La huelga de los bomberos forestales públicos de Madrid de la que nadie habla

En 2023, y después de un proceso de estabilización laboral que dejó al 40% de la plantilla fuera, bomberos forestales con contrato directo con la administración se declararon en huelga. Un paro que se ha extendido mientras denuncian que desde el Gobierno de Ayuso nadie se ha querido sentar a la mesa de negociación

El pasado 10 de julio un incendio arrasaba 15 hectáreas de pasto en Aranjuez. Ese día intervenía una brigada de bomberos de la Comunidad de Madrid dedicados a la extinción de incendios forestales que están directamente contratados por la administración. Uno de ellos sufrió un golpe de calor y permaneció tres días en la UCI con fallo multiorgánico. “Diez minutos más y no lo cuenta, así dijeron los médicos”, expresa Óscar de Castro, presidente del comité de empresa de la Agencia de Seguridad de Madrid (Asem) 112,  que depende directamente de la Consejería de Medio Ambiente del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular).

Este equipo de bomberos, integrados en el Cuerpo de Bomberos de la comunidad pero con la función específica de apagar incendios forestales, apenas sale en los medios, pese a que arrastran una huelga desde el verano de 2023. Están contratados directamente por la administración, no como el personal que trabaja para Tragsa y que también está en huelga, pero su situación no ha ocupado aún titulares.

Son menos, un total de 120 plazas de las que en la actualidad solo están cubiertas 60. “Cuando yo entre, en 2007, éramos 400”, rememora De Castro, que es también secretario del comité de huelga y pertenece al sindicato CSIT. Describe que poco a poco se fue trasladando al personal a las empresas Matinsa e Infosa. En 2021 Carlos Novillo, director general de emergencias, encarga a Tragsa el servicio de prevención y apoyo a la extinción de incendios forestales, que incluye la subrogación del personal, por más de 100 millones de euros para el periodo 2022-2025. “El encargo es de 550 trabajadores pero ningún año lo han conseguido cubrir. Son unos 500”, expresa De Castro. Paralelamente, la plantilla pública iba mermando y sufrió un duro estacazo con los procesos de estabilización.

Pérdida del 40% de la plantilla

 El 28 de diciembre de 2021 se aprobaba la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la conocida Ley Iceta. Una ley que pretendía reducir la temporalidad en las administraciones públicas, bajo exigencias de la UE. La ley establecía como fecha límite 2025 para bajar la temporalidad a un máximo del 8%. En 2023 se convocó un concurso-oposición para estos bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid. Un proceso que fue más una “oposición-concurso” ya que quien no aprobó un examen no pasó a la fase de méritos. De Castro explica que el 40% de la plantilla quedó fuera. “Se han quedado en la calle compañeros que llevaban 30 años de servicio”, se queja.

Esta fue la mecha que, junto a “malas condiciones” e “irregularidades en la gestión”, hizo que el 9 de junio de 2023 empezaran una huelga que se mantiene hasta hoy, según explica el secretario del comité de huelga. Entre otras cosas, reivindican que tienen contratos de seis meses fijos-discontinuos, cuando en las propias bases de la oposición se aseguraba un contrato laboral fijo. “Salieron 127 plazas, se cubrieron 97 y hoy somos 60. La gran mayoría ha renunciado a la plaza o la ha dejado en excedencia. Trabajamos solo seis meses al año por un salario bruto de 1.746 euros”, explica el presidente del comité de empresa.

Sin reconocimiento de su categoría profesional

Diego —nombre ficticio— ha entrado este año en la plantilla de bomberos públicos destinados a la extinción de incendios forestales. Se queja de que en su contrato aparece reconocido como “conductor de furgonetas y taxis”. “No estamos reconocidos como bomberos forestales”, se queja. A pesar de la Ley Básica 5/2024 sobre bomberos forestales, no han visto reconocido oficialmente su estatus profesional y reclaman pertenecer a su categoría profesional, la 5.932. “Tampoco cobramos pluses de toxicidad ni peligrosidad”, demanda a El Salto.

Y todo ello pese a que sus compañeros pueden sufrir accidentes como el acaecido en la extinción del incendio de Aranjuez con el que se iniciaba este artículo o el atrapamiento que sufrió un camión de la brigada que colaboró en la extinción del incendio de Mijares (Ávila) el pasado 15 de agosto. “Hubo una unidad que fue enviada a una posición inadecuada y el fuego les pasó por encima. Tuvieron que encerrarse en el camión, activar sus defensas y rezar para sobrevivir. Una situación bastante peligrosa”, explica Óscar de Castro.

Tras este verano de elevada carga de incendios, en el que estas brigadas han intervenido para frenar las llamas en Aranjuez, Tres Cantos, Valdemaqueda o incluso cruzando la frontera con Castilla y León, piden que se visibilice su situación y exigen contratos durante todo el año. En invierno, aseguran, podrían hacer tareas de prevención en el bosque o apoyo en incendios urbanos y otras catástrofes. “Mi contrato fijo discontinuo acaba el 15 de octubre y hasta mayo del año que viene no volvemos a entrar. Mientras tanto, hay labores de prevención que necesitan refuerzo”, se queja Diego.

Fuente: Sara Plaza Casares – BSKY: @splaza.bsky.social en elsaltodiario.com

Fuente: fravm.org

La CEAV exige más inversión pública y el fin de la privatización en la extinción de incendios

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) ha emitido hoy un comunicado en el que reclama a todas las administraciones — comunidades autónomas y Gobierno central— un cambio urgente en las políticas de prevención y extinción de incendios. La entidad denuncia que los recortes y la privatización de los servicios llevados a cabo por las distintas comunidades autónomas, como administraciones responsables en la materia, están agravando la crisis provocada por la actual ola de incendios.

En el texto, la CEAV transmite sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y su solidaridad con quienes han perdido hogares, negocios y entornos naturales, subrayando que “las pérdidas humanas son irreparables y el daño ecológico costará décadas en recuperarse”.

La organización alerta de que la reducción de más del 25 % en la inversión pública en prevención, recogida en informes de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), y la creciente externalización de los servicios de extinción, están dejando a los territorios más expuestos y con menos capacidad de respuesta.

“No podemos seguir primando el ahorro de costes sobre la calidad y eficacia de un servicio vital para la seguridad de la población y la protección del medio ambiente”, advierte la CEAV, que cita como ejemplo la gestión de Castilla y León, donde más de 30 empresas privadas operan en este ámbito.

La Confederación también destaca el papel esencial de la solidaridad vecinal y la labor de los servicios públicos durante la emergencia, recordando experiencias similares durante la pandemia y fenómenos climáticos extremos anteriores.

Finalmente, la CEAV hace un llamamiento a todas las administraciones para que:

• Refuercen los planes de prevención durante todo el año.
  
  
• Aumenten las dotaciones de personal y medios.
  
  
• Garanticen condiciones laborales dignas para quienes trabajan en la extinción.
  
  
• Apuesten por una gestión pública de calidad como única vía para afrontar los incendios del futuro.
  
  

“Sin duda, nuestro país, debido a los efectos del cambio climático, volverá a vivir situaciones de grave riesgo extremo de incendios, y necesitamos estar preparados con trabajos de prevención durante todo el año y con unos servicios públicos de extinción de calidad. Porque los incendios del mañana solo podremos apagarlos con una gestión pública eficaz, y no con ruido ni con negacionismo”, concluye el comunicado.

El comunicado completo puede leerse en el siguiente documento:

Comunicado de la CEAV ante la oleada de incendios

Fuente: fravm.org