglesias, buscando elementos en sus vidas que pudieran ser motivo de reproche social. Para ello, Interior se valió presuntamente de recursos estatales con una finalidad política.
Fuente: lamarea.com
Fuente: Pedro Águeda / Alberto Pozas en eldiario.es
El espionaje a Podemos se extendió por 57 comisarías de toda España y abarcó desde unidades especiales a patrulleros
Policías antiterroristas de Madrid o agentes de seguridad ciudadana de Ruzafa dejaron rastro al consultar bases de datos restringidas para conocer antecedentes, desplazamientos y hospedajes de Pablo Iglesias y otros miembros de la formación
Un total de 55 ficheros con los nombres de otros tantos políticos de Podemos y diputados en el Congreso han abierto un frente desconocido hasta ahora sobre las maniobras de la Policía contra la oposición democrática durante el último Gobierno del PP. En esos ficheros aparecen centenares de consultas a bases de datos restringidas que agentes del Cuerpo Nacional de Policía –y unos pocos de la Guardia Civil– realizaron sobre los miembros de la formación de izquierdas, también y sobre todo, cuando desempeñaban cargos públicos elegidos por los ciudadanos, lo que dota al espionaje de especial gravedad.
La documentación está incorporada a una investigación de la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia contra el partido y ahora el juez Santiago Pedraz debe discernir cuántas de esas consultas irregulares están relacionadas con las maniobras policiales puestas en marcha desde el Ministerio del Interior para hacer frente a la entonces formación emergente y cuáles responden a intereses espurios de agentes que actuaban en solitario, bien por la aversión por motivos ideológicos que merece el partido en un amplio sector de la Policía, o porque buscaban información que vender sobre el partido.
La información ha sido aportada al juez por la Unidad de Asuntos Internos, en respuesta a un requerimiento del magistrado del pasado mes de marzo. En febrero, Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos que pedía investigar actuaciones concretas del Ministerio del Interior contra su formación en tiempos del Partido Popular. Una de las líneas de investigación partía de una conversación mantenida por el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, con un destacado miembro de la brigada política, el comisario Enrique García Castaño, a través de Whatsapp.
En plenas negociaciones de PSOE y la formación de Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición, el secretario de Estado de Seguridad apremiaba a buscar antecedentes de los diputados electos de Podemos. “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”, escribió el mando político de más de 160.000 policías y guardias civiles.
Sin embargo, el interés del PP por sabotear a Podemos se remonta a su irrupción. Las consultas en las bases de datos que han trascendido ahora corresponden a 2015 y 2016, pero el diario del comisario Villarejo recoge encargos de sus jefe del Ministerio contra la formación desde septiembre de 2014, cuatro meses después de Podemos se presentara por primera vez a unas elecciones, las del Parlamento europeo.
En el caso de Villarejo o del interlocutor de Martínez, el comisario García Castaño, se trata de miembros de un grupo reducido de mandos que participaron en los encargos políticos contra los independentistas catalanes, Podemos o para sabotear el caso de corrupción de la caja B del PP. Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dotada de medios humanos y materiales propios que no requerían de apoyos en sus espionajes fuera de los muros de su sede en la Comisaría General de Información.
Consultas que dejaron rastro
La información en bruto que ha podido recuperar la actual Policía revela que agentes de 57 comisarías de todo el territorio buscaron información de dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra, Iñigo Errejón o Carolina Bescansa entre 2015 y 2016. De la impunidad con la que actuaron los policías, con independencia de su motivación, se revela en que todas las consultas a las bases de datos policiales dejan huella.
En las plantillas enviadas a la Audiencia Nacional aparecen los DNI de los agentes, también algunos números de carnet profesional de guardias civiles, y esa consulta puede constituir un delito de revelación de secretos, como acredita la jurisprudencia sobre el tema.
Algunos de los más buscados en las distintas bases de datos de la Policía fueron los que entonces ostentaban la dirección del partido o que ejercían como caras visibles del mismo: Pablo Iglesias, Irene Montero, Iñigo Errejón, Ione Belarra, Victoria Rosell, Gloria Elizo, Pablo Bustinduy, Carolina Bescansa, Tania Sánchez, Aina Vidal o Juan Pedro Yllanes.
En los casos de estos 11 dirigentes y diputados, las búsquedas en las bases de datos son muy específicas: nombre, segundo nombre si lo hay, dos apellidos y fecha exacta de nacimiento. En otros casos, de diputados con apellidos más comunes, se observa que la Policía ha aportado búsquedas sobre personas con nombres similares o con fechas de nacimiento que no se corresponden, pero en el caso de estos exdirigentes de Podemos no deja lugar a dudas de que el agente les buscaba de forma específica.
