La Comunidad de Madrid se niega a cumplir la ley y dice que no hará registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad ha recordado que la consejera de Sanidad madrileña votó a favor del registro en el Consejo Interterritorial. La carta enviada el lunes por Pedro Sánchez a las cuatro comunidades sin registro advertía de que usaría “mecanismos legales“ para garantizar el cumplimiento de la ley

“Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal”. Así se pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), después de que el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pidiera en una carta a cuatro comunidades autónomas la creación del registro de objetores que la reforma de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo contempla como paso previo para poder garantizar que esta intervención de realiza en la sanidad pública. 

“Que en España no se persiga ni se señale a nadie por abortar o por no hacerlo ni tampoco que se persiga o se señale a nadie por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud”, pide Ayuso.

Este miércoles, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha respaldado esta postura. “En esta democracia liberal, en la Comunidad de Madrid, no se va a perseguir ni señalar a nadie ni por hacer ni por no hacer”, ha asegurado al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado este miércoles 8 de octubre en Navalcarnero. Matute ha aludido, como Ayuso, al supuesto señalamiento que esto supondría, y ha dado a entender, como la presidenta, que su Gobierno se negará a cumplir el mandado de una ley orgánica. 

Las declaraciones de Matute suponen un giro, después de que hace unos días, en un desayuno informativo, se hubiese mostrado contraria al registro pero dispuesta a cumplir con la obligación legal de crearlo. “A lo mejor sería más útil tener una lista de aquellos que proveen el servicio para saber con quién cuentas”, dijo entonces Matute. “¿No es más útil sacar una lista de los [centros] que lo quieren hacer? Pero sí que puedo asegurar que vamos a cumplir la ley”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho en rueda de prensa este jueves que esta misma consejera votó a favor del registro de objetores en el Consejo Interterritorial, en una consulta que consiguió una unanimidad de votos a favor. “Está diciendo que va a incumplir la ley y también el voto que emitió en el Consejo Interterritorial frente a todos sus compañeros”, ha incidido.

García ha valorado que el registro de objetores no es para perseguir objetores, sino para garantizar que los no objetores puedan ejercer su derecho a la no objeción y así garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública que indica la ley. “La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades que no cumple con dos elementos: ni el registro de objetores ni un porcentaje mínimamente decente de internalización de los abortos en la pública, con un 0,5%”, ha indicado en alusión a los datos del último informe presentado por su ministerio, añadiendo que otras comunidades, incluso gobernadas por el PP, tienen más de un 70% de abortos en la pública, como Cantabria. Si la declaración de la consejera es una declaración de “incumplimiento de la ley” García ha anunciado que desde su ministerio utilizarán todas las herramientas para que esto no sea así.

La carta de Pedro Sánchez, que instaba a  Aragón, Asturias, Baleares y Madrid a cerrar este documento en un plazo de tres meses, contempla recurrir a la vía judicial en el caso de que se ignore este mandato. “Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”. “En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”, avisa Sánchez. 

La reforma de la ley del aborto tiene entre sus objetivos principales garantizar la prestación de las interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público de salud. Para ello, Sanidad publicó en diciembre de 2024 un protocolo que establece los requisitos que deben tener estos registros. 

Fuente: elsaltodiario.com