Un análisis de los datos demuestra que, en el caso de estos 11 políticos ligados entonces a Podemos, las búsquedas en las distintas bases policiales se produjeron desde 57 comisarías repartidas por todas las comunidades autónomas a excepción de Euskadi. Pablo Iglesias, por ejemplo, fue buscado en 121 ocasiones desde Reus, Alicante, Santiago de Compostela o Albacete. Ione Belarra otras 13 veces más desde Cuenca, Sevilla o Ceuta y Melilla. Iñigo Errejón un total de 34 veces desde Logroño, Vélez-Málaga y Oviedo. El actual ministro Pablo Bustinduy en 19 ocasiones desde Madrid, Cartagena, Torrelavega o Jerez de la Frontera.
Los datos también muestran coincidencias y cómo una misma dirección IP buscó, en fechas cercanas, a distintos dirigentes de Podemos desde distintos lugares. La misma dirección IP que buscó a Iglesias de forma compulsiva en mayo de 2016 lo había hecho también, un año antes, con Victoria Rosell desde la comisaría local de Maspalomas, en Canarias. O a Iñigo Errejón desde distintas comisarías de Valencia, Las Palmas y Murcia.
Pero entre esas búsquedas, que podrían responder al interés personal y espurio de un buen número de policías, hay otras que resultan más inquietantes por el lugar desde el que se producen. Sirva como ejemplo el caso del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, sobre el que se indaga desde la comisaría Alcantarilla, la de Ruzafa o la de Alcobendas, pero al que también se investiga desde organismos centrales de la Policía, donde se ubican unidades de élite, algunas como la UDEF o la Brigada de Información.
25 consultas sobre Iglesias en un día
El 22 de julio de 2015, un mismo funcionario de la Brigada Provincial de Información realiza 25 consultas sobre Iglesias. Por aquel entonces, el político copa tertulias televisivas e informaciones de los medios tras el éxito en las elecciones europeas de mayo y los sectores más reaccionarios del país aprecian ya su proyecto como una amenaza. Las búsquedas del Policía pretenden averiguar movimientos de Iglesias entre 2005 y 2010.
Para contextualizar la búsqueda cabe destacar que la Brigada de Información en Madrid investiga, entre otros asuntos, los radicalismos políticos que degeneran en violencia u otros delitos. A sus plantillas pertenecen los dos policías que han protagonizado las últimas revelaciones periodísticas sobre infiltraciones en movimientos sociales.
El objetivo de la investigación es analizar los datos masivos aportados al magistrado y dilucidar cuáles de estas búsquedas pudieron responder a un plan coordinado desde altas instancias policiales, y cuáles pudieron ser accesos puntuales de agentes. Accesos que, aunque no respondan a una estrategia de la ‘brigada política’, también pueden llegar a ser sancionadas por la vía disciplinaria o incluso por la vía penal si se identifica al autor. A Iglesias también le buscan policías de la Comisaría del Congreso o destinados en Presidencia del Gobierno, cuando en Moncloa estaba Mariano Rajoy.
Fuente: Pedro Águeda / Alberto Pozas en eldiario.es
Fuente: eldiario.es
Espionaje a Podemos: esto sí es la Stasi
Durante el último Gobierno del PP, sectores de la Policía operaron como la Stasi. La Stasi auténtica, la que espiaba a su antojo a los ciudadanos de la Alemania comunista, no la que existe en las mentes febriles de Nacho Cano e Isabel Díaz Ayuso
OPINION: Esto no ocurrió hace mucho tiempo, en contra de lo que suele decir el PP cada vez que vuelve a la actualidad informativa alguno de sus escándalos de corrupción. Sucedió durante el último Gobierno popular, que encabezó Mariano Rajoy. Y no fue una corruptela más de las tantas que han estallado en las manos a los populares, sino un gravísimo caso de espionaje político que atentó contra la esencia misma de la democracia.
De acuerdo con una documentación que ha enviado el Cuerpo Nacional de la Policía al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, entre 2015 y 2016 se espió al margen de la ley, desde distintas dependencias policiales, a por lo menos 55 diputados de Podemos, entre ellos su entonces líder, Pablo Iglesias, y su sucesora, Ione Belarra; la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el diputado de Sumar Iñigo Errejón, entonces cercano a Iglesias. Aún está por establecer si los seguimientos fueron coordinados desde el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz o si se trató de iniciativas de grupos de policías deseosos de hacer méritos; en cualquier caso, ocurrieron en un clima de demonización política contra la formación morada y con un Gobierno experimentado en recurrir a los espionajes ilegales, como demostró en el caso de los independentistas catalanes o en el del propio extesorero del PP Luis Bárcenas en el caso Kitchen, por el que está procesada toda la cúpula de Interior del Ejecutivo de Rajoy.
Cada vez está más claro que, durante el último Gobierno del PP, sectores de la Policía operaron como la Stasi. La Stasi auténtica, la que espiaba a su antojo a los ciudadanos de la Alemania comunista, no la que existe en las mentes febriles de Nacho Cano e Isabel Díaz Ayuso. En el seguimiento de Podemos intervinieron desde servicios centrales de la Policía hasta Jefaturas locales, pasando por agentes destinados en el Congreso, como relata Pedro Águeda en este diario. Incluso participó la Brigada de Información, grupo dedicado a los extremismos políticos. Entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016 aparecen la friolera de 122 consultas realizadas sobre Pablo Iglesias. El mismo juzgado de Pedraz investiga también si se concedió la residencia a un ciudadano venezolano a cambio de facilitar información falsa sobre supuestas cuentas de Iglesias en paraísos fiscales.
Los hechos son de tal gravedad que no pueden quedarse sin una acción rápida y contundente de la justicia, porque lo que está aquí en juego es la credibilidad de las instituciones democráticas en un momento crucial en que fuerzas reaccionarias –no solo en España– están intentando socavarlas. No solo deben actuar con celeridad los tribunales: el Ministerio del Interior está en la obligación de investigar a conciencia lo ocurrido y depurar del cuerpo a quienes hayan intervenido en estos seguimientos sin aval judicial.
No hace falta conocer si el espionaje a los diputados de Podemos se coordinó o no desde Interior para afirmar que el Gobierno de Rajoy cometió un daño enorme a la democracia. Existe un innegable hilo conductor entre las campañas virulentas de desprestigio del PP contra la formación morada, sobre todo tras su éxito en las elecciones de diciembre de 2015, y los seguimientos policiales a ese partido, incluso si se asume la hipótesis de que estos se produjeron de modo espontáneo. El antecedente de lo ocurrido con los independentistas catalanes permite al menos poner en duda que el espionaje de Podemos se hiciera al margen de instrucciones políticas: tal como reveló este diario en enero pasado, la llamada ‘policía patriótica’ remitió en un sobre al Ejecutivo de Rajoy un total de 34 investigaciones ilegales a cargos catalanes y a sus familias realizadas entre noviembre de 2014 y julio de 2015.
El expresidente, que hoy disfruta de una vida plácida con su recuperado cargo de registrador de la propiedad, está en el deber de explicar de manera convincente a la ciudadanía cuál fue su papel en todo este turbio entramado, porque existen motivos para sospechar que algún conocimiento tuvo de las andanzas de su fiel ministro Fernández Díaz. Las argucias del expresidente para eludir cualquier responsabilidad, así sea in vigilando, en estos atentados a la democracia que ocurrieron durante su mandato no hacen sino acrecentar las suspicacias sobre su actuación.
Por otra parte, ¿qué tiene que decir al respecto el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo? Ya, sí, que cuando eso ocurrió él estaba en Galicia, ocupado en otros asuntos,(aunque formase parte de la dirección nacional). Pero, ahora que lo sabe, ¿no tiene al menos alguna reflexión que hacer? Estamos hablando de algo bastante serio: de la utilización ilegal de los resortes de la seguridad del Estado para actuar contra ciudadanos cuyos derechos están protegidos por la Constitución. Después de todo lo que hemos sabido del último Gobierno del PP, y sobre todo tras la revelación de la documentación sobre el seguimiento a Podemos, el primer partido de la oposición lo tendrá mucho más difícil para presentarse como el gran defensor de las instituciones y la democracia, a menos que haga algún pronunciamiento inequívoco contra aquellas conductas. Con qué cara podrán los populares seguir acusando de totalitario al actual Gobierno progresista, cuando el último Gobierno que le conocimos al PP actuó como un régimen arbitrario contra sus adversarios políticos. Con qué cara pueden hablar de respeto a las instituciones, cuando indujeron a las fuerzas policiales a actuar al margen de la ley o, en el mejor de los casos, crearon con sus soflamas un ambiente propicio para que policías se sintieran en libertad para actuar por su cuenta contra los peligrosos bolivarianos.
Hay que ver cómo se le llena la boca a la derecha equiparando a Sánchez con Stalin o aplaudiendo al compositor Nacho Cano por tachar a la Policía de “Stasi” tras haber sido detenido por una supuesta contratación ilegal de extranjeros para su musical Malinche. Tanto cinismo solo es explicable por un desprecio a la realidad. Y la realidad es que bajo un Gobierno del PP se produjo, al margen de la ley, el mayor espionaje político en democracia.
Fuente: eldiario.es
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